Tortura en México: los daños pendientes por reparar
El periodo de la guerra contra el narcotráfico que Felipe Calderon emprendió contra el crimen organizado está ampliamente documentado por las graves violaciones a derechos humanos. Durante dicha administración se vieron reforzados los operativos conjuntos de militares y la marina en las actividades de seguridad.
Baja California como zona fronteriza fue uno de los estados más afectados en esta lucha. Fue de los primeros lugares donde se hicieron operativos conjuntos por parte de las fuerzas armadas que después se hicieron cargo totalmente de la seguridad del estado. Los abusos por parte de militares en Baja California incluyeron prácticas violatorias a los derechos humanos, allanamientos para realizar detenciones sin orden de aprehensión ni de arraigo y las personas detenidas eran arraigadas en cuarteles militares, particularmente en los denominados Aguaje de la Tuna y Morelos, perteneciente al 28º Batallón de Infantería.
Andrew Armando Córdova tenía 21 años cuando fue detenido de forma arbitraria el 26 de abril del 2008 en Tijuana, acusado de delincuencia organizada. Ciudadano estadounidense, fue torturado bajo arraigo y mantenido en prisión preventiva oficiosa durante 17 años. Su caso se enmarca en un contexto de graves violaciones a derechos humanos en el sistema de justicia mexicano.
Su detención se dio luego de un enfrentamiento armado en el cual él no participó y donde fue herido, trasladado a la Cruz Roja para ser atendido y posteriormente al Hospital General, donde fue detenido. Se le trasladó a las instalaciones militares del vigésimo octavo batallón de infantería “Aguaje de la Tuna”, donde fue torturado física y psicológicamente. Estuvo incomunicado por tres días, no contó con atención consular ni defensa legal y fue obligado a autoinculparse. Otras personas fueron torturadas y coaccionadas para señalarlo de haber cometido los delitos de los que se le acusaban.
En mayo de ese mismo año fue trasladado a una casa de arraigo en la Ciudad de México, donde permaneció hasta el 20 de julio. Andrew estuvo privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) núm. 1 o “Altiplano”; en el CEFERESO núm. 8 o “Norponiente”, en Guasave; en el CEFERESO núm. 11, denominado “CPS-Sonora”, ubicado en Hermosillo, y en el CERESO llamado el Hongo, en Baja California.
Los delitos por los cuales fue detenido de forma arbitraria tenían una pena de 8 años. Esto muestra que la privación de la libertad ha excedido y prolongado el castigo injusto para Andrew y su familia.
Después de que Andrew y su esposa Abigail solicitaron tres veces el cambio de medida cautelar, buscaron apoyo de la Secretaría de Gobernación, para enviar una comunicación al magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Baja California haciendo hincapié a los resolutivos de la opinión 1/2022 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. Fue luego de esta revisión que el cambio de medida cautelar fue otorgada el 23 de diciembre del 2025 a detención domiciliaria, donde Andrew sigue su proceso por demostrar su inocencia de los delitos que se le imputaron, pese a haberse demostrado que fue detenido de manera ilegal y arbitraria, y de haber sido torturado por elementos de SEDENA y agentes ministeriales pertenecientes a la entonces Procuraduría General de Justicia del estado.
Durante el proceso de Andrew se ha demostrado que en su detención no hubo flagrancia, esto señalado por el mismo Tribunal Superior de Justicia, que advirtió que no había ningún indicio que demostrara que Andrew fue detenido y trasladado del lugar de los hechos al hospital general. Todas las pruebas que fueron obtenidas de manera legal no arrojan ningún indicio en contra de Andrew en cuanto a ser responsable de los delitos por los cuales fue detenido, torturado y privado de la libertad. Lo anterior demuestra que su detención fue ilegal y arbitraria, argumento utilizado a favor de la libertad y absolución de otra persona implicada en estos hechos.
Las denuncias por tortura que Andrew y su familia han emprendido han sido cuestionadas y desestimadas por el gobierno mexicano. Sin embargo, organismos internacionales como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias determinó en la Opinión núm. 1/2022 que la detención de Andrew fue arbitraria, mientras que la Recomendación número 120VG/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó graves violaciones a los derechos humanos a la integridad personal y al trato digno, por actos de tortura, en agravio de Andrew por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California.
