Colectivos denuncian opacidad y riesgos ambientales en el Cablebús de Puebla; exigen frenar proyecto
Colectivos ambientalistas, organizaciones civiles y ciudadanos de Puebla exigieron al gobierno estatal detener el proyecto del Cablebús al considerar que se trata de una obra impulsada sin transparencia ni justificación técnica suficiente, además de implicar un alto costo público —estimado en 6 mil 752 millones de pesos— y riesgos ambientales por la posible afectación de áreas verdes y arbolado en la capital del estado.
En un pronunciamiento difundido este jueves, las organizaciones manifestaron su rechazo al proyecto promovido por el gobierno de Alejandro Armenta Mier, al señalar que el desarrollo de la obra presenta irregularidades desde su concepción y ejecución.
Entre los principales cuestionamientos, los colectivos indicaron que existe una “ausencia de transparencia en el proyecto”, así como “improvisación y ausencia de justificación técnica del modelo cablebús”, además de advertir que el costo de la obra es elevado en relación con el número de usuarios que podría atender.
En el mismo documento señalaron que el plan implicaría riesgos ambientales en la ciudad. Los firmantes advirtieron que existe “impacto nocivo al medio ambiente a través de poner en riesgo un número incierto de arbolado y fauna, en la ciudad de Puebla”, así como el posible “deterioro en las condiciones de calidad de vida para los habitantes de la ciudad, al eliminar superficie verde de acceso público, para el deporte, encuentro, convivencia y recreación”.
Los colectivos también criticaron las descalificaciones que, aseguraron, han recibido por parte de autoridades estatales. En el pronunciamiento sostuvieron que sus demandas no responden a intereses partidistas.
En su posicionamiento, las organizaciones pidieron al gobierno estatal detener las obras y abrir un proceso de análisis y discusión pública sobre las necesidades de movilidad en la zona metropolitana de Puebla.
También propusieron instalar mesas de trabajo para analizar alternativas de transporte público y de fortalecimiento de áreas verdes en la ciudad.
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Este jueves, decenas de personas marcharon desde Ciudad Universitaria hasta Casa Aguayo para expresar su rechazo al proyecto.
De acuerdo con medios locales, los inconformes señalaron que la obra “no mejorará la movilidad en la capital del estado” y que podría derivar en un “ecocidio”, pues además de la tala de árboles se afectaría el hábitat de especies como gavilanes y cacomixtles.
La protesta culminó frente a Casa Aguayo, sede del gobierno estatal, donde los manifestantes dialogaron con autoridades de la Secretaría de Gobernación, aunque exigieron la cancelación inmediata del proyecto.
El Cablebús contempla la instalación de 90 torres y la intervención de alrededor de 350 árboles a lo largo de su recorrido, que iría de Xonaca al Centro Integral de Servicios (CIS) de la Vía Atlixcáyotl.
La administración estatal sostiene que se implementarán medidas de compensación ambiental, entre ellas la plantación de 10 mil árboles para resarcir el traslado de 746 ejemplares maduros.
Los trabajos de preparación del proyecto comenzaron hace tres meses con estudios de suelo, delimitación de áreas a intervenir y campañas de información a la población.
No obstante, los colectivos ambientalistas también cuestionaron el programa de plantación de árboles, al señalar que su implementación ha presentado irregularidades.
Indicaron que se trata de “un proyecto improvisado y carente de estrategia para su implementación”, y denunciaron prácticas como la saturación de ejemplares en algunos puntos, la colocación de especies exóticas como acacias negras y amarillas, así como la plantación en temporada sin lluvias.
Además, pidieron al gobierno estatal corregir las prácticas de plantación de los primeros 2 mil 400 árboles colocados y sustituir especies exóticas por nativas.
Los colectivos también solicitaron detener posibles afectaciones en otros espacios naturales y áreas verdes del estado, entre ellas Flor del Bosque, La Malinche y el Paseo Bravo.
