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México atraviesa de nuevo un proceso de reforma electoral. Se trata de la doceava reforma electoral de amplio alcance en los últimos cincuenta años en nuestro país. A diferencia de otros, la reforma electoral que se construye podría ser una de las más radicales jamás vista, pues podría cambiar por completo las bases del sistema electoral y la democracia mexicana como la conocemos; una que, de mantenerse en el sentido de las anteriores, se comportaría como contrarreforma al pluralismo, equidad y certeza que se le dio al sistema electoral en las últimas cinco décadas.
En los último siete años en nuestro país se han dado de manera paulatina varios cambios en torno a la participación ciudadana y los procesos electivos. Desde la apertura e implementación de mecanismos de democracia directa, como consultas ciudadanas y revocación de mandato, hasta la elección de la primera presidenta y la implementación de elecciones populares para cargos jurisdiccionales en el Poder Judicial.
Aunque desde el Laboratorio Electoral hemos abordado múltiples veces estos temas en <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/candidata" target="_blank" rel="noopener">columnas anteriores</a> y <a href="https://laboratorioelectoral.mx/estudios" target="_blank" rel="noopener">análisis especializados</a>, consideramos que hemos dedicado poco espacio para abordar la importancia de lo que está en juego desde una visión ciudadana. Es sumamente importante que como ciudadanos y ciudadanas conozcamos y entendamos la relevancia y profundidad de lo que se viene para el sistema electoral.
<h3>La democracia como sistema</h3>
La democracia como la conocemos sigue siendo, a pesar de sus fallas, el mejor sistema de gobierno porque permite la representación de distintas ideas y afinidades políticas, fomenta la alternancia de gobiernos, e impulsa la creación de instituciones que trascienden gobiernos. México ha sido prueba de ello con tres grandes alternancias en la presidencia, y múltiples en los gobiernos locales durante los últimos 40 años, sumado a la construcción de instituciones fuertes e independientes que vigilan no solo al gobierno, sino a las tres ramas del poder: la Presidencia, el Congreso y el Poder Judicial.
La democracia electoral se ha construido a partir de reglas que permitieron la competencia electoral entre distintas fuerzas políticas, la conformación plural de los legislativos –federal y locales–, así como la creación de nuevos partidos políticos y la constitución de autoridades electorales que organizaciones elecciones imparciales y equitativas. La exigencia de la pluralidad y la representatividad se han mantenido al frente.
En México, en cincuenta años, pasamos de un sistema de partido hegemónico a una pluralidad partidista que permite que todas las visiones e ideologías accedan a los cargos de elección popular, en donde las elecciones son confiables y sabemos que como ciudadanos tenemos el poder de decidir quién nos gobierna y representa.
<h3>Una reforma integral e íntegra</h3>
Durante los últimos años hemos visto importantes <a href="https://laboratorioelectoral.mx/leer/Reformando_el_sistema_electoral_de_poquito_en_poquito__pero_rapido_" target="_blank" rel="noopener">cambios</a> al sistema electoral, los cuales han traído consigo restricciones a las funciones y capacidades de las autoridades electorales, <a href="https://laboratorioelectoral.mx/leer/III_Elecciones_Mexico_2024__El_costo_de_la%C2%A0eleccion" target="_blank" rel="noopener">recortes presupuestales</a> a quienes organizan las elecciones sin un análisis técnico previo, uso indiscriminado de recursos públicos en las elecciones, intervención constante del gobierno y funcionarios públicos para favorecer candidaturas afines. En suma, nuestra democracia electoral está transformándose para tener muchos procesos comiciales, con poca o nula capacidad de decisión de la ciudadanía; un escenario en el que tenemos muchas elecciones, pero el voto cada vez cuenta menos.
Ahora caminamos hacia una nueva reforma electoral en la que se analiza un <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/candidata/reforma-electoral-nuevo-plan-d" target="_blank" rel="noopener">amplio abanico de propuestas</a>, las cuales van desde la desaparición de los plurinominales, desaparecer autoridades electorales, centralizar las funciones del INE, reducir diputaciones locales y regidurías, entre otras. Advertimos que muchas de estas implican ir en contra del diseño construido durante los últimos años y que, además, vienen con una sistemática ausencia de análisis y sustento técnico, lo cual puede demeritar la calidad de las elecciones y desincentivar la participación ciudadana. El ejemplo de ello son las elecciones judiciales, un proceso comicial novedoso, que fue producto de la ausencia de un diseño adecuado para una elección de este tipo, así como la improvisación, la cual derivó en una participación sumamente baja, apenas superior al 10 % de los posibles electores.
El escenario que presenta esta reforma que se concretará en 2026, más la experiencia de las elecciones de 2024, que seguimos desde el <a href="https://www.anie.mx/" target="_blank" rel="noopener">ANIE</a>, y la de las judiciales de 2025, que observamos en el <a href="https://www.oej.mx/" target="_blank" rel="noopener">OEJ</a>, nos ha alertado de la necesidad de impulsar un esfuerzo mayor, por lo cual creamos el Observatorio Permanente de Integridad Electoral (<a href="https://www.opine.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">OPINE</a>).
Desde el OPINE presentamos ya dos primeros informes sobre las necesidades del sistema electoral mexicano, la importancia de incorporar a distintas fuerzas políticas para llegar a consensos políticos, los estándares internacionales, entre otros temas. El análisis de cada una de estas etapas y los trabajos que se han hecho en la Comisión, competen no solo a las autoridades y al gobierno sino a todas las personas que vivimos en democracia. No es momento de mirar a otro lado.
<a href="https://x.com/Eleccionesymas" target="_blank" rel="noopener">@Eleccionesymas</a>

