Violencia agrava desplazamiento forzado: Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo los estados más afectados
Para entender mejor
El Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) y organizaciones acompañantes advierten sobre un incremento de casos de desplazamiento forzado interno en distintas regiones del país, en un contexto de violencia e inseguridad que, sostienen, se ha intensificado en entidades como Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo.
De acuerdo con el pronunciamiento, el fenómeno se ha agudizado ante la operación de grupos criminales con alta capacidad de fuego y control territorial en diversas regiones. Las organizaciones señalan que las personas en condición de desplazamiento enfrentan incertidumbre jurídica y falta de atención integral por parte de los distintos órdenes de gobierno.
Uno de los casos más recientes ocurrió en el estado de Chihuahua. El 24 y 25 de febrero, en menos de 24 horas, más de 200 familias fueron desplazadas de manera forzada desde la zona serrana de la seccional de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, región colindante con Durango y Sinaloa, sostiene el colectivo.
Las familias, encabezadas en su mayoría por mujeres, niñas y niños, se trasladaron hacia la ciudad de Hidalgo del Parral. Hasta el cierre de febrero, el número de personas desplazadas continuaba en aumento, según el recuento de las organizaciones.
El colectivo indicó que desde noviembre de 2025 organizaciones civiles en Chihuahua han documentado un “éxodo silencioso”, con la llegada diaria de una o dos familias provenientes de comunidades serranas hacia centros urbanos del estado.
Sin embargo, subrayan que la atención institucional ha resultado insuficiente y limitada, al considerar que autoridades municipales y estatales han minimizado la gravedad de las emergencias.
En el comunicado, las organizaciones también refieren otros casos recientes. En el municipio de Apatzingán, Michoacán, señalan que existe un reglamento municipal especializado para la atención de emergencias por desplazamiento forzado interno, publicado el 30 de octubre de 2024, que no ha sido aplicado por el gobierno local desde su entrada en vigor.
En Guerrero, mencionan un evento ocurrido en el municipio de Tecoanapa, en la región de la Costa Chica, dos semanas antes de un operativo federal para detener a un líder criminal, Nemesio Rubén Oceguera Cervantes, El Mencho.
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En esa zona, afirman, una comunidad completa salió de manera precipitada ante enfrentamientos armados, pese a la presencia de la Guardia Nacional y elementos militares. A la fecha, sostienen, no existe un registro oficial de las personas desplazadas ni planes de atención humanitaria o de reasentamiento temporal.
Piden garantías de protección y atención humanitaria
El colectivo advierte que, aunque en años recientes se han desarrollado instrumentos a nivel federal y estatal para evaluar riesgos y necesidades de poblaciones desplazadas, México no cuenta con una ley general en materia de desplazamiento forzado interno ni con políticas públicas integrales que garanticen protección efectiva, investigación de los hechos de violencia y condiciones adecuadas para la atención humanitaria inmediata.
Las organizaciones sostienen que la actuación de los gobiernos locales, estatales y federal influye en el aumento de nuevos eventos de desplazamiento, debido a la ausencia de esquemas preventivos, de atención o mitigación integral, así como por la negación del fenómeno en diversas entidades.
Ante este escenario, el colectivo hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para reconocer la dimensión del problema y establecer rutas de atención institucional claras.
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Entre sus exigencias se encuentran: garantías de protección y atención humanitaria para las familias desplazadas en Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo; acciones interinstitucionales para la reubicación temporal de comunidades; y, en el caso de Chihuahua, la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional con representación de víctimas y organizaciones acompañantes, con el fin de definir criterios operativos y de evaluación de retornos que garanticen la seguridad de las familias y la construcción de soluciones duraderas.
El colectivo subrayó que los instrumentos legales especializados resultan insuficientes si no se traducen en acciones concretas, partidas presupuestales adecuadas, personal especializado y mecanismos sistemáticos de atención.
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No hay “un sucesor claro e indiscutible” de Nemesio Oseguera, explica un exjefe de la agencia antidrogas DEA. Pero varios nombres figuran en las listas de prófugos principales de Washington.
Algo seguro sobre la muerte de “El Mencho” es que, sin su figura en el mundo del narco, las drogas ilícitas aún pasarán entre los países en cantidades industriales.
Hasta su violenta caída el domingo en un operativo militar para capturarlo, Nemesio Oseguera era desde hacía años el hombre más buscado de México, como antes lo fueron Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y otros jefes narcos.
Ninguna de esas súbitas variaciones nominales alteró de modo fundamental el flujo global de narcóticos, y los expertos descartan que algo diferente ocurra ahora.
Bajo el liderazgo de “El Mencho”, el Cartel Jalisco Nueva Generación expandió sus tentáculos por México, decenas de países de la región y alrededor del planeta hasta Australia, según las autoridades.
Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta US$15 millones por información que permitiera arrestar a Oseguera. Su agencia antidrogas DEA incluyó a este narco en su lista de fugitivos más buscados en 2016: salió de ella siete años más tarde de forma temporal y la encabezaba cuando fue abatido.
Pese a que procuraba mantener un perfil bajo, “El Mencho” era considerado uno de los últimos grandes capos capaces de controlar todo el negocio a gran escala, desde la producción hasta el tráfico y la distribución de estupefacientes.