La reparación del daño tras 17 años de injusta privación de la libertad para Andrew y un proceso pendiente que lo absuelva finalmente son los grandes pendientes de las autoridades para que su caso no se sume a los casos de impunidad sin ser reparados de forma integral en el país.
Andrew y su familia ahora se enfrentan a la institucionalidad y burocracia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que considera que la privación de la libertad durante 17 años de la que ha sido víctima Andrew no resulta vinculante al hecho victimizante de su detención arbitraria y tortura en 2008, dejando de lado el continuum de violaciones de derechos humanos a lo largo de este tiempo y de impactos relacionados con la revictimización, ahora por exigir su derecho a la reparación integra. Además de deslegitimar a su familia como víctimas indirectas de esta sucesión de hechos, se torna omisa y negligente al no reconocerles daños en el proyecto de vida, precarización económica, desplazamiento del lugar de origen de su familia para estar más cerca de Andrew y su proceso penal, afectaciones en la salud. Los impactos acumulados a lo largo de estos años, que la instancia encargada de velar por reparar y proteger los derechos de las víctimas no encuentra vinculación, representan un desgaste más en la lucha de Andrew y su familia.
Lo anterior se enmarca en las fallas estructurales en la atención a víctimas en México. La CEAV fue de las instituciones impactadas por las medidas de austeridad de 2020 implementadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con una reducción del 75 % de su presupuesto, así como la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, del cual se sostenían las medidas de ayuda y las compensaciones a víctimas de violaciones a derechos humanos. La falta de recursos, el incremento de violaciones a derechos humanos por la militarización de la seguridad pública iniciada con Calderón y continuada por López Obrador, la burocracia que permea estos procesos, la falta de coordinación, así como la falta de preparación y sensibilización en los servidores públicos encargados de esta atención, tienen como consecuencia mayor desgaste emocional, en la salud, en la economía, y aumenta los impactos por revictimización en quienes siguen en la lucha por su derecho a ser reparados de forma integral.
El caso de Andrew Armando Córdova es emblemático debido a la impunidad en el sistema judicial mexicano respecto a la tortura y al debido proceso. La falta de investigación, la prolongada prisión preventiva y la obtención de confesiones bajo tortura evidencian la necesidad urgente de procesos justos y reparación integral para las víctimas.
* Andrew Armando Córdova es sobreviviente de tortura. Abigail Martínez es abogada y esposa de Andrew. Ambos son integrantes de Tejiendo Redes Contra la Tortura, un colectivo de personas sobrevivientes de tortura en diferentes contexto y regiones de México, así como de familiares y acompañantes de organizaciones de derechos humanos.
El mandatario ucraniano afirma que en las negociaciones persisten problemas difíciles, mientras Rusia sigue llevando a cabo nuevos ataques contra instalaciones energéticas del país invadido.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó que Estados Unidos desea que la guerra con Rusia termine en junio, y añadió que ambas partes fueron invitadas a ese país para conversar la próxima semana.
“EE.UU. propuso por primera vez que los dos equipos negociadores, Ucrania y Rusia, se reunieran en EE.UU., probablemente en Miami, dentro de una semana. Confirmamos nuestra participación”, declaró el mandatario.
No hubo comentarios inmediatos de Washington ni de Moscú, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, ha estado presionando para que se ponga fin al conflicto desde que asumió el cargo hace más de un año.
Mientras tanto, Rusia ha continuado sus ataques contra la infraestructura energética de Ucrania, provocando nuevos apagones generalizados durante el gélido invierno.
En declaraciones publicadas el sábado, Zelensky informó a la prensa sobre lo ocurrido durante la segunda ronda de conversaciones de paz mediadas por EE.UU. en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), que finalizaron el viernes sin ningún avance.
Zelensky afirmó que “los asuntos difíciles siguen siendo complejos”, incluyendo las concesiones territoriales con las que se presiona a Ucrania para que las haga.
El mandatario dijo que las partes discutieron, por primera vez, la posibilidad de una reunión trilateral entre líderes, no solo representantes, pero advirtió que “se necesitan elementos preparatorios para ello”.
Al preguntársele si se había fijado un plazo para un acuerdo, el líder ucraniano respondió: “Los estadounidenses dicen que quieren tener todo listo para junio”.
