“Se los llevaron y nadie nos dice nada”: qué se sabe de los ingenieros desaparecidos en medio de la guerra del Cártel de Sinaloa
Diez trabajadores del sector minero, todos ingenieros, fueron privados de la libertad en una zona serrana del municipio de Concordia, al sur de Sinaloa. La desaparición ocurrió en un contexto marcado por la guerra interna del Cártel de Sinaloa y por una espiral de violencia que ha vuelto a colocar a la entidad entre las más golpeadas del país.
La denuncia pública fue breve, pero contundente. “Se los llevaron y nadie nos dice nada”, dijo una familiar de los ingenieros desaparecidos en una entrevista difundida en el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.
La desaparición ocurrió en un municipio históricamente atravesado por la minería y hoy atrapado entre el repliegue de comunidades enteras, el control territorial de grupos criminales y el silencio de las autoridades.
A un año y cinco meses de que estallara con fuerza el conflicto entre las facciones del Cártel de Sinaloa conocidas como “chapitos” y “mayitos”, el caso de los ingenieros se suma a una larga lista de desapariciones en el estado que, hasta ahora, no han tenido respuesta clara ni avances públicos.
¿Quiénes son los ingenieros?
El caso se hizo visible luego de que familiares y representantes del sector minero alertaran públicamente sobre la desaparición múltiple. Denunciaron que los trabajadores fueron interceptados y privados de la libertad, sin que hasta ahora exista información oficial que explique qué ocurrió, quiénes los tienen o qué líneas de investigación siguen las autoridades.
Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ni instancias federales han informado sobre personas detenidas, operativos de búsqueda específicos o hipótesis claras sobre el móvil del crimen. La casi nula información oficial ha profundizado la incertidumbre entre las familias y ha encendido alertas en el sector minero, que enfrenta crecientes riesgos en zonas controladas por grupos armados.
Hasta ahora, de los 10 ingenieros mineros reportados como desaparecidos en Concordia, solo se tiene información pública y oficial de tres de ellos, cuyos casos ya cuentan con fichas activas en la plataforma de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Sinaloa.
Se trata de Saúl Alberto Ochoa Pérez, de 39 años, originario de Lázaro Cárdenas, municipio de Meoqui, Chihuahua; Pablo Osorio Sánchez, de 26 años; y José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años, quien fungía como coordinador operativo de seguridad.
De acuerdo con las fichas oficiales, Saúl Alberto Ochoa Pérez —de 1.79 metros de estatura— fue visto por última vez el viernes 23 de enero de este año, alrededor de las 7 de la mañana, en la colonia Centro del municipio de Concordia. Pablo Osorio Sánchez, de 1.76 metros de estatura, desapareció el mismo día, en el mismo lugar y bajo las mismas circunstancias.
En el caso de José Antonio Jiménez Nevárez, de 1.75 metros, la autoridad únicamente consigna su cargo dentro del proyecto minero como coordinador operativo de seguridad, sin que hasta el momento se hayan hecho públicos más detalles sobre el contexto específico de su desaparición.
Para los otros siete ingenieros denunciados como desaparecidos, no existen aún fichas públicas ni información individualizada difundida por las autoridades.
La incertidumbre atraviesa a las familias desde hace días. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, María Salazar, esposa de uno de los ingenieros desaparecidos, relató que, a una semana de los hechos, no existe información clara ni de las autoridades ni de la empresa para la que trabajaban.
“No ha habido nada, no ha habido reportes, ya han sido siete días y no nos dicen nada, ni la empresa ni las autoridades”, dijo. La angustia, explicó, no solo es por la ausencia, sino por la imposibilidad de dar respuestas a sus hijas: “No sé cómo explicarles que su papá aún no ha regresado”.
Salazar detalló que los ingenieros laboraban bajo un esquema regular: 20 días de trabajo continuo y 10 de descanso, durante los cuales mantenían contacto diario con sus familias mediante llamadas y videollamadas. La última comunicación, recordó, ocurrió la noche del jueves previo a su desaparición.
De acuerdo con la versión que les fue proporcionada, el viernes 23 de enero, entre las 7 y las 7:30 de la mañana, los trabajadores se encontraban en su área de descanso, a punto de abordar las camionetas para iniciar su jornada, cuando se perdió todo rastro de ellos. Desde entonces, afirma, no saben siquiera qué ropa vestían.
“Estamos muy desesperados… no es una persona ni dos, son diez trabajadores que salieron para traer alimentos a sus casas”, señaló en la entrevista radiofónica, al tiempo que pidió que se amplíe la búsqueda y se involucre al Ejército y la Marina.
