La Corte y el debate por los impuestos a las multinacionales
En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría sentar un precedente sumamente importante que contribuirá a que las grandes empresas multinacionales de la economía digital paguen finalmente impuestos sobre sus ganancias.
Hoy las empresas de la economía digital no pagan impuestos porque las reglas tributarias que rigen las operaciones internacionales están totalmente desactualizadas. Para que una empresa multinacional esté obligada a pagar impuestos en México necesita tener oficinas, sucursales o fábricas en el territorio nacional, pero las empresas de la llamada economía digital no necesitan nada de esto.
Las empresas digitales pueden obtener miles de millones de dólares de ganancias provenientes de muchas partes del mundo, pero como sus servicios se ofrecen a través de internet —y no necesitan tener oficinas en México— solo deben pagar impuestos en su país de residencia. A veces, ni siquiera esto garantiza que paguen impuestos. Un ejemplo de ello, han sido las revelaciones de los Uber Files (los archivos de UBER), 1 donde se ha documentado que empresas multinacionales como UBER tienen una compleja red corporativa que aprovecha a los paraísos fiscales para no pagar impuestos.
Para empresas como Uber, Didi y Rappi nuestro país es uno de sus principales mercados. Estas empresas han crecido tanto gracias al consumo de millones de personas usuarias, pero simple y sencillamente no le ofrecen nada a cambio a nuestras finanzas públicas. Las ganancias de estas empresas se quedan solamente en las manos de sus dueños, y el costo de ello lo pagan los miles de pequeños negocios mexicanos que sí pagan impuestos en México.
Bajo este contexto de injusticia, la SCJN discutirá el proyecto de Amparo en Revisión 681/2022 presentado por el ministro Luis María Aguilar Morales. En este proyecto se propone negar el amparo a Uber, que impugnó una contribución local creada por el Congreso de la Ciudad de México vigente desde el 2022. Esta contribución consiste en que las empresas digitales a través de las cuales es posible gestionar la entrega o recepción de paquetes, comida o víveres paguen un 2 % sobre cada operación. Este impuesto debe ser pagado por la empresa digital por el hecho de obtener ganancias, y no por las personas usuarias, las y los repartidores, o los pequeños negocios —quienes, por cierto, ya están obligados a pagar impuestos por trabajar o utilizar servicios digitales.
En caso de que este proyecto sea aprobado por la Segunda Sala de la SCJN, más entidades federativas podrían implementarlo y con ello aumentar su recaudación. También, abriría la puerta a la creación de más impuestos digitales que graven las ganancias de otras empresas multinacionales. Si este proyecto avanza, entonces no habría obstáculos jurídicos para que, en el futuro, otras empresas digitales, particularmente aquellas asociadas a la crisis de vivienda y la gentrificación de la Ciudad, como Airbnb, también paguen impuestos sobre sus ganancias.
En definitiva, lo que discutirá la Corte marcará el destino de la tributación de la economía digital. Si la SCJN rechaza el proyecto, entonces las grandes multinacionales continuarán gozando de los mismos privilegios y los impuestos que hoy no paguen serán cubiertos por las y los repartidores, los pequeños negocios y quienes usamos sus servicios. Como cualquier otra discusión tributaria, las presiones son ya enormes, y las empresas ya han amagado con incrementar sus precios si este impuesto es avalado. La SCJN no debe ceder.
* Iván Benumea es coordinador del programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.
1 Los Uber Files son más de 124 mil documentos filtrados al diario The Guardian, analizados por más de 180 periodistas de 44 medios, que abarcan de 2013 a 2017. “La filtración revela la historia interna de la expansión del gigante tecnológico pasando por encima del marco legal, sin permisos, evitando pagar impuestos, enfrentándose a la industria del taxi y exigiendo a conductores precarios y sin licencia facturaciones cada vez mayores para conseguir más beneficios”.
Larry Devoe fue nombrado fiscal general encargado tras la renuncia de Tarek William Saab, quien llevaba en ese cargo desde 2017.
Los cambios continúan en la Venezuela de Delcy Rodríguez.
El último es la designación de Larry Devoe como fiscal general encargado tras la renuncia de Tarek William Saab, quien ocupaba ese cargo desde 2017.
Estos cambios se suman a nuevos nombramientos en el Ejecutivo de la presidenta interina Delcy Rodríguez, casi dos meses después de que Estados Unidos atacara Venezuela y capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.
También se dan con el trasfondo de la recién aprobada Ley de Amnistía, que busca reparar heridas y errores cometidos por la Justicia en este “nuevo momento político”, según palabras de la propia Rodríguez.
En una carta remitida a la Asamblea Nacional, Saab anunciaba este miércoles su renuncia “luego de haber cumplido con hidalguía y honor este cargo”. También informó de la renuncia del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz.
Con estos dos puestos vacantes, el procedimiento indica que primero se designe un comité de postulaciones para que luego el Parlamento, controlado por el chavismo, designe a los nuevos responsables.
Pero, mientras, se elige a funcionarios encargados por votación.
Así, de modo provisional, William Saab ha pasado a ocupar su antiguo puesto, el de Defensor del Pueblo, que desempeñó de 2014 a 2017. Saab ha recibido críticas, sobre todo en su desempeño en el Ministerio Público, por su vinculación con el chavismo gobernante y los señalamientos de ser su “brazo judicial”.
Y la nueva cara, al menos de modo provisional, en la Fiscalía General será Larry Devoe, abogado ajeno a esta institución, pero cercano a Delcy Rodríguez y con un papel relevante en los últimos meses.
En Venezuela ya han aparecido voces críticas con estos nombramientos.
