Centro Digna Ochoa denuncia criminalización como herramienta para forzar desalojos en el Corredor Interoceánico
El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa acusó que el gobierno federal está utilizando la criminalización como estrategia de desalojo para obligar a familias de Arriaga y Pijijiapan, Chiapas, a entregar el derecho de vía que han ocupado desde hace más de dos décadas, ante el avance del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
En entrevista con Animal Político, Nataniel Hernández, director del Centro, aseguró que las denuncias penales interpuestas por Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT) y la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes (SCIT) representan un uso punitivo de la justicia para desplazar a familias vulnerables.
“Nos preocupa el uso del sistema de justicia penal para obligar a estas familias a entregar el derecho de vía sin incorporarlos a ningún programa de vivienda para la reubicación correspondiente”, afirmó.
El Centro señaló que estas acciones constituyen un acto de criminalización y un “uso indebido del derecho penal”, advirtiendo que podrían implicar violaciones al debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la vivienda.
Familias con más de 20 años viviendo junto a las vías y en condiciones de vulnerabilidad
Las familias afectadas no son recién llegadas. Según Hernández, son personas que han vivido a la orilla de las vías por lo menos más de 20 años en Arriaga y Pijijiapan, donde construyeron su patrimonio.
Son hogares asentados “de manera pacífica, civil, continua” desde hace décadas, en terrenos que históricamente habitaron familias ferrocarrileras que, como era costumbre en la región, construyeron sus viviendas junto al derecho de vía.
El director del Centro explicó que varias de estas personas envejecieron en esos mismos espacios. “Son personas con una edad arriba de los 60 años, la mayoría son mujeres jefas de familia (…) personas adultas mayores con pocas posibilidades de ingreso”, detalló.
La vivienda no solo es su casa: también es la fuente de su sustento. “Una tiendita de abarrotes, venta de agua, lavado de autos, negocios que permiten generar ingresos”, dijo Hernández, señalando que el gobierno no consideró que muchas casas cumplían esta doble función.
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En algunos casos, los espacios fueron descartados por Conavi porque no se ajustaban a su categorización para programas de vivienda, lo cual dejó a varias familias sin alternativas reales.
Estas comunidades han vivido por décadas en un entorno de tolerancia institucional. Hernández indicó que “hubo consentimiento para la construcción de viviendas en estos espacios, no hubo ningún reclamo hasta ese momento”. Los conflictos surgieron, indicó, a partir del decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que amplió legalmente el derecho de vía para la rehabilitación del ferrocarril.
Seis carpetas de investigación y riesgo de judicialización
El Centro ha documentado la integración de seis carpetas de investigación radicadas en la Fiscalía General de la República con sede en Tuxtla Gutiérrez, interpuestas contra cinco personas del municipio de Arriaga y otras tres personas más del municipio de Pijijiapan.
Las denuncias fueron presentadas por la representación legal del FIT y de la SCIT, bajo el argumento de “invasión del derecho de vía” conforme al artículo 150 de la Ley de Bienes Nacionales.
Las notificaciones a las personas denunciadas se dieron recién en diciembre, primero mediante invitaciones ante el mecanismo alternativo de la FGR y luego mediante requerimientos para comparecer.
Hernández advirtió que “hay probabilidad de que en cualquier momento la FGR turne el asunto a un juez federal para que solicite la audiencia inicial”.
Aunque aún no existe judicialización, la FGR ya realizó diligencias como “una inspección ocular en el lugar de donde están las viviendas”.
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Promesas incumplidas de reubicación y viviendas en malas condiciones
El director del Centro relató que, al anunciarse la rehabilitación del proyecto, autoridades ofrecieron construir viviendas en un fraccionamiento; sin embargo, varias personas rechazaron la primera propuesta por el tamaño o las condiciones de las casas. Después se propuso comprar un terreno y construir una casa, pero ese proceso se quedó a la mitad.
Aún peor: las casas entregadas a otras familias fueron descritas como construcciones “en pésimas condiciones”. El Centro anunció que prepara una denuncia al respecto.
Hernández explicó que actualmente las autoridades proponen incorporar a las familias a un programa de reubicación, pero sin la garantía explícita de acceso a vivienda digna, lo cual mantiene a las personas en una situación de incertidumbre.
Un patrón de criminalización
Aunque el Centro acompaña solo algunos expedientes, Hernández subrayó que el problema es mayor: “Hay más población que está denunciada, este es un patrón que identificamos para criminalizar a las personas que ocupan el derecho de vía y poder evitar incorporarlas a un programa que les permita garantizar el acceso a la vivienda”.