La reforma electoral desde la visión ciudadana

La violencia electoral es un fenómeno que se ha presentado con fuerza en las elecciones de nuestro país, especialmente en los comicios de la última década. Todos los partidos políticos la sufren. Algunos denuncian y otros prefieren hacer como si nada pasara, las autoridades electorales intentan abordar el tema con mucha cautela y restricciones, mientras las víctimas se siguen acumulando proceso electoral tras proceso electoral.
Desde luego, la violencia en las elecciones no es generalizada y, por ahora, se focaliza en algunas zonas del país en las que la situación es más grave. El caso de Pantelhó es de destacar, pues se trata de un municipio de Chiapas ubicado en Los Altos y que tiene poco más de 25 mil habitantes. En este lugar la violencia ha predominado y desde 2020 no se habían podido organizar elecciones de ningún tipo.
La violencia electoral sumada a la ausencia de procesos electorales genera un escenario de ingobernabilidad complejo y peligroso. En este municipio en 2024, en la víspera de las elecciones presidenciales, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas definió que no sería posible instalar las casillas en Pantelhó debido a las condiciones de inseguridad, y que no era posible llevar a cabo las elecciones.
A pesar de que se determinó llevar a cabo una elección extraordinaria unos meses después, esta tampoco se pudo realizar. En consecuencia, el Congreso local designó un Concejo para el gobierno del municipio para los siguientes tres años. La medida fue impugnada ante las instancias electorales, pues es evidente que renunciar a llevar a cabo elecciones implica violaciones graves para las personas que viven en dicho municipio, y que puede ser calificado como el camino fácil.
Al final, la Sala Superior del Tribunal Electoral intervino y determinó que la decisión del Congreso local fue inconstitucional y desproporcionada, pues una autoridad temporal debe tener el carácter de excepción y un plazo limitado al retorno de la normalidad democrática, sin sustituir a las autoridades electas de manera indefinida (SUP-REC-3/2025).
Derivado de la sentencia del Tribunal Electoral, el Concejo Municipal nombrado por el Congreso se debía mantener hasta que se llevaran a cabo elecciones extraordinarias, lo que ocurrió el pasado 31 de agosto, cuando por primera vez desde 2020 se lograron instalar 28 casillas. Para garantizar que las elecciones se llevaran a cabo de manera pacífica se ordenó la realización de un operativo con alrededor de 1,300 efectivos, entre miembros de la Guardia Nacional, policía local e, incluso, del Ejército, contándose, entre otros recursos, con un helicóptero táctico y un avión no tripulado.
Para el Laboratorio Electoral, que llevamos años estudiando y analizando la violencia electoral, esta sentencia del Tribunal Electoral, junto con la decidida organización de las elecciones extraordinarias, representa un gran avance, no solamente por su alcance de revocar una decisión legislativa, sino porque aborda las causas de la crisis e impide que la violencia se anteponga a la democracia.
El caso de Pantelhó es un precedente significativo que reconoce que la violencia y las condiciones socioeconómicas adyacentes no son simplemente problemas de seguridad que hemos normalizado, sino impedimentos fundamentales para el ejercicio de los derechos político-electorales, tanto para votantes como para candidaturas, y amplía su autoridad jurisdiccional y es responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto generar las condiciones necesarias para que la población pueda ejercer su derecho al voto en condiciones de paz, elevando el concepto de “seguridad humana” a un requisito indispensable para el funcionamiento de la democracia.
De esta forma, se abre el debate a la implementación de estrategias que aborden de lleno la violencia electoral y sea a través de la cooperación institucional en todos los niveles que el Estado garantice que se lleven a cabo elecciones libres y pacíficas.

Derecho a elecciones libres y pacificas: el caso de Pantelhó

La vorágine de elecciones que se vivieron en México entre 2024 y 2025 dejaron un sinfín de datos e información que se perdieron con la coyuntura. Nos enfocamos en el escenario nacional; sin embargo, la realidad en cada una de las 32 entidades refleja y amplifica problemáticas que en lo nacional se minimizan, pero en realidad son la punta de lanza para el desastre.
Cuando se anunció la reforma constitucional que daba paso a la elección popular de jueces y juezas, quienes se llevaron el foco principal fueron las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En menor medida hubo interés por el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, las vacantes en la Sala Superior, y así sucesivamente. Esto dejó en evidente desventaja de cobertura y monitoreo a cargos judiciales locales, y aún más a cómo se desarrollaron sus procesos.
Es por lo anterior que en el Laboratorio Electoral nos dimos a la tarea de revisar lo que pasó en las <a href="https://laboratorioelectoral.mx/leerdocumento/Democracia_en_los_estados_elecciones_judiciales_locales" target="_blank" rel="noopener">elecciones judiciales locales</a> que tuvieron lugar en 19 entidades, cuáles fueron algunos de los retos, obstáculos e irregularidades que se presentaron. A partir de ello evidenciamos algunos puntos que fueron nodales para explicar la trama de irregularidades de las elecciones locales.
<h2>Las principales irregularidades</h2>
1. La competencia para los cargos judiciales locales
A nivel federal apenas se alcanzaron un promedio de 2 candidaturas para cada cargo en disputa, aunque en algunos casos el número era menor. Esto mismo sucedió a nivel local, donde en muchos casos no solo hubo pocas candidaturas sino que se evidenció una sorprendente coordinación entre los Comités de Evaluación locales que lograron ponerse de acuerdo en exactamente las mismas candidaturas para los cargos disponibles, como en el caso de Durango.
Situaciones similares se presentaron en Coahuila y Nayarit, donde el nivel de competencia fue bajo y los nombres de varias candidaturas se repetían en las listas de los tres Comités locales. Por el contrario, en entidades como Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala, el nivel de competencia fue mucho más alto, con un promedio de 4,2 candidaturas por vacantes judicial.
2. Tiempos de implementación apresurados
Aunque la reforma constitucional a nivel federal fue publicada en septiembre de 2024, fue hasta noviembre que las primeras entidades publicaron su reforma constitucional local. Durango, Michoacán y Tamaulipas fueron los primeros estados en iniciar sus procesos electorales locales, pero el resto de las 16 entidades que tuvieron elecciones judiciales locales iniciaron sus procesos hasta diciembre, enero y marzo. El promedio para organizar las elecciones judiciales locales fue de 5 meses.
En este tiempo no solo tuvieron que completarse las etapas de integración de los Comités, evaluación de las candidaturas, armado de listas finales para las boletas que se imprimirían, campañas, capacitación de ciudadanía, pedagogía ciudadana, entre otros. Todo lo anterior sin las leyes y lineamientos que rigieran las actividades de preparación de la jornada.
3. La evidente alianza con partidos
Las principales consecuencias, como se evidencia en el documento completo que elaboramos, es que los tiempos de implementación y la falta de control a los trabajos de los Comités de Evaluación locales permitió no solo candidaturas únicas, sino candidaturas cercanas a los partidos en el gobierno, campañas coordinadas de votación con acordeones y materiales entregados incluso por funcionarios públicos, incidentes violentos el día de la jornada, entre otros. La incidencia de los gobiernos locales en las elecciones judiciales fue elevadísima.
4. La realidad que superó a las candidaturas
No solo estuvieron superados económica y estructuralmente los OPLE y el INE en muchos casos, sino las mismas candidaturas, que quedaron completamente desatendidas por las autoridades jurisdiccionales locales y que no tenían ante quién denunciar irregularidades, o al menos hacerlo antes de que el efecto de éstas fuera irreparable, como el diseño de las boletas. La realidad es que son, si las hay, pocas las candidaturas que lograron llegar a un cargo judicial sin tener algún tipo de acuerdo o comunicación con los partidos y gobiernos locales, lo que elimina el primer supuesto bajo el que se regía esta elección judicial: candidaturas independientes de partidos políticos y elegidas libremente por la ciudadanía.
Las elecciones judiciales locales presentaron más deficiencias en cuanto a su integridad que las federales, aunque parezca imposible. El escenario local obliga a ocuparnos de lo que ocurre en las entidades federativas, en donde el deterioro en la calidad de las elecciones es cada vez peor y el control de los gobiernos locales mayor. Para el Laboratorio Electoral, hablar de una reforma electoral necesariamente debe incluir las elecciones judiciales. No podemos olvidar que en 2027 nuevamente buena parte de las entidades federativas acudirá a las urnas, también para elegir cargos jurisdiccionales.