“El panorama se aleja de la era del líder único y todopoderoso hacia estructuras de liderazgo más resilientes e interconectadas”, le dice a BBC News Mundo Ray Donovan, un exjefe de operaciones de la DEA que supervisó los esfuerzos que llevaron a la captura de “El Chapo” a inicios de 2016 en México.
Pero, ¿quiénes son en este contexto los narcos más perseguidos por Washington tras el fin de Oseguera?
De la MS-13 a “Los Chapitos”
A la cabeza la lista de fugitivos más buscados de la DEA, actualizada tras la muerte de Oseguera, figura ahora Yulian Archaga, un hondureño acusado de dirigir las operaciones de la pandilla MS-13 en su país y de traficar grandes cantidades de cocaína a EE.UU. La agencia ofrece hasta US$5 millones por ayudar a capturarlo.
Apodado “El Porky”, Archaga permanece prófugo desde 2020, cuando varios hombres armados mataron a policías y militares para que escapara de un juzgado hondureño donde respondía por el homicidio de dos fiscales.
Siguen en la nómina de la DEA dos hijos de “El Chapo”: Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, con una recompensa de hasta US$10 millones ofrecida por Washington a cambio de información para arrestar a cada uno.
Ambos “Chapitos” son considerados líderes del cartel de Sinaloa y responsables de la producción y tráfico de fentanilo tras la cadena perpetua que cumple su padre en EE.UU. y la caída de sus hermanastros Joaquín y Ovidio Guzmán López, quienes el año pasado aceptaron los cargos de narcotráfico en su contra en ese país.
“La muerte de Nemesio Oseguera”, señala Donovan, “no dejó un sucesor claro e indiscutible, pero Iván Archivaldo Guzmán Salazar destaca como una de las figuras más peligrosas que hoy están prófugas”.
“Aunque no ejerce el mismo control centralizado que ‘El Mencho’, su dominio de las cadenas de suministro clave, su acceso a precursores químicos y su disposición a enfrentarse al Estado (…) lo sitúan entre los traficantes más importantes que operan hoy”, agrega.
El exjefe de la DEA explica que las designaciones de los narcos más buscados por la agencia “deben entenderse como una herramienta estratégica”, en lugar de una simple advertencia pública o ranking, su objetivo es presionar a las organizaciones criminales y sincronizar los esfuerzos en su contra.
En la lista también figura el uruguayo Sebastián Marset, a quien una investigación en Paraguay y otros países vinculó con el envío de toneladas de cocaína a Europa.
EE.UU. acusa a Marset de lavado de activos del narcotráfico y ofrece pagar hasta US$2 millones por colaboración para detenerlo.
Otro de los más buscados por la DEA es el mexicano Alfonso Limón-Sánchez, también conocido como “El Poncho Limón”, considerado una figura clave en la estructura del cartel de Sinaloa que lideraba “El Mayo” Zambada.
Esa facción del grupo está en una guerra interna con “Los Chapitos” desde que Joaquín Guzmán López secuestró a Zambada y lo trasladó en avión a EE.UU. en 2024 para entregarse con él a la justicia, según admitió el propio hijo de “El Chapo” en un tribunal federal.
Se estima que el bando de “El Mayo” dentro del cartel lo encabeza su hijo Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, quien también enfrenta cargos en EE.UU. pero hasta ahora está ausente de la lista de los más buscados de la DEA.
¿El próximo?
La lista de 10 fugitivos más buscados del Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI por sus siglas en inglés) menciona a algunos narcos como Archaga entre distintos tipos de criminales, pero tiene diferencias con la nómina de la DEA.
El FBI incluye a Fausto Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, presunto líder de una organización denominada con sus apellidos acusada de enviar metanfetamina, cocaína, heroína y otras drogas a EE.UU., y ofrece hasta US$5 millones por información para arrestarlo.
El Buró también señala entre sus más buscados al venezolano Giovanni Vicente Mosquera como líder del grupo Tren de Aragua, bajo cargos de distribución internacional de cocaína e intento de apoyar a una organización terrorista extranjera.
La retribución prometida por ayudar a capturar a Mosquera también llega hasta US$5 millones.
EE.UU. ha ofrecido recompensas mayores por altos miembros del gobierno de Venezuela, como el ministro del Interior, Diosdado Cabello (US$25 millones) y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino (US$15 millones), acusados de traficar cocaína, aunque ninguno figura hasta ahora en las listas de más buscados de la DEA o el FBI.
Entre la decena de prófugos de la nómina del Buró sí aparece el colombiano Wilver Villegas-Palomino, alias “El Puerco”, bajo cargos en EE.UU. de narcoterrorismo y distribución internacional de cocaína como miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de su país.
El precio por su captura llega hasta US$5 millones.
Claro que estas nóminas están sujetas a revisiones.
Por ejemplo, entre los diez más buscados del FBI aún figura el exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, acusado de liderar una organización de narcotráfico. Pero tras su arresto y extradición a EE.UU. el mes pasado, ahora sobre su foto se lee “Capturado”.
Y así como “El Mencho” salió de los más buscados de la DEA esta semana tras su muerte, una pregunta siempre abierta es quién será la próxima alta o baja en esas listas negras.
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