Pese a dos Alertas por Violencia de Género, el Edomex continúa siendo el estado más peligroso para las mujeres en lo que va de 2025
Entre enero y septiembre de 2025 el Estado de México ocupó el primer lugar en feminicidios al sumar 42 víctimas, de acuerdo con el Informe de violencia contra las mujeres elaborado por el Centro Nacional de Información (CNI).
Además, la entidad ocupa también el primer lugar en la incidencia de delitos como violación y violencia de género, según cifras del último informe gubernamental. El Estado de México cuenta con dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para atender esta problemática y garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.
La primera fue emitida como una alerta de género en julio de 2015 y contemplaba 11 municipios del estado. La segunda, enfocada a la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, fue declarada en 2019 para siete municipios de la entidad.
“Ser mujer en el Edomex es sinónimo de vivir una lucha diaria para que respeten nuestros derechos humanos. Los espacios públicos y privados aún no son seguros para nosotras y el miedo persiste cada vez que salimos a la calle”, afirma Michelle Stephanie Díaz Valencia, coordinadora en Socialis, A. C., organización feminista enfocada en la violencia de género en el Estado de México.
Rumbo al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Estado de México presenta un contexto marcado por los altos índices de agresiones de género y una constante exigencia social por justicia y seguridad para las mujeres.
Edomex: primer lugar nacional en feminicidio, violación y violencia de género
De los 42 feminicidios registrados en el Estado de México: 32 eran mujeres adultas, ocho eran infancias y en dos feminicidios no se logró identificar la edad de las víctimas, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Por tres años consecutivos, la entidad continúa con el mayor número de feminicidios en los primeros nueve meses del año, al concentrar 8.2 % de las víctimas de este delito a nivel nacional.
A escala nacional, 27.1 % de los feminicidios se concentra en 20 municipios, de los cuales Chimalhuacán —localidad mexiquense— ocupa el noveno puesto con cinco casos.
“Es muy grave que la cifra vaya en aumento, el Estado de México también es una entidad con alta criminalidad, por lo que se vuelve un verdadero peligro para las mujeres a pesar de las resistencias del gobierno tanto estatal como federal”, explica María de la Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Nacional del Feminicidio en México.
La entidad gobernada por Delfina Gómez también ocupa el primer lugar nacional en violación. El SESNSP clasifica este delito en dos modalidades: violación simple y violación equiparada. En los primeros nueve meses del año, el Edomex registró 2,237 delitos por ambos tipos de violación a hombres y mujeres, cifra que equivale a 14.2 % de estos delitos denunciados en el periodo, es decir, 15,664 en total a nivel nacional.
“Un delito sexual puede ocurrirle a cualquier persona, pero las mujeres son las víctimas más vulnerables y frecuentes. Además, las violaciones a mujeres pueden involucrar otros tipos de violencia como la familiar o la mental, incluso puede acabar, en el peor de los casos, en un feminicidio”, resalta Estrada Mendoza.
Otros de los delitos que encabeza el Edomex a nivel nacional son lesiones dolosas, con 20,822 víctimas. Las lesiones dolosas se refieren a un daño causado con intención, es decir, cuando el agresor busca causar el daño corporal o mental a otra persona.
Además, a pesar de que en julio de 2025 el Gabinete de Seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, las mujeres mexiquenses son quienes más peligran respecto a este delito. Entre enero y septiembre de este mismo año, 641 mujeres fueron víctimas de extorsión en la entidad.
Y respecto al delito de violencia de género —cualquier acto o abuso de poder que causa daño físico, psicológico, sexual, económico o patrimonial a una mujer por el simple hecho de serlo—, el Estado de México encabezó la cifra con 1,971 delitos, lo que equivale a 42.6 % del total registrados de 4,621 delitos.
“Estas incidencias también representan un peligro para las mexiquenses porque es probable que algunos de ellos sean cometidos por el simple hecho de ser mujeres. Sin embargo, esta es una medición que no realiza el gobierno porque sus mecanismos carecen de perspectiva de género”, puntualiza Estrada Mendoza.