La trampa en lo local

Durante los últimos años el tema de una reforma electoral ha estado en el aire y aunque hasta ahora no se ha logrado hacer realidad, nuevamente se abre el debate. Hace unas semanas se creó mediante decreto la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, con la intención de buscar la validación popular de un nuevo proyecto de reforma electoral (aquí puedes consultar nuestro <a href="https://laboratorioelectoral.mx/leer/Comision_Presidencial_para_la_Reforma_Electoral_analisis_del_decreto" target="_blank" rel="noopener">análisis</a> del decreto). La Comisión encabezada por Pablo Gómez tiene como objetivo elaborar la propuesta de reforma a partir de foros, debates y encuestas, aunque pareciera que buscarán hacer un ejercicio plural, el propio titular de la Comisión ha señalado que “el gobierno utilizará su fuerza política para aprobar la próxima reforma en la materia”.
La pregunta que surge ante este nuevo intento de reforma es: ¿qué se incluirá en la propuesta? Y ¿qué tan de fondo será la reforma? ¿Los cambios van a ser sustantivos o solo superficiales? Y, sobre todo, ¿buscarán fortalecer el sistema electoral o solo al partido en el gobierno?
Es difícil contestar las preguntas anteriores a partir de la información disponible, aunque lo que sí podemos hacer es revisar las propuestas que ya se han hecho para buscar darnos una idea de por dónde puede venir este nuevo intento de reforma.
<h2>Plan A</h2>
El llamado Plan A, presentado en noviembre de 2022, y redactado por Horacio Duarte y Pablo Gómez, tenía como propósito la reducción de los costos de las elecciones y de la posibilidad de fraude electoral. Para ello se planteó la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); reducción de 11 a 7 consejerías –elegidas por voto popular–; reducción del periodo del cargo de 9 a 6 años, así como la desaparición de los Organismos Públicos Locales (OPL); revocación de mandato con el 33 % de participación; reducción de legisladores/as a 300 diputaciones y 96 senadurías (3 por entidad), todas electas mediante representación proporcional; eliminación del financiamiento público de partidos para actividades ordinarias; gastos de campaña calculados multiplicando la lista nominal por el 65 % del valor diario de la UMA para elecciones intermedias y por el 100 % para elecciones presidenciales; disminución de tiempos en radio y televisión; reducción de diputaciones locales y regidurías.
<h2>Plan B</h2>
El plan B buscaba solo modificar las leyes secundarias, y en este se planteó la reducción de la estructura del INE, reducción del 80 % del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional; reducción de órganos distritales de 300 a 264; convertir los OPL en organismos supeditados al INE; la creación del Procedimiento Único de Queja en Materia Electoral; eliminación de la franquicia telegráfica de los partidos; modalidad electrónica solamente para voto en el extranjero; unificación del PREP con cómputo y transmisión en tiempo real al finalizar la jornada electoral; separación del cargo a legisladores/as en caso de reelección; desaparición de fideicomisos del INE, entre otros. Esta reforma <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/candidata/legislando-a-la-mexicana-cronica-de-la-reforma-electoral" target="_blank" rel="noopener">fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte</a>.
<h2>Plan C</h2>
El plan C, presentado en febrero de 2024, retomaba las propuestas del plan A, por lo que requería de una mayoría calificada para modificar la Constitución y ello dependía de los resultados de la elección de ese año. Se proponía, nuevamente, la creación del INEC con consejerías elegidas popularmente; reducción de consejerías en cantidad y duración del periodo del cargo; desaparición de los OPL; reducción al 30 % de participación de la lista nominal para validar consultas populares y revocación de mandato; un Congreso de la Unión integrado por 300 diputaciones y 64 senadurías electas por mayoría relativa (desaparición de plurinominales); reducción del 50 % al financiamiento público de partidos para actividades ordinarias, regulando las aportaciones privadas y fijando el monto anual multiplicando la lista nominal por el 33 % del valor diario de la UMA; aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación para mecanismos de participación ciudadana; reducción de diputaciones locales y regidurías, según el número de habitantes, y la posibilidad de crear partidos políticos cada 3 años (para conocer más sobre el plan A, B y C en el Laboratorio Electoral realizamos un <a href="https://laboratorioelectoral.mx/leer/Reforma_Electoral_2024" target="_blank" rel="noopener">análisis comparativo</a>).
<h2>Plan D</h2>
Derivado de algunas declaraciones emitidas por la Presidenta y el propio Pablo Gómez, así como de los antecedentes de propuestas de reforma que han sido descritas, advertimos que al menos son 5 los aspectos que muy posiblemente considerarán en la propuesta de reforma electoral son:
<ol>
<li>Reducción de costos de las elecciones. El gobierno y su partido tienen como principio fundamental la austeridad republicana, y por ello en todas las propuestas anteriores una de las premisas ha sido la reducción de costos, esto a través de modificar el número de consejerías en el INE, ajustes a su operación y <a href="https://laboratorioelectoral.mx/leer/III_Elecciones_Mexico_2024__El_costo_de_la%C2%A0eleccion" target="_blank" rel="noopener">acotar su presupuesto</a>, también la desaparición de los llamados OPLEs, así como <a href="https://laboratorioelectoral.mx/leer/IV_Elecciones_Mexico_2024_El_costo_de_la_eleccion_partidos_politicos" target="_blank" rel="noopener">la reducción al financiamiento de los partidos políticos</a>. Transitar en este camino puede significar el debilitamiento del sistema electoral en muchos sentidos, pero sin duda serán temas fundamentales para la reforma.</li>
<li>Ajustes en la autoridad electoral. Otra coincidencia en las propuestas han sido los cambios en los mecanismos de designación de consejeros y consejeras electorales, a través de la elección de consejerías mediante el voto popular, así como reducir el periodo de duración de su encargo y el número de integrantes del Consejo General. La repercusión de este cambio sería significativa para la autonomía e independencia de la autoridad electoral, así como para su legitimidad y credibilidad. Como ya vimos las elecciones judiciales no fueron un ejemplo de integridad electoral, por lo que, de las elecciones de consejerías electorales, se podría prever un escenario similar.</li>
<li>Cambios a la representación en el legislativo. En todas las propuestas han buscado modificar la representación en el legislativo, principalmente a través de la reducción de integrantes del Congreso de la Unión. Aunque se ha propuesto desaparecer a los plurinominales, también se ha planteado transitar a un sistema solamente de representación proporcional. Este aspecto también podría impactar en lo local, tanto en los Congresos como en los cabildos municipales. Se trata de un cambio sustancial que tendría un impacto <a href="https://laboratorioelectoral.mx/leer/La_representacion_proporcional_en_Mexico" target="_blank" rel="noopener">significativo en la representación y la pluralidad política</a>. El caso más ejemplificativo sería Movimiento Ciudadano quien actualmente cuenta con 26 diputaciones y que, si se eliminara la representación proporcional, solo quedaría con uno.</li>
<li>Uso de nuevas tecnologías. Las propuestas se han ocupado en plantear el uso de nuevas tecnologías para las elecciones, lo cual podría impactar desde los mecanismos de votación, hasta en la transmisión de resultados electorales. La implementación de TIC para elecciones y/o mecanismos de participación ciudadana puede resultar favorable, pero es necesario un análisis de su viabilidad, ya que existe incertidumbre sobre los costos, métodos de su aplicación, almacenamiento, y la seguridad y confiabilidad de los mismos.</li>
<li>Sistema de partidos políticos. También se ha planteado modificar la temporalidad para la creación de partidos políticos; actualmente solo se puede hacer cada seis años y la propuesta podría ir en el sentido de reducir este tiempo para que periódicamente se puedan estar conformando nuevas fuerzas políticas.</li>
</ol>
Modificar las reglas de acceso al poder requiere de un amplio consenso político, así como de una búsqueda de evolución positiva. La implementación de una reforma debe basarse en un diagnóstico exhaustivo que contemple tiempos, plazos y costos. Por ello consideramos imprescindible que esta nueva reforma no se limite a reciclar las propuestas que fueron rechazadas en 2022 y 2024, sino que se genere una propuesta genuina que busque el fortalecimiento de las libertades políticas y elecciones bajo principios de integridad.

