¿Qué pasa cuando el Estado quiere leer tu cuerpo?

El futuro no llegó de golpe, entró por la puerta del Registro Nacional de Población con un decreto que ordena que todas las personas en México actualicen su CURP con datos biométricos: huellas digitales, escaneo de iris, reconocimiento facial, firma electrónica avanzada, la producción de una identidad única, intransferible, y también inevitablemente inmaterial vinculada a un cuerpo carnal, un dispositivo que opera en una doble vía. Esta medida, anunciada como un paso hacia la modernización del Estado y la eficiencia administrativa, fue presentada casi con tono festivo, prometiendo menos filas, trámites más rápidos, seguridad reforzada. Entonces, ¿quién podría oponerse a eso? ¿Quién no quiere un Estado que funcione mejor, que economice los tiempos administrativos? No obstante, bastó leer la letra chiquita para que empezaran a levantarse cejas en organizaciones de derechos digitales, académicos, activistas y hasta tribunales.

Esta CURP biométrica no es sólo una identificación, puesto que abre la puerta a una nueva forma de gobernar, una que pasa directamente por el cuerpo, y que asimismo extrae de éste lo necesario para producir una nueva corporalidad. Y que, en el mismo sentir de las sociedades disciplinarias, es construido bajo los parámetros de una “seguridad digital” o “cyberseguridad”, análogamente encontrada en algunas lecturas de Michel Foucault. 1

Esta idea de ecosistema nos permite analizar cómo esta modernización no supone un hecho aislado para nuestra actualidad, sino un refinamiento y engranaje de las tecnologías y las técnicas de poder 2 por parte de la gubernamentalidad que ahora yacen aunadas a desarrollos tecnológicos y científicos, mismos instrumentos gubernamentales que no han desaparecido y son necesarios para la producción de la población, en tanto que capital humano de inversión: especulación y cálculo para la rentabilidad basada en datos estadísticos y económicos. En este sentido, la gubernamentalidad ligada a directrices biopolíticas, por ejemplo, no sólo busca sostener la vida humana, sino también su producción en favor de un proyecto político en el que la población debe ser objetivada.

Ahora bien, retomando lo que decíamos al principio sobre los beneficios o no de la CURP, tendríamos, ciertamente, que advertir que la pregunta que deberíamos hacernos no es si este dispositivo biométrico agilizará trámites, sino: ¿qué significa que el Estado quiera capturar nuestra identidad biológica? ¿Qué implica o que eventos desencadenaría que los gobiernos tengan en su poder la configuración abstracta (extracción) o digital de nuestra corporalidad?

Cabe aclarar que no se trata de estar a favor o en contra de la tecnología, este no es el debate que aquí se busca abrir. Se trata de entender que no existe dato más íntimo que aquel que proviene del cuerpo mismo o, de forma más radical, que el cuerpo en su totalidad (conjunto) sea convertido en un dato manipulable objetivamente, y que, una vez entregado, no puede cambiarse como una contraseña. No se quiere con estos cuestionamientos tampoco infundir una suerte de imaginario paranoide en torno a la tecnología, sino más bien y, sobre todo, posibilitar un espacio de reflexión crítica en torno a los desarrollos tecnológicos y su relación con el cuerpo.

Siguiendo con la idea anterior, es innegable la forma en que nuestra cotidianidad está colmada de desarrollos tecnológicos, por lo que es igualmente inevitable sentar un debate claro sobre su incidencia. Entonces, ahí donde la bioética pregunta por la persona, la biopolítica pregunta por la población; ahí donde la bioética cuestiona la conducta y los modos de ser y estar en la sociedad, la biopolítica investiga la genealogía del dispositivo de poder que (re)produce la vida en sociedad. Y es justo a luz de estas dos dinámicas productivas de la vida, donde la CURP biométrica se vuelve más inquietante.