La violencia contra la mujer persiste en el Edomex
Una problemática que enfrenta el Estado —en general— es que una gran parte de los delitos contra las mujeres tiene sesgos mínimos de los que la autoridad se aprovecha para no registrarlos como violencia de género o feminicidios, de acuerdo con la directora del Observatorio Nacional de Feminicidios en México.
De enero a septiembre de este año, 133 mujeres mexiquenses fueron víctimas de homicidio doloso, de las cuales 86 eran mujeres adultas, tres eran niñas y de 44 no se identificó su edad.
“No podemos asumir que los homicidios dolosos o las lesiones dolosas registradas no fueron una tentativa de feminicidio o atentaron contra la vida de una mujer que era víctima de violencia familiar o sexual”, ejemplifica Estrada Mendoza.
En el caso de los delitos contra la sociedad, el Estado de México ocupa el segundo lugar en trata de personas con 58 víctimas, después de Quintana Roo, con 132 víctimas. Y respecto a violencia familiar, la entidad se instaló en el segundo sitio con más casos, es decir, 19,502. El primer lugar lo ocupa la Ciudad de México, con 25,818.
“La mayoría de los casos se pueden describir como una ‘cadenita’. Algunas víctimas primero fueron violentadas dentro de su familia, después por sus parejas y posteriormente de manera sexual hasta llegar al punto máximo de la violencia de género: el feminicidio”, especifica Díaz Valencia.
A través del trabajo de campo, la colectiva Socialis, A. C. detectó que en el Estado de México existen distintas violencias. Por ejemplo, en municipios cercanos al oriente de la Ciudad de México son más comunes los delitos como extorsión y violencia familiar. Mientras, en los que colindan con estados como Michoacán y Morelos existen más denuncias de trata de personas.
“Hemos notado un aumento en la violencia digital contra las mujeres desde casos de bullying escolar hasta denuncias que ameritan la aplicación de la Ley Olimpia. Es importante que las autoridades también pongan atención a estos casos porque las víctimas principales son niñas y adolescentes”, añade Díaz Valencia.
El gobierno mexiquense implementa medidas, pero no es suficiente
El gobierno encabezado por la morenista Delfina Gómez implementó diversos programas de Procuración de Justicia con Perspectiva de Género, como el fortalecimiento de los centros de atención a mujeres y distintas campañas de prevención. Sin embargo, la entidad aún concentra una parte significativa de los casos de feminicidio y violencia familiar y sexual en el país.
“Más que protocolos, necesitamos que el gobierno le preste atención a estos mismos. Presentan resultados cuantitativos, pero no cualitativos. Conocemos cifras, pero no vemos que pare la violencia. Pese a estos mecanismos, persiste la violación de los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres mexiquenses”, visibiliza Díaz Valencia.
De acuerdo con la coordinadora de proyectos de género de Socialis, A. C., otra de las dificultades que impiden el buen funcionamiento de los protocolos de atención es la poca —o nula— capacitación del personal que atiende estos casos sobre perspectiva de género o un enfoque de protección de derechos humanos.
Díaz Valencia destaca que para obtener resultados visibles por parte de las AVGM “es necesario un verdadero compromiso de parte del Estado para que la violencia se prevenga y no quede impune”. Mientras, Estrada Mendoza concluye: “Lo que se está haciendo no se hace bien. Se necesitan mejores mecanismos y un mayor interés del gobierno”.
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Casi siete años después de la imposición de sanciones por parte de EU la exportación petrolera de Venezuela parece haberse recuperado de forma significativa gracias a la contribución de la llamada flota fantasma. BBC Mundo te cuenta de qué se trata.
Cuando en 2019 el presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso sanciones a la industria petrolera de Venezuela para presionar al gobierno de Nicolás Maduro, las exportaciones de crudo venezolano cayeron hasta unos 495.000 barriles diarios. Seis años más tarde, las sanciones siguen en pie, pero las exportaciones petroleras de Venezuela han vuelto a crecer hasta ubicarse en torno al millón de barriles diarios.
Aunque se trata de una cantidad pequeña para un país que en 1998 -antes de la llegada al poder de Hugo Chávez- producía tres millones de barriles diarios, esta recuperación de parte de la exportación de crudo es un indicativo de que las sanciones contra Venezuela no están funcionando como EE.UU. esperaba.