La postura de la empresa minera
En un comunicado, la empresa minera canadiense Vizsla Silver confirmó que los ingenieros desaparecidos forman parte de su plantilla. La compañía señaló que se encuentra colaborando con las autoridades y que ha activado protocolos internos para atender la situación.
En respuesta a un cuestionario enviado por Animal Político mediante correo electrónico, la minera reiteró que está al tanto de la desaparición de los diez ingenieros y aseguró que mantiene comunicación con las autoridades correspondientes.
“Nuestra prioridad absoluta es la seguridad y la liberación con bien de nuestro personal”, señaló la empresa minera canadiense en respuesta a Animal Político, en la que, sin embargo, evitó proporcionar detalles sobre las identidades de los trabajadores, las circunstancias específicas del hecho o el avance de las investigaciones, argumentando que se trata de un proceso en curso.
La privación ilegal de la libertad de los ingenieros ocurre en un contexto de violencia sostenida en Sinaloa desde septiembre de 2024, a raíz de las disputas internas del Cártel de Sinaloa tras la detención del capo Ismael ‘El Mayo’ Zambada en julio de 2024.
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De acuerdo con cifras oficiales con corte al 27 de enero, esta confrontación criminal ha dejado un saldo de 2 mil 734 homicidios dolosos, 3 mil 167 personas privadas de la libertad, 3 mil 243 personas detenidas y 169 personas abatidas, indicadores que reflejan la magnitud de una crisis de seguridad que se ha extendido por meses y que ha impactado tanto a la población local como a trabajadores y sectores productivos en distintas regiones del estado.
Poco antes de que se diera a conocer la desaparición de los ingenieros, dos diputados locales de Movimiento Ciudadano fueron atacados a balazos en Culiacán. El atentado contra Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, ocurrido en una de las avenidas más transitadas de la capital, confirmó que la violencia ya no distingue entre actores políticos, sectores productivos o ciudadanía.
El ataque a los legisladores se inscribe en la misma lógica de disputa territorial y control violento que atraviesa al estado y que ha convertido a Sinaloa en un escenario donde la guerra criminal se expresa a plena luz del día.
¿Dónde trabajaban?
Los ingenieros desaparecidos laboraban en el Proyecto Pánuco, un complejo minero de plata operado por la empresa canadiense Vizsla Silver en el municipio de Concordia.
Se trata de un proyecto de escala distrital y de propiedad 100 % de la empresa, ubicado en una zona históricamente poco explorada del llamado Cinturón de Plata del Oeste de México, a unos 80 kilómetros del distrito minero de San Dimas, uno de los más productivos del país.
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De acuerdo con información corporativa de la compañía, revisada por Animal Político, el paquete de concesiones del proyecto se cuadruplicó desde enero de 2024, hasta superar las 30 mil hectáreas, con acceso a infraestructura existente, como carreteras, energía eléctrica de alta tensión, agua y cercanía con el puerto de Mazatlán.
Hasta la fecha, Vizsla Silver reporta haber completado más de 375 mil metros de perforación diamantina en la zona, sin necesidad de construir nuevas carreteras, y define al Proyecto Pánuco como el mayor recurso primario de plata de alta ley sin desarrollar en el mundo.
La empresa informó que durante el cuarto trimestre de 2024 concluyó trabajos de perforación de conversión y una mina de prueba, con el objetivo de reducir riesgos para una eventual producción inicial, prevista —antes de la crisis de seguridad— para el segundo semestre de 2027.
Tras la desaparición de los 10 trabajadores, la compañía anunció la suspensión temporal de algunas actividades en y alrededor del sitio, como medida preventiva, mientras continúan las investigaciones.
Este 29 de enero, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que abrió una carpeta de investigación por la privación de la libertad de 10 ingenieros. El caso quedó tipificado como desaparición cometida por particulares.
Como parte de las diligencias, la dependencia señaló que el martes 27 de enero se llevó a cabo un cateo “debidamente autorizado por la autoridad judicial”, durante el cual se localizaron algunos indicios en el caso. Así lo informó Isaac Aguayo, vicefiscal en la Zona Sur, quien no ofreció mayores detalles sobre los hallazgos ni sobre las líneas de investigación en curso.
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Japón enciende un reactor en la planta nuclear más grande del mundo a 15 años de haber cerrado sus 54 reactores luego de que un terremoto y un tsunami provocaran una fusión en Fukushima, que causó uno de los peores desastres nucleares de la historia.
Japón reinició las operaciones en la central nuclear más grande del mundo por primera vez desde que el desastre de Fukushima obligara al país a clausurar todos sus reactores hace 15 años.