El problema no es que el Estado cuide, el problema es cuando el cuidado se convierte en vigilancia. Una CURP biométrica obligatoria podría transformarse, sin que nos demos cuenta, en una estructura que permite cruzar datos de salud, movilidad, consumo y comportamiento. La tecnología, lo sabemos desde hace años, siempre ofrece más de lo que se declara en la primera versión de una política pública. Como bien puede aquí notarse, hoy el argumento es “seguridad”. Mañana, podría ser “eficiencia”. Pasado mañana, “salud pública”. Y, eventualmente, algo mucho más cercano a un capítulo de Black Mirror, donde el acceso a derechos, servicios o libertades se condicione a la lectura de nuestros propios rasgos biológicos.

No es una exageración pues, como ya lo indicamos, ya hay países donde las identidades biométricas se han usado para negar servicios públicos a quienes “no coinciden” al cien por ciento con su registro; donde los sistemas fallan más con personas racializadas; donde los datos filtrados terminan en mercados ilegales; donde los gobiernos usan la información para vigilar disidencias políticas. El problema donde la bioética y la biopolítica se tocan es justamente este: el borrado de la línea que diferencia lo público de lo privado, lo que, a su vez, nos devela, siguiendo la línea argumentativa de Berardi 6, la incapacidad de los gobiernos para resolver problemas sin llegar a la coacción, la represión y la violencia. Y aquí va otra pregunta: ¿qué nos hace pensar que México estaría blindado ante estos riesgos?

No queremos, pues, reducir el debate, ya que tal vez el problema más profundo es que esta política se implantó sin un debate nacional, sin pedagogía pública, sin explicaciones claras sobre almacenamiento, uso, interoperabilidad de datos, ni mecanismos efectivos de fiscalización. Se nos pidió confiar. Pero la confianza no nace de la obligatoriedad, nace de la transparencia, de la comunicación asertiva, de la política como participación no representativa. Esto último abre por sí sólo un problema profundo que lleva dos siglos sobre la forma en que opera nuestro sistema político (neo)liberal y democrático a través del mecanismo de la representación política, instrumento inexacto, ineficaz, donde ciertamente la participación es lo último que se cumple.

Así la vida, y la identidad, no deberían administrarse únicamente desde la lógica del control. Porque el Estado puede cuidarnos sin vigilarnos. Porque la tecnología puede servir a las personas sin capturar sus cuerpos. Pero ¿los gobiernos sí pueden cuidarnos sin vigilarnos? Insistimos: el problema no es el avance tecnológico que respalda la CURP biométrica, sino las condiciones sobre las que se está efectuando, y lo determinante que hace que nuestros datos corporales sean puestos “a disposición” del conjunto de instituciones que componen la gubernamentalidad. No podemos, por tanto, olvidar que términos como desarrollo, progreso, seguridad o igualdad no siempre nos han llevado a buenos lugares. Porque, en tiempos donde todo se digitaliza, lo más valioso que nos queda es aquello que aún no se convierte en dato: nuestros cuerpos.

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1 Foucault, Michael. Seguridad, territorio y población. Curso del Collège de France (1977-1978). Fondo de Cultura Económica, 2006; Foucault, Michael. “Gubernamentalidad”, en Estética, ética y hermenéutica, Paidós, 1999.

2 Castro-Gómez, Santiago. Historia de la Gubernamentalidad I. Razón de Estado, liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault (Filosofía Política y del Derecho). Siglo del Hombre Editores, 2015.

3 Foucault, Michel. Histoire de la sexualité I: La volonté de savoir. Gallimard, 1976.

4 Arendt, Hannah. Los orígenes del totalitarismo. Taurus, 1998.

5 Agamben, Giorgio. Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida. Pre-Textos, 2013; Agamben, Giorgio. Estado de excepción. Adriana Hidalgo Editorial, 2003.

6 Berardi, Franco. El tercer inconsciente. La psicoesfera en la época viral, Caja negra, 2022.