“¿Por qué antes de este verano? Entendemos que sus problemas internos tendrán un impacto”, agregó Zelenski sin dar más detalles sobre cuáles son esos problemas.
Más golpes al sistema energético
Mientras las gestiones diplomáticas siguen, también continúan los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania.
“Criminales rusos llevaron a cabo otro ataque masivo contra las instalaciones energéticas”, escribió el ministro ucraniano Energía, Denys Shmyhal, en Telegram.
Las subestaciones, que controlan el flujo eléctrico, y las líneas eléctricas aéreas que “forman la columna vertebral de la red eléctrica de Ucrania” fueron atacadas, afirmó Shmyhal.
También fueron atacadas centrales eléctricas, aseguró el funcionario.
El operador estatal de energía de Ucrania, Ukrenergo, declaró que “el déficit energético aumentó significativamente” como resultado de los últimos ataques.
Shmyhal afirmó que se había solicitado a la vecina Polonia suministros eléctricos de emergencia.
Por su parte, Zelensky escribió en redes sociales que el ataque del viernes por la noche involucró a más de 400 drones y 40 misiles. Los sistemas de defensa aérea interceptaron la mayoría, pero no todos, admitió el ejército ucraniano.
“Los principales objetivos fueron la red eléctrica, las instalaciones de generación y las subestaciones de distribución”, declaró, añadiendo que se habían reportado daños en al menos cuatro regiones.
En la región occidental de Lviv, la central eléctrica de Dobrotvir fue atacada, dejando a miles de personas sin electricidad, según el jefe regional, Maksym Kozytskyi.
Al menos 6.000 personas se quedaron sin electricidad debido a los cortes de luz programados cada hora, añadió.
La central eléctrica de Burshtyn también fue atacada en la cercana región de Ivano-Frankivsk.
DTEK, que gestiona las centrales de Dobrotvir y Burshtyn, declaró que se trataba del décimo “ataque masivo” contra sus centrales eléctricas desde octubre de 2025.
“En total, las centrales térmicas de DTEK han sido atacadas por el enemigo más de 220 veces desde el comienzo de la invasión a gran escala”, añadió la compañía en Telegram. Rusia lanzó su operación hace casi cuatro años.
Se reportó la muerte de una persona en la región de Rivne y varias heridas en Zaporizhia. El presidente de Rivne, Oleksandr Koval, afirmó que también hubo daños en viviendas e infraestructuras críticas.
Otra noche bajo tierra
En Kyiv, los residentes volvieron a refugiarse en estaciones de metro.
“Nos obligan a vivir en condiciones inhumanas. Sin calefacción, sin electricidad”, declaró a Reuters, Oksana Kykhtenko, una de las refugiadas en el subterráneo.
Un ataque con drones en la ciudad de Yahotyn, a unos 10 kilómetros de distancia de la capital, provocó un incendio en un complejo de almacenes, según informaron los servicios de emergencia ucranianos.
Ucrania también ha atacado a Rusia, en específico una fábrica de componentes de combustible para misiles en la región occidental de Tver, según informes de prensa que citan a funcionarios de seguridad ucranianos.
Más al sur, en la región de Saratov, un depósito de petróleo también fue atacado, según Ucrania.
Rusia no ha hecho comentarios sobre ninguno de los últimos ataques.
Moscú reanudó sus ataques contra la infraestructura energética de Ucrania el lunes, tras una pausa de una semana que el presidente estadounidense, Donald Trump, había pedido a Vladimir Putin ante el intenso frío en Ucrania.
DTEK afirmó que los ataques combinados con misiles y drones causaron “el golpe más contundente” a la infraestructura en lo que va de año.
“Moscú debe ser privada de la capacidad de usar el frío como palanca contra Ucrania”, escribió Zelenski en la red social X el sábado, en respuesta a los últimos ataques.
Rusia también ha acusado a Kyiv de no tomarse en serio la búsqueda de una paz duradera. El ministro rusos de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, culpó el viernes a Ucrania del tiroteo contra un general de alto rango del ejército ruso, afirmando que su objetivo era “interrumpir el proceso de negociación”.
Aún se desconoce quién estuvo detrás del tiroteo.
Unos 55.000 soldados ucranianos han muerto desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022, declaró Zelensky a principios de esta semana.
Por su parte, la BBC ha confirmado los nombres de casi 160.000 personas que han muerto combatiendo del lado ruso.
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