CIDH admite queja contra Estado mexicano por presuntas violaciones a derechos de juzgadores con la reforma judicial
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite una petición presentada por diversos jueces y magistrados federales que demandaron al Estado mexicano por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en su contra tras la aprobación de la reforma judicial en septiembre de 2024.
La reforma judicial, impulsada durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue la modificación constitucional a través de la cual ministros, magistrados y jueces del país fueron destituidos de sus cargos para ser electos por voto popular.
Por este motivo, la CIDH remitió oficialmente la petición al gobierno federal, estableciendo un plazo de tres meses, prorrogable a cuatro, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presente sus observaciones, aunque enfatizó que no concederá plazos adicionales.
La petición de juzgadores contra la reforma judicial
Desde el 30 de abril de 2025, un grupo de 14 juzgadores federales presentaron esta acción legal, centrando su demanda en presuntas violaciones a los derechos humanos.
La petición fue impulsada por el litigante Cyrus R. Vance, del Center for International Justice, quien en representación de los juzgadores sostuvo ante la CIDH que la reforma judicial afectó directamente a los juzgadores al vulnerar principios fundamentales como la independencia judicial, la igualdad y la no discriminación.
De manera particular, en la petición se afirmó que la reforma impactó la participación de las mujeres en el Poder Judicial.
En el documento también se denunció que altos funcionarios del Poder Ejecutivo mexicano acusaron públicamente a jueces de corrupción y nepotismo sin presentar pruebas ni seguir el debido proceso, socavando la honra y la confianza pública en el Poder Judicial.
Según la petición, la reforma judicial, que se presentó como “neutral”, fue en realidad un “mecanismo de politización y captura de la judicatura”.
Objetivo de la petición: reparar daño a jueces
Si bien la reforma, que incluye la elección de jueces por voto popular, ya está en vigor, la petición no busca derogar sus efectos. Su objetivo es, por el contrario, que las personas afectadas obtengan una “reparación integral por la violación de sus derechos humanos” y contribuir al fortalecimiento de los estándares de independencia judicial dentro del Sistema Interamericano para casos futuros.
Jaime Chávez Alor, Director Ejecutivo Adjunto del Vance Center, y María Emilia Molina, Presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y una de las demandantes, señalaron que la petición ofrece una oportunidad crucial para que el Sistema Interamericano aborde las alegadas violaciones a la independencia judicial en México y establezca orientación para otros sistemas de justicia en la región.
La polémica reforma judicial de AMLO
La polémica reforma judicial fue impulsada durante el mandato del anterior presidente Andrés Manuel López Obrador y entró en vigor en septiembre de 2024.
Antes de su aprobación, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York ya había advertido en agosto de 2024 que los cambios podrían “dañar de forma significativa la independencia judicial”.
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Tras la admisión, la CIDH iniciará un proceso de verificación y evaluación de los alegatos, con la potestad de emitir recomendaciones al Estado mexicano para abordar las violaciones de derechos humanos, emprender investigaciones o dictar reparaciones.
