El Programa de Política de Drogas (PPD) es un espacio académico único en México que estudia, desde las ciencias sociales, el fenómeno de las drogas ilícitas, la política de drogas y sus consecuencias en diversas áreas a corto, mediano y largo plazo.

El dispensario. Diálogo sobre drogas

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La mediatización y tematización pública del decomiso de sustancias catalogadas como ilegales (en adelante, SCI) es el recurso principal que los Estados tienen para evidenciar su trabajo político en beneficio del régimen prohibicionista. En Ecuador y según fuentes oficiales –como la Secretaría de Seguridad de Quito–, entre 2019 y 2022 se decomisaron 21,364 kilogramos de dichas sustancias. Las autoridades afirmaron que <a href="https://www.expreso.ec/actualidad/consumo-drogas-ecuador-data-clara-porcentaje-175800.html" target="_blank" rel="noopener">35.41 % sería utilizado para consumo interno</a>.
La totalidad de informes y reportes operan como sustento de una política de drogas que se centra en la erradicación del consumo, comercialización y producción de SCI. En este escenario, se resalta que el país presenta escuetas (desactualizadas y descontextualizadas) investigaciones, publicaciones y estadísticas sobre espacios de consumo, tipologías de consumidores, judicialización, criminalización y penalización de drogas. Micro comerciantes y consumidores de bazuco 1 son categorizados como criminales de la peor ralea. Mediática y políticamente, resulta inconcebible la comercialización y consumo (ocasional, habitual y exento de delitos) de bazuco. En virtud de ello y de manera falaz, se afirma que quienes consumen esta SCI son, exclusivamente, personas afroecuatorianas privadas de la libertad, habitantes de calle, desempleadas, que residen en barrios marginales. En suma, personas que no producen económicamente y “sin futuro”.
En torno al consumo de una las sustancias con mayor demanda a nivel nacional, el bazuco, se resalta que sus consumidores problemáticos son personas marginalizadas, empobrecidas y habitantes de calle. La Policía Nacional se encarga de agravar sus condiciones de vida: los desalojan de sus cuartos, queman sus pertenencias y los agreden físicamente. Se registran barrios, zonas y ciudades donde la venta de bazuco se mantiene, e incluso, se incrementa. Para este tipo de consumidores, <a href="https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/6723" target="_blank" rel="noopener">la ayuda del Estado continúa siendo incipiente</a>.
Paralelamente y a escala global, se registran alternativas de regulación para este tipo de estimulantes. Se insiste en reconocer la ausencia de beneficios de seguir criminalizando a quienes consumen pasta base de cocaína. A la par, se insta por la urgencia de una respuesta coordinada por salud pública y con apoyo social y político. En este tenor, se recomienda despenalizar la posesión de bazuco para uso personal (junto con todas las drogas) y se plantea una regulación nueva y distinta que utilice todas las opciones disponibles por medio de licencias, controles de precios, y condiciones legales para la comercialización. La regulación debe <a href="https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2022/11/Como-regular-los-estimulantes.-Una-guia-practica.pdf" target="_blank" rel="noopener">monitorear y evaluar constantemente los resultados para garantizar que se combatan los daños y se priorice la salud</a>.
<h2>Política de drogas sin rigurosidad ni institucionalidad</h2>
Transcurren diez años desde la publicación de la última encuesta nacional sobre el consumo de drogas en Ecuador. En 2014, el extinto Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) presentó <a href="http://sisco.copolad.eu/web/uploads/documentos/Encuesta_uso_drogas_CONSEP_08.2013.pdf" target="_blank" rel="noopener">los resultados</a> de una encuesta a 11,000 personas de entre 12 y 65 años en zonas urbanas. Hasta la fecha, no se registra otra investigación de tal magnitud. En consecuencia, las normativas y debates sobre drogas se sustentan en afinidades políticas, preferencias morales y pretensiones de verdad prohibicionista antes que en evidencia científica. Las decisiones políticas, así como las narrativas mediáticas y digitales, carecen de respaldo técnico, de estudios sobre política comparada y de reformas regulatorias vigentes a escala global.
Parametría, una organización de la sociedad civil, reveló que la persecución, la interdicción de los cargamentos de drogas y la intervención de la justicia costó al país, <a href="https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/ecuador-palos-ciego-7-anos-sin-un-estudio-sobre-consumo-drogas" target="_blank" rel="noopener">entre 2015 y 2019</a>, 200 millones de dólares anuales. Es decir, se habrían destinado 1000 millones para la guerra contra las drogas. Sin embargo, Ecuador lleva más de cinco años sin presupuesto para la salud mental, la reconfiguración de centros de tratamiento y la reinserción social desde que se eliminó la Secretaría Técnica de Drogas. <a href="https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/ecuador-palos-ciego-7-anos-sin-un-estudio-sobre-consumo-drogas" target="_blank" rel="noopener">El ex presidente Lenín Moreno suprimió esta institución el 27 de abril de 2018</a>.
Por ello, aún persiste la idea generalizada y trastocada de que Ecuador no es un territorio con consumos problemáticos de drogas. Vale recordar que desde la década de los años ochenta se aceptó públicamente que las drogas ya eran un problema público. Este problema, construido como de interés nacional, articula un desconocimiento gubernamental, la negación de derechos y la legitimación del control y violencia policial. En el presente, el ejercicio policial defiende el discurso presidencial que elimina los umbrales de regulación de tráfico y consumo de drogas. Esto ocurre en un contexto <a href="https://estudiossociologicos.colmex.mx/index.php/es/article/view/2459" target="_blank" rel="noopener">de eliminación de las entidades de control que promueven miradas menos punitivas</a>.
Las instituciones estatales responsables de la política de drogas tienen tres capacidades y competencias puntuales: garantizar la interdicción de las personas detenidas, judicializar los casos y privar de la libertad a las personas sentenciadas. En 2019 y de acuerdo con los datos oficiales, <a href="https://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/13594.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ecuador asignó USD 248 954 520 para cumplir con esta política penal. </a> Es evidente que la prioridad es castigar y erradicar antes que investigar, comprender y transformar las realidades sociales, sanitarias y económicas de quienes comercializan y consumen SCI.
<h2>La presunción de culpabilidad</h2>
Tanto a nivel macro social como micro social, en el país se esquivan los debates sobre regulación de SCI. Además, se desvirtúan emociones, prácticas y violencias que forman parte de la vida de diferentes tipos de consumidores. Para estudiar estas realidades, se deben considerar las desigualdades sociales, económicas y políticas que emergen de los dispositivos de control policial, de los servicios de salud, del uso de los espacios públicos, del costo de la vivienda, de la permanencia del desempleo, y de la crisis del sistema educativo nacional. Como las drogas son SCI, el reconocimiento de este conflicto se minimiza mediante la dicotomía entre lo legal (correcto y sano) y lo ilegal (incorrecto y perjudicial). La guerra contra quienes consumen drogas podría dar un giro regulatorio para convertirse en una contienda contra los abusos de poder, la exclusión y la criminalización.
Sobre el caso del consumo problemático de bazuco, es fundamental señalar que existen diversos contextos, entradas y realidades. Este consumo conlleva diferencias de clase, grupos etarios, género y lugares de residencia. Por ello, un consumidor de bazuco no responde, exclusivamente, a un espacio social de producción estructural de sus hábitos. Todo ello, para evitar el simplismo reduccionista de la teoría de la desviación y las perspectivas poco científicas de la criminología clásica, así como, <a href="https://revistas.unal.edu.co/index.php/recs/article/view/63121" target="_blank" rel="noopener">el cliché de la cultura de la pobreza</a>.
La penalización del consumo de bazuco también puede investigarse como un conjunto de premisas que conllevan la reestructuración del ejercicio policial, del sistema judicial, del debate sobre la tecnologización y privatización de las cárceles, y principalmente, que implican el cuestionamiento de los actuales procedimientos judiciales y penales carentes <a href="http://portal.amelica.org/ameli/journal/284/2844748006/html/" target="_blank" rel="noopener">de responsabilidad individual y merecimiento justo del castigo</a>. Quienes consumen bazuco deben demostrar su inocencia ante un escenario legal adverso que olvida la vigencia de la presunción de inocencia. Para 2020, <a href="https://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/13594.pdf" target="_blank" rel="noopener">27 % de la población carcelaria correspondió a personas sentenciadas por delitos de drogas. En comparación con 2015, se confirma un incremento del 206 %</a>.
Ante lo descrito, se subraya que la regulación de una SCI tampoco es la panacea de los actuales problemas que se derivan del régimen prohibicionista. Es momento de comprender que el mundo sin drogas es inexistente pese a la vigencia de prohibición por cerca de cien años. Con el objetivo de descriminalizar y despenalizar a todos los tipos de SCI (y a sus diferentes tipos de consumidores), se debe aceptar que la prohibición no cumplió con ninguno de los objetivos propuestos, que se imponen modelos morales de conducta, que se agrava la salud de quienes consumen, y que la dependencia y persistencia de la trayectoria institucional del prohibicionismo prolonga la desatención social.
Por último, se recalca que el Estado ecuatoriano (al igual que la mayoría de Estados latinoamericanos) insisten en tematizar el daño del consumo de SCI y, a la par, minimizan los daños del consumo problemático de alcohol y tabaco. La vigente despenalización de estas dos sustancias catalogadas como legales puede operar como un modelo para regular bazuco sin prohibirlo. Los partidos políticos conservadores (Partido Social Cristiano -PSC-, Movimiento Político Creando Oportunidades -CREO-, Sociedad Patriótica -SP-, Partido Sociedad Unida Más Acción –SUMA-, Acción Democrática Nacional –ADN, ex PRIAN-) y otros más se han opuesto radicalmente, durante las últimas décadas, a reformar el actual régimen prohibicionista.
Por tanto, nuevos modelos regulatorios de SCI, por ejemplo, <a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-64468760" target="_blank" rel="noopener">el de Toronto</a>, donde las personas en posesión de cualquier sustancia controlada para uso personal no son imputadas, multadas, o detenidas, ni tampoco se decomisa la sustancia, son escenarios distantes para el país. Parecería que por varios años más todavía se legitimará el control y violencia estatal en lugar de ampliar los derechos para quienes se relacionan con el bazuco y otras SCI.
* Andrés Rodríguez Mera (<a href="https://twitter.com/andresrodmera" target="_blank" rel="noopener">@andresrodmera</a>) es alumno del curso corto: “Regulación de sustancias hoy ilícitas: Principios, prácticas, propuestas y problemas”, impartido en enero de 2024 por el Dr. Jonas Von Hoffmann del Programa de Política de Drogas, y candidato doctoral en Ciencia Política por Flacso Ecuador (<a href="https://twitter.com/FLACSOec" target="_blank" rel="noopener">@FLACSOec</a>).
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Las opiniones expresadas en este blog son de exclusiva responsabilidad de la autora o autor y no necesariamente representan la opinión del Programa de Política de Drogas.
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1 Sustancia psicoactiva que se extrae de los alcaloides de la hoja de coca, también conocida como pasta base de cocaína. Carece del procesamiento que tiene el clorhidrato de cocaína. No obstante, es un estimulante del sistema nervioso central. Para su comercialización, se combina con otras sustancias como cafeína, bicarbonato de sodio, anfetaminas y otras sustancias solventes como la acetona e incluso, la gasolina. Su única vía de administración es fumada.

Si polvo fumas, en criminal te convertirán: penalización del consumo de bazuco en Ecuador

Un rey se cruzó con la muerte en el desierto. Sorprendido por su presencia, interrogó su propósito. La figura con guadaña confesó que iba en camino a llevarse a cinco personas que se quedasen dormidas en el reino. Fue entonces que el rey declaró la prohibición del sueño hasta nuevo aviso. Se ocultó en un cuarto, en soledad, donde pasó días sin descanso pensando haber burlado a la muerte. Al salir del palacio observó que los cuerpos fenecidos sobraban en su terruño. Con ira, acusó a la muerte, ya que más de mil habían perecido. La muerte entonces explicó que su guadaña sesgó a cinco, pero el resto sucumbió a otro verdugo: el miedo.
Las políticas de prohibición de drogas y la reconocida crisis de opioides norteamericana plantean en México una situación análoga a la fábula del rey y la muerte. Propuestas destinadas a abordar esta crisis, como la del presidente López Obrador para <a href="https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/reformas-amlo-cambio-postura." target="_blank" rel="noopener">prohibir el consumo de fentanilo y otros opioides sintéticos</a>, deben ser analizadas minuciosamente. Si bien la intención es la promoción de la salud, la orientación de esta iniciativa, además de punitiva, carece de datos sólidos que respalden sus supuestos beneficios y manifiesta un desconocimiento absoluto sobre los opioides. Considerar alternativas a la prohibición del fentanilo se vuelve plausible cuando enriquecemos nuestra perspectiva al abordar el tema con un enfoque de salud, en el que se reconoce el uso de drogas en diferentes contextos y se tienen en cuenta los riesgos asociados a cada uno.
México, en contraparte al resto de Norteamérica, dispone de datos estatales insuficientes sobre el uso de sustancias psicoactivas y opioides. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> A oscuras y en soledad, bajo la única suposición de que todo consumo es problemático, no es abordada la basta evidencia en la que la prohibición incrementa el flujo de sustancias y el <a href="https://panel.animalpolitico.com/politica-drogas-amlo-fracaso/" target="_blank" rel="noopener">número de personas que son encarceladas</a>. Encerrar a quienes presentan un consumo problemático no ofrece una solución efectiva en términos de salud. De forma contradictoria, sí les expone –tengan o no un consumo problemático– a situaciones de vulnerabilidad dentro de prisión, donde pueden tener acceso a <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12870419/" target="_blank" rel="noopener">sustancias de forma no supervisada</a>.
La desinformación y ausencia de datos sobre el uso de sustancias no sólo propaga miedo, sino que también obstaculiza una atención a la salud eficiente. Los opioides, de origen natural o sintético actúan con un efecto primordialmente depresor sobre receptores específicos en el cerebro, mediante la modulación de la actividad relacionada con el dolor. El fentanilo, opioide de origen no natural, destaca por su potencia analgésica. Se trata de una opción altamente usada en anestesia, terapia intensiva, tratamiento del dolor y cuidados paliativos, pensada desde su síntesis, hace más de 60 años, bajo un contexto exclusivamente médico. Lo anterior es importante pues el presidente, como medida de prevención, ya ha propuesto que se <a href="https://animalpolitico.com/politica/amlo-prohibir-fentanilo-uso-medico-mexico" target="_blank" rel="noopener">elimine el uso de fentanilo médico</a>, del cual se reporta, además, un <a href="https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=111069" target="_blank" rel="noopener">creciente desabasto</a>. Incentivar mayores restricciones, aunque destinadas a frenar el consumo clandestino, podrían entorpecer el acceso a opioides médicos.
El miedo a los opioides surge a partir de la experiencia estadounidense con la sustancia en cuestión en la que, a finales del siglo pasado, la sobreprescripción, la falta de supervisión médica y la excesiva comercialización se consideraron factores causales que llevaron a un gran porcentaje de la población a desarrollar dependencia. La dependencia, diferente a la adicción, responde a un proceso fisiológico en el cuerpo, posterior a una administración constante de una sustancia, en la que, si ésta es interrumpida abruptamente, se presentan síntomas físicos desagradables. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>  Éste es un factor importante para la búsqueda clandestina de opioides cada vez más potentes, como el fentanilo, <a href="https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2716982" target="_blank" rel="noopener">a fin de aliviar el malestar.</a> El consumo clandestino –en el que las sustancias no están reguladas en su elaboración– conlleva riesgos a la salud tales como la sobredosis debido al efecto depresor que ocasiona una crisis respiratoria por la potencia de la sustancia, caracterizada por la supresión de la actividad neuronal. Sus consecuencias son letales y se traducen en cientos de miles de muertes anuales <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/add.16318" target="_blank" rel="noopener">reportadas durante los últimos años en Estados Unidos.</a> El caso mexicano vislumbra difícil un escenario análogo, pues COFEPRIS supervisa minuciosamente tanto la prescripción como el tránsito de opioides, desde su ingreso hasta la venta final. Los opioides de uso médico como el fentanilo garantizan el acceso a la salud y son sustancias controladas, cruciales siempre y cuando se utilicen de manera ética bajo la supervisión de profesionales capacitados, haciendo hincapié en protocolos de prescripción y educación continua.
Como se ha establecido, formular políticas de drogas debería responder a las necesidades actuales del país. En México, los pocos datos disponibles sobre opioides reportan que, aunque los casos de uso clandestino son menores, se concentran primordialmente en la frontera con Estados Unidos. Una vez que se reconoce que no todo consumo es problemático, que los mayores riesgos asociados a los opioides son la dependencia física y la sobredosis, el primer objetivo para priorizar el bienestar de la población que consume opioides no controlados debería ser mantenerlas con vida, tengan o no un consumo compulsivo. Preocupa que, en la clandestinidad, además de la falta de control del fentanilo, por su bajo costo de producción y alto potencial, éste sea usado en la adulteración de otras sustancias, generando escenarios donde las personas puedan no ser conscientes de su presencia y efectos adversos. Combatir este problema no sólo requiere atender las causas; es necesario contar con fármacos de emergencia que preserven la vida. La naloxona es un antagonista de los receptores opioides que revierte rápidamente los efectos de la intoxicación y sobredosis. Su efectividad puede constatarse en estudios de la frontera norte, donde se han prevenido cientos de sobredosis mediante su uso como <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772724621000214" target="_blank" rel="noopener">fármaco de emergencia</a>. Se trata de un opioide que no pone en peligro a las personas, pero es penado por considerarse erróneamente nocivo a la salud. La naloxona no promueve el consumo de otras sustancias psicoactivas, es crucial para preservar la vida. En el resto de Norteamérica, su accesibilidad ha aumentado significativamente como parte de los esfuerzos de salud pública ante la crisis de opioides, mostrando eficacia en zonas de alto consumo.
Existe una crisis de opioides en México, pero ésta se distingue por un marcado desabasto en el contexto médico y por zonas específicas en las que es necesario formular estrategias de atención y emergencia. Abordar el problema requiere, además, de datos actualizados sobre los patrones de consumo de sustancias, no castigar a las personas ni obstaculizar el acceso a opioides de emergencia y uso médico, de forma que se garanticen la vida y el acceso a la salud. Si nuestro objetivo es el bienestar de la población, es necesario un cambio de paradigma sobre nuestra relación con las sustancias psicoactivas. Con esto se subraya la importancia de la educación integral sobre las drogas, la colaboración entre profesionales de la salud, legisladores y comunidades para abordar esta compleja crisis, en la cual podremos entender que no era la muerte quien se llevó a más de mil, sino el miedo del rey.
* Ozmar Saúl Gomez García (<a href="https://twitter.com/ozmargomezmx" target="_blank" rel="noopener">ozmargomezmx</a>) es alumno del curso corto: “Regulación de sustancias hoy ilícitas: Principios, prácticas, propuestas y problemas”, impartido en enero de 2024 por el Dr. Jonas Von Hoffmann del Programa de Política de Drogas.
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Las opiniones expresadas en este blog son de exclusiva responsabilidad de la autora o autor y no necesariamente representan la opinión del Programa de Política de Drogas.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> A espera de los resultados de la ENASAMA 2023, los datos más recientes corresponden al <a href="https://www.gob.mx/salud/conadic/documentos/informe-sobre-la-situacion-de-la-salud-mental-y-el-consumo-de-sustancias-psicoactivas-en-mexico-2021" target="_blank" rel="noopener">Informe Sobre la Situación de la Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas en México (2021)</a> CONADIC.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Por ejemplo, insomnio, calambres, diarrea, náuseas, vómitos, dolores corporales, disforia, ansiedad e irritabilidad.

