
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que adquirió nueve vehículos para los ministros que entraron en funciones el pasado 1 de septiembre, pese a las políticas de austeridad impulsadas por la cuarta transformación.
A través de un comunicado, la Corte aseguró que las unidades que usaban las ministras y ministros ya no cumplían con las medidas para garantizar su seguridad y protección personal.
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Indicó que esta determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, en las que se concluyó que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación.

“La adquisición de los nuevos vehículos responde, por tanto, a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales”, indicó.
De acuerdo con la Corte, los vehículos que son utilizados por los ministros deben ser renovados con regularidad, con plazos de cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras, según la normatividad interna vigente emitida en 2019.
“Con el propósito de no generar un gasto mayor para la institución, esta adquisición se llevó a cabo de manera paralela al proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido”.
“Con ello, la SCJN reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad para el ejercicio de la función jurisdiccional”, sostuvo.

El 1 de septiembre de 2025, en su primer discurso, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, anunció medidas de austeridad en el máximo tribunal y la revisión de las pensiones de los ministros en retiro, a fin de verificar que “se ajusten a la ley”.
Aguilar Ortiz anunció un plan de austeridad para ajustar los salarios de los ministros y juzgadores electos para que ninguno perciba más que la presidenta de la República y se comprometió a revisar las remuneraciones de los ministros en retiro, además de eliminar gastos superfluos, con el objetivo de generar ahorros significativos para el Poder Judicial.