La desaparición de Leonardo Escobar: desprecio por la prevención
En las primaras semanas de 2026 se difundió ampliamente la noticia de la desaparición de Leonardo Escobar, profesor de origen colombiano de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Afortunadamente, y gracias sobre todo a la movilización social impulsada por la comunidad Ibero, Leonardo fue localizado con vida. Las versiones sobre lo ocurrido durante su detención-desaparición son diversas, y, en particular, las provenientes de las autoridades aún presentan inconsistencias y contradicciones. Esta falta de claridad es un botón de muestra de la ineficiencia operativa que persiste en los mecanismos más básicos de prevención de la tortura y la desaparición forzada que se han instaurado en México a través de complejos marcos legales que, en la práctica, las autoridades siguen sin incorporar a su práctica cotidiana.
Aunque es difícil establecer qué hechos son incontrovertidos en las distintas versiones sobre lo ocurrido, existen cuatro que son fundamentales y coincidentes en todas las versiones: 1) Leonardo fue detenido originalmente en el aeropuerto de Monterrey, un espacio público, concurrido y altamente videovigilado; 2) en su detención y posterior custodia participaron, al menos, dos cuerpos policiales, la Guardia Nacional y la policía municipal de Apodaca; 3) Leonardo fue presentado ante un Juzgado Cívico y permaneció detenido por 36 horas en instalaciones de la policía municipal, y 4) la detención de Leonardo no fue asentada en el Registro Nacional de Detenciones (RND).
La controversia persiste sobre diversas circunstancias ocurridas durante y después de la detención y posterior liberación, así como sobre el estado físico y emocional de Leonardo. El esclarecimiento de estas circunstancias no es un tema menor, porque de ello depende la posibilidad de castigar las omisiones y acciones de las autoridades involucradas por los delitos de tortura y/o desaparición forzada. Al respecto, cabe recordar que para la configuración del delito de desaparición forzada es irrelevante si la detención fue originalmente legal, así como la duración de la detención-desaparición, el elemento central a demostrar es la negativa a dar información de la persona o el ocultamiento de ésta y su paradero.
Después de su localización, Leonardo Escobar hizo señalamientos públicos que apuntan hacia posibles actos de detención ilegal y arbitraria, y sufrimientos físicos y psicológicos infligidos por autoridades. En respuesta a los señalamientos de Leonardo, las autoridades investigadoras, así como las posibles responsables, se han limitado a negar los hechos y a referir que, en dado caso, le correspondería a Leonardo probar sus dichos. Esta afirmación va en contra de un principio legal básico de la investigación de este tipo de delitos: cuando una persona es vista por última vez bajo custodia de una autoridad en buen estado físico y emocional, y posteriormente presenta afectaciones, corresponde a la autoridad dar un explicación plausible y sustentada de lo ocurrido, la cual hasta ahora es inexistente.
La posibilidad de que Leonardo haya sido víctima de tortura y desaparición forzada es ya sumamente grave, pero adicionalmente debe investigarse y sancionarse una omisión indiscutible tanto de los integrantes de la GN como de las autoridades de seguridad municipal: la inscripción formal de la detención de Leonardo en el Registro Nacional de Detenciones (RND). La existencia del registro y la obligación de que las autoridades lo utilicen fueron un logro de la lucha de las víctimas de tortura y desaparición forzada alrededor del mundo, y está en los tratados internacionales más importantes en estas materias; ha sido incluida como medida de no repetición en sentencias internacionales donde se ha condenado al Estado mexicano por tortura y desaparición forzada, y ahora también tiene reconocimiento constitucional y legal en nuestro país.
Que una autoridad quede impune por incumplir sus deberes básicos respecto del RND es un mensaje desalentador, ya que refleja un profundo desprecio por la prevención de estas conductas tan graves, alienta a la repetición de hechos similares y perpetúa la idea de que las leyes mexicanas son sólo letra muerta.
* Humberto Francisco Guerrero Rosales es coordinador del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.
Washington aumenta la presión a Cuba tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas a principios de enero.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, una vuelta de tuerca más en su campaña de presión contra el gobierno comunista de la isla.
La medida, autorizada por una orden ejecutiva en la que Trump declaró la existencia de una emergencia nacional, no especificó ninguna tasa arancelaria ni señaló específicamente a ningún país.