Cuando las drogas salvan vidas: repensar la prohibición del fentanilo y otros opioides

Durante la última década, la discusión sobre regulación de sustancias consideradas ilícitas y los usuarios problemáticos de éstas ha estado fuera del ámbito de la salud pública en Perú. Las pocas ventanas de oportunidad que se han presentado para debatir esta problemática priorizaron la discusión sobre la cantidad de incautaciones y la gran lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, se ha dejado de lado a la población usuaria de sustancias invisibilizando sus necesidades, principalmente, con base en prejuicios o miedos.
Así, la respuesta estatal continúa teniendo un eje prohibicionista, pues existe una Comisión Nacional para el Desarrollo y una Vida sin Drogas (DEVIDA) adscrita a la Presidencia del Consejo de ministros, que <a href="https://www.facebook.com/PCMDEVIDA/videos/174910366930201/" target="_blank" rel="noopener">sigue relacionando el consumo de drogas con la “muerte” y el no consumo, con la “vida”</a>. Incluso se promocionan con anuncios como la línea gratuita “Habla franco &#8211; 1815” dirigido a público adolescente. Esta línea, según su propia página web: “<a href="https://www.facebook.com/hablafranco1815peru/" target="_blank" rel="noopener">hablafranco.gob.pe</a>”, responde a un supuesto incremento en el consumo de drogas en adolescentes. Sin embargo, detrás de esta línea y su principal servicio de “consejería psicológica” e “intervención en temas de drogas” se esconden marginalización, prejuicios y estigma hacia los consumidores. La línea no brinda información sobre los tipos de sustancias, dosis recomendadas o una intervención que incorpore un enfoque de derechos humanos. Tampoco involucra a la familia como principal agente de apoyo en el caso de adolescentes con consumos problemáticos. Su respuesta agrava y refuerza los prejuicios frente a las personas consumidoras.
¿Han servido estas medidas para proteger a la salud? Si la intención de estas medidas es preventiva o de detección oportuna, no se observan los resultados esperados. En una época en la que incluso la música y las redes sociales son factores clave en el proceso de socialización, los jóvenes requieren de información suficiente para poder hacer una elección adecuada sobre el consumo de sustancias. Sin embargo, la mirada estatal sigue siendo moralista. Los jóvenes son sujetos de derechos que encuentran información (generalmente errónea) en las redes sociales. Entre ellos se distinguen claramente dos grupos: 1) los potenciales consumidores sociales de sustancias quienes no necesariamente llegan a tener un consumo problemático; y 2) las personas que necesitan una intervención directa en salud pública porque tienen consumo, sea frecuente o infrecuente, que es problemático.
En el primer caso, el principal factor a tener en cuenta es que estos consumidores jóvenes están expuestos a la detención y el abuso de autoridad. La normativa peruana regulada mediante el Artículo 299 del Decreto Legislativo Nº 1592, es estricta respecto a la posesión de sustancias: sólo está permitida la dosis mínima para el consumo personal de 8 g de mariguana, 5 g de cocaína, 2 g de clorhidrato de cocaína o 250 mg de éxtasis. Si alguna persona excede estas cantidades puede ser procesada y juzgada por tráfico ilícito de drogas. Lo asombroso de esta situación es que, como sostiene Soberón, “Cada año la Policía peruana detiene a un significante número de menores de edad por supuestos delitos de drogas y esto en sí mismo constituye una flagrante violación a los DDHH y a los principios generales del Derecho Penal peruano” (<a href="https://www.dejusticia.org/publication/en-busca-de-los-derechos-usuarios-de-drogas-y-las-respuestas-estatales-en-america-latina/" target="_blank" rel="noopener">CEDD, 2014, p. 130</a>). Así, la legislación es contradictoria porque no es posible conseguir la sustancia sin tener intermediarios, pero todas las partes de la cadena de producción y distribución son punibles, menos los consumidores finales.
La principal sustancia ilegal que se consume es la mariguana, pero -según la ley peruana- está prohibida su producción. En medio de esta ambigüedad, quienes más sufren son los productores (campesinos en muchos casos del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro) y los intermediarios, quienes en su mayoría son jóvenes, los eslabones más débiles en el mercado. Este mercado bien podría regularse de forma similar al del alcohol o del tabaco. A pesar de ser la sustancia de mayor consumo, la mariguana no es la única sustancia ilegalizada que se consume en Perú. No se tiene información sobre la venta o consumo de otras sustancias, pero según el Índice de Crimen Organizado Global: “La producción de estupefacientes de origen vegetal ha batido récords tanto en Colombia como en Perú”, esto tras la llegada de nuevas sustancias como la tusi o 2C, una droga sintética que se ha hecho común en el país. Además, Perú es uno de los primeros productores de cocaína a nivel mundial (<a href="https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2023/09/I%CC%81ndice-global-de-crimen-organizado-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2023, p.101</a>).
En el segundo caso se encuentran los jóvenes que tienen mayor exposición a factores de riesgo y vulnerabilidad, quienes están más propensos a caer en estas situaciones que no sólo incluyen el consumo problemático de sustancias sino otros tipos de abuso físico, sexual y psicológico. Son ellos a los que se les niega la atención en materia de salud porque se les cataloga como “drogadictos”, sin ver más allá de su uso problemático ni cómo llegaron a éste.
La información y la investigación sobre estos temas es escasa. A nivel país no hay estadísticas sobre los consumidores jóvenes a nivel general. Sólo existe una encuesta de adolescentes infractores internados en centros juveniles, en los que un 31 % señala que su consumo de sustancias ilícitas es ocasional y sólo un 5 % manifiesta tener dependencia a ellas (<a href="https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1752478/INFORME-ESTADISTICO-2020.pdf.pdf" target="_blank" rel="noopener">PRONACEJ, 2020</a>). Frente a estos casos están, por ejemplo, las víctimas de explotación sexual y trata de personas que son obligadas, en muchos casos, a consumir para sentir alivio frente a este tipo de violencia. Si bien en Perú no se penaliza el consumo de sustancias, si está penada la distribución o comercialización. Por tanto, en estas situaciones de violencia y explotación, muchas niñas y adolescentes son captadas para el trabajo sexual. Luego, al intentar reintegrarse a la sociedad, sufren de rechazo y marginalidad. El consumo de sustancias las coloca en un contexto de mayor marginalidad y aumenta el riesgo de que ellas regresen a este tipo de situaciones de explotación con el afán de continuar con el consumo (<a href="http://chsalternativo.org/wp-content/uploads/2015/12/2020-Buscando-Justicia.pdf" target="_blank" rel="noopener">Querol, 2020</a>).
En ese sentido, ¿cuál es el rol del Estado? El personal de salud encargado de la atención de consumos problemáticos no cuenta con capacitación o manuales de atención. Tampoco existen medicamentos que permitan un tratamiento adecuado porque este tipo de sustancias son controladas y las familias muchas veces no tienen recursos para acceder a ellas. La atención en los centros de salud es únicamente para casos de sobredosis. Por tanto, la respuesta estatal sigue sin tener a esta población dentro de los objetivos priorizados en salud, tampoco existe articulación entre la prevención y el acompañamiento de casos, es decir, no hay una estrategia de reducción de daños. La respuesta es principalmente de internamiento.
Sin embargo, en los casos complejos en los que no se puede controlar a las personas con consumos problemáticos, se opta por colocarlas en centros como “Narcóticos Anónimos” o “Alcohólicos Anónimos&#8221;. Estos centros son gestionados por empresas privadas o algunas asociaciones civiles con fines de lucro. Así, los familiares deben hacerse cargo de estos pagos mensuales con la esperanza de un cambio. Sin embargo, y pese a los serios cuestionamientos y los accidentes fatales que sucedieron, por ejemplo, en 2012, (cuando en dos incendios dentro de estos centros <a href="https://bbc.com/mundo/noticias/2012/01/120128_ultnot_peru_incendio_2_cch" target="_blank" rel="noopener">murieron 26</a> y <a href="https://www.pensamientopenal.org/peru-14-muertos-en-incendio-de-centro-de-rehabilitacion-por-drogas/" target="_blank" rel="noopener">14 internos</a> respectivamente), <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">1</a> dichos lugares siguen siendo la única opción.
Así, mientras la respuesta del Estado siga siendo negacionista, estos centros seguirán siendo los principales lugares para albergar a consumidores problemáticos, desconociendo la magnitud del problema de salud. Lo ideal sería proporcionar entornos más seguros y controlados en comparación con el consumo no supervisado en la calle para, posteriormente, iniciar con estudios serios que midan de manera real la magnitud del consumo. Ante esto también es importante cuestionarse qué es lo que quieren las personas con consumo problemático. El Estado y sus propias familias suelen verlos como sujetos pasivos, carentes de voluntad. A nivel psicosocial también queda mucho por trabajar, especialmente en el acompañamiento a largo plazo y la búsqueda de oportunidades. Pocas son las iniciativas que buscan asumir este rol que, en teoría, le corresponde al Estado. Asociaciones como Proyecto Soma promueven la difusión de información, posibles daños y el análisis de sustancias a ser consumidas. Ellos señalan que 18% de las sustancias analizadas no son lo que las personas creen y un 22% contiene al menos un adulterante (<a href="https://www.instagram.com/p/CvP2Nz9L78h/?hl=es" target="_blank" rel="noopener">Proyecto Soma, 2023</a>). En ese sentido, hacen falta más iniciativas que ayuden a limitar el daño y ofrecer alternativas para evitar desenlaces fatales.
* Carol Inga Correa (<a href="https://twitter.com/carolgabriela" target="_blank" rel="noopener">@carolgabriela</a>) es alumna del curso corto: “Regulación de sustancias hoy ilícitas: Principios, prácticas, propuestas y problemas”, impartido en enero de 2024 por el Dr. Jonas Von Hoffmann del Programa de Política de Drogas.
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Las opiniones expresadas en este blog son de exclusiva responsabilidad de la autora o autor y no necesariamente representan la opinión del Programa de Política de Drogas.
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<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">1</a> “El número de muertos en un incendio de un centro de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos en Lima ascendió a 26, según informaron los bomberos de la capital peruana”, en “<a href="https://bbc.com/mundo/noticias/2012/01/120128_ultnot_peru_incendio_2_cch" target="_blank" rel="noopener">Peru: 26 muertos en incendio en Lima</a>”, y “<a href="https://www.pensamientopenal.org/peru-14-muertos-en-incendio-de-centro-de-rehabilitacion-por-drogas/" target="_blank" rel="noopener">Perú: 14 muertos en incendio de centro de rehabilitación por drogas</a>”.