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Además de la semana laboral, la aprobación de la ley en México también trajo consigo la apertura del diálogo sobre otros temas vinculados a los derechos laborales, como las vacaciones, las horas extras, la informalidad del empleo y la brecha de género en el mercado.
El Congreso mexicano aprobó este martes una histórica ley de enmienda constitucional para reducir, de forma gradual, la semana laboral de 48 horas a 40, que comenzará a implementarse el próximo año.
La ley, que fue impulsada principalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum y el oficialismo, indica que la semana laboral será de 40 horas para el año 2030, un cambio sustancial para miles de trabajadores en el país y que se alinea con las tendencias globales de reducción de los horarios de trabajo.
En América Latina, otros países como Ecuador ya implementaron la semana laboral de 40 horas.
Sin embargo, distintos analistas y principalmente parlamentarios de la oposición señalaron que la misma ley aumenta las horas extras semanales y, sobre todo, mantiene solo un día de descanso por cada seis trabajados.
De acuerdo a los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la segunda economía de América Latina -detrás de Brasil- presenta uno de los peores equilibrios entre vida personal y laboral, además de bajos índices de productividad laboral y los salarios más bajos entre los 38 estados miembro del grupo, que incluye a Colombia, Chile y Costa Rica.
Por ello, el oficialismo celebró la decisión tomada casi de forma unánime por el Congreso mexicano. “La semana laboral de 48 horas ha estado en la legislación mexicana por 106 años. Ya era tiempo de que eso cambiara”, dijo el coordinador sindical y diputado oficialista Pedro Haces, que hizo parte de la propuesta.
“La productividad no se mide por el agotamiento. Se construye con dignidad”, añadió.
Sin embargo, distintos diputados y representantes de los trabajadores criticaron la ley por no incluir los dos días de descanso por cada cinco trabajados, tal como se había previsto en un borrador inicial.
“Es una reforma regresiva en muchos sentidos. En inicio, no se están cumpliendo los dos días de descanso, que es el espíritu original de la propuesta que presentamos como parte del frente”, dijo al diario El País Ángel Castellanos, vocero del Frente Nacional por las 40 horas.
Pero, ¿qué otros países de América Latina tienen 40 horas en su semana laboral y cuáles incluso la han aumentado a 60?
De 40 horas
Aunque la semana laboral de 40 horas, que se divide por lo general en cinco días de ocho horas de trabajo, se ha establecido en gran parte de los países del hemisferio occidental, lo cierto es que ha tardado en volverse norma en América Latina.
En países de Europa incluso se están adelantado iniciativas para reducir la semana laboral a cuatro días, con tres de descanso. Sin embargo, en la región latinoamericana gran cantidad de países continúan con jornadas laborales entre 44 y 46 horas semanales, que incluyen los días sábados.
Esto, a pesar de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que busca entablar un diálogo en los países de la región que permita tener horarios laborales que tiendan a un mejor equilibrio entre vida personal y trabajo.
“El tiempo es un recurso finito e irrecuperable. La forma en que se distribuye entre trabajo, vida personal y descanso impacta profundamente en la salud, la productividad y la cohesión social”, señala la organización en un informe de 2025 dedicado a América Latina.
Hasta el momento, el único país de América Latina que actualmente tiene una semana laboral de ocho horas en cinco días a la semana es Ecuador. Y está en vigor desde hace 46 años.
En agosto de 1980, se convirtió en el primer país de la región en habilitar esta semana laboral limitada.
Los otros países que están en proceso de llegar a las 40 horas semanales son Chile y, desde este martes, México.
En Chile, con la aprobación de la ley 21.561 en abril de 2024, avanza un proceso de reducción de horas laborales. Primero se pasó de 48 a 44 horas; el próximo abril la semana trabajable se reducirá a 42 y se espera que para abril de 2028 finalmente se llegue a una jornada de 40 horas totales por semana.