Reforma Electoral: Plan A, B, C y ahora D

Desde septiembre pasado creamos, junto con otras Organizaciones de la Sociedad Civil, el <a href="https://www.oej.mx/" target="_blank" rel="noopener">Observatorio Judicial Electoral</a> con el objetivo de dar seguimiento a la elección judicial. Hoy jueves 17 de julio de 2025 presentamos el informe final de los trabajos del Observatorio, en el cual damos cuenta de manera detallada y puntual de lo que fue una elección totalmente carente de integridad, un ejercicio comicial que no se debe repetir en nuestro país y en ninguno otro.
El ejercicio de observación da cuenta de una erosión democrática alarmante, con fallas estructurales y sistemáticas violaciones a los principios constitucionales en materia electoral y a los principios internacionales en materia de integridad electoral.
A lo largo de estos meses registramos lo acontecido en cada etapa de la elección judicial. Desde su gestación, en un ambiente de prisas y ante la carencia de un debate plural. La implementación acelerada, la ausencia de una legislación secundaria y la total falta de reglas claras generó condiciones de inequidad, bajo las cuales la ventaja la tuvo quienes hoy ejercen el poder y la capacidad económica y de movilización para determinar los resultados.
Desde el OEJ dimos debida cuenta de la exclusión de la autoridad electoral durante el proceso de reforma, la falta de recursos suficientes para hacer sus trabajos, y el preponderante papel del Senado de la República en actividades operativas que, sin mucha sorpresa, concluyeron en lamentables desatinos dada la falta de conocimiento técnico electoral de las y los legisladores.
También constatamos la operación orquestada desde las cúpulas del poder, tanto nacional como local, en la que se distribuyeron “acordeones”, el poco cuidado que se tuvo en un adecuado diseño de las boletas, y la improvisada geografía electoral, los cuales se convirtieron en los mejores ejemplos de la manipulación indebida del proceso electoral judicial.
En el informe final señalamos que la Jornada Electoral distó mucho de las que se venían realizando bajo la conducción de una autoridad electoral profesional. Boletas complejas, el desconocimiento de los cargos bajo elección, de las trayectorias de las candidaturas postuladas, hasta las inadecuadas disposiciones sobre la validez o la nulidad de los votos, dificultaron sobremanera el voto informado y auténtico. Las campañas que precedieron el sufragio fueron otro punto débil: el modelo de autofinanciamiento sin la posibilidad de obtener recursos de terceros impuso una profunda inequidad que se agravó no solo considerando a aquellas candidaturas que contaban con mayor cantidad de dinero, sino que provocó la aparición de estructuras paralelas, tanto de financiamiento como de promoción en redes sociales, que terminaron no solo por minar el estado de Derecho, sino por sentar un precedente muy peligroso para futuras campañas políticas.
Las recomendaciones que sobresalen del documento son claras y urgentes: para enfrentar el ya inminente proceso electoral de 2027 se requiere de una redefinición de la geografía electoral judicial, adecuada a la visión administrativa de la impartición de justicia y cargas de trabajo de los juzgados, y no a la representación poblacional. La creación de un Código específico para las elecciones judiciales que establezca reglas detalladas y se adapte a la naturaleza particular de esta elección, fijando con la debida anticipación las reglas del juego, evitando la improvisación de la autoridad electoral. Entre estas reglas, se debe acotar la actuación de los comités de evaluación de los poderes públicos para eliminar su discrecionalidad, y el papel del Senado dentro de actividades que son de eminente carácter técnico y que deben ser realizadas por las autoridades especialistas en la materia, así como garantizar, en todo momento, los principios de independencia y transparencia bajo los que deben actuar todos los involucrados en el proceso.
Situaciones que pasaron desapercibidas a lo largo de la elección para la mayoría, fueron debidamente registradas en los 14 informes del Observatorio. La creación de mecanismos de representación de candidaturas ante órganos electorales, nuevas reglas de fiscalización adecuadas a la naturaleza de candidatas y candidatos, y no de partidos políticos, y el papel del INE y del TEPJF frente a la pequeña rendija que se abrió como acceso a la justicia, son temas que se ponen en la mesa por parte de las y los especialistas en la materia quienes integramos el Observatorio, lo que les da su justa dimensión.
Finalmente, el valor del trabajo del Observatorio Electoral Judicial a través de estos diez meses es que no se limita a la crítica, sino que sienta las bases de un trabajo con miras al futuro. Si algo podemos concluir tras la observación y la propuesta es enfatizar la importancia de una pedagogía cívica sobre la función judicial, la obligatoria independencia de la judicatura y el necesario apego a los principios de integridad electoral ante un proceso que ya se encuentra establecido en la Constitución. El futuro de la incipiente democracia mexicana y la legitimidad de su sistema de justicia dependen de que las lecciones que presentamos sean aprendidas y se traduzcan en reformas legales profundas, pero, sobre todo, consensuadas.
Por todo lo anterior, es necesario pasar a la construcción de un modelo electoral judicial que se apegue, de manera estricta, a los principios que nos caracterizaron en materia democrática. Como organización de la sociedad civil hemos cumplido con nuestra parte de documentar y proponer soluciones; ahora es responsabilidad de las autoridades electorales y, sobre todo, las legislativas, actuar con la seriedad y el compromiso democrático que el momento histórico exige.

