Encargados de Refugio Franciscano podrán visitar a perros en albergues; piden regresar a animales, “estamos dispuestos a ser supervisados”
La directora del Refugio Franciscano, Gina Rivera, aseguró que las autoridades capitalinas le permitieron, a partir de mañana, dejar ver a los perros que fueron trasladados a diferentes albergues en la Ciudad de México.
“Tuvimos avances muy importantes, el primer avance es que a partir de mañana podemos entrar a ver en las tres locaciones donde se encuentran los franciscanitos, vamos a poder entrar a verlos”, aseguró.
En una reunión con el secretario de gobierno de la capital, César Cravito, Rivera dijo que salieron “satisfechos” y que hay “buena disposición” de ambas partes por solucionar el conflicto.
Por su parte, el abogado del refugio, Fernando Pérez, dijo que el gobierno no tiene la intención de criminalizar a nadie.
“El secretario dijo que no hay ánimo de perseguir, no hay ánimo de criminalizar y se comprometió a que las investigaciones se harán, pero que no se procederá en contra de nadie”, comentó.
Asimismo, aseguró que en el momento en que los animales sean regresados al predio, se comprometerán con medidas realizadas por el gobierno capitalino.
“Estamos dispuestos a ser supervisados, vigilados, que nos pongan cámaras, que hagan lo que crean necesario para que estén tranquilos de que el Refugio Franciscano es 100% a favor de la vida”.
En tanto, indicaron que se establecerán lineamientos para que los albergues y rescatistas puedan participar en la ley de regulación.
Comentó a los activistas que la entrada a los albergues en donde se encuentran los perros será supervisada en orden.
“No pierdan de vista la importancia de lo que significa este primer paso”, indicó Rivera.
Brugada realiza supervisión en albergues
Por su parte, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, realizó un recorrido en el albergue acondicionado en el Deportivo Hermanos Galeana para supervisar a los ‘lomitos’.
Dijo que los perros serán trasladados a la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) el próximo viernes.
Agregó que “hay muchas mentiras que se están diciendo”, por lo que aseguró que 183 perros que están ese albergue son atendidos y se encuentran en buenas condiciones, por lo que rechazó que sean sacrificados.
“Aquí lo importante, como sabemos, pareciera que es que, como que se hubiera politizado el tema. No quiero decirlo tal cual, pero hablan de que, si se lleva a los animalitos a Brigada Animal, es para sacrificarlos. Y eso de ninguna manera lo permitiríamos”, destacó Brugada Molina.
Añadió que su administración no los hubiera rescatado “para tenerlos como estaban antes”.
Aquí lo importante, como sabemos, pareciera que es que, como que se hubiera politizado el tema. No quiero decirlo tal cual, pero hablan de que, si se lleva a los animalitos a Brigada Animal, es para sacrificarlos. Y eso de ninguna manera lo permitiríamos”.
La mandataria capitalina afirmó que el objetivo de su gobierno no es criminalizar a quienes realizan labores de rescate, sino fortalecer las condiciones institucionales para garantizar el bienestar animal en toda la ciudad. En ese sentido, reconoció el papel que desempeñan los albergues y subrayó que son una parte fundamental de la solución.
“No hay nada detrás de esta acción más que la obligación legal y el compromiso ético de proteger a los seres vivos. Se trata del rescate más grande en la historia de esta ciudad y estamos fortaleciendo nuestras capacidades institucionales para atenderlos”, afirmó.
Durante la mañana, animalistas bloquearon la avenida Loreto Fabela para exigir y conocer la salud de los perros rescatados.
De acuerdo con Nmás, un grupo de 200 personas llegaron a las instalaciones del deportivo para manifestarse y pedir ver a los canes.
Otro grupo se concentró en la avenida 416 donde por más de 3 horas determinaron cerrar la circulación.
Hasta el momento, los activistas liberaron las vialidades. No obstante, siguen manifestándose en la entrada del Deportivo.
Refugio Franciscano
El secretario de Gobierno, César Cravioto, agregó que el terreno se encuentra en disputa entre la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P., y el Refugio Franciscano, A.C., como parte de un conflicto entre particulares derivado de un juicio civil iniciado en 2021.
Brugada señaló que el gobierno no tiene interés en el predio ni está involucrado en este conflicto legal, por lo que no intervendrán en la disputa.
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Al respecto, el secretario de Gobernación añadió que la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P tomó posesión del predio en diciembre.
A partir de esta acción, el gobierno capitalino entró en contacto con ambas partes; sin embargo, Cravioto indicó que ninguna de las dos organizaciones “puso en el centro el interés del bienestar animal”, por lo que se iniciaron investigaciones por maltrato animal, las cuales derivaron en el rescate de los animales.
Destacó que el Gobierno de la Ciudad de México acatará “todas las resoluciones judiciales sobre la posesión del inmueble” y reiteró que se mantendrán atentos al tema para garantizar el bienestar animal.
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Trump amenazó con invocar la ley con el fin de detener las manifestaciones en Mineápolis contra la presencia de ICE.
El presidente Donald Trump volvió a amenazar con invocar una ley del siglo XIX que rara vez se utiliza, esta vez para desplegar al ejército en Mineápolis, en el estado de Minnesota, donde miles de personas siguen protestando contra la fuerte presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Las manifestaciones se intensificaron después de que un agente del ICE matara de un disparo a una manifestante llamada Renee Good la semana pasada.