Exclusión en una época de inclusión: situación de los usuarios de sustancias hoy ilícitas en Perú

Situación de los usuarios de sustancias hoy ilícitas en Perú 

La crisis del mercado de la amapola en México ha afectado de manera importante al estado de Guerrero, uno de los más grandes productores de opio de ese país. La crisis se caracteriza por la fuerte dependencia económica del cultivo de la planta en muchas comunidades rurales de la región de la sierra, <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> y se explica por el boom del fentanilo en Estados Unidos y su base en la producción de opioides sintéticos. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> Aunque la amapola todavía se cultiva y se utiliza para la producción de heroína en diferentes partes del mundo, la contracción drástica del mercado al otro lado de la frontera hizo que el costo del alcaloide bajara su precio en un 90 %, lo cual dejó de ser rentable para los campesinos cultivadores. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
En el departamento del Tolima –principal productor de amapola en Colombia <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> durante la década de los noventa–, la crisis de la bonanza del opio a mediados de los dos mil dejó empobrecida esta región, misma que permanece marginada respecto de las zonas integradas del país. No obstante, para el caso de este territorio –en donde se fundó la guerrilla de las FARC– la crisis no se explica por el mercado, sino por el conflicto armado interno y su estrecha relación con la guerra contra las drogas. <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a>
Ambos casos arrojan preguntas sobre los desafíos de transición de las zonas productoras de cultivos ilícitos, lugares que pese a la riqueza de las rentas ilegales del narcotráfico, no consiguen transformar sus condiciones estructurales de precariedad y una vez “limpiadas” o “pacificadas”, no logran integrarse a los circuitos económicos legales.
<h2>El caso de Guerrero: crisis de mercado  </h2>
Durante las décadas de 1960 y 1970, México experimentó un aumento significativo en la demanda de heroína de los Estados Unidos. Guerrero se convirtió en un importante centro de producción de amapola para abastecer este mercado. Las condiciones geográficas y climáticas favorables de la región, así como la falta de presencia gubernamental hicieron que la producción de amapola se convirtiera en una opción atractiva para los agricultores locales.
Durante las siguientes dos décadas, la producción de amapola en Guerrero continuó en aumento. Los carteles de la droga comenzaron a tener un papel más prominente en el negocio del narcotráfico y tomaron el control de la producción de amapola en la región. Estas organizaciones establecieron una amplia red de producción, procesamiento y distribución de heroína que generó grandes cantidades de ganancias ilícitas. La transición que inició con los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón produjo un giro en la política del gobierno mexicano que adoptó vigorosamente el enfoque prohibicionista. El paquete incluyó la erradicación de cultivos de amapola, la detención de líderes de los carteles y la intensificación de la presencia militar y policial en la región de Guerrero.
Aunque las medidas redujeron temporalmente la producción de amapola y el procesamiento de heroína, la falta de alternativas económicas y la persistente pobreza en la región hicieron que muchos agricultores volvieran a cultivar amapola una vez que los esfuerzos de erradicación disminuyeron. <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a> La presencia de grupos delictivos y la violencia asociada con el narcotráfico garantizaron la continuidad del negocio. Paradójicamente, fue el propio mercado de la droga lo que puso en crisis la producción del alcaloide en la serranía de Guerrero. De acuerdo con Grandmaison, Morris y Smith, <a href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a> “con el reciente aumento del consumo de fentanilo en Estados Unidos, la demanda de heroína mexicana se ha reducido drásticamente […], hoy en día los agricultores no pueden obtener beneficios del opio una vez que se han tenido en cuenta los fertilizantes y otros insumos de capital; las economías de los pueblos están empezando a agotarse y la emigración [a los Estados Unidos] va en aumento”. <a href="#_ftn8" name="_ftnref8">8</a>
Otros efectos del ingreso del fentanilo al mercado son analizados por Ibarrola y Pérez Ricart <a href="#_ftn9" name="_ftnref9">9</a> en términos de la reconfiguración del mapa criminal en México, la profesionalización del procesamiento en los laboratorios y la desvinculación de la actividad criminal de los territorios y de su base social, lo cual es un elemento clave para pensar la manera como se pueda “arrancar las regiones productoras de opio de México del control de las organizaciones de tráfico de drogas (OTD) mexicanas”, <a href="#_ftn10" name="_ftnref10">10</a> e insertar a la región en los circuitos de la economía legal.
<h2>El caso del Tolima: crisis por decisiones estratégicas de actores armados</h2>
Coincidente con la crisis cafetera, a inicios de la década de 1990 Colombia experimentó el boom de la amapola. Debido a sus necesidades medioambientales, este cultivo se concentró en las zonas altas de la cordillera central de los Andes, principalmente en el occidente del Cauca, el centro del Huila y el sur del Tolima. Las intenciones de control territorial por parte grupos armados ilegales asociados al mercado de la goma, agudizaron la violencia y convirtieron esta macroregión en un espacio de disputa tanto por las rentas ilícitas como por su posicionamiento geográfico. <a href="#_ftn11" name="_ftnref11">11</a>
Desde el punto de vista de las dinámicas de la guerra en el sur del Tolima, dicha bonanza transformó la confrontación armada entre la guerrilla de las FARC y los paramilitares (1986-1992) y le dio paso a un largo periodo de gobernanza rebelde (1992-2002) en la zona, gracias a la regulación de ese mercado ilegal. Luego vino la “guerra” contra la amapola de la mano del Plan Colombia y el enfoque represivo de las drogas. Entre 2000 y 2006, los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe desplegaron tres estrategias: i) fumigación con glifosato, ii) transferencias condicionadas a familias cultivadoras, programa apoyado por la ONU conocido como &#8220;familias guardabosques&#8221;, y iii) sustitución de cultivos. <a href="#_ftn12" name="_ftnref12">12</a>
Pese a constituir un rentable medio de financiación, el auge de la amapola planteó varios problemas a las FARC, desde el punto de vista de su control territorial en el contexto de la guerra que libraba con el Estado colombiano. El primero tuvo que ver con la “descomposición social” producto del excedente de las rentas del tráfico; el segundo, ligado al anterior, fue la posibilidad de que ingresaran personas foráneas al territorio debido a que empezó a escasear la mano de obra (que estaba dedicada a la amapola); el tercero fue el deterioro ambiental, fundamentalmente por la deforestación y la siembra a orillas de las quebradas y, finalmente, el foco que el Estado empezó a poner en el negocio, y las posibilidades de que el territorio –y su base social–, entrara en disputa, de manera que las propias FARC empezarían a promover la erradicación del cultivo.
<h2>El problema de la integración económica</h2>
Aunque vienen de trayectorias temporales y de un contexto completamente distinto, la situación de estas dos regiones deja preguntas acerca del desarrollo en las zonas que dejan de producir cultivos ilícitos. Las condiciones de marginalización y de violencia estructural, la debilidad estatal, así como las consecuencias de la violencia directa asociada a las disputas entre grupos armados ilegales por las rentas del narcotráfico y a la militarización que promueve el enfoque prohibicionista, constituyen grandes obstáculos para la transición de estas regiones: de zonas afectadas por los cultivos ilícitos a su integración económica y social.
¿Qué tanto tiene que ver esto con que las intervenciones gubernamentales estén enfocadas exclusivamente en la erradicación de los cultivos y no en el desarrollo económico? En el caso del sur del Tolima, en Colombia, la erradicación de la amapola asociada a la aplicación exitosa de la política de drogas, pone en cuestión las potencialidades de este enfoque desde el punto de vista de la superación de las condiciones que mantienen en el atraso las zonas en donde se concentraron los cultivos ilícitos.
El caso de Guerrero, en donde la erradicación de la amapola no se asocia directamente a la política de drogas sino a la transformación del mercado producto de la inserción de los opiáceos sintéticos, interroga las condiciones bajo las cuales podría propiciarse la introducción de esta zona a los circuitos de la economía legal y la inversión gubernamental.
* Andrés Tafur Villarreal es alumno participante del Diplomado en Política de Drogas, Salud y Derechos Humanos 2023 del Programa de Política de Drogas realizado del 19 de mayo al 30 de junio de 2023. Contacto: andrestafur@gmail.com.
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Referencias:
Álvarez Rodríguez, I. et al. (2023). La amapola en crisis: auge y decadencia del opio mexicano, Ciudad de México: El Colegio de México.
Echandía Castilla, C. (1996). La amapola en el marco de las economías de ciclo corto, Análisis Político, (27), 3-19.
Fuentes, E. &amp; Ortíz-Rojas, K. (2022). “Adopción de un cultivo ilícito como medio de subsistencia: el caso de la amapola en una zona rural de Guerrero, México”, Revista Intersticios Sociales, (22), pp. 329-342. ISSN 2007-4964.
Grandmaison, R., et al. (2019). “<a href="https://doi.org/10.31389/jied.45" target="_blank" rel="noopener">The Last Harvest? From the US Fentanyl Boom to the Mexican Opium Crisis</a>”, Journal of Illicit Economies and Development, 1(3): pp. 312–329. DOI.
Observatorio de Paz y Derechos Humanos (2020). Dinámicas de la violencia del conflicto armado en Las Hermosas, Chaparral, Tolima (1986-2016), Centro de Estudios Regionales, Universidad del Tolima: Ibagué.
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2006). Informe Mundial sobre las Drogas, Volumen 2, Estadísticas.
Pérez Ricart, C. &amp; Ibarrola García, A. (2023). “<a href="https://rcs.cienciassociales.edu.uy/index.php/rcs/article/view/rvs.v36i53.1" target="_blank" rel="noopener">La transición hacia el fentanilo. Cambios y continuidades del mercado de drogas en México (2015 &#8211; 2022</a>)”, Revista de Ciencias Sociales, DS-FCS, vol. 36, n.o 53, julio-diciembre 2023, pp.15-36. DOI.
Rojas, D. (2015). El Plan Colombia. La intervención de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano (1998-2012), Universidad Nacional de Colombia: Bogotá.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Fuentes &amp; Ortíz-Rojas, 2022.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Álvarez et al, 2022.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Grandmaison et al, 2019.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> UNDOC, 2006.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Rojas, 2015.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> Fuentes &amp; Ortíz-Rojas, 2022.
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> Grandmaison, Morris y Smith, 2019.
<a href="#_ftnref8" name="_ftn8">8</a> Grandmaison, Morris y Smith, 2019, p. 312,traducción propia.
<a href="#_ftnref9" name="_ftn9">9</a> Ibarrola y Pérez Ricart, 2023.
<a href="#_ftnref10" name="_ftn10">10</a> Grandmaison et al., 2019, p. 312.
<a href="#_ftnref11" name="_ftn11">11</a> Echandía, 1999.
<a href="#_ftnref12" name="_ftn12">12</a> Observatorio de Paz y Derechos Humanos, 2020.

Los retos transicionales en las zonas productoras de cultivos ilícitos: del Tolima (Colombia) a Guerrero (México)

Los retos transicionales en las zonas productoras de cultivos ilícitos: del Tolima a Guerrero