Esta situación ocurre en el contexto del megaproyecto del Corredor Interoceánico, donde desde 2023 se han registrado desmontes, demoliciones y reubicaciones a lo largo de la línea ferroviaria que atraviesa la región Costa y Soconusco.
Exigen desistimiento penal y una mesa de trabajo
Las familias plantean dos exigencias centrales: el desistimiento de la acción penal, y que se instale una mesa de trabajo donde estén Semar, Corredor Interoceánico, Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec, la Conavi, los ayuntamientos municipales y el gobierno estatal para acordar un proceso de reubicación respetuoso y garantizar el derecho a la vivienda.
Hasta ahora, el Centro no ha recibido respuesta de autoridades tras el comunicado que emitió el jueves.
El director del Centro advirtió que la tensión podría escalar si no se garantiza una salida negociada y respetuosa para las familias. Señaló que, aunque han insistido en el diálogo y en opciones de reubicación digna, las señales enviadas por las autoridades apuntan en otra dirección.
“Me parece que de alguna u otra manera, como es un proyecto de interés del gobierno federal, que de alguna u otra forma van a intentar que las familias desocupen el derecho de vía, ya sea de manera voluntaria, ya sea con este proceso penal o bien a través de utilizar el uso de la fuerza pública”, dijo, subrayando el riesgo de que la presión institucional derive en un desalojo forzado.
Ante esto, Hernández concluyó con un llamamiento a la sociedad “para evitar que ocurra una situación grave y lamentable respecto a que las familias pudieran enfrentarse a un proceso judicial arbitrario e injusto”.
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La última medida de este tipo se tomó hace 20 años y en este caso se espera que beneficie a más de 500.000 personas.
El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en España.
“Hoy es un día histórico”, dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la medida.
Saiz dijo que la medida era “necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles”.
En declaraciones anteriores dijo que el objetivo es “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.
También aclaró que el procedimiento será “sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”.
No se ejecutaba una medida similar en España desde hacía más de 20 años y, en este caso, se estima que beneficiará a más de 500.000 personas.
Es fruto de un acuerdo con Podemos, partido de izquierda y socio del gobierno del socialista Pedro Sánchez, así como de una “suma de voluntades que ponen en el centro a las personas”, según afirmaron fuentes del Ejecutivo y que recogen medios españoles.
A quién beneficiará
A esta medida podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.
Deben acreditar estar en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que lleven más de cinco meses en el país.
Para acreditar la permanencia en España, habrá que presentar “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”. En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.
Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.
Otro de los requisitos será que la persona no tenga antecedentes penales “ni suponga una amenaza para el orden público”.
El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta fines de junio.
Sin expulsión
Una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pueda tener.
La ministra de Seguridad Social y Migraciones dijo que con esto se hará una “integración plena y progresiva en el sistema”. Así, se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
La administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar “desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país”, matizó Saiz.
“Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica”, añadió.
Después, una vez hecho el trámite y si la resolución para la persona es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
La ministra aclaró que la medida también busca la integración familiar y que por ello se amparará a hijas e hijos de los solicitantes de esta regularización, en este caso con 5 años de permiso.
Sin pasar por el Congreso
Al ser una medida que se aprobará mediante un Real Decreto, es decir, que nace del Ejecutivo, no tendrá que pasar por el Congreso, donde al gobierno y a sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener a los Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.
Esto retoma una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que llegó a superar un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024.
Desde entonces estaba bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.
También llega tras el impulso de cientos de organizaciones cuya ideología ocupa un amplio espectro político y que van desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, así como asociaciones anarquista y colectivos empresariales.
Después de la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento irá a audiencia pública y la posible elaboración de informes de diversos ministerios. Luego pasará al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.
El Partido Popular (PP) rechazó la medida. “No entendemos las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo”, dijo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz. “Las regularizaciones masivas son ilegales (…) hay que regularizar persona a persona”.
Por su lado, Vox anunció este martes que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo. Consideran la medida como una “locura” y una “barbaridad” y que la medida es, para ellos, un atentado a la identidad nacional además de “fomentar el efecto llamada”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de España, Luis Argüello, dijo que esto es “una buena noticia” que aportaría al “bien común de muchos inmigrantes” y que “se reconoce así su dignidad”, en declaraciones al diario El País.
Medidas similares de gobiernos anteriores
Si bien esta es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018, no es algo nuevo en el país.
La anterior tuvo lugar en 2005, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y está considerada la que a más personas benefició, por encima de 570.000.
Bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total.
Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
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