La decisión de reactivar el reactor número 6 en Kashiwazaki-Kariwa, al noroeste de Tokio, se tomó a pesar de las preocupaciones de seguridad de los residentes locales.
Su puesta en marcha se retrasó un día debido a un fallo en la alarma y está previsto que comience a operar comercialmente el próximo mes.
Japón, que depende en gran medida de las importaciones de energía, fue uno de los primeros países en adoptar la energía nuclear.
Sin embargo, en 2011 sus 54 reactores tuvieron que cerrarse después de que un terremoto y un tsunami masivos provocaran una fusión en Fukushima, que causó uno de los peores desastres nucleares de la historia.
Esta es la última etapa en la reactivación de la energía nuclear de Japón, que aún tiene un largo camino por recorrer.
Capacidad reducida
No se espera que el séptimo reactor en Kashiwazaki-Kariwa se reactive hasta 2030 y los otros cinco podrían ser desmantelados. Esto deja a la planta con mucha menos capacidad que la que tenía cuando los siete reactores estaban operativos: 8,2 gigavatios.
Desencadenada por el terremoto más potente jamás registrado en Japón, la fusión de los reactores de Fukushima Daiichi, 220 kilómetros al noreste de Tokio, provocó una fuga radiactiva en la costa.
Las comunidades locales fueron evacuadas y muchas no han regresado a pesar de las garantías oficiales de que es seguro hacerlo.
Los críticos afirman que la empresa propietaria de la planta, Tokyo Electric Power Company (Tepco), no estaba preparada y que su respuesta y la del gobierno no estuvieron bien coordinadas.
Un informe gubernamental independiente lo calificó de “desastre provocado por el hombre” y culpó a Tepco, aunque un tribunal posteriormente absolvió de negligencia a tres de sus ejecutivos.
Aun así, el miedo y la falta de confianza alimentaron la oposición pública a la energía nuclear y Japón suspendió sus 54 reactores poco después del desastre.
Durante la última década, el país intentó reactivar estas centrales eléctricas, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050.
Desde 2015, Japón ha reactivado 15 de sus 33 reactores operativos. La central de Kashiwazaki-Kariwa es la primera de las que posee Tepco en reactivarse.
Antes de 2011, la energía nuclear representaba casi el 30% de la electricidad de Japón y el país planeaba alcanzar el 50% para 2030.
Su plan energético del año pasado reveló un objetivo más moderado: Japón quiere que la energía nuclear cubra el 20% de sus necesidades eléctricas para 2040.
Pero incluso eso puede ser complicado.
“Una gota en el océano”
La energía nuclear está cobrando impulso a nivel mundial.
El Organismo Internacional de Energía Atómica estima que la capacidad mundial de energía nuclear podría duplicarse para 2050.
En Japón, la energía nuclear representaba tan solo 8,5% de la electricidad en 2023.
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien asumió el cargo en octubre, ha enfatizado la importancia de la energía nuclear para la autosuficiencia energética de Japón, especialmente considerando que se prevé un aumento repentino de la demanda de energía debido a los centros de datos y la fabricación de semiconductores.
Los líderes japoneses y sus empresas energéticas llevan mucho tiempo impulsando la energía nuclear.
Afirman que es más fiable que las energías renovables, como la solar y la eólica, y más adecuada para el terreno montañoso de Japón.
Sin embargo, los críticos afirman que el énfasis en la energía nuclear se produce a costa de la inversión en renovables y la reducción de emisiones.
Mientras Japón intenta revitalizar sus ambiciones en materia de energía nuclear, los costos de funcionamiento de los reactores se dispararon, en parte debido a las nuevas comprobaciones de seguridad que exigen cuantiosas inversiones por parte de las empresas que intentan reactivar las centrales.
“La energía nuclear se está volviendo mucho más cara de lo que jamás se hubiera imaginado”, afirma la doctora Florentine Koppenborg, investigadora principal de la Universidad Técnica de Múnich.
El gobierno podría subvencionar los costos o trasladarlos a los consumidores, pero ambas opciones son inaceptables para los líderes japoneses, que durante décadas han elogiado la asequibilidad de la energía nuclear.
Una factura energética elevada también podría perjudicar al gobierno en un momento en que los hogares protestan por el aumento de los costos.
El gobierno “tiene las manos atadas para apoyar financieramente la energía nuclear, a menos que esté dispuesto a ceder en uno de sus principales argumentos de venta”, señala Koppenborg.
