La construcción de democracias
Son ya varios los meses en los que se ha discutido la posibilidad de una reforma electoral. Su inminente llegada en las próximas semanas exige centrar la conversación en lo que son algunas de las áreas con más necesidades de atención en el sistema electoral.
Un diagnóstico técnico y especializado sobre las más grandes necesidades del sistema electoral puede encontrarse en el informe La encrucijada de la democracia mexicana en 2026, del Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE). Allí se incluyen 5 puntos esenciales que deberían incorporarse en una reforma electoral y 5 puntos adicionales para las elecciones judiciales. Estos son, para quienes integramos el OPINE, algunos de los componentes mínimos necesarios para que las elecciones en México continúen por un camino de profesionalización, universalidad y objetividad.
La importancia de las autoridades electorales locales
La existencia de los Organismos Públicos Locales (OPLEs) obedece a una especialización funcional. Las instituciones locales gestionan la vida política en las entidades y procesa tensiones locales antes de que escalen a crisis de gobernabilidad nacional. El INE no tiene la capacidad suficiente, por ejemplo, para registrar miles de candidaturas a diputaciones locales, regidurías y sindicaturas, resolver conflictos intrapartidistas y organizar mecanismos de participación ciudadana en los estados, sin mencionar la gestión de elecciones por Sistemas Normativos Indígenas. Centralizar las decisiones a nivel nacional, ajeno a las sutilezas de la política local, podría detonar conflictos sociales a gran escala, sin mencionar las exigencias presupuestarias y de capacidad logística que supondría para el INE al absorber las funciones de los OPLEs.
Representación proporcional
Uno de los temas que más se ha puesto sobre la mesa es la reducción -o eliminación- de las diputaciones plurinominales. Es fundamental entender la importancia de los escaños plurinominales y buscar alternativas de solución a los posibles vicios de su figura. La eliminación de 100 diputaciones, por ejemplo, traería un fortalecimiento del partido con más votos, arrojando que si un partido obtuviera el 51 % de los votos, podría ganar el 80 o 90 % de los distritos uninominales, dejando sin representación al 49 % restante de la población y a los partidos por los que votaron.
Al respecto, en el Laboratorio hicimos un análisis de cómo se hubiera visto la integración de la Cámara de Diputados con reducción de plurinominales y otro análisis revisando cómo funciona esa figura en otros países de la región. Su mantenimiento, corrección o desaparición requieren de análisis técnicos.
Financiamiento
Otra de las propuestas es la modificación al financiamiento político. Diseñado como una medida para la equidad en la contienda y el blindaje ante dinero ilícito, retirarlo por completo podría dejar a los partidos opositores a merced de los poderes fácticos o al frontal involucramiento de intereses y capitales privados en la vida política del país. El financiamiento público debe mantenerse como la fuente predominante de ingresos, y, en todo caso, se debe fortalecer la capacidad operativa del INE en fiscalización, porque ninguna auditoría sería suficiente si se empuja a los partidos políticos a la clandestinidad financiera al cortarles las vías legales de subsistencia.
Las elecciones judiciales son parte del debate
La elección judicial reveló fallas estructurales, logísticas y legales graves. Una reforma electoral debe considerar también a las elecciones judiciales, pues sin ajustes indispensables, las de 2027 están destinadas a un nuevo fracaso.
Dentro de los puntos a corregir están la creación y adaptación de una adecuada geografía electoral que no choque con el diseño y distribución de las boletas; la profesionalización y homologación del funcionamiento de los Comités de Evaluación; las reglas específicas para esas elecciones, y la concurrencia. Las elecciones judiciales y legislativas se deben llevar a cabo en diferentes momentos.
La barrera contra el autoritarismo
El último de los irreductibles aborda la intervención de gobernantes -en todos los niveles- en las elecciones. A pesar de las disposiciones legales existentes, la intervención de gobernantes o funcionarios en los procesos electorales se ha normalizado, en buena medida, porque las sanciones han sido ineficaces.
Ante una reforma electoral, creemos importante atender a las necesidades del sistema y proponer soluciones que no creen otros problemas. Por ejemplo, se pueden revisar las comisiones temporales para organizar elecciones locales; adaptar el sistema de representación alemán o el uso de listas desbloqueadas; ligar el financiamiento de partidos al número de votos válidos emitidos, entre otros. Cada una requiere de un análisis concienzudo en el que se conjunten varias voces que busquen corregir, mejorar y fortalecer nuestra democracia. Ese también es nuestro deber.
Washington aumenta la presión a Cuba tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas a principios de enero.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, una vuelta de tuerca más en su campaña de presión contra el gobierno comunista de la isla.