Las políticas de drogas en México, a lo largo de su historia, han tomado un enfoque prohibicionista. Esto significa que han girado alrededor del encierro, el encarcelamiento y el castigo. Este enfoque ha significado diversos costos de salud y sociales.
Tales costos de salud se han generado, en gran medida, por priorizar únicamente el antiguo enfoque médico desde el cual se contempla la abstinencia como la única solución a los daños del consumo de drogas. Esto ha favorecido los tratamientos en los que se encierra a los consumidores en cárceles o en los llamados centros de reinserción social o de rehabilitación. Desde este enfoque, los consumidores necesitan ser sustraídos de la interacción social y vivir en aislamiento hasta que, por lo menos, los síntomas de la abstinencia desaparezcan, lo cual provoca su marginación de la convivencia social. Este enfoque de salud pública ha fomentado la proliferación de centros de rehabilitación (también conocidos como anexos) en todo México. La numerosa presencia de los anexos ha dificultado la tarea del gobierno de supervisarlos. Esto, a su vez, ha suscitado que se den violaciones de derechos humanos en su interior. Además, es importante tener en cuenta que, como lo ha mencionado la OMS, <a href="https://revistas.upr.edu/index.php/analisis/article/view/17919" target="_blank" rel="noopener">el acceso a una salud con enfoque humanitario está profundamente atravesado por la posición socioeconómica, el género, la etnicidad o el color de piel</a>, lo que implica que no todos los grupos sociales pueden acceder a los mismos tratamientos de salud.
Esto se conecta con los costos sociales que ha implicado el prohibicionismo de drogas. Uno de estos lo hemos padecido los mexicanos, pues por muchas décadas hemos enfrentado una violencia sistemática en todos los ámbitos de nuestra vida. Con datos del <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/DH/DH2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">INEGI</a>, es posible observar que los homicidios en México aumentaron en gran medida a partir del inicio de la mal llamada “guerra contra las drogas”. Tan sólo el año pasado se registró una razón de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esta violencia no es vivida por igual entre toda la población, por ejemplo: a) <a href="https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/64819497/Informe_AnaliticoESPcorregido_merged-libre.pdf?1604179652=&amp;response-content-disposition=inline%3B+filename%3DLa_migracion_forzada_desde_el_Triangulo.pdf&amp;Expires=1690865110&amp;Signature=Ut5QDPyZt52bUK~eKvYwAjOFhY3trrHgQsiy7DNbic0sZbWM-eYo3Nr3UwfCg5X4FFXI4Y6W1uBRSlWtnyypi5yS1JiuNaTPPBrWRe6zLeFFOUPLOjnu-SsKfaDeYuwshg7XUPMY6kl9xh9lkG4fn97rGlHTT92f6zHD2uxcLNLnyhk9DoK9ZxMgJ2cbrnjcSIWczQeEHj3BJ83eZOhLydDh0rhtJnMwZdoOjCC3dPUJzctefoW8WV9AuBIjKAOKyNXx0row1dc-mHZi3nWxxovyPD2hQeperD9hKQCDoWonO4FXkzZj8jIUow2yWUdfXSPIO23prcCM~O4jQJwMiA__&amp;Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA" target="_blank" rel="noopener">el estimado de homicidios de mujeres aumentó desde el inicio de esta guerra</a> y b) las regiones <a href="https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/64819497/Informe_AnaliticoESPcorregido_merged-libre.pdf?1604179652=&amp;response-content-disposition=inline%3B+filename%3DLa_migracion_forzada_desde_el_Triangulo.pdf&amp;Expires=1690865110&amp;Signature=Ut5QDPyZt52bUK~eKvYwAjOFhY3trrHgQsiy7DNbic0sZbWM-eYo3Nr3UwfCg5X4FFXI4Y6W1uBRSlWtnyypi5yS1JiuNaTPPBrWRe6zLeFFOUPLOjnu-SsKfaDeYuwshg7XUPMY6kl9xh9lkG4fn97rGlHTT92f6zHD2uxcLNLnyhk9DoK9ZxMgJ2cbrnjcSIWczQeEHj3BJ83eZOhLydDh0rhtJnMwZdoOjCC3dPUJzctefoW8WV9AuBIjKAOKyNXx0row1dc-mHZi3nWxxovyPD2hQeperD9hKQCDoWonO4FXkzZj8jIUow2yWUdfXSPIO23prcCM~O4jQJwMiA__&amp;Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA" target="_blank" rel="noopener">más afectadas por la violencia e inseguridad en Latinoamérica</a> son aquellas con escasez de oportunidades económicas.
Un costo grave adicional ha sido el encarcelamiento en masa. La política implementada para el tratamiento de consumos riesgosos o incluso el castigo por la portación de drogas ha sido el encierro. Esto, además de implicar barreras para el acceso a la salud de los consumidores, ha fortalecido los procesos de estigmatización que sufren, provocando que los usuarios de drogas no sólo no puedan acceder a un trato médico digno y humano, sino que tampoco puedan acceder a derechos básicos como lo es la vivienda y el empleo. Además, el encarcelamiento no sólo conlleva costos emocionales y financieros para los consumidores de drogas encarcelados, sino también para sus familias, en especial para las <a href="https://publications.iadb.org/es/las-mujeres-invisibles-los-costos-de-la-prision-y-los-efectos-indirectos-en-las-mujeres" target="_blank" rel="noopener">mujeres cuidadoras de familias con bajos ingresos</a>, ya que son ellas quienes se hacen cargo de los costos de la vida por el encierro y de los trabajos de cuidado y emocionales que esto envuelve.
El prohibicionismo, o la llamada guerra contra las drogas, también ha provocado que se margine en mayor medida a las personas que viven en las calles. Las consecuencias de la discriminación vivida implican que<a href="http://repositorio-digital.cide.edu/handle/11651/5544?show=full" target="_blank" rel="noopener"> estas personas no pueden satisfacer sus necesidades básicas, como lo es el acceso al agua y alimentos.</a> Una situación similar ocurre con los migrantes: al no recibir apoyos, son privados de redes de apoyo, empleo, vivienda, etc. Muchas veces esto es a causa de <a href="http://repositorio-digital.cide.edu/handle/11651/5544?show=full" target="_blank" rel="noopener">relacionar su presencia en las ciudades o su estado migratorio con consumo de drogas.</a>
<a href="https://revistas.upr.edu/index.php/analisis/article/view/17919" target="_blank" rel="noopener">Algunos</a> <a href="https://www.academia.edu/19627235/Nuestra_historia_narc%C3%B3tica_pasajes_para_re_legalizar_las_drogas_en_M%C3%A9xico" target="_blank" rel="noopener">autores</a> afirman que el prohibicionismo fue causado por la presión estadounidense durante reuniones multilaterales que buscaban prohibir el consumo de opio (asociado con la población china), de mariguana (vinculada a los mexicanos que trabajan en California) y de la cocaína (relacionada con la población negra). Estas presiones originaron <a href="https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/50692" target="_blank" rel="noopener">la firma de diversos tratados internacionales</a> como la Convención Única de Estupefacientes de 1961, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988.
El enfoque prohibicionista fue endurecido durante la administración de Nixon en Estados Unidos. Durante su administración se crearon programas estatales y privados con una perspectiva desde la criminalización, misma que se extendió al plano global. Fue a partir de las presiones internacionales que México adoptó tal <a href="https://www.academia.edu/19627235/Nuestra_historia_narc%C3%B3tica_pasajes_para_re_legalizar_las_drogas_en_M%C3%A9xico" target="_blank" rel="noopener">enfoque prohibicionista</a>, lo que se observa, por ejemplo, en las percepciones en torno a la mariguana que fueron establecidas a partir de los operativos militares (llevados a cabo a causa de la presión gringa), debido a la creencia de que “los campesinos sinaloenses envenenaban a la juventud estadounidense con mariguana y amapola”.
Congruente con lo que he mencionado, <a href="https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2022/09/El-negocio-de-la-militarizacion-version-web.pdf" target="_blank" rel="noopener">las políticas en México han sido punitivistas, priorizando las medidas erguidas desde la violencia</a>. En el sexenio de Felipe Calderón, cuando la mal llamada guerra contra las drogas se hizo oficial, los militares asumieron la seguridad pública dejándonos un país institucionalmente militarizado a través de un despliegue permanente de las fuerzas armadas. La militarización continuó durante el sexenio de Peña Nieto con la propuesta de la Ley de Seguridad Interior. En la administración de López Obrador la militarización tampoco se vio pausada, pues durante este sexenio hemos atestiguado a los militares encabezar incontables funciones civiles e incluso los vemos al frente de la seguridad civil en la Guardia Nacional.
También se ha observado una política de encierro constante. En 2011, las <a href="https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2020/04/Informe-sobre-la-situacio%CC%81n-de-personas-privadas-de-la-libertad-en-Me%CC%81xico.pdf" target="_blank" rel="noopener">personas privadas de la libertad en centros penitenciarios</a> eran poco menos de 231,000 y en 2021 el <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspef/2022/doc/cnsipef_2022_resultados.pdf" target="_blank" rel="noopener">INEGI</a> registró a más de 220,000. Aunque haya disminuido, la población encarcelada sigue siendo muy alta, lo que corresponde a una <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspef/2022/doc/cnsipef_2022_resultados.pdf" target="_blank" rel="noopener">tasa de 170.9 por cada 100 mil habitantes.</a> Entonces, el encierro masivo no ha implicado un mejoramiento en la seguridad. <a href="https://www.intersecta.org/los-problemas-con-la-prision-preventiva-oficiosa/" target="_blank" rel="noopener">A pesar de las numerosas condenas por homicidios, la tasa de homicidios ha seguido escalando durante más de 10 años</a>.
Un ejemplo de esta sed de encierro del Estado mexicano es la presencia e intentos de expansión de la <a href="https://www.intersecta.org/los-problemas-con-la-prision-preventiva-oficiosa/" target="_blank" rel="noopener">prisión preventiva oficios</a>a, misma que es contraria al respeto de los derechos humanos pues viola los derechos procesales de las personas imputadas. Esta medida conlleva el encierro automático e inmediato de los imputados sin la necesidad de una condena, o bien, sin pruebas de intento de fuga; significa el encierro dado por la mera acusación de delitos. Por supuesto que es una medida contraria a la justicia, tal como lo indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que la justicia no debe ser una medida automática que se tome sin considerar la necesidad y la proporcionalidad de las actuaciones que deben tomarse.
Las medidas de encierro y aislamiento no sólo no han contribuido a disminuir la violencia padecida en el país, sino que han abonado al rompimiento del ya mermado tejido social. Las políticas de seguridad basadas en el ataque y la persecución han repercutido en graves daños contra los consumidores de drogas, las personas privadas de la libertad, en sus familias y en la población en general, ya que a través de la violencia estatal nos hemos visto envueltos en un clima de intensa brutalidad que parece nunca acabar.
Por otro lado, no todos los grupos poblacionales han vivido estos costos de manera igualitaria. La guerra contra las drogas ha recaído sobre grupos específicos. Como he expuesto, tanto los costos de salud como los costos sociales, han impactado en mayor medida en las poblaciones con más bajos ingresos.
Esto implica que la guerra contra las drogas no es contra las drogas. El problema no son las sustancias psicoactivas, el problema es que determinadas poblaciones las consumen. Ésta es una guerra contra las personas. Ante esta guerra nos enfrentamos a un complejo panorama. Estoy segura de que cambiar esta realidad es un camino muy largo por recorrer (¡nos estamos enfrentando a las consecuencias de una guerra heredada que lleva más de medio siglo entre nosotros!) pero por otro lado estoy segura de que es posible lograrlo. El trabajo de muchas organizaciones civiles en Latinoamérica ha demostrado el impacto en el cambio de narrativas en torno a las personas privadas de la libertad: aquí <a href="https://www.documenta.org.mx/carasdelatortura/" target="_blank" rel="noopener">Las Caras de la Tortura</a> de Documenta, análisis y acción para la justicia social, que ayuda a visibilizar la tortura que sufren los consumidores en centros de atención a adicciones y en detenciones por parte de la seguridad pública; aquí la herramienta <a href="https://elementaddhh.org/desintoxicando-narrativas/#:~:text=%C2%BFDe%20qu%C3%A9%20buscamos%20desintoxicar%20las%20narrativas%3F&amp;text=Desintoxicando%20Narrativas%20propone%20dejar%20atr%C3%A1s,en%20los%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n." target="_blank" rel="noopener">Desintoxicar Narrativas</a> de Elementa DDHH; o aquí las investigaciones del <a href="https://www.politicadedrogas.org/site/investigaciones/id/1.html" target="_blank" rel="noopener">Programa de Políticas de Drogas</a>; o los talleres reivindicativos de <a href="http://reverdeser.org/" target="_blank" rel="noopener">Reverdeser</a>; o el activismo digital de <a href="https://echelecabeza.com/" target="_blank" rel="noopener">Échale Cabeza,</a> aquí el <a href="https://www.conexionespsicoactivas.com/movimiento-mexicano-de-gestion-de-placeres-y-riesgos" target="_blank" rel="noopener">Movimiento Mexicano de Gestión de Placeres y Riesgos;</a> aquí <a href="https://www.instagram.com/lpsd_org/" target="_blank" rel="noopener">Latinoamérica por una Política Sensata de Drogas</a>; aquí  <a href="https://www.instagram.com/unconsumoseguro/" target="_blank" rel="noopener">Un Consumo Seguro</a>; aquí  <a href="https://www.instagram.com/feminismo_y_flow/">Feminismo &amp; Flow</a>; aquí la <a href="https://www.instagram.com/lanpud/?hl=es" target="_blank" rel="noopener">Red Latinoamericana y el Caribe de Personas que Usamos Drogas</a>, entre muchas otras.
Sin embargo, es muy importante que el Estado solucione los problemas que la guerra ha creado. Los esfuerzos por mitigar estas consecuencias no deben descansar solamente en la sociedad civil. Desde el ámbito de la salud pública, resulta fundamental cambiar la imagen de los usuarios de drogas como “adictos” o “enfermos” encadenados a las sustancias. La salud pública debe asumirlos como sujetos de derechos autónomos para decidir sobre su consumo y tratamiento. Es necesario plantear la reducción de daños como una alternativa ante las políticas actuales de salud. La reducción de daños acepta que el consumo de sustancias es inevitable y que, en lugar de perseguir un objetivo imposible (la eliminación de las drogas), busca reducir los daños y riesgos implicados en el consumo de drogas (como la transmisión de enfermedades por jeringas compartidas, o los efectos físicos o psicológicos de los consumos prolongados o riesgosos). La reducción de daños ayuda a mitigar las consecuencias de esta guerra, así como a minimizar la estigmatización, el encierro y las políticas de castigo. A través de la reducción de daños es posible disminuir los estigmas sociales, la exclusión social y los obstáculos que los usuarios de drogas se enfrentan en el ámbito de salud. Algunos ejemplos de este tipo de esfuerzos se ven en el trabajo de <a href="https://sites.google.com/view/www-prevencasa-com-mx/inicio" target="_blank" rel="noopener">Prevencasa</a> y <a href="https://www.verter.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">Verter</a>.
Por último, en el ámbito penal y de seguridad, es fundamental abandonar el arcaico modelo que ha prevalecido en esta guerra “contra las drogas”. Debemos rechazar firmemente la noción de castigar y marginar a quienes consumen drogas, así como de seguir militarizando nuestro país.  El prohibicionismo en las políticas de drogas sólo nos ha llenado al país (y al continente) de muertes y dolor. Ni el Estado mexicano, ni sus aspirantes a gobernarlo, parecen tener intenciones de cambiar sus enfoques en esta lamentable guerra, pero nosotros, como ciudadanos, podemos influir en la metamorfosis de este país desde el cambio de narrativas. Debemos apropiarnos de nuestra de voz y luchar por ponerle fin a esta eterna guerra.
* Paloma Reynoso (<a href="https://twitter.com/PaalooRe" target="_blank" rel="noopener">@PaalooRe</a>) es alumna participante del Diplomado en Política de Drogas, Salud y Derechos Humanos 2023 del Programa de Política de Drogas, realizado del 19 de mayo al 30 de junio de 2023.

Cambiando narrativas: la guerra contra las personas y la política de drogas en México

