Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo en el que ordena que se reconozca a los familiares de una víctima de feminicidio como víctimas indirectas y que se repare el daño que sufrieron a causa del delito y de la búsqueda de justicia.

La Primera Sala de la SCJN aprobó por unanimidad la sentencia del Amparo Directo en Revisión ADR 5363/2023 sobre el caso de Fátima Varinia Quintana, privada de la libertad, torturada sexualmente y asesinada en febrero de 2015 en Lerma, Estado de México, así como de sus familiares, quienes han sufrido amenazas, violencia institucional y desplazamiento forzado por la búsqueda de justicia.

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Tras esta decisión, Lorena Gutiérrez, madre de Fátima, expresa que ella y su familia están contentos, aunque aún se encuentran escépticos ante la posibilidad de que las autoridades responsables den cumplimiento al fallo de la SCJN, ya que los diez años que han transcurrido desde el feminicidio “han sido de constante violencia institucional“.

“Para mí es sólo un paso más en la búsqueda de justicia”, señala madre de Fátima

El cuerpo de Fátima fue encontrado por su hermano, Daniel, y con apoyo de los vecinos esa misma tarde detuvieron a los tres agresores. Sin embargo, estas detenciones derivaron en que la familia recibió diversas amenazas, por lo que tuvieron que salir desplazados del Estado de México, y al día de hoy no han podido volver.

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Y es que, aunque la sentencia de la Corte exhorta a las autoridades a asegurar que los espacios públicos de la comunidad Lupita Casas Viejas sean seguros para mujeres y niñas –con caminos pavimentados, vigilancia policial, botones de auxilio, cámaras de seguridad, transporte público accesible y charlas comunitarias sobre violencia de género–, la familia de Fátima no tiene esperanzas de volver, ya que a la fecha continúan recibiendo amenazas de muerte a través de redes sociales.

Actualmente, dos de los feminicidas –José Juan Hernández y Luis Ángel Atayde– se encuentran presos, con condenas superiores a los 70 años, pero el tercero de los agresores, Mizael Atayde, fue liberado en 2022, tras pasar un quinquenio en prisión, ya que era menor de edad al momento en que se cometió el delito, lo que coloca en mayor vulnerabilidad a la familia.

Además, Lorena remarca que aún queda por delante la lucha porque se haga justicia ante la muerte de Daniel, que ocurrió en el estado de Nuevo León, a donde fueron desplazados, como producto de las complicaciones médicas que tuvo el menor de edad por el impacto que le provocó el feminicidio de Fátima y por las negligencias que se cometieron en su atención.

“Esperamos que este fallo nos abra puertas para acceder a la justicia, porque no sólo es en beneficio de Fátima y Daniel. Ellos no son casos aislados, es para todas las víctimas, para que se garantice la reparación del daño en más casos, porque en México desde hace muchísimos años se vive una crisis de feminicidios“, expresa Gutiérrez.

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Con todo, Lorena agradece a los ministros de la Corte que determinaron que se mantengan firmes las sentencias contra los dos agresores que siguen presos y que ordenaron que se reconozca la lucha por justicia para Fátima, con una disculpa pública hacia la familia y con la construcción de una estatua de la niña.

Fallo en el caso de Fátima, un precedente a favor de las víctimas de feminicidio

En entrevista, María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), destaca que el fallo de la Corte no sólo es un reconocimiento a los 10 años de afectaciones que ha sufrido la familia de Fátima, sino que es un precedente para que otras víctimas de feminicidio puedan acceder a una reparación del daño.

“Consideramos que el fallo es un precedente importante en materia de reparación para víctimas de feminicidio, porque cuesta mucho trabajo acceder a la justicia. En este caso, han sido 10 años de lucha para que las sentencias queden firmes y que se atienda lo que ha vivido su familia, que ha sido terrible, sólo porque ese día no pudieron ir a recoger a Fátima a la escuela”, indica.

Aunque celebra el fallo, Estrada lamenta que la reparación del daño no devolverá sus hijos a Lorena, y espera que a la brevedad se revisen las medidas bajo las cuales se encuentran, ya que el desplazamiento al que se ven forzados ha sido “revictimizante” y no ha impedido que continúe en riesgo su seguridad.

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“Es un llamado de atención para el país que plantea una vocación transformadora, porque tenemos que evitar que sigan ocurriendo estas situaciones que impactan a las familias, todo lo que implican los recursos judiciales, las afectaciones económicas y de salud, porque el problema de los feminicidios es grave: en México se siguen asesinando a 10 mujeres todos los días“, agrega.

De acuerdo con María de la Luz, “el contexto no es muy alentador”; sin embargo, apunta que la decisión de la Corte “nos anima porque prevé que se revisen las políticas que hasta ahora no han sido muy funcionales, y que se atiendan los temas económicos, de salud física y mental, así como de seguridad de las víctimas”.

Mientras se da cumplimiento a lo ordenado por la Corte, Lorena y su familia continuarán con su vida en condición de desplazamiento, con el miedo de que las amenazas que reciben puedan alcanzarlos incluso en otro estado del país, “porque aunque estamos bajo medidas de protección, las autoridades sólamente nos dicen que nos tenemos que cuidar”.

Con la voz temblorosa, Gutiérrez concluye: “Esto no debería pasarle a ninguna familia, y ojalá que no nos dejen solos, no permitan que nos sigan intentando silenciar. Lo que pasó con Fátima y Daniel no se puede volver a repetir, y seguiremos en lucha, con todo el amor, hasta que la dignidad se haga costumbre“.