Aprueban reforma laboral de Milei: jornadas de hasta 12 horas, reducción de indemnizaciones y salario en especie
El Congreso argentino aprobó la noche de este viernes la reforma laboral impulsada por el presidente argentino Javier Milei, una victoria para el líder libertario en su intento de fomentar la contratación mediante la flexibilización de las normas laborales.
Con 41 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, los senadores aceptaron una modificación del texto introducida por los diputados la semana pasada en un debate marcado por protestas y una huelga general que ralentizó al país. Con este voto, el proyecto se vuelve ley.
La llamada “ley de modernización laboral” fue presentada por el gobierno como una herramienta para fomentar el empleo en blanco, facilitar nuevas contrataciones y reducir la litigiosidad; mientras los sindicatos la consideran “regresiva” y “anticonstitucional”.
“HISTÓRICO. Tenemos modernización laboral”, festejó Milei en la red X.
HISTÓRICO.
Tenemos modernización laboral.
VLLC!— Javier Milei (@JMilei) February 28, 2026
Más temprano este viernes, cientos de manifestantes de agrupaciones sociales, gremiales y de izquierda se concentraron ante el Congreso con carteles como “no a la esclavitud” y cantando el lema “la patria no se vende”.
“Van a disponer de nuestro tiempo, van a ser vacaciones fragmentadas, lo del banco de horas es un desastre”, dijo a la AFP Vanessa Paszkiewicz, de 45 años. “Si una madre o padre tiene que cumplir con una actividad con sus hijos, ¿pensás que tu empleador va a negociar (las horas) a tu favor?”, cuestiona.
A continuación, algunas claves de la reforma laboral impulsada por Milei:
Jornadas y vacaciones
La “Ley de Modernización Laboral” modifica la Ley de Contrato de Trabajo vigente y otros regímenes.
Permite extender la jornada diaria de ocho a hasta 12 horas sin pago de horas extras, pero compensadas con horas libres a convenir a partir de un banco de horas o con francos compensatorios.
Las vacaciones pueden fraccionarse en tramos de siete días, en lugar de en un mínimo de 14 como era hasta ahora.
Aunque el proyecto explicita que estos cambios serán de mutuo acuerdo, los sindicatos interpretan que la disparidad de fuerza irá en detrimento del trabajador.
Indemnizaciones
La ley reduce los montos de las indemnizaciones por despido y habilita para costearlas un fondo financiado con contribuciones mensuales deducidas de los aportes jubilatorios.
Además, explicita los criterios de actualización de montos para el pago de los juicios laborales, que hasta ahora quedaban a consideración de cada juez, y permite a los empleadores pagar las sentencias condenatorias en hasta 12 cuotas.
El gobierno sostiene que la norma permitirá “unificar criterios”, evitar juicios laborales y aliviar a las pequeñas y medianas empresas.
Matías Cremonte, Presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, dijo a la AFP que estas modificaciones incumplen “el deber del Estado de proteger la fuente de trabajo” al eliminar el “efecto disuasivo” de las indemnizaciones sobre los despidos sin causa.
Dirigentes opositores advirtieron que podría redundar en un desfinaciamiento de las cajas previsionales.
Salarios y convenios
La nueva norma habilita a los empleadores a pagar salarios en moneda extranjera o parcialmente en especies: es decir, con comida, habitación u otros bienes y servicios.
Además permite renegociar contratos para ajustar salarios según métricas de productividad, cumplimiento de objetivos o desempeño.
Los convenios colectivos hechos por empresa o regionales tendrán prioridad por sobre los convenios establecidos de cada sector laboral.
Además, se derogan algunos estatutos profesionales, entre ellos el de periodistas.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y los sindicatos del sector rechazaron la derogación al considerar que constituye “un grave retroceso para la calidad institucional y la independencia del periodismo argentino”.
Derecho a huelga
La norma incorpora porcentajes mínimos de funcionamiento durante huelgas del 75% para rubros como telecomunicaciones, aeronáutica comercial y educación y del 50% para un amplio número de industrias incluyendo medicamientos, siderurgia, alimentos, construcción, minería y comercio electronico.