Y es que el gobierno de Maduro ha ido encontrando la manera de ir reactivando la producción y de crear nuevas vías para vender el crudo venezolano esquivando las sanciones.
En esa tarea de comercialización ha jugado un rol central la llamada “flota fantasma”: una serie de tanqueros petroleros que por medio de distintas estratagemas logran ocultar su labor como barcos de transporte de petróleo sancionado por las autoridades estadounidenses.
Una de estas embarcaciones fue interceptada e incautada este miércoles por las fuerzas militares de EE.UU. cuando se encontraba en aguas frente a las costas de Venezuela.
“Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás”, dijo Trump al anunciar la operación ante la prensa en la Casa Blanca.
El gobierno de Maduro reaccionó calificando la incautación como “un robo descarado y un acto de piratería” y dijo que acudirá ante instancias internacionales existentes para denunciar lo ocurrido.
Esta acción estadounidense aumenta las tensiones con Caracas que se han ido intensificando desde que en agosto de este año el gobierno de Trump inició un gran despliegue militar en aguas del Caribe con el objetivo oficial de combatir el narcotráfico, pero que muchos analistas creen que tiene como objetivo final forzar un cambio de régimen en Venezuela.
Más allá de su posible objetivo político, la medida tiene un impacto económico pues dificulta aún más las exportaciones petroleras venezolanas al meter presión sobre la flota fantasma.
Pero, ¿qué sabemos sobre cómo operan estas embarcaciones?
Un fenómeno en auge
La utilización de flotas fantasmas es un fenómeno en aumento que ocurre no solamente en el caso venezolano, sino también de otros dos países petroleros sometidos a sanciones por parte de EE.UU. y de potencias occidentales: Rusia e Irán.
La empresa de inteligencia financiera S&P Global estima que uno de cada cinco petroleros en el mundo son usados para vender de contrabando petróleo procedente de países bajo sanciones.
De estos, el 10% transportarían solamente crudo venezolano, un 20% haría lo mismo con el iraní, mientras que 50% se dedica en exclusiva al petróleo ruso. El 20% restante no estaría atado a ningún país en particular y puede transportar petróleo de más de uno de estos países.
Según estimaciones de la firma de análisis marítimo Windward, la flota clandestina cuenta con unas 1.300 embarcaciones.
Las sanciones petroleras buscan desincentivar a países o empresas a adquirir o involucrarse en cualquier operación relacionada con crudo procedente de los países castigados.
Ante ello, los países sancionados optan por ofrecer su petróleo con grandes descuentos para que haya operadores, empresas o países que estén dispuestos a correr el riesgo de comprarlo, aplicando -eso sí- algunos trucos para disimular su origen.
Barcos que engañan
Una de las estrategias más frecuentes que aplican estos tanqueros para evadir las sanciones es cambiar con frecuencia -a veces varias veces en un mes- de nombre o de bandera.
En el caso, por ejemplo, del petrolero incautado este miércoles, se trata de un barco llamado The Skipper, según informó CBS News, socia en EE.UU. de la BBC.
Esa misma cadena dijo que se trata de un barco sancionado por el departamento del Tesoro de EE.UU. desde 2022 debido a su supuesto rol en una red de contrabando de petróleo que ayuda a financiar a la Guardia Revolucionaria de Irán, así como a la milicia chiita libanesa Hezbolá.
CBS indicó que al momento de ser sancionado el petrolero tenía por nombre Adisa (inicialmente se llamaba The Tokyo) y era una de las embarcaciones vinculadas con el magnate petrolero ruso Viktor Artemov, quien también se encuentra bajo sanciones.
Al referirse a ese tanquero este miércoles, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, dijo en la red social X que esa nave era usada para transportar petróleo procedente de Venezuela e Irán, dos países bajo sanciones.
Un elemento interesante sobre The Skipper es que es un barco con 20 años de antigüedad y ese es otro elemento usual entre los tanqueros de las flotas fantasma: muchos son barcos viejos, pues las grandes navieras suelen deshacerse de estos barcos cuando tienen 15 años de servicio y luego de 25 años suelen ser enviados al desguace.
