La salud reproductiva, un año bajo la ofensiva de Trump: recortes, cierre de clínicas y mayor criminalización en EU
Para entender mejor
Las medidas adoptadas durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos no solo deshumanizan y violan derechos humanos; tienen, además, una finalidad central y explícita, según el Center for Reproductive Rights (CRR): restringir el acceso a servicios básicos y esenciales de salud para grupos particulares de personas.
Esa es la lectura que hace María Fernanda Perico, asesora legal senior del CRR, a partir del nuevo informe de la organización titulado “Trump’s (Second) First Year: New and Emerging Threats to Reproductive Rights”, sobre el impacto real de las decisiones tomadas desde la Casa Blanca en 2025.
En entrevista con Animal Político, Perico sostiene que estas acciones —administrativas, regulatorias y de aplicación discrecional de la ley— se alinean con una estrategia más amplia: profundizar un ambiente ya hostil para la prestación de servicios de salud reproductiva y, con ello, limitar aún más el acceso al aborto, incluso en los estados donde es legal.
Un primer año orientado a cerrar el acceso a la salud reproductiva
Perico explica que la administración de Trump utilizó su poder federal para “restringir aún más el acceso al aborto y a la salud reproductiva en general en Estados Unidos”, con impactos que también alcanzan a otros países. El informe identifica tres líneas de acción principales.
La primera es la eliminación de protecciones federales para el acceso al aborto, incluso en emergencias médicas en las que peligra la vida de mujeres o personas embarazadas.
La segunda consiste en ataques a programas y proveedores en los estados donde el aborto sigue siendo legal, incluyendo recortes presupuestales que limitan la capacidad de prestar servicios.
La tercera son los esfuerzos oficiales para difundir desinformación y generar desconfianza en evidencia científica consolidada, con el objetivo de justificar restricciones a la pastilla abortiva, anticonceptivos y procedimientos como la fecundación in vitro (FIV).
Ese panorama general, advierte la activista, anticipa un segundo año más restrictivo: “va a limitar aún más el acceso al aborto y a la anticoncepción, a continuar con las amenazas a pacientes y a personal de salud con violencia, pero también con criminalización, va a haber aún más recortes en el presupuesto a la salud y va a continuar difundiendo desinformación sin ningún sustento científico”.
Emergencias médicas sin protección y miedo entre el personal de salud
La retirada de las guías federales que protegían la atención al aborto en casos de emergencia ha generado un efecto inmediato: miedo entre profesionales de la salud, quienes temen ser criminalizados por brindar tratamientos necesarios para salvar la vida de pacientes con complicaciones graves. Perico subraya que este impacto es tangible.
Relata que en Texas, tras la prohibición total del aborto, “la tasa de infecciones aumentó más de un 50 % entre las mujeres hospitalizadas tras sufrir emergencias y perder sus embarazos”. El resultado es un deterioro en la calidad del servicio y un contexto donde el personal médico enfrenta dilemas éticos y riesgos legales para realizar procedimientos básicos.
La violencia contra clínicas y el debilitamiento deliberado del FACE Act
El informe también demuestra, afirma Perico, que el gobierno del republicano ha favorecido un entorno en el que la violencia contra clínicas se ha disparado desde la revocación de Roe v. Wade. Los datos que expone son contundentes: “los bloqueos de entradas aumentaron en un 500 %, el acoso al personal de salud en un 900%, la amenaza de bombas en estos centros de salud en un 130 % en los estados en donde se permite el acceso al aborto”.
En ese contexto, la decisión de no aplicar la FACE Act —la ley federal que protege el acceso a clínicas de salud reproductiva— tiene un efecto claro: facilitar ataques y generar un clima de impunidad.
Perico explica que el gobierno de Trump “busca profundizar un ambiente que ya es hostil para la prestación de servicios de salud reproductiva” y que, en la práctica, esta hostilidad ya provocó “el cierre de 170 centros de salud reproductiva por falta de condiciones de seguridad”.
A ello se suman indultos presidenciales otorgados a personas condenadas por bloquear clínicas, un mensaje que refuerza la idea de que la violencia es aceptable si su objetivo es restringir el acceso al aborto.
Desmantelar la privacidad para facilitar la criminalización
Otro eje de la estrategia es el desmantelamiento de protecciones de privacidad médica, aun cuando está documentado que ello incrementa la persecución penal de mujeres y personas embarazadas. Perico señala que ya existen “por lo menos 400 procesos penales” iniciados tras la revocación de Roe v. Wade, muchos a partir de violaciones a la confidencialidad médica.
La eliminación de más protecciones durante el primer año de este mandato “agrava este contexto ya de criminalización” y prepara el terreno para que en 2026” se impulse el uso de leyes del siglo XIX para perseguir penalmente a pacientes y proveedores”, explica.
La meta estructural: miedo, estigma y menor acceso
Consultada sobre la meta de conjunto detrás de las medidas, Perico afirma que la administración busca “promover la desinformación, promover el miedo, promover discursos estigmatizantes y sin sustento científico” respecto a anticonceptivos, pastillas abortivas y FIV.
