Dueño del crematorio Plenitud en Chihuahua, en el que hallaron 386 cuerpos, sale del país tras ser liberado
Después de recobrar su libertad, el dueño del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde se localizaron 386 cadáveres embalsamados, acumulados y en condiciones insalubres, José Luis A.C., abandonó el país.
De acuerdo con sus abogados el empresario fue puesto en libertad a las 23:30 horas del viernes 13 de febrero e inmediatamente se trasladó a Estados Unidos, de donde es ciudadano legal.
“Se fue a su país porque aquí lo encarcelaron ilícitamente”, dijo Manuel Pineda Contreras abogado de José Luis A.C. y responsable de la firma Legal Estudio Jurídico.
El litigante también anunció que su representado presentará una demanda por daño moral en contra del Gobierno del Estado de Chihuahua y de la Fiscalía General del Estado (FGE). Así como una queja en contra del juez de Control que en julio del año pasado lo vinculó a proceso penal.
Unas horas después de la salida de José Luis A.C. del país, el fiscal general César Jauregui Moreno anunció que se interpondrá un recurso de revisión en contra del amparo otorgado por el juez federal Séptimo de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez al acusado.
En conferencia de prensa realizada este 14 de febrero, el fiscal también dijo que se presentará una queja ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) para que se revise la actuación del juzgador federal.
José Luis obtuvo su libertad luego de que el pasado 12 de febrero el juez Rivas Martínez le otorgó un amparo al resolver el Amparo Indirecto 746/2025-III.
“Frente a una resolución así no queda más que combatirla. Y la Fiscalía lo que hará inmediatamente es presentar dos recursos, un recurso de revisión frente a los jueces de alzada del propio PJF a fin de que recompongan está sentencia de amparo y vuelvan las cosas al estado en que se encontraban, y en segundo término, un recurso de queja frente a los órganos de control del propio Poder Judicial a efectos de que se revise la actuación del juez”, declaró Jauregui.
¿Delitos o faltas administrativas?
Tras el hallazgo de 386 cuerpos ocultos, algunos de ellos por años, José Luis fue vinculado a proceso penal el 4 de julio del 2025 por dos delitos:
Uno es inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, previsto en el Artículo 202 del Código Penal del Estado de Chihuahua. En específico se acusó de haber incurrido en la fracción I que castiga a quien “oculte, destruya o sepulte un cadáver, feto o restos humanos sin la orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que exijan el Código Civil o las leyes especiales”.
El otro ilícito que se dijo fue cometido por el ahora exonerado es federal y está previsto en el Artículo 62 fracción I de la Ley General de Salud, que no tiene un nombre, pero sanciona a quien “oculte, destruya o sepulte un cadáver, feto o restos humanos, sin la orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que exijan el Código Civil o las leyes especiales”.
Estos delitos, de acuerdo con la formulación de cargos, sucedieron en las instalaciones del Crematorio Plenitud ubicadas en la carretera Panamericana número 10631 sur, de la colonia Las Granjas Polo Gamboa y por parte del dueño José Luis y del único empleado Facundo Teófilo M.R., quien también fue detenido y murió en reclusión en octubre del año pasado.
Pero al resolver el juicio de amparo, el juez federal concluyó que no se cometieron las conductas delictivas que describen esos delitos porque no se cumplen con los verbos rectores de esos tipos penales, que son ocultar y conservar cadáveres. En el primero de los ilícitos, porque el Crematorio Plenitud contaba con los permisos de funcionamiento, aunque al menos uno de ellos estaba vencido, y en el segundo delito porque los cuerpos estaban embalsamados.
Con base a eso, el juzgador de Distrito consideró que los hechos constituyen faltas administrativas.
Al respecto Jauregui Moreno dijo, en la conferencia de prensa, que los verbos rectores de esos delitos son ocultar y conservar, y si se configuran en el caso del Crematorio Plenitud, tan es así, afirmó, que jueces locales emitieron órdenes de aprehensión, autos de vinculación a proceso e impusieron a los dos sospechosos la medida cautelar de prisión preventiva.
El fiscal aseguró que la resolución del juez federal está equivocada y que el resolutor no valoró de forma correcta todos los datos de prueba que presentó el Ministerio Público.
“Desde nuestro punto de vista esta resolución no hace ninguna valoración de todo lo que se encontró en este asunto. No es posible que hable el juez que no hay ocultamiento, no hay conservación cuando se entregaron cenizas falsas a varias familias, ese es un dolo evidente porque ahí no hay error, es dolo evidente, es decir, sé que no te estoy entregando los restos en cenizas de la persona que viniste a que te prestara el servicio, pero te voy a engañar, te los voy a dar a efectos de yo poder no cumplir con mi trabajo y tener apilado este centro, incluso que ulterior propósito tenía la conservación de los cadáveres ahí”, indicó el fiscal.
Por su parte, el abogado del dueño del Crematorio Plenitud, dijo que en la formulación de cargos el ministerio público no hizo ninguna referencia a las cenizas.