La orden ejecutiva lleva por título “Haciendo frente a las amenazas del Gobierno de Cuba a Estados Unidos” y declara una emergencia nacional debido a “las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba” que, según la orden, “constituyen una amenaza extraordinaria e inusual” para Estados Unidos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó enérgicamente la medida de Trump catalogándola de una “nueva escalada de EE.UU. contra Cuba” y desestimó las acusaciones del presidente estadounidense como “una larga lista de mentiras (…) que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es”.
En su cuenta de X Rodríguez escribió que Washington “intenta someter a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia” a los pueblos de lo que llamó “Nuestra América”.
México se ha convertido en el principal suministrador de petróleo a Cuba luego de que los envíos desde Venezuela se suspendieran tras la intervención militar estadounidense en ese país y la captura de su presidente, Nicolás Maduro.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha explicado que su país hace dos tipos de envíos de crudo a la isla: de ayuda humanitaria y por contratos entre Pemex, la petrolera mexicana, y el gobierno cubano.
El anuncio de Trump parece indicar un recrudecimiento de la presión de Washington a La Habana iniciada tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en un ataque relámpago en Caracas a principios de este mes.
Trump ha hablado repetidamente de la necesidad de actuar contra los líderes del gobierno cubano.
Esta semana dijo que “Cuba va a colapsar muy pronto”, y se felicitó porque Venezuela, el principal proveedor de petróleo de la isla antes de la caída de Maduro, no ha enviado recientemente petróleo ni dinero a Cuba.
Trump declara tener como objetivo que el gobierno cubano responda por su “apoyo a actores hostiles, el terrorismo y la inestabilidad regional que ponen en peligro la seguridad y la política exterior estadounidenses”.
Washington acusa a Cuba de desestabilizar la región y colaborar con potencias rivales como Rusia y China, y “grupos terroristas como Hezbolá y Hamás”, a los que daría “refugio seguro”.
Como respuesta, la orden abre la puerta a la imposición de aranceles a los productos procedentes de cualquier país que suministre “directa o indirectamente” petróleo a Cuba.
La nueva orden ejecutiva supone otro ejemplo del uso de las amenazas arancelarias como una herramienta de política exterior de la que Trump ha hecho gala desde que regresó a la Casa Blanca en enero del año pasado.
Trump planteó en unas recientes declaraciones la posibilidad de un acuerdo entre Washington y La Habana, pero el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó tal posibilidad, acusando a Estados Unidos de falta de autoridad moral.
“Chantaje y extorsión”
El canciller cubano añadió en sus redes sociales que “EE.UU. recurre también al chantaje y la extorsión, para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba”.
Terminó denunciando el “brutal” embargo económico de 65 años de EE.UU. contra la isla, el “más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación y al que ahora se promete someter a condiciones de vida extremas”.
Con respecto a esas condiciones “extremas”, el presidente de la agencia estatal cubana Prensa Latina, Jorge Legañoa, escribió con anterioridad que el efecto de los propuestos aranceles de Trump “sería paralizar la generación eléctrica, el transporte, la producción industrial, la producción agrícola, la disponibilidad de los servicios de salud, el abasto de agua,… en resumen, todas las esferas de la vida”.
Legañoa acusó a Estados Unidos de querer “asfixiar” a Cuba y tratar de buscar un “genocidio”.
En realidad, el país ya atraviesa un debilitante “período especial”, con dificultades para garantizar el suministro de alimentos y productos básicos a la población, golpeada a diario por cortes de electricidad de varias horas.
Según un informe publicado en el diario Financial Times, no está muy lejos de empezar a sentir las consecuencias de las nuevas restricciones.
“Cuba solo tiene suficiente petróleo para durar entre 15 y 20 días con los niveles actuales de demanda y producción interna”, escribió el diario en su edición del jueves citando datos de la firma Kpler.
El diario añadió que “su último proveedor restante, México, pareciera cancelar un envío mientras que Estados Unidos bloqueó las entregas desde Venezuela”, refiriéndose a una interrupción temporal de un embarque de petróleo a Cuba hace unos días.
Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó ambigüedad al decir que la pausa fue a causa de las fluctuaciones generales del suministro y no de la presión ejercida por EE.UU.
“Es una decisión soberana”, señaló Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria del miércoles. “(La) decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente”
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