Aunque estos métodos son seguros y ampliamente utilizados, la estrategia busca que “haya menor acceso a estos servicios de salud, que son servicios esenciales de salud, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud”.
Este entorno —añade— tiene un impacto desproporcionado sobre niñas y mujeres racializadas, mujeres migrantes y personas LGBT+, lo cual está documentado por organizaciones.
Aun cuando Trump aseguró que dejaría la regulación del aborto en manos de los estados, las medidas administrativas han tenido efectos, incluso donde el servicio sigue siendo legal. Perico afirma que, de facto, “se está haciendo limitar y restringir aún más el acceso a servicios de salud reproductiva” mediante acciones que no pasan por el Congreso ni se debaten en legislaturas estatales.
Casos que revelan la intención detrás de las políticas
Perico destaca dos ejemplos que muestran los efectos directos y la intencionalidad de las políticas.
Cerca de 2 millones de mujeres migrantes irregulares viven en estados con prohibiciones totales al aborto y alrededor de 7 millones de latinas se encuentran en estados como Texas y Arizona.
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En esos lugares, explica, estas mujeres “enfrentan barreras extremas para acceder a servicios de salud reproductiva” y deben desplazarse entre estados para recibir atención. La combinación de leyes antiaborto y políticas antimigratorias genera “un entorno aún más riesgoso y hostil” donde incluso buscar atención preventiva puede exponerlas a detención o deportación.
El segundo ejemplo, indica, es que la administración prohibió toda consejería o atención relacionada con el aborto en centros del Departamento de Asuntos de Veteranos, incluso en casos de violación o emergencias médicas. Esto afecta a “más de 360 mil mujeres veteranas en edad reproductiva”, incluso en estados que protegen este derecho.
Para Perico, estos casos evidencian “el ensañamiento de la administración Trump contra grupos particulares de personas, tomando medidas que son claramente discriminatorias”.
Recortes a Medicaid, a Planned Parenthood y a programas esenciales
Otra pieza clave es el impacto presupuestal. Perico explica que se “congelaron millones de dólares para una de cada cinco organizaciones” que reciben financiamiento federal para anticonceptivos y salud reproductiva.
Además, el presidente Trump, explica, “eliminó la cobertura de salud para al menos 10 millones de personas” con los recortes y reformas a Medicaid, y ya han cerrado de facto 20 centros de Planned Parenthood como resultado.
La pseudociencia como política pública
El informe del Center for Reproductive Rights detalla cómo la FDA reabrió la evaluación de la seguridad de la píldora abortiva basándose en un documento “no publicado, desacreditado”, contrario a toda evidencia científica.
Perico subraya que esto ocurre pese a que “más de 7.5 millones de mujeres han usado la pastilla abortiva de forma segura en Estados Unidos”.
También denuncia que la administración calificó falsamente anticonceptivos como abortivos para justificar un plan de destruir cargamentos de suministros destinados a países africanos, lo que podría generar “1.5 millones de embarazos no deseados, más de 440 mil abortos inseguros, casi 3 mil muertes maternas prevenibles”.
Frente a este escenario, Perico sostiene que las organizaciones deben “informar al respecto, tomar conciencia y utilizar los mecanismos legales disponibles” tanto a nivel nacional como internacional para enfrentar estas medidas.
Subraya que es indispensable articular estrategias que respondan desde los principios de justicia y no discriminación que deberían regir a cualquier sistema democrático.
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Durante el esperado encuentro entre María Corina Machado, la líder opositora venezolana y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, Machado le “presentó a Trump su premio Nobel de la Paz. ¿Puede realmente ofrecérselo?
Para un presidente que le encanta pararse frente a las cámaras, la visita de la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado fue, como mínimo, atípica.
Fue un encuentro breve y a puertas cerradas, que se desarrolló lejos de la presencia de los periodistas.
“Sepan que contamos con el presidente Donald Trump para la libertad de Venezuela”, comentó Machado poco después de la reunión.
“Me impresionó mucho lo claro que está. Cómo conoce la situación de Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela”, añadió más tarde, al salir de una reunión con un grupo de legisladores en el Capitolio.
Pero no fue solo generosa en elogios con el presidente Donald Trump: durante el encuentro le osbsequió la medalla del Nobel de la Paz que recibió en diciembre como “un reconocimiento por su compromiso único con nuestra libertad”.
“Le dije: ‘Hace 200 años, el general Lafayette le entregó al presidente una medalla con la cara de George Washington a Simón Bolívar, que siempre atesoró. Justo 200 años después, la gente de Bolívar le está devolviendo a Washington una medalla en reconocimiento”, explicó la opositora.
“El hecho de que este gesto tenga lugar dos siglos después, casi como un espejo histórico, le otorga un poder simbólico excepcional”, agregó Machado en un comunicado publicado tras el encuentro.
Horas después, Trump confirmó en un mensaje en su red social Truth Social que había recibido el galardón de manos de Machado.
Y para acallar cualquier tipo de especulación la Casa Blanca publicó más tarde una foto de Machado de pie junto a Trump en la Oficina Oval mientras sostiene la medalla en un marco grande.