En la rueda de prensa el el fiscal Jauregui declaró que más allá de las consideraciones jurídicas y técnicas, se debe sancionar lo ocurrido en el Crematorio Plenitud para que ese tipo de hechos no vuelvan a ocurrir en Ciudad Juárez, ni en el país, agregando que frente a resoluciones así, los ciudadanos dejan de creer en el sistema de justicia.
Jauregui Moreno, señaló que la ley les da 10 días para presentar el recurso de revisión y la autoridad federal podría tardar unos seis meses en emitir una resolución.
El abogado del Estado hizo referencia a una negativa de amparo que se había emitido en el mismo Juzgado Séptimo de Distrito por parte de la anterior titular, al dueño del Crematorio, para cuestionar porque el juez federal Luis Eduardo Rivas Martínez si otorgó la protección de la justicia federal
“Es un cambio radical de criterio en el juzgado”, dijo.
“Coespris sigue bajo investigación”: Jauregui
Con relación a una posible responsabilidad de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) en este caso, el fiscal general aseguró que la Secretaría de la Función Pública sigue aún investigando.
Respecto a las demandas de los familiares de las víctimas, quienes emitieron posicionamientos separados y dirigidos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para denunciar que el amparo otorgado al empresario los coloca en un estado de indefensión y en un absoluto abandono judicial, Jauregui Moreno dijo que están en su derecho y que hay otras familias que han ido a agradecerles su trabajo.
El fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas defendió el trabajo que ha realizado la Fiscalía. Aseguró que en el caso del crematorio intervienen 15 agentes del ministerio público, con un trabajo profesional, y señaló que el juez federal que otorgó el amparo nunca cuestionó lo que ellos han hecho.
Sin embargo, Salas ha sido cuestionado por familiares de víctimas e integrantes del colectivo Justicia para Nuestros Deudos, quienes incluso pidieron su renuncia en un posicionamiento público.
Sobre esto, el funcionario solo respondió que algunas personas que integran los colectivos no son familiares de las víctimas del Crematorio Plenitud.
Con relación a la demanda de los deudos de que la Federación atraiga el caso, Salas respondió “el caso siempre ha estado abierto, la Fiscalía General de la República no obstante que hay un delito federal, que está contemplado en la Ley General de Salud nunca lo ha querido atraer, en el momento que ellos lo atraigan pues encantados, estamos listos para entregar”.
Faltan por identificar 195 cuerpos
En la conferencia, la autoridad estatal informó que a la fecha se han identificado 191 cuerpos, sin errores y con prueba de ADN, y se han liberado 187 cadáveres.
De estos datos se desprende que 195 cadáveres se mantienen aún sin identidad.
El fiscal Jauregui Moreno sostuvo una reunión privada con los familiares de las personas cuyos cuerpos se hallaron en el crematorio, al término de la conferencia de prensa en la Fiscalía en Ciudad Juárez. A los afectados se les permitió el ingreso en grupos de 10, lo que generó molestia.
Esta nota se publicó originalmente en La Verdad.
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Los palestinos, varios países árabes, grupos israelíes contra la ocupación y Reino Unido han criticado las nuevas medidas aprobadas por el gabinete de seguridad de Israel para la Cisjordania ocupada, diciendo que equivalen a una anexión de facto.
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Las medidas, que se espera que sean aprobadas por el máximo comandante militar israelí en Cisjordania, tienen por objeto aumentar el control de Israel sobre el territorio en materia de derecho inmobiliario, planificación, concesión de licencias y aplicación de la ley.
El anuncio se produjo pocos días antes de la reunión prevista este miércoles entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington.
Los asentamientos en Cisjordania se expandieron el año pasado a su ritmo más rápido desde que se inició el seguimiento, según denunció la ONU.
Entre las nuevas medidas israelíes se encuentra la anulación de una prohibición vigente desde hace décadas sobre la venta directa de terrenos en Cisjordania a judíos, así como la desclasificación de los registros catastrales locales. Hasta ahora, los colonos solo podían comprar viviendas a empresas registradas en terrenos controlados por el gobierno de Israel.
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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel afirmó posteriormente que se trataba de corregir una “distorsión racista” que “discriminaba a los judíos, estadounidenses, europeos y cualquier persona que no fuera árabe en lo que respecta a la compra de bienes inmuebles en Judea y Samaria”.
El gabinete también decidió derogar el requisito legal que exigía la obtención de un permiso de transacción para completar cualquier compra de bienes inmuebles, reduciendo así la supervisión destinada a prevenir el fraude.
La preocupación de los palestinos y del mundo árabe
Los palestinos temen que estas medidas aumenten la presión entre los habitantes de Cisjordania para que vendan sus tierras, y que se produzcan actos de falsificación y engaño.
El presidente palestino, Mahmud Abás, que lidera la Autoridad Palestina (AP), que gobierna partes de Cisjordania, calificó las medidas de “peligrosas” y de “intento abierto de Israel de legalizar la expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras y la demolición de propiedades palestinas, incluso en zonas bajo soberanía palestina”.