La máxima “la pena como medicina del alma” junto con el sistema penitenciario progresivo <a href="#_edn1" name="_ednref1">i</a> devienen de la ideología positivista. Esta ideología ha sido el trasfondo para la elaboración y emisión de la política contra el crimen y de cuerpos normativos en materia penal y penitenciaria. En México, el Estado utiliza el derecho penal como herramienta principal para atender problemáticas sociales: la cárcel siempre es la respuesta. Los legisladores han empleado un sistema punitivo para demostrar que la mano dura es la fuente de justicia.
Nuestro sistema penal tiene deficiencias estructurales y operativas, así como vicios en las actuaciones que son contrarios a los principios que lo rigen. La política penitenciaria crea las condiciones de un círculo vicioso en el que se exacerba el uso del sistema penal y se incrementan las probabilidades de que existan problemas de abuso de sustancias, violencia y delitos en las familias. <a href="#_edn2" name="_ednref2">ii</a>
El consumo de drogas puede convertirse en un importante problema de salud que además genera rechazo social y políticas estigmatizadoras. <a href="#_edn3" name="_ednref3">iii</a> Esto se refleja en un problema público: la criminalización de las drogas y el manejo de los delitos relacionados con drogas en el sistema de justicia.
En la Ley General de Salud y el Código Penal Federal están contenidos los delitos de narcomenudeo y narcotráfico. Está establecida una “Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato” y se tipifica como delito de narcomenudeo a la conducta que comete una persona que porta más de la cantidad máxima determinada en la tabla, pero menos que esa cantidad multiplicada por mil. Se clasifica como narcotráfico el poseer más de la cantidad máxima en la tabla multiplicada por mil. <a href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1794-31082011000200003&amp;lng=en&amp;nrm=iso&amp;tlng=es" target="_blank" rel="noopener">El narcomenudeo y el narcotráfico, a través de la estructura de comercialización de estupefacientes, favorece primordialmente a los actores involucrados, basándose en un modelo organizacional que les garantiza estabilidad y protección en un territorio</a>. <a href="#_edn4" name="_ednref4">iv</a>
En este artículo desarrollaremos el contexto del narcotráfico y narcomenudeo desde una perspectiva de criminalidad femenina. Para ello, primero abordaremos las condiciones de marginación y vulneración de las mujeres en el narcotráfico. Posteriormente, enunciaremos algunas de las circunstancias que viven las mujeres, en el contexto de comercialización de drogas, en el proceso penal y dentro del sistema penitenciario. Asimismo, señalaremos las distinciones que se hacen entre las mujeres y los hombres. Por último, señalaremos la necesidad de una política pública desde una postura transversal y de perspectiva de género.
<h2>¿Cómo inicia la participación de la mujer en el contexto criminal?</h2>
Las mujeres que carecen de condiciones dignas de trabajo y vivienda se encuentran en un latente riesgo social. Estas circunstancias propician la comisión de conductas delictivas y favorecen contextos para la trata de personas. Ante estos escenarios, las mujeres encuentran una posibilidad de supervivencia: transportar drogas a cambio de poco dinero, o bien, para no sufrir mayores abusos como víctimas de trata. Las mujeres que transportan droga han sido mal llamadas “mulas”, lo que consiste en trasladar sustancias prohibidas a través de su cuerpo: ingieren la sustancia hasta expulsarla ya sea de manera natural o a través de medicación.
¿Son ellas realmente un eslabón del proceso? ¿O son víctimas de trata de personas? Las mujeres que participan dentro del narcotráfico provienen de diferentes estratos y geografías, y se encuentran en ese espacio por diferentes razones. La mayoría son mujeres que quieren huir de la violencia en la que viven, son jóvenes y con bajos ingresos; mujeres que tienen lazos afectivos con alguien vinculado a esta actividad; mujeres explotadas y víctimas de la trata de personas, entre otras circunstancias. Por otro lado, poseen un mínimo control e independencia económica y son marginadas al estar en una situación de vulnerabilidad. “[…] <a href="https://www.wola.org/es/analisis/villanas-o-victimas-el-papel-de-las-mujeres-en-el-narcotrafico-latinoamericano/" target="_blank" rel="noopener">Son las estructuras patriarcales y la violencia de género lo que condiciona la participación de las mujeres en actividades delictivas</a>”. <a href="#_edn5" name="_ednref5">v</a>
Para la Comisión Interamericana de Mujeres, las mujeres que se dedican a la venta de drogas ocupan el nivel más bajo en la jerarquía de los grupos delictivos, siendo “portadoras humanas” en pequeña escala para la venta, distribución o transporte de droga.  La ONUDD-Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito señaló que las drogas son clave de la criminalidad de las mujeres.
Las conductas cometidas por las mujeres en el contexto del narcotráfico son encuadradas en tipos penales y se enfrentan a procesos en materia penal. En México, entre 2010 y 2020, el porcentaje de mujeres procesadas por delitos relacionados con drogas pasó de 13 % a 26 % según los datos del INEGI. La ENPOL reportó que en 2021, a nivel nacional, 20.7 % de la población de mujeres privadas de la libertad con antecedentes penales fue sentenciada por el delito de posesión ilegal de drogas. En esta misma encuesta se demostró que 55.3 % de la población de mujeres había sido incomunicada o aislada durante su estancia ante el Ministerio Público y que, respecto a su situación jurídica, sólo 53.7 % de las mujeres contaba con sentencia dictada. También se advierte que las mujeres no sólo se consideran cómplices, sino que se les imputa prácticamente la responsabilidad total vinculada a la actividad delictiva.
Los efectos que ha generado la “guerra contra las drogas” respecto a los derechos y garantías constitucionales de los imputados en casos de delitos contra la salud y, en especial, sobre las diferencias según el género, son violatorios de derechos humanos. Para sustentar esta situación, tomaremos como guía el <a href="https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/2021-12/Manual%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20ge%CC%81nero%20en%20materia%20penal_0.pdf" target="_blank" rel="noopener">Manual para juzgar con perspectiva de género en materia penal</a> <a href="#_edn6" name="_ednref6">vi</a> y, específicamente, abordaremos los elementos del capítulo “Delitos contra la salud y delincuencia organizada”. <a href="#_edn7" name="_ednref7">vii</a>
Durante 2018, en el fuero federal, <a href="https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/202112/Manual%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20ge%CC%81nero%20en%20materia%20penal_0.pdf" target="_blank" rel="noopener">en promedio una de cada dos mujeres se encontraba privada de la libertad por delitos contra la salud o delincuencia organizada</a> (INEGI, 2019). <a href="#_edn8" name="_ednref8">viii</a> En los delitos asociados con el narcotráfico opera la prisión preventiva oficiosa, lo cual se ha señalado como violatorio de DDHH, además que supone un riesgo para sufrir violencia física o tortura, tortura sexual e incomunicación.
Catalina Pérez Correa señala con base en testimonios que el funcionamiento del sistema penal en relación con los delitos de drogas ha sido exacerbado y opera de manera desproporcionada, ya que no se toma en cuenta el contexto familiar, individual o social al momento de sentenciar. Se trata de un sistema que captura a personas con perfiles similares: hombres y mujeres jóvenes provenientes de sectores marginados, con escasas oportunidades, bajos niveles educativos y con trabajos de baja remuneración. <a href="#_edn9" name="_ednref9">ix</a>
En el proceso penal y en el sistema federal penal podemos observar que los delitos contra la salud tienen penas severas. El artículo 194 del Código Penal Federal establece que la pena mínima para los delitos de comercio, producción, suministro y transporte de estupefacientes es de diez años en prisión y la máxima es de 25 años.
Según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciarios Estatales (INEGI), durante 2022, el 49.3 % de las mujeres y el 38.4 % de los hombres de la población privada de la libertad no contaban con sentencia. La diferencia que existe pone en evidencia que hay una desproporción respecto a las mujeres.
Por otra parte, diversos estudios demuestran que las sentencias que contienen sanciones penales altas no tienen un impacto real para la reducción de violencia o de delitos en torno a las drogas. No se está previendo que el sentenciado se reinserte en la sociedad, tampoco se generan hitos con los cuales se busque reducir la comisión de delitos por drogas, ni la protección al derecho a la salud u al orden público.
Es necesario que en el ámbito de procuración de justicia se considere el contexto social, económico y cultural, así como los vínculos y comportamientos que hay en torno a la conducta delictiva para contar con elementos con los que se pueda juzgar con perspectiva de género.
De igual manera, se debe evitar caer en sentencias vacías, redundantes, repetitivas, obtenidas de un formato y llenas de vicios formales y legales. Es fundamental dar seguimiento a estos casos en particular para una posible reinserción social y la participación en el desarrollo social de las mujeres que salgan de prisión.
En este sentido, existen distinciones entre hombres y mujeres en el contexto social. Mientras los hombres que se dedican al tráfico de drogas son admirados y venerados a través de películas, series y música, las mujeres que viven en el contexto del tráfico de drogas son señaladas, juzgadas, revictimizadas y violentadas tanto por el gobierno como por la sociedad. Además, noticias e información relacionados con las drogas son emitidas en un entorno androcentrista.
Las mujeres relacionadas con la criminalidad en un contexto de drogas son invisibles. No han sido un tema central en la agenda pública, ni tampoco han acaparado la atención de los actores políticos. Estamos frente a un escenario desalentador para la mujer que no sólo es juzgada como criminal, sino que el Estado ha sido omiso en atender sus necesidades y en dar solución a los problemas estructurales de este grupo vulnerable.
El sistema de justicia tiene un sesgo y repudio hacia ciertos sectores de la población, específicamente, el femenino. Se sigue castigando sin pruebas, sin perspectiva de género, con estigmas, a través de tortura y violaciones a los derechos humanos. Esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de analizar las estructuras sociales, la actuación de las mujeres como “mulas” y las prácticas machistas dentro de las instituciones que pretenden administrar justicia.
<a href="https://twitter.com/cideppd" target="_blank" rel="noopener">@cideppd</a>
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<a href="#_ednref1" name="_edn1">i</a> Rivera Beiras, Iñaqui, et al., Tratamiento penitenciario y derechos fundamentales, Edit. J.M. Bosch, Barcelona, 1994, p. 57.
<a href="#_ednref2" name="_edn2">ii</a> Pérez Correa, Catalina, Las mujeres invisibles. Los costos de la prisión y los efectos indirectos de las mujeres, Banco Interamericano de Desarrollo, 2015, p. 18.
<a href="#_ednref3" name="_edn3">iii</a> Subirats (2004) Pobreza y Exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea. La Caixa. Barcelona.
<a href="#_ednref4" name="_edn4">iv</a> Cortés Vargas, Yofre Luis, &amp; Rodolfo Parra Cely, “<a href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1794-31082011000200003&amp;lng=en&amp;nrm=iso&amp;tlng=es" target="_blank" rel="noopener">Narcomenudeo: un neologismo para describir la venta de estupefacientes</a>”, Revista Criminalidad, Vol. 53, n.o 2, diciembre de 2011, pp. 37-71. SciELO.
<a href="#_ednref5" name="_edn5">v</a> <a href="https://www.wola.org/es/analisis/villanas-o-victimas-el-papel-de-las-mujeres-en-el-narcotrafico-latinoamericano/" target="_blank" rel="noopener">¿Villana o víctima? El papel de las mujeres en el narcotráfico latinoamericano</a>”, WOLA (revisado el 22 de septiembre de 2023).
<a href="#_ednref6" name="_edn6">vi</a> Vela Barba, E. (coord.), <a href="https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/2021-12/Manual%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20ge%CC%81nero%20en%20materia%20penal_0.pdf" target="_blank" rel="noopener">Manual para juzgar con perspectiva de género</a>, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2021.
<a href="#_ednref7" name="_edn7">vii</a> Pérez Correa, C. &amp; Velázquez, S., “Delitos contra la salud y la delincuenca organizada”, Op. cit. <a href="https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/202112/Manual%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20ge%CC%81nero%20en%20materia%20penal_0.pdf" target="_blank" rel="noopener">Manual para juzgar con perspectiva de género</a>, 2021.
<a href="#_ednref8" name="_edn8">viii</a> Op. cit., <a href="https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/202112/Manual%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20ge%CC%81nero%20en%20materia%20penal_0.pdf" target="_blank" rel="noopener">Manual para juzgar con perspectiva de género</a>.
<a href="#_ednref9" name="_edn9">ix</a> Chaparro, S y Pérez Correa , (2017), Sobredosis carcelaria y política de drogas en América Latina. 1 ed., Colombia, Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEED) y De justicia- Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad.

Mujeres: el lado invisible de la política de drogas

A finales del año 2006 se dio inició a la llamada “Guerra contra las drogas” en México. Un conjunto de “operativos” de despliegue de fuerzas del Estado conformaron el banderazo de la militarización de la seguridad pública en el país. La “Guerra contra las drogas” fue planteada como una estrategia de “combate frontal y eficaz al narcotráfico”, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 del gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, este “combate frontal” poco tenía de política pública. Se trató de una estrategia de militarización sustantiva, de un conjunto de iniciativas prohibicionistas y de una persecución desproporcionada a personas de grupos históricamente vulnerados.
El legado que nos dejó la “Guerra contra las drogas” fue una crisis de homicidios, de desapariciones y un incremento alarmante de personas en prisión. A lo largo de los años se ha hecho hincapié en las consecuencias letales y en los efectos de esta “guerra”, que siguen acumulándose todos los días hasta nuestra actualidad. Podemos afirmar, a la luz de las iniciativas impulsadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el sexenio actual de Andrés Manuel López Obrador, que ya no sólo vivimos una militarización de la seguridad pública sino de la vida pública. ¿Qué implicaciones tiene que las Fuerzas Armadas (FFAA) permanezcan en el espacio público con cada vez más respaldo del Estado?
Poco se habla de los efectos que ha tenido la “Guerra contra las drogas” y la presencia de las FFAA en el espacio público para la diversidad que lo habita. El espacio público está en disputa. Históricamente, la sociedad ha criminalizado aquello que es “diferente”. El espacio público se le había concedido a aquello dentro de la norma. La creación de la alteridad, de aquellos cuerpos “fuera de lugar”, los cuerpos no-blancos, no-heterosexuales, no-cisgénero, etc., se conforma mediante la relegación del espacio y el odio. Y el odio crea jerarquías y estatus.
¿Cómo ha afectado a las personas LGBT+ la presencia de las FFAA en el espacio público? Y, específicamente, ¿qué pasa con las personas LGBT+ detenidas por las FFAA? Esta última pregunta es relevante para hacer un zoom a las fuerzas gubernamentales que están persiguiendo y deteniendo a esta población. Para empezar a desgranar estas preguntas, planteo dos ejes: las personas LGBT+ y los registros que tenemos de violaciones a derechos humanos por parte de las FFAA, y la violencia hacia las personas LGBT+ que han sido detenidas por las FFAA.
En este texto presento un análisis descriptivo de la respuesta a solicitudes de información que realicé a la CNDH respecto a violaciones de derechos humanos por parte de las FFAA a la población LGBT+, así como de los <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/cnspef/2023/" target="_blank" rel="noopener">Censos Nacionales Penitenciarios</a> y la <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2021/" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2021)</a>, ambas fuentes del INEGI.
<h2>El espacio público en disputa: FFAA y violaciones a derechos humanos</h2>
Solicité información a la CNDH sobre los casos que tuviera registrados de violaciones a derechos humanos relacionadas con la orientación sexual o identidad de género de las personas. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> A pesar de que la Comisión afirmó que “no cuenta con un registro sistematizado” por este tipo de variables, se realizó una búsqueda por medio de palabras clave relacionadas con el acrónimo LGBT+ para poder crear una base de datos correspondiente a los expedientes de violación a derechos humanos en los que se mencionen dichas palabras. La base de datos analizada es una aproximación a la información sobre violaciones a derechos humanos por orientación sexual e identidad de género.
De acuerdo con esta base de datos, correspondiente a un total de 204 quejas procedentes (es decir, que sí ameritaron una investigación por parte de la CNDH), en el periodo de 2007 a 2020 las autoridades que cometieron mayores violaciones a derechos humanos en las que se mencionan la orientación sexual e identidad de género de las víctimas fueron el IMSS, el OADPRS (el órgano que se encarga de la política penitenciaria) y Migración. La distribución de las entidades en donde se registran más quejas no es igual. Entidades como la Ciudad de México, Chiapas y Jalisco presentan mayor número de quejas.
El número de quejas no se comporta de manera similar a través de los años: se acentúa en 2019 de manera significativa. En este año destacan el número de quejas en contra de autoridades del OADPRS y el Ejército. Existir como una persona de la diversidad sexual supone un riesgo mayor ante las FFAA.
<h2>Los arrestos realizados por las Fuerzas Armadas</h2>
Para finales de 2022, en México había 226 mil 116 personas privadas de la libertad en los diferentes centros penitenciarios del país, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales del INEGI 2023. Hubo un aumento del 2.6 % del total de la población privada de la libertad respecto al año anterior. La tendencia de las personas en prisión en nuestro país va en aumento cada año.
En la ENPOL 2021 se incluyeron por primera vez preguntas relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género de las personas. Esto es algo relevante por la perspectiva que nos puede dar acerca de la población LGBT+ privada de la libertad, sus características y las violencias que han vivido en el entramado del sistema penal. De acuerdo con la ENPOL 2021, del total de personas privadas de la libertad, el 2.7 % se identifica como bisexual y el 1.1 % como homosexual. Estos porcentajes cambian cuando se desagregan por género. Del total de las mujeres privadas de la libertad, que representan un 5.7 % de la población penitenciaria, el 12.8 % se identifica como bisexual y el 5.6 % como lesbiana. Hay que tener en cuenta, a la hora de ver estos datos, que la orientación sexual y la identidad de género son categorías que muchas veces no conviene consignar ante los ojos del Estado.
¿Qué pasa con las personas LGBT+ detenidas por las FFAA? De acuerdo con datos de la ENPOL 2021, el 61.1 % de las personas bisexuales detenidas por el Ejercito sufrieron violencia sexual (fueron desvestidas, sufrieron lesiones en sus genitales o fueron violadas sexualmente) durante el arresto. Por otra parte, el 79.7 % de las personas bisexuales detenidas por la Marina también sufrieron este tipo de violencia, en comparación con el 57.6 % de las personas heterosexuales que también sufrieron esta violencia. Asimismo, el 52.6 % de las personas homosexuales detenidas por el Ejército sufrieron violencia sexual. En cuanto a la identidad de género de las personas, el 47.7 % de los hombres trans que fueron detenidos por el Ejército sufrieron violencia sexual. El 74.1% de las mujeres trans detenidas por el Ejército también sufrieron violencia sexual. Son las personas LGBT+ las que tienden a sufrir violencia sexual durante las detenciones cuando son realizadas por las FFAA.
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Las detenciones realizadas por la Marina muestran una tendencia mayor hacia la violencia sexual comparada con otras fuerzas gubernamentales. En promedio, 6 de cada 10 personas detenidas por la Marina reportan haber sufrido algún tipo de violencia sexual. Destaca la violencia que ejerce la Marina de manera uniforme y sin miramientos, incluso hacia hombres cisgénero, quienes son los que más reportan haber sufrido violencia sexual (el 57.7 %). La Marina es la autoridad que más ejerce violencia de este tipo. La segunda autoridad, en comparación con todas las que se reportan, que más ejerce violencia sexual en los arrestos es el Ejército. El ensañamiento de la violencia sexual por parte de las FFAA se refleja de manera significativa en las mujeres (cis y trans), si hablamos de identidad de género, y en las personas bisexuales y homosexuales, si hablamos de orientación sexual.
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<h2>El panorama de la violencia</h2>
Las narrativas y las estrategias de militarización de la vida pública, como un legado de la “Guerra contra las drogas” que se ha reforzado a lo largo de los años y hasta la actualidad, han ido en aumento hacia la criminalización. Y no sólo eso, sino que las agendas de exigencia de derechos, sobre todo los relacionados con acceso a la justicia y no discriminación, se han ido paralelizando con las agendas del neoliberalismo en el sentido del reforzamiento de instituciones, como la policía y el ejército, que perjudican directamente, ponen en peligro y marginan en mayor grado a las personas más vulnerables, exponiéndolas a la homofobia, a la transfobia y a la violencia estatal.
La transgresión del género, esta narrativa de insurrección frente al sistema cisheterosexual, sigue siendo una afronta contra una sociedad que discrimina, que menosprecia, que repugna y que estigmatiza a las personas LGBT+. Las imágenes que nos muestran los datos de la CNDH y el INEGI son aterradoras. Las FFAA se ensañan, de manera mucho más violenta, cuando las personas son leídas (y resultan ser) no-heterosexuales, no-cisgénero. La violencia sexual en contra de las personas LGBT+ es la política de dominación de la sociedad patriarcal. Una vida militarizada. Si es militar, es patriarcal.
 * Ytzel Maya (<a href="https://twitter.com/ytzmaya" target="_blank" rel="noopener">@ytzmaya</a>) es alumna participante del Diplomado en Política de Drogas, Salud y Derechos Humanos 2023 del Programa de Política de Drogas, realizado del 19 de mayo al 30 de junio de 2023.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Solicitud de información realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Folio 3510000093021.