El asalto a la integridad democrática

En el proceso de democratización que vivió México desde finales de los 90, se impulsó la creación de instituciones que permitieran la construcción y mantenimiento de una serie de contrapesos indispensables para evitar el autoritarismo y los abusos de poder que marcaron al régimen de partido único. El primer compromiso era buscar la apertura, la pluralidad y la alternancia.
Lo anterior, a pesar de los avances, no se alcanzó en su totalidad. Muchas decisiones seguían frenando hasta cierto punto la pluralidad, el poder se mantenía en una élite política y quienes alcanzaban cargos de elección popular buscaban mantener el status quo.
Mientras tanto, desde otros sectores se le exigió a México fortalecer instituciones <a href="https://laboratorioelectoral.mx/leer/Organismos_Constitucionales_Autonomos_El_fiel_de_la_balanza" target="_blank" rel="noopener">autónomas</a> que fueran contrapesos contra las élites políticas y vigilaran las decisiones de los gobiernos. Además de que se buscó siempre que los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, estuvieran separados y tuvieran equilibrios.
Aunque los avances fueron paulatinos, se lograron muchas victorias ciudadanas a partir de este diseño democrático. Hoy no podemos decir que las decisiones que se toman atiendan esas exigencias y estándares de vigilancia, contrapeso y pluralidad, por el contrario, el camino que se ha tomado es el de la concentración del poder en el Ejecutivo.
<h3>El nuevo estándar de irregularidades</h3>
Las elecciones de 2024 dieron pie a un nuevo estándar de intervención gubernamental en los procesos electorales. Irregularidades como la intervención presidencial, campañas anticipadas, uso de recursos públicos e innumerables violaciones a la legalidad electoral, fueron el caldo de cultivo para las elecciones de mala calidad.
Las elecciones judiciales fueron el segundo capítulo de la reimplantación de un modelo de gobierno de partido único, sin vigilancia, sin contrapesos, omiso del respeto a la Constitución y las leyes, dispuesto a la intervención gubernamental y mal uso de recursos públicos. En ejercicios comiciales previos la validez de estas las elecciones judiciales ni siquiera hubiera estado en discusión, las irregularidades, arbitrariedades e infracciones fueron tan evidentes y contrarias a los derechos político-electorales que habría sido anulada en su totalidad sin atisbo de duda.
Y no estamos hablando solamente de las flagrantes irregularidades observadas en las elecciones a nivel nacional. También señalamos a las elecciones judiciales que se realizaron en las 19 entidades federativas del país, tanto en estados gobernados por el partido de gobierno y aliados, como por los partidos de oposición. Todos a lo largo y ancho del país replicaron exactamente las mismas malas prácticas: ilegales y abusivas, a espaldas de la ciudadanía, con recursos públicos, con ilegal movilización partidista y buscando eliminar cualquier contrapeso que pudiera existir para hacerse con el control del Poder Judicial.
En estados como Aguascalientes y Coahuila ganaron prácticamente todas las candidaturas postuladas por el Ejecutivo local. Personas afines al gobierno en turno fueron en su mayoría las que ganaron. En San Luis Potosí hubo un intento de toma de casillas en un municipio ante el no pago del voto de la ciudadanía a favor de determinadas candidaturas. En Durango las listas de candidaturas de los tres poderes locales para absolutamente todos los cargos judiciales locales eran iguales por lo que no ni siquiera fue necesaria la elección para saber quién iba a ganar.
Las elecciones de 2018 y 2024 tuvieron resultados aplastantes bajo la promesa de cambio, la eliminación de prácticas políticas abusivas y el abandono de la vieja clase política. Nada de esto se observó en las elecciones judiciales. Como en antaño, se confeccionó una elección para beneficiar a las élites partidistas, se cambiaron las reglas del juego durante el proceso, hubo incertidumbre e inequidad entre las candidaturas.
Por eso desde el Laboratorio Electoral y junto a otras organizaciones de la sociedad civil impugnamos la elección judicial, porque más allá de mantener la esperanza de que las autoridades estén a la altura de las circunstancias y de sus propios precedentes, somos conscientes de que es necesario dejar constancia de estas irregularidades, elecciones como las vividas no pueden ser la normalidad y mucho menos motivo de celebración.

En defensa de la democracia

Las elecciones judiciales de este 1° de junio han estado rodeadas de múltiples y legítimas críticas que van desde la aprobación de la reforma judicial, pasando por el accidentado proceso electoral, hasta el desinterés, la apatía y la falta de información.  Sin embargo, la jornada del domingo y sus resultados tendrán efectos directos e inminentes sobre la vida de la gente, en las instituciones políticas y las autoridades judiciales.
Por eso, a pesar de lo mal ejecutado de este proceso y de lo que implicará para México, desde el Laboratorio consideramos esencial seguir ocupando los espacios que se abren, utilizando las herramientas que existen y procurando apoyar e impulsar a los mejores perfiles. Esto porque la única certeza en democracia es que las reglas cambian y lo que hoy puede ser usado por una mayoría, mañana puede ser aprovechado por una minoría.
Sabemos que no es fácil decidirse a votar y que falta muy poco para la jornada electoral, pero si ya decidiste ejercer tu derecho al voto en esta elección, te dejamos un compilado con información sencilla y completar para que te prepares para el 1º de junio:
1. En el <a href="https://laboratorioelectoral.mx/leerdocumento/MANUAL_PARA_SOBREVIVIR_A_LA_ELECCION_JUDICIAL" target="_blank" rel="noopener">Manual para sobrevivir a la elección judicial,</a> podrás conocer los cargos a elegir a nivel federal y local (incluyendo las elecciones concurrentes en Durango y Veracruz), fechas relevantes de todo el proceso electoral, número de boletas en elecciones federales y locales y en qué consisten, modalidades de votación, las diferencias entre casillas en elecciones políticas y judiciales, número de casillas seccionales y especiales a instalar, infracciones para las candidaturas y la ciudadanía, y la dinámica y duración de las campañas federales y locales.
2. En <a href="https://laboratorioelectoral.mx/leerdocumento/RADIOGRAFIA_DE_LAS_ELECCIONES_JUDICIALES_2025" target="_blank" rel="noopener">Radiografía de las elecciones judiciales 2025,</a> encontrarás detalles de las elecciones judiciales locales en las 19 entidades federativas que elegirán cargos locales además de federales. Conoce las fechas de campaña, padrón electoral, lista nominal, casillas seccionales por instalar, número de personas observadoras electorales, cargos a elegir, número de boletas, fechas límite para resolver impugnaciones y presupuestos por OPLE y Tribunal Electoral estatal.
3. En X hemos publicado diversos materiales, como la <a href="https://x.com/Eleccionesymas/status/1925709833283477540" target="_blank" rel="noopener">numeralia</a> de las elecciones y en qué consisten las <a href="https://x.com/Eleccionesymas/status/1925990166235132207" target="_blank" rel="noopener">tareas y responsabilidades de los cargos judiciales federales</a> que podremos votar.
4. En Instagram te explicamos <a href="https://www.instagram.com/reel/DJR1GbLoo_-/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=MzRlODBiNWFlZA==" target="_blank" rel="noopener">cómo conocer</a> a las y los candidatos, <a href="https://www.instagram.com/reel/DJZmVn-P0mj/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=MzRlODBiNWFlZA==" target="_blank" rel="noopener">cómo practicar</a> tu voto y formas en las que este puede ser <a href="https://www.instagram.com/reel/DJ-rhzovsPB/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=MzRlODBiNWFlZA==" target="_blank" rel="noopener">válido</a> o <a href="https://www.instagram.com/reel/DJ7EvkbtTBU/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=MzRlODBiNWFlZA==" target="_blank" rel="noopener">nulo</a>.
5. <a href="https://laboratorioelectoral.mx/estudios">Lee aquí</a> todos los análisis que hemos hecho de la reforma judicial y su implementación desde una perspectiva electoral, así como estudios comparados con otros países. A su vez, puedes leer nuestros análisis en <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/candidata" target="_blank" rel="noopener">Animal Político</a>.
6. Escucha nuestro podcast <a href="https://open.spotify.com/show/4e0luBETH6T5ojvG5BM5Hr?si=9cb8815b54144294" target="_blank" rel="noopener">Boca de Urna</a>, con episodios quincenales donde especialistas analizan la coyuntura electoral en México de manera más digerida.
7. Desde el <a href="https://www.oej.mx/" target="_blank" rel="noopener">Observatorio Electoral Judicial (OEJ)</a>, junto con Práctica: Laboratorio para la democracia, Di-sentir y México Evalúa hemos generado informes y comunicados basados en rigurosas investigaciones y análisis por cada etapa del proceso electoral. De esta manera, hemos encontrado riesgos para la integridad electoral y la equidad en la contienda, además de hallazgos de las candidaturas como acusaciones de nepotismo, corrupción, nexos criminales y posicionamientos controversiales. Asimismo, podrás consultar resúmenes sencillo de los perfiles por los que podrás votar a nivel nacional.
8. Con nuestro <a href="https://laboratorioelectoral.mx/auxiliarvoto" target="_blank" rel="noopener">auxiliar de votación</a>, podrás generar tablas personalizadas, según tu sección, con los detalles de tu entidad, cargos y candidaturas a elegir, simuladores locales de votación y un formato con el que podrás hacer tu propio acordeón de candidatas/os para votar el día de la jornada. No dejes que nadie te diga por quién votar.
Como ciudadanía, seguir participando de manera informada y crítica es un compromiso para mantener viva nuestra democracia, para no permitir una sola visión de país y para impulsar la pluralidad. Para saber más sobre esta y otras elecciones en México y Latinoamérica, no olvides consultar la página del <a href="https://laboratorioelectoral.mx/" target="_blank" rel="noopener">Laboratorio Electoral</a> y seguirnos en nuestras redes sociales.
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Manual para sobrevivir a la elección judicial