Pidió a Estados Unidos y al Consejo de Seguridad de la ONU que intervinieran de inmediato.
La ONG israelí Peace Now afirmó que la decisión del gabinete ponía en peligro la Autoridad Palestina e implicaba la cancelación de acuerdos y la imposición de una anexión de facto.
Acusó al gobierno israelí de “romper todas las barreras posibles en el camino hacia el robo masivo de tierras en Cisjordania”.
Reino Unido se sumó a las críticas condenando “enérgicamente” la medida y pidió a Israel que revocara la decisión, afirmando que “cualquier intento unilateral de alterar la composición geográfica o demográfica de Palestina es totalmente inaceptable y sería incompatible con el derecho internacional”.
Los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y Qatar calificaron el anuncio como “una aceleración de los intentos de anexión ilegal y desplazamiento del pueblo palestino”.
En su declaración “advirtieron contra las continuas políticas expansionistas y las medidas ilegales aplicadas por el gobierno israelí en la Cisjordania ocupada, que alimentan la violencia y el conflicto en la región”.
Los derechos sobre la tierra se encuentran en el centro del conflicto entre Israel y Palestina, y la venta de terrenos a colonos es un negocio turbio en el que a menudo intervienen intermediarios.
La Autoridad Palestina lo considera traición y, por lo tanto, técnicamente se castiga con la pena de muerte, aunque a los condenados se les suele imponer penas de cárcel.
La expansión de los asentamientos
Otras medidas controvertidas anunciadas por Smotrich, responsable ministerial de las políticas de asentamientos, y por el ministro de Defensa, Israel Katz, incluyen la transferencia de la concesión de licencias de construcción exclusivamente a las autoridades israelíes en la Tumba de los Patriarcas y sus alrededores, un importante lugar religioso.
Conocida con este nombre por los judíos y como Mezquita de Ibrahim por los musulmanes, este lugar situado en el corazón de la volátil ciudad palestina de Hebrón es venerado por judíos, musulmanes y cristianos como el lugar de enterramiento de Abraham, Isaac y Jacob. Es el segundo lugar más sagrado del judaísmo y el cuarto del islam.
Las nuevas medidas también otorgan a los organismos israelíes poderes de supervisión y ejecución en materia medioambiental y arqueológica en las zonas administradas por la Autoridad Palestina.
Además, se reactivaría un comité para permitir al Estado de Israel realizar compras “proactivas” de terrenos en Cisjordania, lo que se presenta como “una medida destinada a garantizar reservas de terreno para los asentamientos de las generaciones venideras”.
A raíz de los históricos Acuerdos de Oslo de 1993, la recién creada Autoridad Palestina recibió el control total sobre las zonas urbanas palestinas —aproximadamente el 20% del territorio— conocidas como Zona A.
En la Zona B, con un porcentaje similar, la Autoridad Palestina solo tenía control administrativo, mientras que Israel mantenía el control sobre la seguridad.
Israel conservaba el control total sobre la seguridad y la administración del 60% de Cisjordania, donde se encuentran los asentamientos, conocida como Zona C.
Más de 700.000 colonos israelíes viven en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén Este (que Israel se ha anexionado), territorios capturados por Israel a Jordania en la Guerra de Oriente Medio de 1967. Los palestinos reclaman esas tierras para su futuro Estado independiente, junto con la Franja de Gaza.
La Administración Trump ha descartado la anexión israelí de Cisjordania, pero no ha intentado frenar la acelerada construcción de asentamientos por parte de Israel.
En respuesta a la última medida, un funcionario de la Casa Blanca reiteró la oposición de Estados Unidos a la anexión, afirmando que “una Cisjordania estable mantiene la seguridad de Israel y está en consonancia con el objetivo de esta administración de lograr la paz en la región”.
Smotrich, un colono que dirige un partido a favor de los asentamientos, ha prometido duplicar la población de colonos en Cisjordania.
En diciembre, el gabinete de Israel aprobó una propuesta para construir 19 nuevos asentamientos. Israel también se está preparando para iniciar la construcción de un polémico proyecto de asentamientos cerca de Jerusalén, conocido como E1, que dividiría efectivamente el norte y el sur de Cisjordania.
Según la ONU, solo en 2025 se desplazó a más de 37.000 palestinos, una cifra récord, en un año en el que, según la organización, también se registraron niveles sin precedentes de violencia por parte de los colonos israelíes.
La coalición gobernante de Netanyahu incluye a muchos miembros favorables a los colonos que quieren que Israel se anexione Cisjordania, con la que afirman tener vínculos religiosos e históricos.
El primer ministro, que se enfrenta a unas elecciones a finales de este año, ha declarado que nunca aceptará la creación de un Estado palestino, ya que, según él, supondría una amenaza para la seguridad de su país.
En 2024, la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, emitió un dictamen consultivo no vinculante en el que afirmaba que la ocupación israelí de los territorios palestinos era ilegal y debía terminar.
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