Las consecuencias de la militarización como legado de la “guerra contras las drogas” para las personas LGBT+

La militarización como legado de la “guerra contras las drogas” para las personas LGBT+

Las cifras son contundentes: México enfrenta un problema de seguridad que ha escalado en su magnitud, pero también en su atrocidad. La estrategia militarizada que inicialmente se planteó como un combate frontal al narcotráfico ha resultado en una proliferación sin medida de formas, actores y escenarios de la violencia. A la par, el marcado prohibicionismo y la constante criminalización con la que se dirige la política de drogas han definido un engranaje social en el que los grupos criminales expanden su poder, y la población –en especial la que se encuentra en situación de vulnerabilidad– paga los costos políticos, económicos y sociales. Ante ello, desde sus trincheras, la academia y las organizaciones civiles han hecho una vasta labor en documentar las causas, las consecuencias y las posibles apuestas que deben considerarse para la reformulación de la política de drogas y de seguridad del país. No obstante, queda un importante cabo sin atar: la opinión pública.
Para la sociedad mexicana, el problema de seguridad no es desconocido ni irrelevante. De acuerdo con las cifras del <a href="https://www.latinobarometro.org/LATDC/DC00692/F00011637-Latinobarometro_2020_Mexico_v1_0.pdf" target="_blank" rel="noopener">Latinobarómetro 2020</a>, la delincuencia fue señalada como el problema más importante en el país por el 14.3 por ciento de los encuestados, siguiendo a la economía, la cual encabezó la lista con el 14.7 por ciento.  Asimismo, según los resultados de la Encuesta Nacional de Agenda Legislativa (ENALE) 2023, el 42 por ciento de los encuestados señaló que la inseguridad es el principal problema que espera que el <a href="http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5871/VC_77_ENALE_2023_Resultados%20principales.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y" target="_blank" rel="noopener">Senado contribuya a resolver</a>.
La anterior problematización coincide con lo arrojado en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la cual señaló que en el primer trimestre de 2023, el 62.1 por ciento de la población de 18 años y más consideró <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ensu/ensu2023_04.pdf" target="_blank" rel="noopener">inseguro vivir en su ciudad</a>. Asimismo, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en 2021, el 29 por ciento de los hogares del país tuvo al menos un integrante <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_presentacion_nacional.pdf" target="_blank" rel="noopener">víctima de un delito</a>. Esta encuesta además señala que, debido a la inseguridad, la población de 18 años y más ha dejado de realizar actividades que le eran cotidianas. Por ejemplo, el 62.4 por ciento de esta población no permitió que menores de edad salieran, el 55.5 por ciento dejó de usar joyas y el 46.3 por ciento <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_presentacion_nacional.pdf" target="_blank" rel="noopener">dejó de salir de noche</a>.
Ahora bien, el hecho de que la población perciba el problema de inseguridad del país y considere necesaria una reforma a la intervención gubernamental, no necesariamente se ha reflejado en el apoyo a las propuestas basadas en la evidencia y experiencia de la academia y las organizaciones civiles. Al menos esto sucede en lo propuesto en torno a la militarización y la política de drogas, en donde los efectos han sido devastadores.
Por un lado, entre los efectos adversos que ha traído consigo la estrategia de seguridad basada en la militarización del país se encuentran los siguientes: el drástico incremento de homicidios, la fragmentación y, por ende, competencia violenta entre grupos criminales, el aumento desmedido de la <a href="https://www.wola.org/analysis/militarized-mexico-a-lost-war/" target="_blank" rel="noopener">cantidad de desaparecidos</a>, el incremento en las violaciones a derechos humanos y la perpetuación de un <a href="https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/09/mexico-militarizing-public-security-human-rights-violations-impunity/" target="_blank" rel="noopener">sistema de impunidad</a>, entre otros. Por otro lado, los efectos de la actual política de drogas –basada en ejes de prohibicionismo y criminalización– han sido <a href="https://www.icip.cat/perlapau/en/article/the-harmful-effects-of-drug-security-policies-in-mexico/" target="_blank" rel="noopener">“extremadamente dañinos”</a>. Si bien es cierto que no ha habido un incremento significativo en la proporción de personas que reporta el uso de drogas, sí lo ha habido en el número de muertes y homicidios intencionales relacionados a la política de <a href="https://www.icip.cat/perlapau/en/article/the-harmful-effects-of-drug-security-policies-in-mexico/" target="_blank" rel="noopener">combate al narcotráfico</a>. De igual manera, de acuerdo con México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), el castigo al delito de posesión simple “sólo desperdicia recursos policiales en perseguir y criminalizar de manera desproporcionada a pequeños narcomenudistas y personas usuarias, saturando un <a href="https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2022/11/El-delito-de-posesion-simple-en-Mexico-castigando-sin-proteger.pdf" target="_blank" rel="noopener">sistema penal, de por sí rebasado e ineficiente</a>”. Como prueba de ello, el 61.1 por ciento de los presos relacionados con drogas fueron inculpados por narcomenudeo y el 38.9 por <a href="https://www.eleconomista.com.mx/politica/Por-narcomenudeo-61-de-los-presos-por-drogas-en-el-pais-20220624-0015.html" target="_blank" rel="noopener">delitos contra la salud</a>. A lo anterior se suma la constante violación de derechos humanos y criminalización de personas usuarias.
Ante este panorama en el que la evidencia y la experiencia apuntan hacia dónde debe encaminarse la política de drogas y de seguridad, la opinión pública parece ir en dirección contraria. De acuerdo con los resultados de la ENVIPE, en 2021, el 87.1 por ciento de la población de 18 años y más percibe confianza en <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_presentacion_nacional.pdf" target="_blank" rel="noopener">el Ejército y el 89.6 en la Marina</a>. Asimismo, el presidente ha declarado que el 80 por ciento de los mexicanos aprueba el desempeño de la <a href="https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mas-de-80-de-la-poblacion-aprueba-desempeno-de-la-guardia-nacional-presidente" target="_blank" rel="noopener">Guardia Nacional</a>. Lo anterior no sólo ha sido sustento del mantenimiento de las fuerzas militares en las tareas civiles; también ha funcionado como medio de legitimación de una estrategia en la que se les otorga cada vez más tareas, tal como lo son las obras públicas del Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la <a href="https://politicadedrogas.org/site/proyecto/id/27.html" target="_blank" rel="noopener">Agencia Espacial Mexicana</a>, entre muchas otras.
Ahora bien, en cuanto a la política de drogas, de acuerdo con los datos del Latinobarómetro 2020, únicamente el 0.6 por ciento de los encuestados identificó al consumo como el problema <a href="https://www.latinobarometro.org/LATDC/DC00692/F00011637-Latinobarometro_2020_Mexico_v1_0.pdf" target="_blank" rel="noopener">más importante del país</a>. En cuanto a la permisión del uso medicinal y recreativo de la marihuana, el 44 por ciento está a favor, el 43 por ciento en contra y el 3 por ciento a favor del uso medicinal, <a href="http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5871/VC_77_ENALE_2023_Resultados%20principales.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y" target="_blank" rel="noopener">pero no recreativo</a>. Si bien existe un porcentaje considerable que se encuentra a favor, este debate simplemente no tiene lugar para el resto de las drogas ilegales.
En este contexto, es evidente que la dirección en la que se dirige la opinión pública resulta desfavorable para las reformas que requieren la política de drogas y de seguridad. Si bien es cierto que no existe un consenso en cuanto a la magnitud y sustancialidad que tiene el impacto de la opinión en las políticas públicas, el rol y el vínculo permanece significativo <a href="https://www.jstor.org/stable/3219881" target="_blank" rel="noopener">entre la literatura</a>. Su efecto en la definición del problema y, por lo tanto, de la agenda pública, está lejos de ser mínimo. Por lo tanto, para los defensores de una perspectiva reformista resulta clave entender el engranaje de la opinión pública y la manera de guiarla hacia una reflexión informada de las políticas actuales y su efecto en la crisis de violencia que atraviesa el país.
En este sentido, el interés debe fomentarse en el análisis y reflexión en torno a cómo se distorsiona lo que ahora representa un obstáculo, pero que puede convertirse en la fuerza catalizadora de políticas reformistas: la opinión pública. Un ejemplo de ello es la influencia de los medios de comunicación. De acuerdo con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la manera en la que la prensa propaga la información relacionada con el narcotráfico parece <a href="http://www.flacso.org/sites/default/files/users/user11/2prensa_escrita_2020_0.pdf" target="_blank" rel="noopener">desensibilizar a la sociedad</a>. Además, entre otros aspectos a considerar se encuentra la influencia que tienen los medios en la propagación de estigmas en torno a usuarios de <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/inm.12708" target="_blank" rel="noopener">ciertas sustancias</a> y, por supuesto, en la difusión de información errónea y mermada por intereses políticos y económicos.
En suma, para “atar el cabo suelto” de la política de drogas y de seguridad, es necesario replantear el escenario en donde se formulan, impulsan y suceden las políticas.  Una política reformista de gran alcance no tendría lugar en un escenario que resulta conveniente para el status quo, pues quienes ostentan la toma de decisiones, las legitiman con base en un apoyo ciudadano que regularmente posee una información insuficiente o distorsionada de la realidad social del país. En este sentido, con la desaprobación o desinterés social, una reforma a lo políticamente orquestado está condenada a no suceder.
<a href="https://twitter.com/cideppd" target="_blank" rel="noopener">@cideppd</a>

Opinión pública: el cabo suelto de la política de drogas y la desmilitarización

¿Qué representa la presidencia de Gabriel Boric para las perspectivas de regulación del cannabis para fines recreativos o lúdicos en Chile? A primera vista, la elección de Boric <a href="https://canamo.net/noticias/chile/la-regulacion-del-cannabis-en-chile-podria-ser-una-realidad-con-boric-como" target="_blank" rel="noopener">augura bien</a> en la perspectiva de <a href="http://juicy-network.com/what-does-the-future-hold-for-cannabis-in-chile-with-boric-in-office" target="_blank" rel="noopener">la regulación del cannabis recreacional</a> en Chile. <a href="https://ellibero.cl/actualidad/la-posicion-de-boric-y-el-fa-en-materia-de-prevencion-y-consumo-de-drogas/" target="_blank" rel="noopener">Boric ha admitido haber consumido cannabis en el pasado,</a> <a href="https://twitter.com/gabrielboric/status/618455195324973057" target="_blank" rel="noopener">ha votado a favor de la legalización del cannabis anteriormente</a>, y su <a href="https://www.adnradio.cl/politica/2021/07/13/gabriel-boric-y-su-objetivo-con-la-despenalizacion-de-la-marihuana-queremos-sacar-a-quienes-son-consumidores-de-marihuana-de-las-redes-del-narco.html" target="_blank" rel="noopener">plataforma electoral contenía el compromiso de regular el cannabis</a>:
A partir de la revisión de toda la experiencia internacional, analizaremos cambios a la ley 20.000 para que el consumo recreacional del cannabis sea legal para mayores de edad. Lo anterior estará acompañado de un marco regulatorio y políticas públicas que, entre otras cosas, fortalezcan los programas de rehabilitación y salud mental, y disminuyan el actual consumo de drogas en la población, con especial énfasis en adolescentes <a href="https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/Plan%2Bde%2Bgobierno%2BAD%2B2022-2026%2B%282%29.pdf" target="_blank" rel="noopener">(AD, 2021:217).</a>
Con Boric como presidente, parece que, como nunca antes, existen posibilidades de que la legalización del cannabis se convierta en una realidad en Chile. Para comprender mejor lo que depara el futuro para el cannabis legal para usos recreativos o lúdicos en Chile, este texto se basa en los hallazgos de un artículo de próxima publicación en la revista <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20417373" target="_blank" rel="noopener">Latin American Policy</a>. Ese artículo explica cómo durante la segunda administración de Michelle Bachelet (2014-2018) una iniciativa de reforma que habría legalizado el cannabis recreativo primero progresó de manera sustancial, pero finalmente acabó en fracaso. El artículo rastrea la trayectoria del proceso de reforma del cannabis recreativo en Chile, cómo la reforma del cannabis tuvo éxito inicialmente en 2015, luego se estancó y finalmente fracasó en 2017.
Utilizando fuentes de datos originales que incluyen treinta y seis entrevistas con actores clave, el artículo proporciona el relato más detallado de este proceso de reforma del cannabis en Chile en el pasado reciente. Resalta cómo los impulsores de la reforma lograron establecer la agenda pero no lograron mantenerla, cómo los opositores a la reforma dentro y fuera del gobierno frustraron la reforma de la política de drogas mediante la negación de la agenda, y cómo la ambivalencia de la administración de Bachelet no logró mantener la agenda.
El artículo identifica la importancia de tres etapas analíticamente distintas en la producción de políticas públicas: 1) el establecimiento de la agenda (agenda setting), 2) el mantenimiento de la agenda (agenda maintenance) y 3) la negación de la agenda (agenda denial). Esfuerzos en establecer, mantener y negar la agenda son esenciales para entender tanto los éxitos como los fracasos del proceso de reforma del cannabis recreativo en Chile en el pasado reciente. Considerar el establecimiento, la negación y el mantenimiento de la agenda ayuda a evaluar las posibilidades de reforma del cannabis en el futuro cercano.
<h2>Negación de la agenda</h2>
En el pasado, los esfuerzos de negación de la agenda por parte de profesionales médicos fueron importantes para frenar la reforma del cannabis en Chile. Algunos tomadores de decisiones <a href="http://www.quepasa.cl/articulo/politica/2014/09/19-15306-9-decision-en-verde.shtml/" target="_blank" rel="noopener">escucharon los argumentos de los profesionales médicos</a> y <a href="https://eltipografo.cl/2015/09/despenalizacion-marihuana-sergio-espejo-llama-a-parlamentarios-a-abrirse-a-evidencias-cientificas" target="_blank" rel="noopener">adoptaron su enfoque</a>. Hay pocas indicaciones de que los profesionales médicos hayan dejado de oponerse a la reforma del cannabis. Durante la campaña presidencial, <a href="https://cooperativa.cl/noticias/pais/politica/presidenciales/psiquiatras-y-neurologos-infantiles-actitud-relajada-de-presidenciales/2021-06-26/180056.html" target="_blank" rel="noopener">los profesionales médicos advirtieron públicamente sobre los riesgos de la liberalización del cannabis</a>. También <a href="https://elplanteo.com/chile-constitucion-cannabis-opositores/" target="_blank" rel="noopener">presionaron activamente en contra de la inclusión de la liberalización del cannabis en la nueva constitución</a>. Tomadores de decisión podrían verse influenciados por esta oposición, como sucedió durante los años de Bachelet.
No sólo existieron esfuerzos de negar la agenda desde afuera del gobierno, sino también desde adentro. <a href="https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/08/22/de-cual-fuman-en-el-comando-de-bachelet/" target="_blank" rel="noopener">En ausencia de una apropiación presidencial del asunto</a> durante la administración de Bachelet, funcionarios públicos y asesores de niveles inferiores desempeñaron un papel crucial en el fracaso de la reforma del cannabis. Por ejemplo, el entonces director de <a href="https://www.senda.gob.cl/" target="_blank" rel="noopener">SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol)</a>, Mariano Montenegro, <a href="https://www.latercera.com/noticia/director-de-senda-todo-lo-que-aumente-la-disponibilidad-se-traduce-en-mas-consumo/" target="_blank" rel="noopener">que se oponía firmemente a la liberalización del cannabis</a>, contribuyó a socavar la iniciativa. Al principio de su mandato, <a href="https://www.latercera.com/politica/noticia/abogado-carlos-charme-deja-su-cargo-como-director-nacional-de-senda/IFTN7SYUFJBG3IGWGJTHKVICT4/" target="_blank" rel="noopener">Boric reemplazó al director de SENDA,</a> Carlos Charme, a <a href="https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/10/02/presidente-pinera-nombra-al-abogado-carlos-charme-como-director-nacional-de-senda/" target="_blank" rel="noopener">quien heredó de su predecesor</a>. <a href="https://www.adnradio.cl/nacional/2019/07/13/director-del-senda-a-fundacion-daya-sobre-marihuana-no-podemos-jugar-a-ser-curanderos-3926689.html" target="_blank" rel="noopener">Charme se oponía firmemente a la liberalización del cannabis</a>. <a href="https://www.pauta.cl/tendencias/2018/12/11/hemos-tratado-de-convencer-a-nuestros-ninos-de-que-la-marihuana-es-algo.html" target="_blank" rel="noopener">Expresó públicamente su oposición a la legalización del cannabis</a>: &#8220;La marihuana, al igual que otras drogas, es muy mala&#8230; la marihuana destruye vidas”. <a href="https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/12/01/1079982/designan-natalia-riffo-directora-senda.html" target="_blank" rel="noopener">Que la reemplazo de Charme como director del SENDA</a>, Natalia Riffo, <a href="https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/12/26/1082117/senda-por-debate-legalizacion-cannabis.html" target="_blank" rel="noopener">se haya mostrado más abierta a la regulación del cannabis</a>, mejora las posibilidades de una eventual reforma.
<h2>Mantenimiento de la agenda</h2>
<a href="http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7b1d004c6a-a448-4b8f-b2c5-33dbe2cb4f20%7d" target="_blank" rel="noopener">La ambivalencia, la equivocación y la evasión de una posición clara sobre la reforma del cannabis caracterizaron la segunda administración de Bachelet</a>. Sin un mantenimiento interno de la agenda, el tema carecía de relevancia y una prometedora iniciativa de reforma se desvaneció. Sin impulso presidencial del tema, los actores de nivel inferior dentro del Ejecutivo tomaron las riendas para responder al proceso de reforma del cannabis, mientras que Bachelet permaneció en silencio. No está claro cuánta prioridad política tiene la regulación de cannabis para Boric. La pregunta es si Boric está dispuesto a invertir capital político limitado en este tema. Durante la campaña, Boric se mantuvo en gran medida en silencio sobre el tema. <a href="https://ellibero.cl/actualidad/la-posicion-de-boric-y-el-fa-en-materia-de-prevencion-y-consumo-de-drogas/" target="_blank" rel="noopener">En una de las pocas ocasiones en las que mencionó la reforma de la política de drogas, expresó:</a> &#8220;La legalización depende de más debates. Creo que debemos legalizar el cultivo doméstico y no ir más allá&#8221;.
Aún más importante que la falta de entusiasmo por la reforma del cannabis es que la administración de Boric <a href="https://www.swp-berlin.org/10.18449/2022C18/" target="_blank" rel="noopener">no cuenta con mayorías legislativas claras</a>. <a href="https://www.tni.org/en/article/beyond-the-headlines-10-preliminary-questions-and-answers-on-chiles-recent-presidential" target="_blank" rel="noopener">El nuevo Senado se caracteriza por un fuerte bloque de oposición que podría obstaculizar las iniciativas legislativas</a>. <a href="https://www.iiss.org/publications/strategic-comments/2022/chiles-fragmented-political-scene/" target="_blank" rel="noopener">En la Cámara de Diputados, la situación no parece ser mucho más favorable para la nueva administración de Boric</a>. La fragmentación abunda y será difícil lograr mayorías. En el pasado, <a href="https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=585272&amp;md5=f99de612c700b44b2159ee4082111e50&amp;ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe" target="_blank" rel="noopener">las iniciativas legislativas para regular el cannabis recreativo encontraron cierto apoyo</a>, <a href="https://radiojgm.uchile.cl/despenalizar-autocultivo-cannabis-medicinal/#:~:text=Escrito%20por%20Joceline%20Videla%20el,Las%20familias%20acusan%20criminalizaci%C3%B3n." target="_blank" rel="noopener">pero finalmente no lograron avanzar en el Congreso chileno</a>. Incluso si Boric se dedicara activamente a la reforma del cannabis, la falta de mayorías legislativas complicaría su avance.
Por último, pero no menos importante, los actores de la sociedad civil, los activistas y los movimientos relacionados con el cannabis que han estado activos en Chile, han sido fundamentales para impulsar la reforma. Sin sus esfuerzos, las iniciativas de reforma del cannabis no habrían llegado a la agenda política ni habrían obtenido un voto favorable en el Congreso. Sin embargo, los esfuerzos de los activistas del cannabis no han estado exentos de problemas. Los defensores de la reforma han sido afectados por disputas internas, falta de capacidades y recursos organizativos, y la incapacidad de desarrollar argumentos convincentes para la reforma.
Queda por ver qué papel pueden desempeñar los actores de la sociedad civil en el avance de la reforma del cannabis. Ellos no dejarán de presionar por la reforma, como lo evidencia <a href="https://www.elmostrador.cl/nueva-constitucion/2022/01/13/cannabis-a-la-constitucion-ahora-iniciativa-popular-alcanzo-las-15-mil-firmas-en-menos-de-24-horas" target="_blank" rel="noopener">su fallido esfuerzo de incluir la política de drogas en el reciente proceso constitucional</a>. Para que sus esfuerzos tengan más éxito en un futuro cercano del que tuvieron en el pasado reciente se requiere: a) desarrollar “framings” claros y argumentos convincentes; b) cooperación entre actores dispares con objetivos divergentes en lugar de conflictos internos, y c) fortalecer las infraestructuras y contar con los recursos para influir continuamente y de manera efectiva en la formulación de políticas públicas. De atender estos problemas depende una mayor incidencia en el establecimiento y el mantenimiento de agenda, y mejores oportunidades de contrarrestar los esfuerzos de negación de la agenda.
* Jonas Von Hoffmann (<a href="https://twitter.com/jvonhoffmann" target="_blank" rel="noopener">@jvonhoffmann</a>) es profesor investigador del Programa de Política de Drogas (<a href="https://twitter.com/cideppd" target="_blank" rel="noopener">@cideppd</a>).