“Creo que este resurgimiento es una gota en el océano, porque no cambia el panorama general del declive de la energía nuclear en Japón”.
Los escándalos
Además del temor a otro desastre como el de Fukushima, una serie de escándalos también socavaron la confianza pública.
La central de Kashiwazaki-Kariwa, en particular, se vio envuelta en un par de ellos.
En 2023, uno de sus empleados perdió un fajo de documentos tras colocarlo encima de su auto y olvidar que estaba allí antes de arrancar.
En noviembre, se descubrió que otro empleado había manipulado de forma inadecuada documentos confidenciales.
Un portavoz de Tepco dijo que la compañía informó de los incidentes a la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA, por sus siglas en inglés) y añadió que su objetivo era mejorar la gestión de seguridad.
Estas revelaciones son una “buena señal” para la transparencia, apunta Koppenborg. Pero también indican que Tepco “está teniendo dificultades para cambiar sus métodos y su enfoque de seguridad”.
A principios de este mes, la NRA suspendió su revisión para reiniciar los reactores nucleares en la planta de Hamaoka de Chubu Electric, en el centro de Japón, tras descubrirse que la compañía había manipulado datos sísmicos en sus pruebas.
La compañía se disculpó y declaró: “Seguiremos respondiendo con sinceridad y en la mayor medida posible a las instrucciones y directrices de la NRA”.
Hisanori Nei, un antiguo alto funcionario de seguridad nuclear, declaró a la BBC que si bien estaba “sorprendido” por el escándalo en Hamaoka, creía que la severa sanción impuesta a su operador debería disuadir a otras empresas de hacer lo mismo.
“Las compañías eléctricas deberían reconocer la importancia de no falsificar datos”, dijo. Añadió que las autoridades “rechazarán y castigarán” a las empresas infractoras.
Miedo y desconfianza
Lo ocurrido en Fukushima hizo que la opinión pública japonesa se opusiera a lo que se había proclamado como una forma de energía asequible y sostenible.
Miles de residentes presentaron demandas colectivas contra Tepco y el gobierno japonés, para exigir indemnizaciones por daños materiales, angustia emocional y problemas de salud supuestamente relacionados con la exposición a la radiación.
En las semanas posteriores al desastre de marzo de 2011, el 44% de los japoneses consideraba que se debía reducir el uso de la energía nuclear, según una encuesta del instituto de estudios Pew.
Esa cifra aumentó al 70% en 2012. Pero luego, las encuestas realizadas por la publicación empresarial japonesa Nikkei en 2022 mostraron que más del 50% de la gente apoyaba la energía nuclear si se garantizaba la seguridad.
Aún persiste el miedo y la desconfianza. En 2023, el vertido de agua radiactiva tratada de la central nuclear de Fukushima Daiichi generó ansiedad e ira tanto en el país como en el extranjero.
Y muchos siguen oponiéndose a la reactivación de las centrales nucleares.
En diciembre, cientos de manifestantes se congregaron frente a la asamblea de la prefectura de Niigata, donde se encuentra Kashiwazaki-Kariwa, expresando su preocupación por la seguridad.
“Si algo ocurriera en la central, seríamos nosotros quienes sufriríamos las consecuencias”, declaró un manifestante a la agencia de noticias Reuters.
La semana pasada, antes de la reactivación de Kashiwazaki-Kariwa, una pequeña multitud se congregó frente a la sede de Tepco para protestar de nuevo.
Las normas de seguridad nuclear se reforzaron tras el desastre de Fukushima.
La NRA, un órgano ministerial establecido en 2012, supervisa ahora la reactivación de las centrales nucleares del país.
En Kashiwazaki-Kariwa se han construido muros de contención de 15 metros de alto para protegerse de grandes tsunamis y se instalaron puertas estancas para resguardar los equipos críticos de la instalación.
“Con base en las nuevas normas de seguridad, [las centrales nucleares japonesas] podrían sobrevivir incluso a un terremoto y tsunami similares al que tuvimos en 2011”, defiende Nei, exalto funcionario de seguridad nuclear.
Sin embargo, Koppenborg sigue preocupada por la situación: “Se están preparando para lo peor que han visto en el pasado, pero no para lo que está por venir”.
A algunos expertos les inquieta que estas políticas no ofrezcan suficiente planificación frente al aumento del nivel del mar debido al cambio climático, o del megaterremoto, único en un siglo, que Japón ha estado anticipando.
“Si el pasado se repite, Japón está muy bien preparado”, admite Koppenborg.
“Pero si ocurre algo realmente inesperado y se produce un tsunami más grande de lo esperado, no lo sabemos”.
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