Diez años después del feminicidio de Fátima Quintana su familia es reconocida como víctima; Corte ordena reparación integral
Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo en el que ordena que se reconozca a los familiares de una víctima de feminicidio como víctimas indirectas y que se repare el daño que sufrieron a causa del delito y de la búsqueda de justicia.
La Primera Sala de la SCJN aprobó por unanimidad la sentencia del Amparo Directo en Revisión ADR 5363/2023 sobre el caso de Fátima Varinia Quintana, privada de la libertad, torturada sexualmente y asesinada en febrero de 2015 en Lerma, Estado de México, así como de sus familiares, quienes han sufrido amenazas, violencia institucional y desplazamiento forzado por la búsqueda de justicia.
El fallo de la Corte reconoce como víctima colateral del feminicidio a Daniel, hermano de Fátima –quien falleció sin atención médica oportuna en el contexto de desplazamiento forzado–, y obliga al Estado de México a garantizar la reparación y medidas de no repetición en el caso, que incluyen una disculpa pública y la construcción de una estatua en memoria de Varinia Quintana.
Tras esta decisión, Lorena Gutiérrez, madre de Fátima, expresa que ella y su familia están contentos, aunque aún se encuentran escépticos ante la posibilidad de que las autoridades responsables den cumplimiento al fallo de la SCJN, ya que los diez años que han transcurrido desde el feminicidio “han sido de constante violencia institucional“.
“Para mí es sólo un paso más en la búsqueda de justicia”, señala madre de Fátima
Fátima fue asesinada el 5 de febrero de 2015, cuando volvía de la secundaria hacia su casa, ubicada en la comunidad Lupita Casas Viejas, en el municipio de Lerma. De acuerdo con las investigaciones, la adolescente de 12 años fue interceptada por tres hombres a unos metros de su domicilio, y tras abusar sexualmente de ella, la mataron y lanzaron su cuerpo en una zanja.
El cuerpo de Fátima fue encontrado por su hermano, Daniel, y con apoyo de los vecinos esa misma tarde detuvieron a los tres agresores. Sin embargo, estas detenciones derivaron en que la familia recibió diversas amenazas, por lo que tuvieron que salir desplazados del Estado de México, y al día de hoy no han podido volver.
Para Lorena y su familia, las pérdidas que han tenido desde entonces son incontables. A diez años de distancia, celebra que el fallo de la Corte los reconozca como víctimas indirectas de lo ocurrido, pero al mismo tiempo señala que para ella “es sólo un paso más” en la búsqueda de justicia por la vida que les arrebataron a ella, a su pareja y a sus hijos.
Y es que, aunque la sentencia de la Corte exhorta a las autoridades a asegurar que los espacios públicos de la comunidad Lupita Casas Viejas sean seguros para mujeres y niñas –con caminos pavimentados, vigilancia policial, botones de auxilio, cámaras de seguridad, transporte público accesible y charlas comunitarias sobre violencia de género–, la familia de Fátima no tiene esperanzas de volver, ya que a la fecha continúan recibiendo amenazas de muerte a través de redes sociales.
Actualmente, dos de los feminicidas –José Juan Hernández y Luis Ángel Atayde– se encuentran presos, con condenas superiores a los 70 años, pero el tercero de los agresores, Mizael Atayde, fue liberado en 2022, tras pasar un quinquenio en prisión, ya que era menor de edad al momento en que se cometió el delito, lo que coloca en mayor vulnerabilidad a la familia.
Además, Lorena remarca que aún queda por delante la lucha porque se haga justicia ante la muerte de Daniel, que ocurrió en el estado de Nuevo León, a donde fueron desplazados, como producto de las complicaciones médicas que tuvo el menor de edad por el impacto que le provocó el feminicidio de Fátima y por las negligencias que se cometieron en su atención.
“Esperamos que este fallo nos abra puertas para acceder a la justicia, porque no sólo es en beneficio de Fátima y Daniel. Ellos no son casos aislados, es para todas las víctimas, para que se garantice la reparación del daño en más casos, porque en México desde hace muchísimos años se vive una crisis de feminicidios“, expresa Gutiérrez.
Con todo, Lorena agradece a los ministros de la Corte que determinaron que se mantengan firmes las sentencias contra los dos agresores que siguen presos y que ordenaron que se reconozca la lucha por justicia para Fátima, con una disculpa pública hacia la familia y con la construcción de una estatua de la niña.
Fallo en el caso de Fátima, un precedente a favor de las víctimas de feminicidio
En entrevista, María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), destaca que el fallo de la Corte no sólo es un reconocimiento a los 10 años de afectaciones que ha sufrido la familia de Fátima, sino que es un precedente para que otras víctimas de feminicidio puedan acceder a una reparación del daño.
“Consideramos que el fallo es un precedente importante en materia de reparación para víctimas de feminicidio, porque cuesta mucho trabajo acceder a la justicia. En este caso, han sido 10 años de lucha para que las sentencias queden firmes y que se atienda lo que ha vivido su familia, que ha sido terrible, sólo porque ese día no pudieron ir a recoger a Fátima a la escuela”, indica.
Aunque celebra el fallo, Estrada lamenta que la reparación del daño no devolverá sus hijos a Lorena, y espera que a la brevedad se revisen las medidas bajo las cuales se encuentran, ya que el desplazamiento al que se ven forzados ha sido “revictimizante” y no ha impedido que continúe en riesgo su seguridad.
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“Es un llamado de atención para el país que plantea una vocación transformadora, porque tenemos que evitar que sigan ocurriendo estas situaciones que impactan a las familias, todo lo que implican los recursos judiciales, las afectaciones económicas y de salud, porque el problema de los feminicidios es grave: en México se siguen asesinando a 10 mujeres todos los días“, agrega.
De acuerdo con María de la Luz, “el contexto no es muy alentador”; sin embargo, apunta que la decisión de la Corte “nos anima porque prevé que se revisen las políticas que hasta ahora no han sido muy funcionales, y que se atiendan los temas económicos, de salud física y mental, así como de seguridad de las víctimas”.
Mientras se da cumplimiento a lo ordenado por la Corte, Lorena y su familia continuarán con su vida en condición de desplazamiento, con el miedo de que las amenazas que reciben puedan alcanzarlos incluso en otro estado del país, “porque aunque estamos bajo medidas de protección, las autoridades sólamente nos dicen que nos tenemos que cuidar”.
Con la voz temblorosa, Gutiérrez concluye: “Esto no debería pasarle a ninguna familia, y ojalá que no nos dejen solos, no permitan que nos sigan intentando silenciar. Lo que pasó con Fátima y Daniel no se puede volver a repetir, y seguiremos en lucha, con todo el amor, hasta que la dignidad se haga costumbre“.
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El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, escribió entonces Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en ese momento a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
¿Qué dice el tratado?
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Debería reformarse el tratado?
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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