El ministro Irving Espinosa Betanzo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aclaró que el máximo tribunal del país ya emitió una sentencia que despenaliza el aborto en todo el país desde 2023, y que actualmente solo analiza un proyecto que reclama la disminución del plazo legal para abortar en Aguascalientes, de 12 a 6 semanas.

Lo anterior lo hizo en respuesta a la Arquidiócesis Primada de México, que en una editorial publicada en el periódico Desde la Fe este domingo, sostuvo que la Corte tiene un proyecto que busca eliminar el tipo penal en su totalidad.

“El aborto ya está despenalizado en México desde 2023. El proyecto que tengo a mi cargo tiene por objetivo revisar la disminución del número de semanas para la interrupción legal del embarazo (en Aguascalientes). El proyecto ya está publicado, ustedes lo pueden revisar, está en las listas”, señaló el ministro durante un encuentro con medios.

Sin embargo, Espinosa Betanzo recordó que, como cualquier otro proyecto, será sometido a la consideración del Pleno de la Suprema Corte, para que las ministras y ministros lo estudien y emitan sus comentarios correspondientes para la sesión del martes 6 de enero.

Las reformas regresivas en Aguascalientes

En su proyecto, el ministro Espinosa Betanzo argumenta que estas reformas fueron regresivas e inconstitucionales, porque vulneran diversos derechos fundamentales como la dignidad humana, la autonomía reproductiva, la salud y el principio de no discriminación de las mujeres y personas gestantes.

“La criminalización del aborto consentido o autoprocurado constituye un acto de violencia y es producto de la discriminación estructural en razón de género en contra de las mujeres y personas gestantes que anula su dignidad y su autonomía, al considerarlas como objetos de regulación y no como auténticas sujetas de derechos, capaces de tomar decisiones sobre su cuerpo y su plan de vida”, señala el ministro en su proyecto de sentencia.

Tras la publicación del proyecto, la Arquidiócesis de México publicó un editorial titulado “El desprecio por la vida humana en la Corte” en el que criticó que la propuesta, según su visión, no considera “el bienestar de la madre ni del niño, además de basarse en argumentos sin sustento estadístico o científico”.

Sin embargo, organizaciones y colectivos han subrayado que la modificación del plazo para abortar en Aguascalientes representa un retroceso al ejercicio del derecho y se trata de la única entidad en la que se ha reducido. Agrupaciones estatales, como Morras Help Morras, han subrayado que se trata de un acto de desacato y violación a los derechos humanos, que implica un retroceso sin precedentes al derecho al aborto. 

La Organización Mundial de la Salud, por su parte, ha establecido explícitamente en sus directrices sobre la atención para el aborto que no se recomienda la promulgación de leyes y otras reglamentaciones que restrinjan el aborto basándose en supuestos, ni aquellas que prohíban el aborto basándose en límites de edad gestacional, lo cual responde, de acuerdo con los expertos, a estigmas, no a consideraciones técnicas. 

Sí hay un argumento científico para despenalización del aborto, responde ministra Loretta

La ministra Loretta Ortiz Ahlf también especificó que la despenalización total del aborto ya fue discutida desde hace más de cinco años, por lo que incluso su resolución ya es una jurisprudencia obligatoria en todo el país.

“Sí que es un tema complejo, porque abarca no solamente el derecho al aborto, sino también a tener la pastilla del día después, tener acceso también a los servicios médicos para poder practicar el aborto, también tenemos la objeción de conciencia que está muy vinculada con la cuestión del aborto. Hay varios estados de la República que han ajustado su legislación; sin embargo, tenemos otros muchos que no la han ajustado, podríamos decir que están en incumplimiento de esta jurisprudencia de la Corte, porque es jurisprudencia obligatoria”.

Aunque a partir de esa sentencia, se considera que hay jurisprudencia para la despenalización a nivel nacional, en los hechos el delito se persigue en el fuero común de cada entidad de la República, por lo que para hacerla efectiva se requiere que cada una de ellas reforme sus leyes locales, como se ha hecho en 27 de 32 estados hasta la semana 12 de gestación en términos generales, por la vía legislativa o judicial.

Sin embargo, en al menos cuatro todavía está pendiente legislar para armonizar las leyes a las determinaciones de la Corte, mientras que Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora siguen sin despenalizar. Aunado a ello, en el Congreso de la Unión está pendiente la reforma al Código Penal Federal, mientras que en la Ciudad de México ya se ha presentado una iniciativa legislativa para eliminar el aborto de manera absoluta del código penal local, lo cual es el siguiente paso deseable en todos los casos, de acuerdo con las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres.  

Pese a ello, la ministra Loretta Ortiz precisó que está establecido que el aborto es legal hasta la semana 12, más por una cuestión más científica que jurídica: “Cuando están las 12 semanas, ese es el punto, o sea más tampoco es posible, ese punto exacto cuando se forma, se empieza a formar la corteza cerebral. Antes teníamos un cigoto, por eso se fijó en 12 semanas en la jurisprudencia que tenemos como obligatoria”, señaló.

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Por su parte, el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía explicó que luego de la despenalización del aborto en todo el país, la Corte tiene que ir valorando la constitucionalidad o no de todas aquellas leyes que tienen que ver con el aborto dentro de cada entidad federativa.

“Por ejemplo, hace muy pocos días, en el seno del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, se quiso hacer un cambio relacionado también con aborto. No prosperó, faltaron votos para el cambio normativo. Hasta que no quede modificada esa disposición normativa […] no podrían venir con nosotros para que valoremos la constitucionalidad o no de esa disposición normativa, pero así tenemos que ir resolviendo en relación con cada uno de esos códigos de las entidades federativas”.