Esta semana, otro agente federal le disparó a un hombre en la pierna también en Mineápolis, en lo que las autoridades califican como un acto de legítima defensa.
En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que “si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no impiden que los agitadores profesionales y los insurrectos ataquen a los patriotas del ICE, que solo intentan hacer su trabajo, aplicaré la LEY DE INSURRECCIÓN”.
Trump afirmó que, al recurrir a esta ley, “pondría fin rápidamente a la farsa que se está produciendo en ese estado (Minnesota)”.
Esto es lo que hay que saber sobre esa ley.
¿Qué es la Ley de Insurrección de 1807?
La Ley de Insurrección de 1807 permite al presidente utilizar personal militar en servicio activo para realizar funciones policiales dentro de Estados Unidos.
Los presidentes estadounidenses pueden invocar la ley si determinan que hay “obstrucciones, coaliciones, reuniones o rebeliones ilegales” contra el Gobierno que hacen “imposible la aplicación” de la ley estadounidense “por la vía ordinaria de los procedimientos judiciales”.
Una vez invocada, las tropas podrían encargarse de una serie de tareas, desde sofocar disturbios civiles y hacer cumplir órdenes judiciales hasta arrestar y detener migrantes. Esto incluye a la Guardia Nacional, una rama de las fuerzas armadas estadounidenses tradicionalmente reservada para emergencias y desastres.
Dado que la Ley de Insurrección está redactada en términos generales, con pocas indicaciones específicas sobre cómo y cuándo se pueden utilizar los poderes, ofrece a los presidentes un amplio margen de maniobra a la hora de decidir cuándo movilizar al personal militar para realizar operaciones dentro del país.
¿Por qué quiere Trump utilizarla?
A lo largo de su campaña electoral, Trump prometió tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal y calificó la situación en la frontera sur como una “emergencia nacional” que podría controlarse mejor invocando la mencionada ley.
En su primer día en el cargo en enero de 2025, solicitó “recomendaciones sobre las medidas adicionales que podrían ser necesarias para obtener el control operativo completo de la frontera sur, incluyendo la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807”.
Su gobierno ya puso en marcha una serie de medidas radicales enfocadas en la frontera. Entre estas se incluyen redadas a nivel nacional y el traslado de presuntos miembros de bandas venezolanas a una prisión en El Salvador, una decisión que ahora se enfrenta a impugnaciones legales.
En octubre, Trump volvió a decir que estaba considerando la posibilidad de recurrir a la Ley de Insurrección después de que un juez federal le impidiera enviar tropas de la Guardia Nacional a la ciudad de Portland, en Oregón, que según el presidente estaba invadida por “terroristas internos” de izquierda.
Aunque en ese momento afirmó que la situación no había llegado al punto en el que esa decisión fuera necesaria, también dijo que “si tuviera que promulgarla, lo haría, si se estuviera matando a gente y los tribunales nos estuvieran frenando, o los gobernadores y alcaldes nos estuvieran frenando”.
Ahora, tras semanas de tensión en Mineápolis, mientras miles de agentes del ICE intensificaban sus operaciones en la ciudad, Trump amenazó una vez más con utilizar la ley para sofocar las protestas.
¿Cómo se ha utilizado la ley en el pasado?
La Ley de Insurrección se ha invocado en contadas ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos.
Abraham Lincoln la utilizó cuando los estados del sur se rebelaron durante la Guerra Civil estadounidense, y tras la guerra el presidente Ulysses S. Grant la invocó contra una ola de violencia racista por parte del Ku Klux Klan.
En el siglo XX, el presidente Dwight D. Eisenhower la invocó para que el ejército estadounidense escoltara a un grupo de estudiantes negros en el camino a su escuela en Little Rock, Arkansas, después de que el gobernador del estado se negara a cumplir una orden federal de desegregación.
Más recientemente, se utilizó en 1992, cuando estallaron disturbios masivos en Los Ángeles por la absolución de cuatro policías blancos que golpearon a Rodney King, un hombre negro. El entonces presidente, George Bush, envió a miembros en servicio activo de los marines y el ejército, así como a tropas de la Guardia Nacional.
¿Existe algún tipo de restricción a la ley?
El Gobierno estadounidense ha procurado tradicionalmente limitar el uso de la fuerza militar en suelo estadounidense, especialmente contra sus propios ciudadanos.
La Ley Posse Comitatus de 1878 se promulgó precisamente para restringir la actuación del ejército como fuerza policial dentro del país. En momentos en los que hay disturbios, los estados suelen ser los que despliegan a la Guardia Nacional para ayudar a mantener el orden.
Desde que volvió al cargo, Trump ha declarado emergencias nacionales, lo que le da acceso a poderes y recursos que normalmente están restringidos.
Con esta autoridad, ha impuesto aranceles, tomado medidas contra la inmigración y desplegado agentes federales, la Guardia Nacional e incluso tropas en servicio activo en ciudades como Washington D. C., Los Ángeles y Memphis.
En marzo, tras su declaración de emergencia en la frontera, Trump invocó la poco utilizada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a migrantes que, según él, eran miembros de bandas. A continuación, se produjeron una serie de impugnaciones legales y la Corte Suprema impuso algunas restricciones temporales al uso de esa ley.
Si Trump decide invocar la Ley de Insurrección, está por verse a qué obstáculos legales podría enfrentarse.
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