Las posibilidades de regulación del cannabis recreacional en Chile: ¿nuevo presidente, viejos problemas?

Las posibilidades de regulación del cannabis recreacional en Chile

“La heroína presenta dolores, depresiones, dolores sociales, morales, rechazos familiares. La heroína en mí ha surgido de esta manera, pero también ha sido un medicamento en estos veinticinco años usándola. Si no la hubiese usado, tal vez estuviese muerto. No la uso para andar de maloso, de ratero o algo. No. La uso para que me dé ese incentivo (porque vienen los traumas), que me quite ese dolor, ese vacío, que me quite todo ese malestar. Me da esa fuerza para seguir adelante y seguir como un payaso con la careta de risa y atrás de esa careta de la heroína viene la tristeza. La soledad es bonita, sabiéndola tratar, yo necesito ayuda, no psiquiátrica, necesito despojarme de todo, olvidarme de todo y tomar un nuevo aire, ya estoy harto de esto, ya estoy viejo, me siento cansado, le he dado duro a la vida”.
Testimonio de usuario (38 años)
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Quisiera dar comienzo al ensayo compartiendo una de las frases que Antonio Escohotado nos regala en su libro Historia de las drogas. Esta frase nos muestra la posibilidad de entender el mundo de las drogas desde un lugar de complejidad, es decir, donde se promueve la conjunción y no la disyunción. Es provocativa su metáfora y, a la vez, permite que el lector reflexione y se pregunte si es que han existido otras concepciones o son las actuales las únicas posibles. Dice:
“Desde la antigüedad, los griegos definieron el concepto de phármakon que indica ‘remedio y veneno’. No una cosa u otra, sino las dos inseparables. Cura y amenaza se solicitan recíprocamente en este orden de cosas. Unos fármacos serán más tóxicos y otros menos, pero ninguno será sustancia inocua o mera ponzoña. […] Hablar de fármacos buenos y malos era para un pagano tan insólito, desde luego, como hablar de amaneceres culpables y amaneceres inocentes”.
El epígrafe, testimonio de un usuario de “chiva”, de alguna manera sustenta lo que Escohotado describe anteriormente. Es decir, la chiva –phármakon– ha sido la cura y el veneno para este hombre de 38 años que ha pasado la mayoría de su vida usando la sustancia, cuqueando la chiva. Anestesiando los traumas y el dolor.
Las distintas formas de relación que tenemos con las drogas y sus usos son complejas, multidimensionales y multicausales. Por ello es indispensable saber que para poder entender el fenómeno en su complejidad hay que considerar que éste se relaciona necesariamente con el narcotráfico, la crisis de valores, la miseria económica, la injusticia social, la discriminación, el racismo, la historia, la cultura, la migración, el tiempo, el espacio, el COVID-19 y muchos otros factores más.
El consumo de las llamadas “drogas”, ya sea medicinalmente o por mero placer, se presenta en otras especies animales. Lo particular en el homo sapiens demens es que “entra en juego un elemento que va a ser determinante en la codificación social de tipos y modos de consumo: la cultura”.
Escohotado (1999) menciona que es indudable que los valores mantenidos en cada sociedad y con su historia particular, han influido en las ideas que se han formado y se tienen acerca de la droga y de su consumo. Se les ha considerado fantásticas por su poder para afectar el ánimo del ser humano al potenciar momentáneamente la serenidad, la energía y la percepción, permitiendo así, reducir del mismo modo la aflicción, la apatía y la rutina psíquica. Y, por otro lado, se ha interpretado el consumo de drogas como una forma de pecado, que hoy en día en algunas culturas se le ha definido como “delito”.
La concepción del consumo como una conducta desviada, dice Licón: “tiene que ver con la administración y poder sobre los cuerpos de los individuos, específicamente sobre los placeres y sobre la percepción y el ánimo”.
El mismo Escohotado describe claramente el lugar que han ocupado, en las últimas décadas, quienes vulneran las reglas impuestas socioculturalmente y desde el bio-poder, es decir, quienes consumen drogas ilegales, donde se les incluye en la banda de los enfermos mentales, los pecadores y los delincuentes.
Pienso que las diversas formas de relacionarnos con las drogas son por demás complejas. Donde en efecto, los componentes socioeconómicos y políticos han tenido y tienen un gran peso en el auge de los usos problemáticos que se han visto en los últimos años. El estrés, el trauma y el dolor son factores que se entrelazan y asocian con el contexto que, a su vez, depende de múltiples factores que lo crean y definen. Los sujetos que vivimos en una cultura en la que se ha normalizado la violencia, su identificación y denuncia es profundamente dolorosa. Hemos sido poco enseñados a reconocer nuestras emociones y a validarlas, así como a utilizarlas como herramientas protectoras y necesarias.
Vivimos en una sociedad donde privan los pensamientos disyuntivos y no conjuntivos, es decir, explicamos lo que sucede en nuestro mundo aceptando “algo” y descartando lo “otro”, en vez de poder pensar que ese “algo” y ese “otro” –aunque contradictorios–, coexisten.
Entendiendo que “el problema” NO son las drogas sino la utilización que el homo sapiens demens ha venido haciendo de ellas, es decir, desde las posturas ideológicas, socioculturales, desde el biopoder, donde el “problema de la droga” no es sólo un problema de salud, sino de poder, de control.
Quienes pensamos desde la perspectiva de reducción de riesgos y daños, cuestionamos la imposición del paradigma prohibicionista de los usos de sustancias, que es pilar de la mirada moralista y punitiva que impera en la guerra contra las drogas. Como bien dice Gabor Maté, en realidad no es contra las drogas sino más bien contra de los usuarios, de los más vulnerables y castigados dentro de este sistema.
Como psicóloga, terapeuta familiar sistémica, especialista en la atención psicoterapéutica de las personas que presentan algún uso problemático de sustancias, concuerdo con Paulo Egenau, en que “El modelo de (psicoterapia de) reducción de daños abraza los más tradicionales principios psicoterapéuticos de aceptación incondicional y empatía. Para muchos, el uso de drogas es un intento de autocuidado que revela la intención de hacer frente a vidas cargadas de dolor; promueve la participación de los afectados en  el establecimiento de los objetivos y metas del tratamiento; descansa en una concepción ética respetuosa de los derechos individuales; ofrece una amplia gama de alternativas para ayudar a las personas a resolver sus problemas; rechaza la presunción de que la abstinencia es la única meta aceptable en los tratamientos, y se acerca a las personas para brindar apoyo desde donde ellas se encuentran”.
Quienes pensamos desde la perspectiva de reducción de riesgos y daños afirmamos el pragmatismo, entendiendo que esta corriente filosófica considera que “lo bueno es lo que da resultados positivos y sirve a los intereses de individuos, grupos o sociedades (y se concentra) sólo en las consecuencias prácticas de las decisiones, sin importar los debates ideológicos sobre el fondo de la decisión”.
También nos aproximamos desde la compasión y la aceptación del derecho total de las personas usuarias de sustancias a decidir. Desde el modelo de reducción de daños y riesgos, la persona usuaria de sustancias es conceptualizada como un ser humano (des-etiquetado, des-estigmatizado) que tiene derecho a un trato equitativo e igualitario y, por ende, tiene derecho a ser entendido y atendido siempre respetando los derechos humanos.
Las personas que sufren de algún trastorno por uso de sustancias tienen derecho a tomar decisiones en función de su cuerpo, del posible tratamiento a seguir (incluyendo o no la abstinencia como objetivo terapéutico). Las personas tienen derecho a ser atendidas aunque no estén preparadas o listas para tomar la decisión de reducir el consumo o de abstenerse. Por esta misma razón, las personas que están en situación de calle que “cuquean la chiva” y la inyectan en su cuerpo para “curarse”, tienen derecho a que el Estado las atienda e implemente políticas de salud. Sin embargo, las asociaciones civiles como Prevencasa, Verter y Programa Compañeros son las que han tenido que proveer de estos servicios porque el Estado no ha querido invertir en ellos.
Para concluir, quisiera cerrar con la frase de Michelle Bachelet, quien fuese Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “… en un mundo que debe ser más inclusivo y donde nadie debería quedarse atrás, a las personas que usan drogas no se las deja atrás. Se las deja fuera”.
* Yael Maya Rosemberg es participante del curso “Estrategias de reducción de riesgos y daños frente a sustancias. Un diálogo con América Latina”, impartido por Angélica Ospina-Escobar / Programa de Política de Drogas (PPD), del 3 de febrero al 18 de marzo de 2023.
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Referencias:
Comisión Global de Políticas de Drogas (2018). <a href="https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2018/08/2018-Report-Informe-Dossier-de-prensa-SPA.pdf" target="_blank" rel="noopener">Regulación: el control responsable de las drogas.</a>
Escobar-Picasso, E. et al (2010). “<a href="https://scielo.org.mx/pdf/bmim/v67n3/v67n3a3.pdf" target="_blank" rel="noopener">Principales corrientes filosóficas en bioética</a>”, medigraphic.com.mx.
Escohotado, A. (1999). Historia general de las drogas, España, Espasa.
Fleiz, C. et al. (2019). <a href="https://www.issup.net/files/2020-11/Cuqueando-la-Chiva-Contextos-del-consumo-de-heroina-en-la-frontera-norte-de-Mexico.pdf" target="_blank" rel="noopener">Cuqueando la chiva: contextos del consumo de heroína en la frontera norte de México</a>, México, Frontera Norte de México. Editores Buena Onda, S.A. de C.V, Ciudad de México.
International Drug Policy Consortium (2018). <a href="http://fileserver.idpc.net/library/Executive_Summary_ES.pdf" target="_blank" rel="noopener">Balance de una década de políticas de drogas: informe sombra de la sociedad civil</a>. Printech Europe.
International Centre on Human Rights and Drug Policy, UNAIDS, WHO, United Nations Development Programme (2019). <a href="https://www.undp.org/es/publications/directrices-internacionales-sobre-derechos-humanos-y-politica-de-drogas" target="_blank" rel="noopener">Directrices internacionales sobre derechos humanos y políticas de drogas</a>.
Ospina-Escobar, A. (2017). “<a href="https://economia.nexos.com.mx/para-cuando-habra-programas-de-reduccion-de-danos-por-consumo-de-drogas-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">¿Para cuándo habrá programas de reducción de daños por consumo de drogas en México?</a>”, Nexos, México.
Tatarsky, A. (2002). <a href="https://static1.squarespace.com/static/58b08b6ae6f2e153c4932ea9/t/5eef54ac9f71275e5843bde4/1592743098686/Libro-Tatarsky_3_final.pdf" target="_blank" rel="noopener">Psicoterapia de reducción del daño</a>, Jason Aronson Inc., EUA.