Las democracias del mundo enfrentan amenazas derivadas de la tensión existente entre llevar a cabo elecciones democráticas y bajo principios de integridad, y tener un mayor control de la función electoral a partir de las presiones presupuestales y la pérdida de autonomía. El desafío pasa por la pérdida de los derechos políticos y electorales, la invisibilización de las minorías y el desapego al Estado de Derecho.
En este contexto varios países de Latinoamérica acudirán en este 2025 a las urnas para elegir a sus gobernantes, sus representantes en los congresos nacionales y locales, así como cargos municipales. Hasta ahora, los resultados de las elecciones en la región han dejado ver una contraposición de corrientes ideológicas cuyo único punto en común es el debilitamiento de las instituciones.
Además de la turbulenta llegada al poder de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, en la región sudamericana ya se han llevado a cabo elecciones: una legislativa y presidencial (con segunda vuelta) en Ecuador, además de las primarias para la presidencial en Honduras. En el caso de Ecuador, en su primera vuelta presidencial Daniel Noboa y Luisa González quedaron en empate técnico; la segunda vuelta le dio la victoria a Daniel Noboa con el partido Acción Democrática Nacional para un segundo mandato. Ante ello, González denunció un presunto fraude electoral que, sin embargo, no coincidió con los diversos informes emitidos por misiones internacionales de observación electoral, los cuales avalaron los resultados, aunque reconocieron inequidad en la contienda, irregularidades en el proceso y la jornada electoral, así como reiterados actos de violencia política de género.
Los resultados de Ecuador no fueron reconocidos por la Presidenta de México, en medio de la ruptura de relaciones diplomáticas en 2024 a raíz del asalto de las fuerzas armadas ecuatorianas a la Embajada de México. A pesar de las críticas contra sus elecciones, esta decisión no abona a la posibilidad de que México retome sus relaciones con este país.
Para la segunda mitad del año, nueve países de Latinoamérica llevarán a cabo elecciones, entre las que destacan las presidenciales en Chile, Bolivia, Honduras y, posiblemente, Haití. El resultado de las elecciones en esos países marcará nuevas dinámicas en la región y, seguramente, evidenciarán el auge o la caída de perfiles “outsiders” como los de Javier Milei en Argentina o Nayib Bukele en El Salvador. Todo lo anterior en medio de un panorama de incertidumbre por las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su relación con Rusia y China, y los efectos económicos de todo lo anterior.
Adicionalmente, en un ejercicio inédito en el mundo, México renovará su Poder Judicial mediante votación popular, decisión tomada con la aprobación de la reforma judicial en septiembre del año pasado y que ha sido fuertemente criticada por las numerosas irregularidades, improvisaciones y riesgos. Muchos de estos temas han sido identificados y denunciados por organizaciones de la sociedad civil y esfuerzos ciudadanos como el <a href="https://www.oej.mx/" target="_blank" rel="noopener">Observatorio Electoral Judicial</a>. A menos de un mes de la jornada electoral, diversas organizaciones interpusimos denuncias a diferentes candidaturas por posibles actos de corrupción y vínculos con actores políticos o irregulares; además, cada vez más queda en evidencia el efecto que tendrán los preocupantes recortes presupuestales que enfrentan las autoridades electorales.
De esta manera, el panorama para México y Latinoamérica será de definiciones esenciales para los gobiernos y sus ciudadanías en un contexto mundial de tensiones políticas, económicas e institucionales directamente impactadas por las decisiones tomadas en las urnas. Para conocer más sobre procesos electorales no olvides consultar la página del <a href="https://laboratorioelectoral.mx/" target="_blank" rel="noopener">Laboratorio Electoral</a> y para prepararte para la elección judicial consulta nuestro <a href="https://laboratorioelectoral.mx/leerdocumento/MANUAL_PARA_SOBREVIVIR_A_LA_ELECCION_JUDICIAL" target="_blank" rel="noopener">Manual</a> para sobrevivir a la elección judicial y la <a href="https://laboratorioelectoral.mx/leerdocumento/RADIOGRAFIA_DE_LAS_ELECCIONES_JUDICIALES_2025" target="_blank" rel="noopener">Radiografía</a> de las elecciones judiciales.

