
Para entender mejor
Expertos en ingeniería civil de la Universidad Iberoamericana cuestionaron la conclusión preliminar de la Fiscalía General de la República (FGR) que atribuye al exceso de velocidad el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025, en el que murieron 14 personas y más de 10 resultaron heridas.
Los especialistas señalaron que, aunado a la velocidad, la infraestructura del Corredor presenta irregularidades que deben ser consideradas por las autoridades.

El doctor Manuel del Moral Dávila, académico del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Ibero, y el maestro Agustín Ortega García, académico de la Coordinación de Ingeniería Civil de la misma institución, coincidieron en que la rehabilitación parcial de una vía histórica, así como la antigüedad del material rodante sumado al exceso de velocidad son factores clave que contribuyeron a la tragedia.
Del Moral Dávila y Ortega García participaron en la conferencia “El tren interoceánico: Radiografía de una falla y responsabilidad ética”, que se llevó a cabo dos días después de que la FGR diera a conocer parcialmente los resultados de su investigación, que indican que el accidente fue causado por un exceso de velocidad atribuible a la operación del ferrocarril y no a fallas mecánicas o de infraestructura.
Una conclusión que, aunque preliminar, ya se tradujo en la detención de Felipe de Jesús “N”, identificado como el maquinista del Tren Interoceánico, así como de Ricardo “M”, jefe de despachadores del tren, ambos supuestamente implicados en el descarrilamiento.
Desde el inicio, los especialistas coincidieron en que el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), concebido históricamente para competir con el Canal de Panamá, se enfrentó a un reto monumental al utilizar una infraestructura antigua con solo una rehabilitación parcial.
El maestro Agustín Ortega enfatizó que se trabajó con una estructura diseñada en los años treinta que no tuvo la mejor rehabilitación para su puesta en marcha: “la línea Z del corredor interoceánico es una vía histórica y la rehabilitaron lo mejor que pudieron. Sin embargo, corregir curvas hubiera sido deseable, cambiando radios de giro. Estás utilizando una casa vieja y nada más le estás cambiando algunas cosas, pero la casa vieja sigue siendo vieja”, señaló.
Por su parte, el doctor Manuel del Moral destacó que las condiciones de la vía en la zona montañosa de La Nissanda, donde ocurrió el descarrilamiento, imponen límites de velocidad estrictos que no siempre se respetan.

“La infraestructura es la que manda a la velocidad […] tenemos, digamos, tres características que hacen complicado en un momento determinado, tener o alcanzar altas velocidades: primero, si el balasto no está estabilizado; segundo, si los durmientes tienen asentamientos diferenciales a lo largo de todo el recorrido y, por último, si hay temas de transiciones y de curvas que en realidad no están correctamente planteadas”.
En este sentido, ambos expertos mencionaron problemas específicos en la vía rehabilitada, incluyendo cuestionamientos sobre la calidad del balasto suministrado y la coexistencia de durmientes de madera y de concreto en transiciones abruptas de tan solo 60 centímetros —evidenciado en diversos videos tomados por pasajeros y pobladores en el lugar de los hechos— lo que genera variaciones inmediatas en masa y rigidez.
La observación de los especialistas cobra relevancia si se toma en cuenta que, en su conferencia de prensa, la fiscal general Ernestina Godoy deslindó de manera indirecta a Gonzalo López Obrador, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, señalado tras el descarrilamiento, debido a que durante la construcción del tren tuvo un cargo honorífico para supervisar las obras y fue el encargado de pactar diversos contratos supuestamente irregulares para adquirir material necesario.
Los especialistas resaltaron que el trazado de una sola vía para ambas direcciones, limita las operaciones y exige un monitoreo y supervisión aún mayores.
Así, el análisis de los especialistas apuntó directamente a la velocidad como el principal factor de riesgo en una vía imperfecta. El doctor Del Moral Dávila sintetizó el riesgo operacional en una ecuación: “Velocidad, más peso, más vía imperfecta es un riesgo”.
Además, criticó la adquisición de los vehículos, pues las locomotoras tienen entre 20 y 40 años de antigüedad y fueron adquiridas en el mercado secundario con una inversión de alrededor de 60 millones de dólares, además de que tienen un diseño inadecuado, debido a que están orientadas a carga y se utilizaron para pasajeros, en una vía que originalmente era solo para el primer fin mencionado.
El maestro Ortega García señaló que los trenes utilizados, como el modelo F59PH fabricado en Canadá, están diseñados para operaciones muy distintas a las que enfrentan en el Istmo. “Los trenes que trajeron de Inglaterra (y otras locomotoras de pasajeros) están pensados para operar en vías de solo pasajeros, con mayor velocidad. Entonces estructuralmente están diseñados para otras funciones y responden de otra manera en caso de un accidente”.
Finalmente, el doctor Del Moral Dávila planteó dudas sobre el control de la velocidad, citando la investigación de la Fiscalía: “el informe de la Fiscalía, eventualmente, habla de que no tenía o que en realidad la medición de la velocidad se hacía de una manera mucho más manual”.