La medida, autorizada por una orden ejecutiva en la que Trump declaró la existencia de una emergencia nacional, no especificó ninguna tasa arancelaria ni señaló específicamente a ningún país.
La orden ejecutiva lleva por título “Haciendo frente a las amenazas del Gobierno de Cuba a Estados Unidos” y declara una emergencia nacional debido a “las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba” que, según la orden, “constituyen una amenaza extraordinaria e inusual” para Estados Unidos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó enérgicamente la medida de Trump catalogándola de una “nueva escalada de EE.UU. contra Cuba” y desestimó las acusaciones del presidente estadounidense como “una larga lista de mentiras (…) que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es”.
En su cuenta de X Rodríguez escribió que Washington “intenta someter a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia” a los pueblos de lo que llamó “Nuestra América”.
México se ha convertido en el principal suministrador de petróleo a Cuba luego de que los envíos desde Venezuela se suspendieran tras la intervención militar estadounidense en ese país y la captura de su presidente, Nicolás Maduro.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha explicado que su país hace dos tipos de envíos de crudo a la isla: de ayuda humanitaria y por contratos entre Pemex, la petrolera mexicana, y el gobierno cubano.
El anuncio de Trump parece indicar un recrudecimiento de la presión de Washington a La Habana iniciada tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en un ataque relámpago en Caracas a principios de este mes.
Trump ha hablado repetidamente de la necesidad de actuar contra los líderes del gobierno cubano.
Esta semana dijo que “Cuba va a colapsar muy pronto”, y se felicitó porque Venezuela, el principal proveedor de petróleo de la isla antes de la caída de Maduro, no ha enviado recientemente petróleo ni dinero a Cuba.
Trump declara tener como objetivo que el gobierno cubano responda por su “apoyo a actores hostiles, el terrorismo y la inestabilidad regional que ponen en peligro la seguridad y la política exterior estadounidenses”.
Washington acusa a Cuba de desestabilizar la región y colaborar con potencias rivales como Rusia y China, y “grupos terroristas como Hezbolá y Hamás”, a los que daría “refugio seguro”.
Como respuesta, la orden abre la puerta a la imposición de aranceles a los productos procedentes de cualquier país que suministre “directa o indirectamente” petróleo a Cuba.
La nueva orden ejecutiva supone otro ejemplo del uso de las amenazas arancelarias como una herramienta de política exterior de la que Trump ha hecho gala desde que regresó a la Casa Blanca en enero del año pasado.
Trump planteó en unas recientes declaraciones la posibilidad de un acuerdo entre Washington y La Habana, pero el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó tal posibilidad, acusando a Estados Unidos de falta de autoridad moral.
“Chantaje y extorsión”
El canciller cubano añadió en sus redes sociales que “EE.UU. recurre también al chantaje y la extorsión, para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba”.
Terminó denunciando el “brutal” embargo económico de 65 años de EE.UU. contra la isla, el “más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación y al que ahora se promete someter a condiciones de vida extremas”.
Con respecto a esas condiciones “extremas”, el presidente de la agencia estatal cubana Prensa Latina, Jorge Legañoa, escribió con anterioridad que el efecto de los propuestos aranceles de Trump “sería paralizar la generación eléctrica, el transporte, la producción industrial, la producción agrícola, la disponibilidad de los servicios de salud, el abasto de agua,… en resumen, todas las esferas de la vida”.
Legañoa acusó a Estados Unidos de querer “asfixiar” a Cuba y tratar de buscar un “genocidio”.
En realidad, el país ya atraviesa un debilitante “período especial”, con dificultades para garantizar el suministro de alimentos y productos básicos a la población, golpeada a diario por cortes de electricidad de varias horas.
Según un informe publicado en el diario Financial Times, no está muy lejos de empezar a sentir las consecuencias de las nuevas restricciones.
“Cuba solo tiene suficiente petróleo para durar entre 15 y 20 días con los niveles actuales de demanda y producción interna”, escribió el diario en su edición del jueves citando datos de la firma Kpler.
El diario añadió que “su último proveedor restante, México, pareciera cancelar un envío mientras que Estados Unidos bloqueó las entregas desde Venezuela”, refiriéndose a una interrupción temporal de un embarque de petróleo a Cuba hace unos días.
Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó ambigüedad al decir que la pausa fue a causa de las fluctuaciones generales del suministro y no de la presión ejercida por EE.UU.
“Es una decisión soberana”, señaló Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria del miércoles. “(La) decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente”
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