Desde la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz), alertaron de que este no es una “renovación institucional, sino una rotación de poder” y denuncian, refiriéndose en concreto al caso de Saab, el hecho de que “quien ejercía funciones de persecución penal pase a ser ahora garante de derechos ciudadanos compromete la confianza pública” y que esto deja en entredicho la independencia institucional.
De cargo en cargo
Devoe no es un nombre nuevo en el chavismo, y ha ocupado distintos cargos jurídicos y diplomáticos en el gobierno de Venezuela.
Ha ganado notoriedad en los últimos meses, no solo con este nuevo cargo provisional sino como miembro del recién nacido Programa para la Convivencia Democrática y la Paz.
Creado por Delcy Rodríguez el pasado 23 de enero, es, según el gobierno, “una iniciativa concebida con espíritu patriota y anticolonialista, orientada a fortalecer la estabilidad, la armonía social y el diálogo político nacional” e integrada por distintas personas del ámbito político, económico y académico del país.
La plataforma participó en la propuesta de Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento el pasado 19 de febrero.
También forma parte de la recién creada Comisión de Alto Nivel para Liberación del presidente Maduro y Cilia Flores, que surgió apenas cinco días después del ataque de Estados Unidos en territorio venezolano y la captura del expresidente y su esposa.
Cuando Jorge Rodríguez anunció el nombramiento de Devoe el miércoles, lo hizo presentando su currículum: “Egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con un máster en derecho constitucional por la Universidad de Valencia, España; un máster en Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares en España; Es especialista en ciencias penales y criminológicas, y posee dos diplomados en materia de derechos humanos”.
Amplio historial en el gobierno
Como parte de esta especialidad en Derechos Humanos, desde 2014 y hasta ahora estuvo al frente de la secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela.
Antes ocupó cargos en la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
También formó parte de las negociaciones de Barbados entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro, siendo él parte de este último bando. Esas negociaciones se saldaron con el acuerdo de garantías políticas para celebrar las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, la oposición denunció su incumplimiento después de que inhabilitaran a María Corina Machado y persiguieran a sus colaboradores de campaña.
También tomó parte de la delegación del gobierno venezolano ante la Corte Internacional de Justicia en el marco de la disputa territorial con Guyana por el Esequibo. Maduro ordenó la retirada de esta misión.
En el panorama internacional, ha asesorado y ha sido agente alterno de Venezuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También fue parte en 2016 de la delegación de Venezuela en Ginebra ante el Examen Periódico Universal (EPU) realizado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es evaluar los compromisos con los derechos humanos.
Ha rechazado la entrada de investigadores de la CIDH en el país y ha asegurado en foros internacionales que “Venezuela ha demostrado suficientemente que en el país no se han cometido crímenes de lesa humanidad”. Además, dijo que “por tanto, la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene competencia para conocer la situación de Venezuela”.
En 2018, la CPI abrió una investigación formal contra el país caribeño por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos a partir de 2017, cuatro años después de que Nicolás Maduro empezara su primer mandato presidencial y momento en que la represión de las manifestaciones antigubernamentales se volvió sistemática.
Devoe ha afirmado que las instituciones del sistema de justicia del país “han investigado o están investigando todos los casos de presunta violación a los derechos humanos”. Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos lo niegan. Según el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el sistema nacional no lleva a cabo investigaciones creíbles y no condena a los perpetradores.
Un antecesor con un legado dudoso
Si alguien es chavista de larga data es Tarek William Saab. Tras la detención de Hugo Chávez por el golpe fallido de 1992, fue parte de su defensa.
Autor de poesía, de origen libanés y gran aficionado al gimnasio, Saab también es una de las figuras más mediáticas dentro del país. Se autopercibe como defensor de los derechos humanos y se ha jactado de defenderlos desde antes de la llegada de Chávez al poder en 1999.
Su designación como fiscal general en 2017 estuvo marcada por la polémica, ya que fue elegido por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano integrado plenamente por chavistas y creado en paralelo a la Asamblea Nacional, en ese entonces de mayoría opositora.
A juicio de opositores y organizaciones no gubernamentales, desde ese momento, el Ministerio Público se convirtió en un elemento clave y “brazo judicial” del Gobierno para la persecución política y las detenciones arbitrarias.
Justamente la investigación de la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad arrancó a los pocos meses de la gestión de Saab en el Ministerio Público.
En una ocasión, Yibram Saab, uno de los hijos del funcionario, difundió en redes sociales un video en el que se dirigía a su padre y condenaba “la brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad de la nación” de las protestas contra el gobierno de Maduro.
Sin embargo, Saab ha defendido su gestión como una de las que más ha resuelto casos en la historia del Ministerio Público y, al igual que Devoe, sostiene frente a la CPI que en su país se procesan los casos de violación a los derechos humanos.
En su último balance como fiscal general, el de 2025, dijo que se condenaron a 825 personas implicadas en violaciones a derechos humanos y 3.116 han sido imputadas, entre ellas 2.957 funcionarios de seguridad del Estado.
Pero la Misión de Determinación de Hechos de los Derechos Humanos de la ONU ha pedido en diversas ocasiones investigar las violaciones en esta materia.
Además, la oposición responsabiliza a Saab de las más de 2.400 detenciones ocurridas tras las elecciones presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro vencedor sin mostrar las actas que sustentaran este triunfo.
Fue una victoria que la oposición tachó de fraude, mostrando la recolección de actas que daba como ganador a Edmundo González Urrutia.
El diputado opositor venezolano Henrique Capriles consideró como una “burla a las víctimas” que se haya nombrado defensor del pueblo de modo temporal a Saab, “responsable de la persecución y de la judicialización” del país.
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