Desafíos electorales en América Latina

A partir de este 30 de marzo, con el inicio de las campañas electorales, a la ciudadanía nos han pasado la responsabilidad en esta inédita elección judicial. Desde el primer minuto de ese domingo, las personas candidatas a ocupar alguno de los 881 cargos en disputa de la judicatura federal se pudieron dirigir hacia el electorado, de una manera atípica: el esquema es el mismo, pero la carencia de reglas específicas y, sobre todo de un referente, han convertido esta etapa en un concurso de popularidad que poco o nada tiene que ver con la justicia.
Esta campaña, exactamente como cualquier otra, es la posibilidad única de que las candidaturas se presenten ante el electorado para ofrecer su perspectiva y conseguir su voto, solo que en este particular caso, se entiende, no podrán primar las promesas de campaña, sino los méritos, la trayectoria y la visión sobre la impartición de justicia.
El INE ha dispuesto una <a href="https://candidaturaspoderjudicial.ine.mx/" target="_blank" rel="noopener">plataforma</a> en internet para que la ciudadanía conozca sus candidatas y candidatos, en la que estos difunden su imagen y trayectoria. Desde la sociedad civil organizada, el Observatorio Electoral Judicial, del que forma parte Laboratorio Electoral, ha hecho un gran esfuerzo para generar, además de los informes periódicos de hallazgos, un ejercicio de investigación y análisis de los perfiles de quienes buscan un cargo en la elección. En el <a href="http://www.oej.mx/" target="_blank" rel="noopener">sitio</a> se encuentran fichas de información sobre las y los candidatos a la Suprema Corte, al Tribunal Electoral del PJF y al recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, en donde además de la información básica se incluye la huella digital y notas periodísticas que detallan aspectos adicionales de su trayectoria como, por ejemplo, conflictos de interés.
De este análisis se encontró, por ejemplo, que de las y los aspirantes a un cargo para la SCJN, el 53.1 % tiene grado de doctorado y 31.2 % de maestría. El 29.6 % vienen postulados exclusivamente desde el Poder Ejecutivo, 23.4 % desde el Legislativo, y 21.8 % del Judicial. De esos, el 45.3 % aseguran que tienen experiencia en el Poder Judicial y 28.1 % la tienen como litigantes. Sus propuestas se pueden consultar en la mencionada plataforma.
Los perfiles que participan en la elección son sumamente variados: desde juristas con amplia y probada experiencia y conocimientos comprobables, hasta técnicos del Derecho improvisados para participar en este ejercicio inédito, desde luego pasando por políticos que tienen un título de licenciatura en Derecho y otros sujetos que ostentan múltiples reconocimientos y estudios, pero cuya trayectoria es bastante cuestionable. Identificamos también algunos perfiles con nula o baja experiencia judicial, con claros vínculos políticos y cuyas postulaciones no abonan al fortalecimiento del Poder Judicial.
La responsabilidad de saber quién es quién en la elección es nuestra, de la ciudadanía. En algún momento, dentro de tanto alboroto, se ha perdido el objetivo principal de la elección: lo que está en juego es elegir a la persona que estudiará el caso acerca de un delito que se cometa, la persona que divorciará parejas o que aplique la ley en juicio sucesorios. Se elegirá a quienes resolverán los conflictos y controversias que todos los días se presentan entre particulares, así como respecto de la autoridad, quienes serán los garantes del Estado de Derecho, de la interpretación de la ley y de salvaguardar la Constitución. Una función no menor dentro del Estado mexicano.
En este mar de candidaturas sin aparente control debemos tener muy claro el perfil de juzgadores que el país requiere. Hablamos de personas con amplios conocimientos en la materia, que lleguen a resolver los casos, a impartir justicia; no podemos pagar la curva de aprendizaje. Que tengan una formación académica sólida, preparados para desempeñar la función jurisdiccional, con experiencia y madurez profesional. Que tengan el carácter y talante para enfrentar las presiones de litigantes, de empresarios, del gobierno y de cualquiera que pretenda intimidarlos, pero probablemente lo más importante, personas íntegras y éticas, que sepan la responsabilidad que tienen y que estén a la altura de la misma. Las personas juzgadoras deben ser una referencia para la ciudadanía, tener su respeto y reconocimiento como la autoridad jurisdiccional que son.
Más allá de pensar en el abstencionismo, quienes decidan experimentar por primera vez el voto judicial deben hacerlo de manera consciente, sabiendo que es necesario informarse, hacer un amplio trabajo de investigación para emitir un voto informado, entendiendo la importancia de lo que está en juego. Si la responsabilidad nos la han trasladado a la ciudadanía, habremos de asumirla en su justa dimensión.

Quién es quién en la elección judicial

Estamos a unos cuantos días de que comience el plazo legal de campañas para la elección judicial, donde las personas candidatas a los 881 cargos en disputa iniciarán la difusión de su trayectoria y méritos, buscando el voto del electorado de cara a la jornada electoral del próximo 1 de junio. ¿Qué podemos esperar para las campañas de abogados y abogadas sin experiencia en elecciones?
Para contestar a esta pregunta, es necesario saber que las candidaturas a un cargo judicial tienen en común la carrera en Derecho, pero pocos tienen experiencia electoral y ninguno, salvo excepciones, saben pisar las <a href="https://open.spotify.com/episode/159O5hxWvEN7zqEc8KMPa6?si=8d791f0c2fbe414b" target="_blank" rel="noopener">arenas movedizas de la política</a>; es decir, las candidaturas, ya definidas y registradas ante el INE, aún no son necesariamente conscientes de la cantidad de reglas y prohibiciones legales que tendrán que atender incluso antes de empezar su campaña. Lo que hace aún más complicado todo.
A partir del 30 de marzo veremos un escenario muy distinto al que conocemos, pues solo hemos presenciado campañas políticas. Las candidaturas tendrán la posibilidad de usar tiempos oficiales en medios de comunicación, debates, mítines, gastos y fiscalización, pero tienen prohibido difundir propaganda gubernamental, aunque deberán respetar la veda los tres días previos a la jornada. Los tiempos de radio y televisión serán administrados por las autoridades electorales, por lo que las candidaturas no podrán promocionarse en ellos; sin embargo, los debates, de concretarse, serán un desafío porque será imposible establecer igualdad de condiciones para todas las candidaturas, y en las reuniones o mítines no habrá promesas de campaña, sino difusión de trayectorias y méritos académicos, por ejemplo.
El medio principal para comunicar el perfil de las candidaturas será internet. Además de que las redes sociales serán el único espacio para difusión masiva, el INE ha dispuesto la creación del micrositio “Conóceles” dentro de su página web, en el que las candidaturas deberán identificarse por su imagen y cargar información estandarizada: su currículum, sus medios de contacto, la visión de lo que es ser una persona juzgadora, de la impartición de justicia y las propuestas de mejora a la labor judicial de su competencia. Dado que ninguna candidatura tendrá posibilidad de acceso a radio y televisión de manera individual, será el INE quien difunda spots genéricos invitando a las y los potenciales votantes a que naveguen en la página.
En ambos casos, lo complejo de entender el procedimiento de votación y la razón por la que debemos de votar por las y los integrantes del Poder Judicial, se une a la realidad de que no todas las personas votantes tenemos acceso a internet (ni a navegar en la confusa página web del INE), o a identificar a las y los candidatos de las elecciones federales y locales, y dar con sus redes sociales para analizar a conciencia y definir el voto. Además del ejercicio adicional que implica analizar a cabalidad cada uno de los perfiles.
Otro ejemplo de que las campañas son lo mismo, pero no igual, es la fiscalización y la propaganda. Definitivamente en esta, como en cualquier otra campaña, habrá gastos fiscalizables bajo las estrictas reglas del INE, lo que supone que todas las candidaturas deben ser especialmente cuidadosas en los aspectos técnicos de una campaña con un tope de gastos de 200 mil pesos, provenientes de su propio bolsillo e insuficientes para un cargo nacional. Posiblemente, aquello incluirá una estructura detrás que les sirva de apoyo, como la tienen los partidos políticos.
Si desde septiembre se han señalado nubarrones en el horizonte, a partir de ahora nos adentraremos en la tormenta perfecta. Las condiciones están dadas con miles de candidaturas en las calles sin un conocimiento pleno de lo que conlleva organizar y participar en una campaña, un INE asfixiado presupuestalmente e inoperante por carecer de reglas especiales para esta elección, un Tribunal más enfocado en confrontaciones para legitimar lo inevitable, un Poder Judicial debilitado, y un Ejecutivo y Legislativo con un poder avasallante y desorganizado. En medio de todo estamos las y los ciudadanos que aún no dimensionamos -o quizá <a href="https://open.spotify.com/episode/4MyvPEqI5hwGrQlf4hPQgE?si=f17a95161aec4e46" target="_blank" rel="noopener">preferimos no hacerlo</a>&#8211; la importancia de seleccionar a quienes, al final del día, nos habrán de brindar la seguridad jurídica necesaria para vivir en comunidad.

¿Qué podemos esperar de las campañas?