El maestro Ortega García concluyó que los testimonios de los pasajeros refuerzan la hipótesis de un descarrilamiento por exceso de velocidad, una vez que las fuerzas centrífugas superaron las capacidades de la infraestructura: “‘Sentí que dio el jalón y le ganó el peso’ ¿Qué está describiendo esta persona? Lo que nosotros en diagramas ponemos como flechitas de fuerzas… tu primer pensamiento, si sabes de esto, es descarrilamiento por velocidad”, dijo.
Por este motivo, el académico hizo un llamado a la profesión de ingeniería civil sobre la responsabilidad social en la toma de decisiones técnicas, asegurando que “la necesidad de ser consistentes y congruentes desde el punto de vista del ejercicio de la práctica de nuestra profesión, es fundamental: el modelo ético siempre paga para bien“.

Los críticos de Bovino lo responsabilizan de las duras tácticas utilizadas por los agentes migratorios durante las redadas y contra quienes protestan ante ellas.
Es la cara visible de la campaña del gobierno de Donald Trump para detener y deportar de Estados Unidos a miles de migrantes indocumentados; uno de los pocos agentes que se muestran ante las cámaras sin máscara.
Bautizado como el “comandante en jefe general” de la Patrulla Fronteriza por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Greg Bovino saltó a la primera plana al encabezar las redadas migratorias de Los Ángeles (California) en junio del año pasado.
También dirigió la no menos polémica Operación Midway Blitz en Chicago (Illinois) en septiembre, así como otras operaciones controversiales en Charlotte (Carolina del Norte) y Nueva Orleans (Luisiana).
Desde inicios del año se le ha visto recorrer el área metropolitana que conforman Mineápolis y la contigua St. Paul (Minesota), donde, ante el rechazo de las autoridades locales y estatales por el envío de cientos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Trump ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección.
A su característica imagen con las sienes rapadas, Bovino sumó hace unos días un abrigo largo de corte militar, verde caqui, con amplias solapas e insignias en los brazos y hombros, generando una ola de repudio en las redes sociales.
“Greg Bovino vestido literalmente como si hubiera comprado un uniforme de las SS en eBay”, hizo referencia a ello el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, durante una entrevista este jueves en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza).
“Policía secreta, ejército privado, hombres enmascarados, gente que desaparece… sin el debido proceso… (…)”.
Pero sus críticos no solo le achacan a Bovino una selección deliberada de vestuario y un corte de pelo que recuerdan a los de los oficiales nazis. También lo responsabilizan de las duras tácticas de los agentes migratorios durante las redadas y contra quienes protestan ante ellas.
De hecho, figura como demandado en dos querellas en las que se acusa a sus agentes de traspasar los límites legales, incluyendo el arresto de residentes latinos basándose en su color de piel.
Mientras, sus defensores afirman que Bovino está contribuyendo a sacar de las calles a migrantes indocumentados con antecedentes penales por violencia.
Según él mismo, uno de sus mayores admiradores sería el propio Trump.
“El presidente nos llamó a todo el equipo solo para decirnos: ‘Gracias, están haciendo un buen trabajo en Los Ángeles'”, contó Bovino sobre una llamada mantenida el año pasado con el mandatario.
“El jefe Bovino es un activo para la administración Trump y está desempeñando un papel importante en hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, dijo Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, en una declaración escrita enviada a los medios.
Todos estos elogios y agradecimientos se produjeron antes del sábado 24 de enero, cuando agentes federales de migración mataron a tiros a Alex Pretti, un enfermero estadounidense que intentaba ayudar a una mujer durante las protestas contra las redadas de ICE y de la Patrulla Fronteriza en Mineápolis.
Este 26 de enero, medios estadounidenses informaron que Bovino se irá de esta ciudad del estado de Minesota con algunos de sus agentes, y en su lugar será Tom Homan, el llamado “zar de la frontera”, quien asumirá el liderazgo de la campaña migratoria de Trump.
Nacido hace 55 años en Carolina del Norte, Gregory Bovino se crió en el seno de una familia italo-estadounidense.
Sus bisabuelos por parte de padre emigraron desde Calabria, en el sur de Italia, a Pensilvania en 1909 para trabajar en el sector minero, naturalizándose como ciudadanos en 1927.
Tras el divorcio de sus padres cuando él tenía 14 años, Bovino ingresó en la Escuela Secundaria Watauga de Boone, una ciudad de apenas 20 mil habitantes enclavada en la Cordillera Azul, en el oeste del estado.
Allí, según un extenso perfil publicado por el medio Chicago Sun-Times, consiguió hacerse un sitio como miembro del equipo de lucha libre.
Siguió con su educación en la Universidad de Carolina Occidental, donde se licenció en conservación de recursos naturales, y en la Universidad Estatal de los Apalaches, donde obtuvo una maestría en administración pública, como puede leerse en su perfil de LinkedIn.
