Cuba ante una nueva crisis humanitaria

Cuba enfrenta una crisis que se ha acercado rápidamente a una catástrofe humanitaria. En las últimas semanas se ha generado una crisis energética como resultado de la presión de Estados Unidos sobre los países que exportaban petróleo a Cuba, en particular Venezuela y México. Esta presión ha provocado una interrupción casi total del suministro de crudo, que durante años fue la principal fuente de combustible para la generación eléctrica, dejando a la isla con reservas que podrían agotarse en cuestión de días exacerbando apagones, limitando servicios básicos y tensando aún más la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la población. De acuerdo con diversos reportes, el objetivo de esta campaña para bloquear la venta de crudo a Cuba es provocar una crisis con el fin de detonar un cambio de régimen en La Habana.

La crisis energética en Cuba es resultado directo de la presión de Estados Unidos sobre los principales proveedores de petróleo de la isla. Esta situación ya se veía como una posibilidad tras las operaciones militares estadounidenses en Venezuela, e incluso se puede analizar en el marco de la política exterior estadounidense enfocada en el dominio hemisférico y en contrarrestar la influencia de China en la región. Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, Washington intensificó la presión para frenar los envíos de crudo venezolano, una fuente tradicional de combustible para la isla. Asimismo, bajo amenazas de aranceles se ha presionado a países como México para que suspendan sus exportaciones de petróleo a Cuba. El resultado de estas acciones es que el gobierno en La Habana se ha quedado prácticamente sin suministro de petróleo, poniendo al país al borde del colapso.

Esta crisis ha tenido efectos profundos y cada vez más visibles en la vida cotidiana de millones de personas. La escasez de combustible ha provocado apagones prolongados en amplias zonas del país, con cortes de varias horas al día y una red eléctrica operando en modo de emergencia ante la falta de insumos esenciales. Además, la escasez del combustible para aviones ha llevado a aerolíneas internacionales a suspender vuelos a la isla y ha motivado la evacuación de turistas extranjeros, lo que ha golpeado fuertemente al sector turístico, uno de los pilares de la economía cubana y una fuente clave de divisas necesarias para el comercio internacional.

Este estado de crisis no es un fenómeno nuevo en la historia reciente de Cuba. La isla ya vivió una situación comparable durante el “Período Especial” en los años noventa, tras la caída de la Unión Soviética, cuando el país perdió de forma abrupta su principal proveedor de petróleo, financiamiento y comercio. Aquel episodio mostró hasta qué punto el funcionamiento del Estado cubano dependía del apoyo soviético que, una vez interrumpido, desencadenó apagones masivos, escasez generalizada y una contracción económica severa.

Algo clave para entender es que el embargo no se limita solamente a restringir el comercio entre Cuba y Estados Unidos. En la práctica, opera como un bloqueo más amplio que limita la participación de empresas extranjeras, incluso cuando no son estadounidenses. Asimismo, el embargo funciona también como un bloqueo financiero, porque limita el acceso de Cuba al sistema internacional de pagos, incluidas redes bancarias vinculadas al sistema SWIFT, lo que encarece o obstaculiza transacciones financieras internacionales, restringe la inversión y complica el acceso al crédito y al dólar como moneda de cambio internacional. Esto reduce la capacidad de Cuba de importar insumos esenciales como combustibles, maquinaria y tecnología, incluso desde terceros países.

Esto ocurre porque el embargo ha sido diseñado como un mecanismo que disuade o incluso penaliza la participación de terceros países y empresas en la economía cubana. Una herramienta central para lograr esto son las sanciones, que extienden el alcance del bloqueo más allá de las fronteras estadounidenses. Bajo este contexto, las compañías extranjeras que hacen negocios con Cuba pueden enfrentar multas, restricciones de acceso al mercado estadounidense o incluso el bloqueo para operar en el sistema bancario y financiero internacional, lo que en la práctica desalienta inversiones y transacciones con la isla de la mayoría de empresas y países. El efecto acumulado es una reducción de la inversión extranjera, así como una restricción del acceso al dólar y, con ello, de la capacidad del país para importar insumos esenciales como combustibles, maquinaria y tecnología, incluso desde terceros países.

Esta dependencia hizo que la caída de la URSS fuera particularmente catastrófica para Cuba. Cuando ese sostén desapareció de forma abrupta a inicios de los noventa, la isla enfrentó un colapso económico inmediato. Este antecedente es relevante porque revela una vulnerabilidad estructural que el gobierno cubano no logró corregir del todo, incluso después de estabilizarse parcialmente con el desarrollo del turismo a fines de los 1990. Aun teniendo claro que el embargo estadounidense constituía una restricción permanente y previsible, el país no logró construir amortiguadores suficientes para reducir su impacto. En lugar de avanzar hacia una industrialización sostenida y una diversificación productiva, Cuba mantuvo una economía estructuralmente frágil, marcada por bajos niveles de inversión y una infraestructura que no pudo modernizarse de forma consistente.

En ese marco, las presiones recientes para limitar los flujos de crudo hacia Cuba exponen el problema estructural de fondo y es que el sistema económico cubano entra en crisis debido a factores externos si interrumpe la compra de insumos y el comercio con socios estratégicos de los que depende la economía, y por ende el funcionamiento del Estado y del aparato productivo del país. En los noventa, el golpe provino de la pérdida súbita de la relación económica que La Habana mantenía con Moscú tras la desintegración de la Unión Soviética. Hoy la situación presenta un patrón comparable, aunque con mecanismos distintos. Las actuales restricciones financieras y las presiones derivadas de sanciones estadounidenses han limitado el acceso de Cuba al crudo extranjero, sobre todo venezolano y mexicano.

La actual crisis en Cuba no puede leerse únicamente como un episodio coyuntural de escasez, sino que se tiene que entender como el punto de convergencia entre presiones externas deliberadas y vulnerabilidades internas acumuladas. Por un lado, el endurecimiento del embargo y la presión estadounidense sobre terceros países para limitar el suministro de crudo han impactado severamente las capacidades de La Habana de mantener los servicios y bienes básicos. Pero, por otro, este shock externo golpea a un sistema que ya venía debilitado por años de subinversión, deterioro de infraestructura, rigideces burocráticas y una estructura productiva incapaz de generar divisas suficientes para sostener importaciones estratégicas.

En este contexto, la crisis energética se ha transformado en una crisis humanitaria, ya que el petróleo es indispensable para sostener la infraestructura eléctrica de la isla, de la cual dependen el funcionamiento de servicios básicos y el acceso cotidiano a bienes esenciales. Sin energía eléctrica la población vive entre apagones constantes que colapsan o paralizan los sistemas de bombeo y la potabilización de agua, el sistema hospitalario y la cadena de frío de medicamentos, la conservación y distribución de alimentos, el transporte público, las telecomunicaciones y la actividad económica en general. El resultado de esta crisis no es solo un menor crecimiento económico o la escasez de algunos productos, sino un deterioro directo de condiciones de vida de la población. Cada interrupción eléctrica prolongada reduce capacidades logísticas, eleva los costos de vida, profundiza la vulnerabilidad y acelera dinámicas de precarización de la población. Y es que más allá de las filias y fobias que puede llegar a detonar el gobierno cubano es necesario considerar que quienes más sufren la crisis humanitaria que se desarrolla es la población cubana.