Aparentemente el trabajo de los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial dentro del Proceso Electoral Extraordinario <a href="https://www.oej.mx/report/sexto-informe" target="_blank" rel="noopener">concluyó</a> el 12 de febrero en medio de diversas críticas y señalamientos. Sus trabajos, de acuerdo a lo definido en la reforma, terminaban con la entrega del Senado al INE de los listados de las personas candidatas que, tras un proceso de evaluación y uno de insaculación, consideraron idóneas y que serán las personas que aparecerán en las boletas.
Sin embargo, desde el Laboratorio no podríamos asegurar que su labor ha finalizado, pues es tiempo de enmendar, dentro de lo posible, el desorden. Cabe señalar que el resultado del proceso de selección de las candidaturas judiciales ha sido muy cuestionable: por la parcialidad con la que se condujeron los Comités; el cambio constante de reglas; los errores en los procedimientos, y la carencia de una metodología sólida y rigurosa en la que se basara su labor. Sin mencionar los oídos sordos que se hicieron desde y hacia varios frentes ante las críticas al proceso.
Aunque jurídicamente se consideraba como finalizada esta etapa del proceso, la realidad es que aún existe mucha incertidumbre por las múltiples versiones que existen de las listas y los vacíos legales para subsanarlas. El propio INE ha señalado que las listas traen fuertes problemas: nombres duplicados, datos incompletos, personas que están postuladas a dos cargos distintos, personas que no se inscribieron, otras que se desistieron, y un larguísimo etcétera de inconsistencias y errores, todos ellos producto del desaseo en los procesos de selección.
Se han presentado algunos casos en los que, bajo el supuesto de estar “en funciones” o tener “pase directo”, muchas personas aparecieron en los listados sin querer buscar el cargo y a lo que sucedieron diversas renuncias. En otros casos, se encuentran nombres duplicados en más de una lista, condición que está prohibida por la legislación y que da muestra del poco cuidado que se tuvo durante la confección del listado final remitido por el Senado de la República.
Al recibir los listados, el INE hizo evidente que la información de las candidaturas que le había sido proporcionada no era suficiente para mantener una comunicación directa con ellas para efectos, entre otras cosas, de la difusión de su perfil y trayectoria en la plataforma Conóceles, o para las cuestiones de fiscalización, por lo que dio un plazo de 48 horas al Senado para subsanar esa omisión. Todo lo anterior a pesar de que la reforma judicial constitucional marcaba el 12 de febrero como fecha límite y que la reforma de supremacía constitucional impedía a terceros hacer ningún tipo de excepción o interpretación al texto constitucional.
El plazo fue aprovechado para, además, incluir a las ministras Batres, Esquivel y Ortiz que, por omisión, no habían sido inscritas en el primer listado integrado. Todo lo anterior, de nuevo, a pesar de la fecha límite marcada en la Constitución.
El Senado determinó que 6 de los actuales integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) accedieran a las candidaturas a las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) por estar “En Funciones”. Esto a pesar de que el CJF es un órgano de carácter administrativo sancionador, pero no de naturaleza jurisdiccional como lo será el TDJ una vez que se instale.
Por todo lo anterior, el INE tuvo que subsanar bastantes errores por su cuenta, pues el Senado desoyó prácticamente todas las solicitudes de corrección, y avanzar con la aprobación de las listas de candidaturas para cubrir los apretados tiempos que tiene que cumplir para imprimir las boletas electorales y distribuirlas. La batalla contrarreloj es uno de los criterios que ha definido la organización de esta elección, ante una autoridad electoral que se ha visto en la situación de improvisar -sujeto también errores- en su intento por estar a la altura de sus propios estándares.

El desastre de las listas de candidaturas a la elección judicial

Estamos en la antesala de nuevas modificaciones a las reglas electorales. No podemos hablar de una reforma profunda, pero si de un ajuste que se busca para eliminar la reelección que apenas se incorporó al texto constitucional en 2014 y establecer nuevas reglas para evitar el nepotismo en los cargos de elección popular.
En el camino reformador de nuestro sistema electoral hemos visto que cualquier modificación a las reglas electorales tienen un impacto en la estabilidad y legitimidad del aparato gubernamental; aunque la gran mayoría de las veces el contenido sea técnico, en realidad las motivaciones son políticas. En este escenario resulta fundamental que la reforma se consulte y consense, nunca que se imponga.
La propuesta de <a href="https://laboratorioelectoral.mx/leer/Reforma_Electoral_2024" target="_blank" rel="noopener">reforma</a>r el sistema electoral mexicano no es nueva. Desde el inicio de la administración anterior se han planteado diferentes modificaciones, entre ellas: la disminución de los costos de las elecciones y del financiamiento público a partidos políticos, la eliminación de la representación proporcional y la reducción del número de legisladores/as, la desaparición del INE y la creación del INEC, por señalar algunas.
Hasta ahora no se ha logrado llevar a cabo una reforma de gran calado ni seguir los postulados que se habían planteado. Sin embargo, en los últimos días, la presidenta y algunos legisladores afines han propuesto una reforma electoral parcial, que se enviará en el segundo periodo ordinario de sesiones -entre febrero y abril de este año-, y otra que se discutirá después de las elecciones judiciales del 1 de junio. La primera versa sobre la no reelección en cargos de votación popular y la prohibición del nepotismo para impedir que los cargos del Poder Ejecutivo sean sucedidos por familiares inmediatos; la segunda consiste en la reducción de costos en los procesos electorales y del financiamiento de partidos, así como la eliminación de la figura de <a href="https://laboratorioelectoral.mx/leer/La_representacion_proporcional_en_Mexico" target="_blank" rel="noopener">representación proporcional</a>.
Lo deseable es que sea posible abrir espacios de análisis para estas propuestas, en las que podamos plantear y buscar respuestas para preguntas como ¿cómo podemos procurar la integridad y legitimidad de esta reforma? ¿Con qué criterios debemos analizarla?
Como parámetro para hacer un análisis sobre estos aspectos, el Global Network for Securing Electoral Integrity (GNSEI) ha establecido seis principios para una reforma electoral democrática, los cuales son aplicables a cualquier contexto político y subtipo de reforma, y que para el Laboratorio deberían tomarse en cuenta en este nuevo proceso de reforma:
<ol>
<li>⁠Construcción de consenso político mediante discusiones inclusivas, identificación objetiva de intereses comunes e incentivos políticos.</li>
<li>⁠Transparencia, priorizando la comunicación clara y accesible en cada etapa del proceso, incluyendo la participación de personas observadoras, asociaciones civiles y partidos de oposición.</li>
<li>⁠Inclusión que facilite procesos consultivos, aportes de personas expertas y actores sociales, especialmente de segmentos clave de la sociedad, como mujeres y personas marginadas.</li>
<li>Evidencia y visión a largo plazo, lo cual es posible a través de información concreta y de calidad, evidencia proveniente de fuentes fiables, reportes y recomendaciones internacionales, auditorías y estudios académicos comparados.</li>
<li>⁠Marcos de tiempo y recursos adecuados para evitar cambios repentinos que provoquen la incapacidad de implementación de la reforma o poco tiempo para que las personas votantes los comprendan.</li>
<li>Estructuras de rendición de cuentas que garanticen claridad en los roles y responsabilidades de las y los involucrados en la reforma, tiempos y plazos definidos y criterios clave para evaluarla.</li>
</ol>
Estamos convencidos que en democracia se debe escuchar a todas y todos, y en un proceso de reforma de las reglas electorales esta es una premisa fundamental.
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