Además, las asambleas de personal y los congresos de delegados deberán contar con autorización del empleador, y el trabajador no cobrará por ese tiempo.
Para Cremonte “la restricción del derecho de huelga es ostensiblemente contraria a toda la normativa de la Organización Internacional del Trabajo y de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
El Abogado, que asesora a varios sindicatos locales, explicó que el control de constitucionalidad en Argentina es “difuso” por lo que “pueden pasar años hasta que se vaya consolidando una jurisprudencia que determine que haya inconstitucionalidad”.
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Larry Devoe fue nombrado fiscal general encargado tras la renuncia de Tarek William Saab, quien llevaba en ese cargo desde 2017.
Los cambios continúan en la Venezuela de Delcy Rodríguez.
El último es la designación de Larry Devoe como fiscal general encargado tras la renuncia de Tarek William Saab, quien ocupaba ese cargo desde 2017.
Estos cambios se suman a nuevos nombramientos en el Ejecutivo de la presidenta interina Delcy Rodríguez, casi dos meses después de que Estados Unidos atacara Venezuela y capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.
También se dan con el trasfondo de la recién aprobada Ley de Amnistía, que busca reparar heridas y errores cometidos por la Justicia en este “nuevo momento político”, según palabras de la propia Rodríguez.
En una carta remitida a la Asamblea Nacional, Saab anunciaba este miércoles su renuncia “luego de haber cumplido con hidalguía y honor este cargo”. También informó de la renuncia del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz.
Con estos dos puestos vacantes, el procedimiento indica que primero se designe un comité de postulaciones para que luego el Parlamento, controlado por el chavismo, designe a los nuevos responsables.
Pero, mientras, se elige a funcionarios encargados por votación.
Así, de modo provisional, William Saab ha pasado a ocupar su antiguo puesto, el de Defensor del Pueblo, que desempeñó de 2014 a 2017. Saab ha recibido críticas, sobre todo en su desempeño en el Ministerio Público, por su vinculación con el chavismo gobernante y los señalamientos de ser su “brazo judicial”.
Y la nueva cara, al menos de modo provisional, en la Fiscalía General será Larry Devoe, abogado ajeno a esta institución, pero cercano a Delcy Rodríguez y con un papel relevante en los últimos meses.
En Venezuela ya han aparecido voces críticas con estos nombramientos.
Desde la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz), alertaron de que este no es una “renovación institucional, sino una rotación de poder” y denuncian, refiriéndose en concreto al caso de Saab, el hecho de que “quien ejercía funciones de persecución penal pase a ser ahora garante de derechos ciudadanos compromete la confianza pública” y que esto deja en entredicho la independencia institucional.
De cargo en cargo
Devoe no es un nombre nuevo en el chavismo, y ha ocupado distintos cargos jurídicos y diplomáticos en el gobierno de Venezuela.
Ha ganado notoriedad en los últimos meses, no solo con este nuevo cargo provisional sino como miembro del recién nacido Programa para la Convivencia Democrática y la Paz.
Creado por Delcy Rodríguez el pasado 23 de enero, es, según el gobierno, “una iniciativa concebida con espíritu patriota y anticolonialista, orientada a fortalecer la estabilidad, la armonía social y el diálogo político nacional” e integrada por distintas personas del ámbito político, económico y académico del país.
La plataforma participó en la propuesta de Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento el pasado 19 de febrero.
También forma parte de la recién creada Comisión de Alto Nivel para Liberación del presidente Maduro y Cilia Flores, que surgió apenas cinco días después del ataque de Estados Unidos en territorio venezolano y la captura del expresidente y su esposa.
Cuando Jorge Rodríguez anunció el nombramiento de Devoe el miércoles, lo hizo presentando su currículum: “Egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con un máster en derecho constitucional por la Universidad de Valencia, España; un máster en Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares en España; Es especialista en ciencias penales y criminológicas, y posee dos diplomados en materia de derechos humanos”.