¿Las drogas son el problema?

Hola, mi nombre es Francesca y soy usuaria de drogas. Soy una más de ese 5.5 % de la población mundial que las consume. A mis 44 años me gusta asumirme como tal. De adolescente fumé mariguana, pero no fui usuaria habitual sino hasta hace 10 años. A los 26 probé una vez salvia y otra éxtasis, fueron experiencias de mucho disfrute. A la semana siguiente me volvieron a ofrecer, dije que no. Dieciséis años después volví a tomar, fue hermoso.
Tengo tres enfermedades crónicas, debilitantes y sin cura que me fueron diagnosticadas; decidí usar drogas distintas a las prescritas para intentar entender mis dolores, no sólo los físicos. La Huachuma/San Pedro en contextos ceremoniales fue la que en un momento más consumí y fue determinante para mi salud. Conocí la Ayahuasca en la misma época. Dolorosas y positivas experiencias. Pocos años después, en el año que cumplí 40, vinieron los hongos (macro y micro dosis). A los 42 el LSD, 2CB y la temida por prohibicionistas (y por mí), cocaína. La Ketamina llegó a mí el año pasado para tratar una depresión crónica que me acompaña desde que tengo recuerdo. Un doctor, ocho inyecciones de realidad.
La vida siempre me dolió, la melancolía, el estado basal. Sentirme ajena. Andar con una carga invisible pero opresiva. Desasosiego. Dualidad persistente. Anhelo que ardía por encontrar un sentido en medio de una falta de propósito. Tocar el peso de la existencia, el recuerdo de lo efímero. Resistir e insistir.
Mi consumo de drogas es un acto de rebeldía ante la inevitabilidad de la muerte, una afirmación de que, a pesar de la transitoriedad de la existencia, puedo encontrar valor y trascender en las cosas que me rodean. La mirada se enfoca en detalles sutiles que suelen pasar desapercibidos. Encuentro momentos de conexión genuina. Belleza y dolor. Resplandecer. La esperanza de encontrar un sentido personal, de acoger la vida con todas sus contradicciones y de encontrar la plenitud en existir: el presente, la vivencia y la apertura. Adaptabilidad y determinación para seguir, incluso en los momentos más intrincados.
La enfermedad fue una primera gran maestra. El budismo como filosofía. Las drogas para el autoconocimiento y el placer. Placer, ¿por qué se banaliza esto? ¿Por qué sería poca cosa? ¿Por qué se interpreta como un capricho, una nimiedad?
La vida es ruda y sublime. Pienso que no tiene otro sentido más que vivirla y yo he decidido que lo haré de la manera más placentera posible. Las drogas me dan placer. Las drogas me ayudan a ser una mejor persona, a ser una mejor madre, abuela, amiga, pareja, trabajadora. Una mejor persona de mí para mí. Aceptarme. Aceptar el dolor, aceptar todas las emociones como parte integral de la experiencia humana y aprender a gestionarlas. Todas las emociones pueden desempeñar un papel importante y me brindan la oportunidad de comprenderme mejor y al resto. Esto implica reconocer y validar mis emociones, sin juzgarlas o reprimirlas, y desarrollar habilidades para expresarlas y regularlas adecuadamente. Las drogas no hacen eso en mí como si fueran un ente, lo que hago con sus sensaciones es mío, ellas son una herramienta para el estar. Para el bien estar.
Estoy cansada de tener que excusarme por sentir eso. Estoy cansada de que el juicio del resto pretenda interferir en mis decisiones. Cansada de que se nos caricaturice. Cansada de que se confunda uso con abuso. Al igual que una persona que bebe alcohol no necesariamente tiene un problema con él, igual pasa con las personas que usamos drogas. Que yo diga que consumo sustancias no significa que en todo momento las use.
No conozco a una sola persona que no consuma drogas, legales o ilegalizadas. Pastillas de prescripción con o sin receta, alcohol, tabaco, azúcar, café, etc. Estoy cansada del argumento de que eso hace menos daño, porque hay una falsa creencia de que la legalidad es igual a seguridad. Entiendo el miedo, entiendo que los más de 60 años de prohibición han calado, pero evidencia hay, lo que falta son las ganas de aprender.
Socialmente es común que el consumo de drogas sea aceptado cuando tiene un fin terapéutico, ¿por qué? ¿No tengo el derecho de consumir sólo porque me da placer? ¿Acaso el placer no es terapéutico? El término “terapéutico” se refiere a algo que tiene propiedades o efectos curativos, sanadores o beneficiosos para la salud física, mental o emocional de una persona. ¿No es eso también el placer? Es algo que busca el bienestar y promueve la curación o el crecimiento personal. La autonomía del cuerpo se aplica a todo, no sólo a lo que nos gusta.
En el debate sobre su uso, es fundamental alejarse de los estigmas y prejuicios que rodean este tema. Es necesario poner cara a las estadísticas relacionadas con el consumo de drogas, y reconocer que es posible tener un uso no problemático de las mismas. La realidad es que un porcentaje significativo de personas que usan drogas no experimentan problemas asociados. Yo estoy dentro del  87 % que no tiene problemas en su uso. La UNODC en su último informe menciona que sólo el 13 % del total de personas usuarias en el mundo padecen trastornos por consumos.
Sé que las drogas son peligrosas. Es real el infierno que personas con usos problemáticos viven y también sus familias y seres queridos. Lo he visto. Lo he leído. Comparten testimonios en redes. Aparecen en televisión. Van a centros educativos a hablarnos.
Pero una realidad no excluye a la otra.
La seguridad y los riesgos asociados con las drogas, tanto legales como ilegalizadas, varían según múltiples factores, como la dosis, la frecuencia de uso, la vía de administración, el contexto social, los recursos individuales y colectivos a los que tiene acceso cada persona y la manera singular como cada una responde a los retos y situaciones que la vida presenta. Por eso la mejor manera de alejar a la gente de los peligros es con educación. Que los seguros cubran la salud mental. Que los centros de rehabilitación tengan la capacidad de escuchar, entender y ayudar a las personas con el mayor respeto y mayor empatía posible. Que la abstinencia no sea la única alternativa frente al consumo y menos que esté asociado a la religión. Que se dé en colegios y universidades charlas con información verdadera. No cucos. Explicarle a menores los peligros de consumir cuando sus cerebros no se han terminado de desarrollar. Que sepan qué drogas y dosis son letales. Advertirles que comprar en el mercado paralelo puede ser fatal. Control de daños. Es fundamental estar informada sobre los posibles riesgos y efectos secundarios de cualquier sustancia que se esté considerando utilizar, ya sea legal o ilegalizada.
“El placer es el principio y el fin de una vida feliz”, decía Epicuro. Epicuro consideraba el placer como el objetivo supremo. Su concepción del placer iba más allá de lo superficial y momentáneo. Creía que la búsqueda del placer sabiamente elegido y moderado era esencial para alcanzar la felicidad y la virtud.
Es así como quiero vivir. Es así como las drogas me ayudan a vivir.
* Francesca Brivio Grill (<a href="https://twitter.com/FranBrivio" target="_blank" rel="noopener">@franbrivio</a> <a href="https://twitter.com/proyecto_soma" target="_blank" rel="noopener">@proyecto_soma</a>) es participante del curso “Estrategias de reducción de riesgos y daños frente a sustancias. Un diálogo con América Latina”, impartido por Angélica Ospina-Escobar / Programa de Política de Drogas (PPD), del 3 de febrero al 18 de marzo de 2023.

Bien estar: un sentido personal de las drogas

Según la gente y los medios de comunicación, los dealers son malos, despiadados, sólo buscan hacer mucho dinero, tienen poder y hacen daño sin importarles nada más. Con ellos no se puede hablar, no tienen nada qué aportar ni están dispuestos a hacerlo, son peligrosos, no puedes ni debes acercárteles. Sin embargo, mi experiencia como operador de un dispositivo comunitario de reducción de riesgos y daños en la ciudad de Cali, Colombia, me ha mostrado otra realidad.
<h2>El poder de las redes</h2>
Ingreso al barrio Sucre a través de la calle 18, que es reconocida en la ciudad de Santiago de Cali (Colombia) como la calle del “H”, debido a la dinámica de venta y uso de heroína inyectada en el espacio público. Cuatro manzanas de este barrio configuran la comunidad local en la que nuestro Dispositivo Comunitario de Reducción de Riesgos y Daños realiza sus acciones bajo el Modelo de Tratamiento Comunitario. Mientras camino, reconozco a muchas personas y ellas me identifican a mí: comerciantes, recicladores, trabajadoras sexuales, usuarios de drogas inyectadas, vecinos del barrio y dealers, etc. Estos últimos me saludan y tomo consciencia de que ahora estoy más seguro. Camino con tranquilidad porque sé que aprueban mi presencia en el lugar, que no represento una amenaza y que tanto yo como mis compañeros y compañeras significamos una oportunidad de apoyo para usuarios de drogas –como para cualquier otra persona de la comunidad– y que, si respondo una llamada telefónica, no temen que sea un policía infiltrado. Además, camino con la seguridad de que nadie me va a robar el teléfono, lo cual es bastante raro en esta ciudad. Entonces pienso que el dealer no es tan malo como la gente lo cree. Me pregunto si nuestro trabajo en torno a la reducción de riesgos y daños sería posible si ellos fueran como la gente piensa que son o como nos lo dicen en los medios. Y no romantizo al dealer, pero me es difícil verle quitándole su humanidad.
En una charla informal, JJ me comenta cómo, tras no lograr encontrar empleo, decidió empezar a vender drogas en el barrio Sucre. MA por su parte, un joven “duro” y que controla tres puntos de venta de droga, llora mientras me narra su historia, un telón de fondo en el que converge el conflicto armado del país y donde claramente se ve cómo opera la política prohibicionista. Hablo con PP y veo que lleva una carga moral, pues considera que lo que hace causa daño a los demás y que algún día pagará por ello, “aquí o en el más allá”. Pienso en los tres y agradezco que hayan confiado en mí para contarme sobre sus vidas, pero no dejo de pensar que también son víctimas dentro de todo este sistema y se me desdibuja el relato que oficialmente se ha construido en torno a ellos.
<h2>Los dealers como actores clave en la reducción de riesgos y daños</h2>
Los dealers no asisten a una reunión si los invitas –como sucede con otros actores de la comunidad–, pues al final sería algo que los movería de su lugar de poder. Generalmente tienen poco tiempo si deseas conversar con ellos. Sin embargo, en el barrio Sucre, los dealers nos reconocen y permiten que cumplamos nuestra función en torno a la reducción de riesgos y daños. Es significativo saber que algunos de ellos custodian la Naloxona <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> y la entregan a quien la necesite si se presenta un caso de sobredosis por uso de heroína. Algunos de ellos son los primeros respondientes y han salvado vidas, nos llaman si se requiere o se comunican con los servicios de urgencias. Hoy en esta comunidad existe un récord de cero muertes por sobredosis de heroína en la calle desde el año 2021.
En las actividades comunitarias, los dealers facilitan nuestro acceso y el de las instituciones públicas al territorio para dar respuesta a las necesidades de las diferentes personas de la comunidad. En un mundo donde las salas de consumo supervisado cobran cada vez más sentido, en la ilegalidad algunos dealers manejan espacios donde proveen seguridad a las personas usuarias de drogas mientras se inyectan heroína y son capaces de actuar para ayudar si se presenta una emergencia. En otras latitudes, algunas organizaciones de personas usuarias de sustancias trabajan con vendedores de drogas ilegalizadas convirtiéndoles en agentes clave de promoción de la salud entre comunidades de usuarios.
Reflexiono sobre esta realidad que describo que no es la misma que conocí en el 2018 cuando, por primera vez, con miedo y con mis propias representaciones sociales, entré al barrio Sucre. Así que considero que quedarnos en un solo lugar, un punto fijo donde nos sintiéramos seguros y facilitar el intercambio de jeringas/agujas sería un camino fácil. Caminar la calle, tejer relaciones de confianza con cada persona, el líder formal, con el comerciante, con usuarias y usuarios de drogas inyectadas y con actores que, en algún momento –al menos en mi mente– eran impensados, como los dealers, nos lleva a que hoy ese tejido social les incluya. Y pienso que tanto ellos como las personas usuarias de drogas llegan a los lugares a los que nosotros no podemos llegar; que participan de rituales alrededor del uso de sustancias para los cuales otros estamos vetados y, por lo tanto, reafirmo que la reducción de riesgos y daños es con ellos; que entablar relaciones con cada actor que habita el territorio es clave, y que este asunto necesariamente debe incluir a dealers y usuarios. El dealer que atiende un caso de sobredosis, que ayuda en algo, como lo plantean Serrano, Oliveira, Milanese y Gussi (2020) está “poniendo en común su tiempo, motivación, inteligencia, etc. Esto constituye el capital de todos: el capital social, el poder”, el cual permite dar respuestas oportunas a las necesidades de las personas.
<h2>Comentario final</h2>
Las políticas prohibicionistas han perfilado a las personas usuarias de sustancias ilegalizadas y a los distribuidores de dichas sustancias como enemigos de la sociedad. Así que no es gratuito que existan representaciones sociales alrededor de ellos que les señalan como peligrosos, malos y carentes de emociones, entre otras. No obstante, reconocer a las personas como sujetos de derechos, teniendo presente su humanidad, permite acercarse a su esencia. Hacer reducción de riesgos y daños desde una estrategia de redes que tiene por filosofía que cada actor comunitario puede participar y con ello tiene algo qué aportar, ha sido fundamental para que más allá de los liderazgos formales en la comunidad (que son muy importantes) cualquier persona se involucre: los comerciantes, los vecinos, los usuarios de drogas, los actores, las instituciones y, por supuesto, los dealers. Atender casos de sobredosis, custodiar naloxona, facilitar el trabajo de otros, brindar un marco de seguridad para quienes aportamos a la respuesta frente a necesidades y acercarse a comer de la misma olla durante la actividad comunitaria, son manifestaciones que claramente permiten incidir en el cambio de representaciones sociales que se han construido en torno a ellos y, a la vez, decir que pueden participar y que la reducción de riesgos y daños –aunque muchos no sepan aún qué es–, debe hacerse con ellos.
* Jaime Alberto Marulanda Ospina, <a href="https://corporacionviviendo.org/" target="_blank" rel="noopener">Corporación Viviendo</a>. Contacto:<a href="mailto:jaimemarulanda@corporacionviviendo.org" target="_blank" rel="noopener"> jaimemarulanda@corporacionviviendo.org</a>.
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Referencias:
Southwell, Mat (2010). “People Who Use Drugs and Their Rol in Harm Reduction”, en Tim Rhodes &amp; Dagmar Hedrich, (eds.). Harm Reduction: Evidence, Impacts and Challenges (101-104). Luxemburg: Publications Office of European Union.
Lima, M. Silva, R. Oliveira, M. Milanese, [et. al.] (2020). “Tratamiento Comunitario. Experiencias de un paradigma de transformación social”, en: Relaciones y poder en la comunidad: horizontalidades, complementariedades, simetrías y participaciones (134). Brasilia, DF: Technopolitik.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Medicamento esencial para revertir sobredosis por uso de opioides.

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