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Lo que dice el Comité del Nobel
Si bien el gesto suscitó muchas preguntas, no fue una sorpresa para nadie.
Machado había anunciado la semana pasada su intención de compartir el premio más prestigioso del mundo que recompensa los esfuerzos diplomáticos en pos de la paz con el presidente estadounidense.
¿Pero puede realmente hacerlo?
La respuesta del Instituto Noruego de los Nobel es clara como el agua.
“Una vez anunciado el premio Nobel, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otras personas”, afirmó en un comunicado.
“La decisión es definitiva y válida para siempre”, dijeron.
La organización también señala que los comités que otorgan los premios Nobel nunca han considerado revocar un premio.
También, por principio, no comenta lo que dicen o hacen los ganadores del premio Nobel de la Paz tras recibirlo.
Hasta el momento, fiel a lo que dice en su sitio web, la organización no ha hecho comentarios específicos sobre el gesto de Machado.
No obstante, los medios noruegos, así como numerosos expertos no dan crédito a la noticia.
“Es completamente inaudito”, comentó Janne Haaland Matlary, profesora de la Universidad de Oslo y expolítica, a la emisora pública NRK, y añadió “es una total falta de respeto por el premio”.
“Esto es increíblemente vergonzoso y perjudicial para uno de los premios más reconocidos del mundo”, escribió en sus redes sociales Raymond Johansen, secretario de la ONG Ayuda Popular Noruega y exconcejal de Oslo.
Otros casos
Independientemente de lo que establecen las bases del premio Nobel, en el pasado ha habido medallas que han cambiado de manos, una nominación retirada y otras que han sido rechazadas.
El diplomático vietnamita Lê Đức Thọ, por ejemplo, fue galardonado junto con el entonces secretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger en 1973, por haber negociado el alto el fuego en la Guerra de Vietnam.
Sin embargo, se negó a aceptarlo argumentando que el otro bando había violado la tregua.
En 2014, el desacreditado científico estadounidense James Watson subastó la medalla que recibió en 1962 junto con Maurice Wilkins y Francis Crick por descubrir la estructura del ADN, convirtiéndose en el primer galardonado que vende en su premio.
Watson argumentó que se había desecho de la medalla porque había sido condenado al ostracismo por la comunidad científica tras hacer comentarios racistas en una entrevista en 2007.
Leon Lederman, un físico experimental de EE.UU. que ganó el Nobel de Física en 1988 junto con dos colegas, decidió en 2015 subastar su medalla, ganada tras el descubrimiento de una partícula subatómica llamada neutrino muónico.
El dinero obtenido fue utilizado para comprar una cabaña de madera cerca del pequeño pueblo de Driggs, en el este de Idaho, para irse de vacaciones.
Más recientemente, en 2022, el periodista ruso Dmitry Muratov subastó su Nobel de la Paz por US$103.5 millones para recaudar fondos para los niños refugiados de Ucrania.
El antecedente
El “regalo” de María Corina Machado a Trump no fue la primera ocasión en que un premio nobel se convirtió en obsequio.
En 1954, el escritor estadounidense Ernest Hemingway obtuvo el Nobel de Literatura por obras como “El viejo y el mar”, que narra la historia de un pescador cubano que capturó un pez gigante.
Debido a problemas de salud, el escritor y periodista no viajó a Suecia para la ceremonia y fue el embajador sueco en Cuba quien le entregó la medalla y el diploma en su casa cerca de La Habana.
Años después, Hemingway donó la medalla y el diploma al pueblo de Cuba, poniéndolos al cuidado de la Iglesia Católica de El Cobre.
La medalla fue robada y recuperada rápidamente en 1986. Hoy solo permanece el diploma en exposición.
El día en que Hitler fue nominado al Nobel de la Paz
Mientras que el premio no puede ser transferido o revocado, existe la posibilidad de retirar una nominación.
Los archivos del Instituto Nobel Noruego guardan una historia curiosa de 1939, en la que un malentendido llevó a sus organizadores a esta situación.
Ese año, 12 parlamentarios suecos nominaron al primer ministro británico Neville Charmberlain al Nobel de la Paz
Argumentaban que Chamberlain había salvado la paz mundial mediante el Acuerdo de Múnich con Adolf Hitler en septiembre de 1938, cuando la región checoslovaca de los Sudetes fue entregada a Alemania.
Tres días más tarde, el parlamentario sueco y líder socialdemócrata Erik Brandt envió una carta al Comité del Nobel explicando que quien debía ser nominado era Hitler.
La nominación generó indignación y una ola de protestas en el país.
Brand fue calificado de “loco, torpe y traidor a los valores de la clase trabajadora”, según explica el sitio web de los Nobel.
Su nominación tenía la intención de ser irónica, explicó Brandt en una entrevista.
El parlamentario escribió que al nominar a Hitler buscaba, mediante el uso de la ironía, “clavarlo en el muro de la vergüenza como enemigo número uno de la paz en el mundo”.
Pero al observar que las reacciones a su propuesta habían sido tan violentas y que la mayoría no había captado su intención, decidió enviar una carta al comité para retirar su nominación.
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