Amplio historial en el gobierno
Como parte de esta especialidad en Derechos Humanos, desde 2014 y hasta ahora estuvo al frente de la secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela.
Antes ocupó cargos en la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
También formó parte de las negociaciones de Barbados entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro, siendo él parte de este último bando. Esas negociaciones se saldaron con el acuerdo de garantías políticas para celebrar las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, la oposición denunció su incumplimiento después de que inhabilitaran a María Corina Machado y persiguieran a sus colaboradores de campaña.
También tomó parte de la delegación del gobierno venezolano ante la Corte Internacional de Justicia en el marco de la disputa territorial con Guyana por el Esequibo. Maduro ordenó la retirada de esta misión.
En el panorama internacional, ha asesorado y ha sido agente alterno de Venezuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También fue parte en 2016 de la delegación de Venezuela en Ginebra ante el Examen Periódico Universal (EPU) realizado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es evaluar los compromisos con los derechos humanos.
Ha rechazado la entrada de investigadores de la CIDH en el país y ha asegurado en foros internacionales que “Venezuela ha demostrado suficientemente que en el país no se han cometido crímenes de lesa humanidad”. Además, dijo que “por tanto, la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene competencia para conocer la situación de Venezuela”.
En 2018, la CPI abrió una investigación formal contra el país caribeño por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos a partir de 2017, cuatro años después de que Nicolás Maduro empezara su primer mandato presidencial y momento en que la represión de las manifestaciones antigubernamentales se volvió sistemática.
Devoe ha afirmado que las instituciones del sistema de justicia del país “han investigado o están investigando todos los casos de presunta violación a los derechos humanos”. Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos lo niegan. Según el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el sistema nacional no lleva a cabo investigaciones creíbles y no condena a los perpetradores.
Un antecesor con un legado dudoso
Si alguien es chavista de larga data es Tarek William Saab. Tras la detención de Hugo Chávez por el golpe fallido de 1992, fue parte de su defensa.
Autor de poesía, de origen libanés y gran aficionado al gimnasio, Saab también es una de las figuras más mediáticas dentro del país. Se autopercibe como defensor de los derechos humanos y se ha jactado de defenderlos desde antes de la llegada de Chávez al poder en 1999.
Su designación como fiscal general en 2017 estuvo marcada por la polémica, ya que fue elegido por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano integrado plenamente por chavistas y creado en paralelo a la Asamblea Nacional, en ese entonces de mayoría opositora.
A juicio de opositores y organizaciones no gubernamentales, desde ese momento, el Ministerio Público se convirtió en un elemento clave y “brazo judicial” del Gobierno para la persecución política y las detenciones arbitrarias.
Justamente la investigación de la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad arrancó a los pocos meses de la gestión de Saab en el Ministerio Público.
En una ocasión, Yibram Saab, uno de los hijos del funcionario, difundió en redes sociales un video en el que se dirigía a su padre y condenaba “la brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad de la nación” de las protestas contra el gobierno de Maduro.
Sin embargo, Saab ha defendido su gestión como una de las que más ha resuelto casos en la historia del Ministerio Público y, al igual que Devoe, sostiene frente a la CPI que en su país se procesan los casos de violación a los derechos humanos.
En su último balance como fiscal general, el de 2025, dijo que se condenaron a 825 personas implicadas en violaciones a derechos humanos y 3.116 han sido imputadas, entre ellas 2.957 funcionarios de seguridad del Estado.
Pero la Misión de Determinación de Hechos de los Derechos Humanos de la ONU ha pedido en diversas ocasiones investigar las violaciones en esta materia.
Además, la oposición responsabiliza a Saab de las más de 2.400 detenciones ocurridas tras las elecciones presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro vencedor sin mostrar las actas que sustentaran este triunfo.
Fue una victoria que la oposición tachó de fraude, mostrando la recolección de actas que daba como ganador a Edmundo González Urrutia.
El diputado opositor venezolano Henrique Capriles consideró como una “burla a las víctimas” que se haya nombrado defensor del pueblo de modo temporal a Saab, “responsable de la persecución y de la judicialización” del país.
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