Justamente otro truco aplicado por estos barcos es usurpar la identidad de alguno de esos barcos enviados a desguace, emitiendo los números de registro únicos que la Organización Marítima Internacional le otorgó a esas embarcaciones. Así se convierten en lo que se conoce como barcos zombis, pues lo que hacen es similar a alguien que usa la identidad de una persona muerta.
Un caso de este tipo relacionado con Venezuela ocurrió en abril pasado cuando un barco llamado Varada llegó a aguas de Malasia, tras un viaje que había iniciado dos meses antes en Venezuela.
La embarcación juntaba dos elementos sospechosos: tenía 32 años y la bandera de las Comoras, popular entre barcos que no quieren ser detectados.
Una investigación de la agencia Bloomberg descubrió que se trataba de un barco zombi, pues el verdadero Varada había sido desguazado en 2017 en Bangladesh.
Otras formas habituales de operar de los barcos de flotas fantasmas consiste en “disfrazar” el origen del crudo transfiriéndolo en aguas internacionales a petroleros sin problemas legales con otras banderas, que son los que se encargan de llevar el crudo hasta su destino, presentándolo como procedente de un país no sancionado.
Ese fenómeno se produjo, por ejemplo, en el caso de las exportaciones petroleras venezolanas hacia China durante el primer gobierno de Trump. Según expertos consultados por BBC Mundo hubo un momento en el que en las estadísticas oficiales de comercio de China aparecía como si ese país no estaba adquiriendo crudo venezolano cuando, en realidad, sí lo estaba haciendo.
Esto era posible porque ciertas refinerías compraban el petróleo a estos barcos que habían adquirido la carga en aguas internacionales y que la presentaban como procedente de países no sancionados.
Un último truco usual entre este tipo de tanqueros consiste de desactivar el sistema de identificación automática, a través del cual se transmiten datos como el nombre, la bandera, la posición, la velocidad o el rumbo de la embarcación. La manipulación de estos datos permite ocultar la identidad, ubicación y rumbo de las naves.
Una flota fantasma en aparente crecimiento
La investigación de Bloomberg en abril detectó el caso de cuatro barcos zombis que transportaban crudo venezolano.
La agencia de noticias recurrió al análisis de imágenes satelitales y las comparó con fotos históricas de los cuatro barcos cuyos nombres y números de identificación estaban usando.
Más recientemente, la ONG Transparencia Venezuela emitió un informe basado en la observación de lo que ocurrió en los puertos petroleros de ese país en octubre de este año.
Según ese reporte, hubo 71 tanqueros extranjeros en modo visible en los puertos de la petrolera venezolana Pdvsa, de los cuales 15 están bajo sanciones y nueve se relacionan con flotas fantasmas.
Transparencia encontró que en promedio hubo 24 petroleros que estaban ubicados cerca de tres puertos en el occidente y oriente de Venezuela y que estaban operando en modo furtivo, pues no tenían activas sus señales reglamentarias de posicionamiento.
De igual modo, Transparencia afirma haber detectado seis operaciones de transferencia de carga de un buque a otro, cerca de la bahía de Amuay, en el occidente del país.
De igual modo, hubo una mayoría de barcos con banderas de países considerados como paraísos regulatorios, por tener normas de supervisión laxas, lo que termina facilitando las operaciones de este tipo de embarcaciones.
Así, de los 71 barcos, 29 tenían la bandera de Panamá, seis de las islas Comoras y cinco de Malta.
En su informe, Transparencia indica que 38 de estos petroleros pasaron más de 20 días sin tocar puerto, algo que contrasta con los barcos de la petrolera estadounidense Chevron (autorizada por Washington para operar en Venezuela) que al llegar toman su carga y se marchan en un plazo máximo de seis días.
“La permanencia extendida en las áreas portuarias del país, sin llegar directamente a las terminales petroleras, arroja serias dudas sobre el tipo de operaciones que esos buques realizan”, señaló Transparencia en relación con los barcos que tardaban muchos días sin tocar puerto.
En todo caso, dado que la operación de intercepción e incautación realizada este miércoles se originó en el portaviones Gerald Ford -el más grande del mundo-, que ahora forma parte del masivo despliegue de fuerzas realizado por EE.UU. en aguas del Caribe frente a Venezuela, es probable que la posibilidad del gobierno de Maduro de recurrir a la flota fantasma se vea limitada de una forma importante.
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