Tras trabajar un tiempo en el Departamento de Policía de Boone, en 1996 Bovino dejó el cuerpo para ingresar a la Academia de la Patrulla Fronteriza.
Ya como miembro de esta agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), fue destinado al Sector El Centro, en California, a unas dos horas en coche de San Diego y fronterizo con México.
Desde allí fue ascendiendo en las filas del organismo, asumiendo misiones en distintas estaciones a lo largo de la frontera y también en Nueva Orleans.
En 2020 regresó a El Centro como jefe de sector, uno de los nueve del país.
Bovino describe la Patrulla Fronteriza, a la que llama la “Máquina verde”, en referencia al color de sus uniformes y su capacidad de arresto, como una familia.
“La Patrulla Fronteriza ha sido la obra de mi vida y así lo diré siempre con orgullo”, dijo durante uno de los episodios de un pódcast que compartió en 2021 con Jason Owens, antiguo compañero de universidad que se jubilaría en 2023 tras tres décadas como jefe nacional de la agencia.
A pesar de su trayectoria de casi 30 años, Bovino se volvió conocido para el público general el año pasado, cuando el gobierno federal empezó a desplegar en ciudades consideradas “santuario” para los migrantes a agentes tradicionalmente apostados en la frontera.
Durante las redadas en Los Ángeles, compartió un video promocional donde se veía a las unidades realizar sus acciones al ritmo de música heavy metal.
En otro clip publicado en las redes sociales en aquel tiempo, se le escucha decir: “Estamos haciendo de L.A. un lugar más seguro, ya que no tenemos políticos encargándose de eso”.
En Chicago encabezó una operación que duró un mes y acabó con más de 3 mil 200 arrestos, según reportó en su momento CBS News, el medio socio de la BBC en EE.UU.
Agentes federales bajo su mando patrullaron barrios de mayoría hispana, suburbios enteros y centros de transporte, donde fueron grabados rompiendo vidrios de automóviles y dispersando a quienes protestaban por las redadas con gases lacrimógenos.
Bovino celebró públicamente los resultados de la operación. “Ahora somos lo que yo llamo quiebra-santuarios. No hay santuarios. No habrá santuarios”, le dijo a la agencia AP.
En esa misma entrevista, defendió las tácticas de los funcionarios a su cargo como “ejemplares”, ante los señalamientos de líderes locales y de expertos que afirmaban que estas violan órdenes judiciales sobre el uso de la fuerza.
Y es que su liderazgo ha sido examinado por varios tribunales federales y, en noviembre, la jueza Sara Ellis emitió una orden dirigida a limitar cómo los agentes de ICE podían usar la fuerza durante los operativos en Chicago.
En su fallo, Ellis dijo que Bovino había mentido al afirmar que le habían arrojado una piedra a la cabeza antes de rociar a una multitud con gas lacrimógeno. La magistrada calificó su testimonio de “simplemente no creíble”.
Al ser preguntado por AP sobre el episodio, Bovino reafirmó su postura, subrayando que sus equipos usan siempre “la menor fuerza necesaria”. Y agregó: “Si hubiera tenido más gas, lo hubiera utilizado”.
Mantuvo también esa línea cuando la cadena Fox News lo entrevistó después de que Renee Nichole Good, una estadounidense de 37 años y madre de tres hijos, muriera por los disparos de un miembro de ICE en Mineápolis el 7 de enero.
“Mis respetos para el agente”, dijo Bovino, reiterando el argumento dado previamente por la secretaria Noem de que este actuó en defensa propia.
Durante una conferencia de prensa este martes, rechazó que los arrestados en las redadas estén en el punto de mira de ICE “por razones políticas”, subrayó que el objetivo sigue siendo la “eliminación de los delincuentes violentos” y que las “lagunas” en las labores policiales locales y estatales han hecho necesaria la presencia de agentes federales en la ciudad.
“La seguridad pública en Mineápolis no es negociable”, agregó.
Y el miércoles las cámaras lo captaron lanzando él mismo un cartucho de gas pimienta a quienes protestaban por las operaciones migratorias en la ciudad, no sin antes advertirles: “¡Va el gas!”.
El comandante sabe que cuenta con el respaldo de sus superiores.
La semana pasada, el DHS reforzó esa postura hacia los agentes de ICE, al publicar en sus redes sociales un video en el que se escucha a Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, decir:
“Tienen inmunidad para desempeñar sus funciones y nadie –ningún funcionario de la ciudad, ningún funcionario del estado, ningún inmigrante ilegal, ningún agitador de izquierda o insurrecto doméstico– puede impedirles cumplir con sus obligaciones y deberes legales”.
El apoyo llega, además, desde lo más alto. “¡No teman, grandes gentes de Minesota, el día del ajuste de cuentas y la retribución se acerca!”, escribió el presidente Trump en su red Truth Social.
En vista de ello, Bovino ha vuelto ahora a defender a aquellos que están a su cargo, esta vez de forma simbólica, encabezando una comitiva de agentes enmascarados, vestido con el abrigo militar hasta la rodilla.
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