Con la ley aprobada este martes, México también iniciará un proceso gradual de reducción del horario de trabajo, que espera se termine de implementar en 2030.
Tanto en Ecuador como en Chile se introduce la flexibilidad para aplicar estas determinaciones, donde los trabajadores pueden negociar la mejor forma de trabajar. Sin embargo, en Chile el límite de horas laborables es de 10 al día.
De 42 a 44 horas
Colombia es el país de la región que, detrás de Chile, Ecuador y México, más se acerca a reducir sus horarios laborales a las 40 horas.
Actualmente está por concretar la implementación de la ley 2.101 de 2021, que estableció la reducción de la semana laboral en un país donde durante décadas fue de 48 horas.
En julio de este año se pasará a 42 horas semanales, que podrán ser distribuidas en cinco o seis días, con una extensión máxima de nueve horas por día.
Otros países como Guatemala, El Salvador y Brasil tienen una semana laboral de 44 horas.
Sin embargo, en Brasil, la principal economía de la región, el presidente, Lula da Silva, adelantó esta semana que está buscando poner fin a la semana laboral con solo un día de descanso (conocida como 6 x 1).
Lo llamativo es que Lula no invocó contextos técnicos para justificar su iniciativa, sino que citó a un filósofo surcoreano y su teoría sobre la “sociedad del cansancio”, que habla de la falta de equilibrio entre la vida personal y las horas dedicadas al trabajo.
“El mundo laboral se está transformando. El filósofo coreano Byung-Chul Han afirma que vivimos en una ‘sociedad de la fatiga’, donde la presión por el rendimiento afecta el equilibrio entre la vida personal y profesional”, escribió esta semana en su cuenta de X (ex Twitter).
“En Brasil, se debate la eliminación del llamado horario de trabajo 6 x 1 para garantizar que los trabajadores tengan dos días de descanso a la semana”, añadió.
Además de esto, también existe un debate en el país para incluso reducir la semana laboral a 36 horas. De hecho ya se han hecho algunos pilotos con empresas en distintas partes de Brasil.
El caso argentino
En términos generales, lo más establecido en América Latina es una semana laboral de 48 horas máximo. Hasta hace apenas cinco años, pocos países tenían una carga de trabajo menor a ocho horas al día por seis días a la semana.
Actualmente ese modelo lo mantienen países como Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, Costa Rica y Paraguay.
Pero lo cierto es que, de acuerdo con la OIT, en muchos de estos países el promedio de horas trabajadas a la semana se acerca más a las 44.
Por eso en varios de estos países se están adelantando debates políticos para establecer leyes que reduzcan formalmente los horarios laborales, por lo que la decisión tomada por México tiene una fuerte influencia.
Cabe aclarar que en Argentina se está dando un agitado debate sobre las horas laborables, en el que se señala que se pasaría de ocho a 12 horas diarias. Sin embargo, la propuesta es clara en que no se debe superar el número de 48 horas totales por semana.
Sin embargo, especialistas explican que esta propuesta -que se convertiría en ley este viernes- va en contravía de las tendencias que se están viendo alrededor del mundo, que intentan reducir el tiempo dedicado al trabajo.
“Este tipo de medidas se va a convertir en un freno para la innovación empresarial y del desarrollo tecnológico”, le dijo al diario Público el economista argentino Jorge Torres.
“Quieren hacer competitivas las empresas a base de explotar a los trabajadores y no de apostar por la innovación”, añadió.
Además de la semana laboral, la aprobación de la ley en México también trajo consigo la apertura del diálogo sobre otros temas vinculados a los derechos laborales, como las vacaciones, las horas extras, la informalidad del empleo y la brecha de género en el mercado.
Por ejemplo, el promedio de días de vacaciones en América Latina es de 15 días -a diferencia de Europa, donde es 25- y la informalidad alcanza niveles importantes dentro de la actividad económica.
En México, la informalidad llega a un 55%, mientras que en otras economías importantes como Brasil y Argentina se sitúa en torno al 40%.
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