Diputados prohíben vapeadores y suprimen destinar recursos para enfermedades graves
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, por 292 votos a favor y 193 en contra, la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe los cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos e impone sanciones de uno a ocho años de prisión y multas de 100 a 2,000 UMAs, hasta 226 mil 280 pesos para quienes los comercialicen.
Asimismo, avalaron eliminar la obligatoriedad de destinar al menos el 8% del Fondo de Salud para el Bienestar a la atención de enfermedades graves, como cáncer, infartos, VIH y cuidados intensivos neonatales.
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Durante la presentación de reservas, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reconoció en los hechos que la redacción original —enviada por el Ejecutivo y aprobada por la mayoría— sí abría la puerta a sancionar la adquisición de vapeadores, por lo que presentó una modificación para corregir “excesos punitivos” de la propia iniciativa. Señaló que la mayoría legislativa debía ajustar el texto para evitar que el tipo penal alcanzara a consumidores, luego de que el proyecto inicial prohibía la adquisición sin precisar que se trataba solo de fines comerciales.
“La conducta que el Estado debe de combatir es la operación comercial de lucro y no el mero uso individual”, sostuvo Monreal, al afirmar que la reserva presentada por Morena y el PT busca “eliminar cualquier vestigio punitivo” dirigido a quienes porten o consuman vapeadores.
Con ese argumento se aprobó la nueva redacción del artículo 282 Quater, que ahora establece:
“Queda prohibido en todo el territorio nacional la adquisición con fines de comercialización, preparación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, incluidos aquellos que son desechables o de un solo uso.
Se exceptúa de la prohibición su consumo y posesión cuando no se destine a las actividades o fines señalados en el párrafo anterior.”
Reforma debilita el Fondo de Salud para el Bienestar; descartan criminalización a consumidores
La reforma también redefine a los vapeadores como sistemas mecánicos, electrónicos o tecnológicos que calientan o atomizan sustancias tóxicas con o sin nicotina, prohíbe toda publicidad o propaganda de estos productos y elimina los porcentajes obligatorios que antes destinaban el 8% del Fondo de Salud para el Bienestar a enfermedades de alto costo y el 2% a infraestructura en entidades con mayor marginación. Desde ahora, la distribución de esos recursos quedará a criterio del Comité Técnico del Fondo.
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En entrevista con medios, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) advirtió que la reforma debilita el Fondo de Salud para el Bienestar al quitar el porcentaje obligatorio para enfermedades de alto costo y permitir usarlo para gasto corriente. También señaló que el dictamen original podía criminalizar a jóvenes que portan vapeadores.
“Pero ellos lo que quieren es quitar, les estorba. El 8 por ciento de ese total debe ser exactamente para atender los casos catastróficos y solamente el 3 por ciento para las otras cosas, como construir infraestructura”, afirmó.
Foto: Cuartoscuro
En el debate, la diputada Margarita García García (PT), quien presentó la reserva junto a Ricardo Monreal, defendió la modificación al artículo 282 Quater y aseguró que la reforma no penaliza el uso ni la portación individual de vapeadores.
Sostuvo que la prohibición se dirige únicamente a la cadena comercial y acusó a la oposición de difundir información incorrecta sobre supuestos castigos a consumidores.
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Además, el panista Fidel Daniel Chimal García afirmó que Morena rectificó únicamente ante la presión de la oposición. “Qué bueno que entró la cordura… la verdadera intención era criminalizar lo que ahora quieren esconder”, dijo. Cuestionó las penas planteadas originalmente: “Era una barbaridad que fuera más aceptado portar opio, cocaína o LSD que cargar un vapeador”, y acusó al bloque oficialista de proponer una norma “desproporcionada y sin sentido”.
La discusión incluyó críticas del PRI y MC a la redacción del tipo penal, mientras Morena y PT defendieron que la reserva aprobada aclara el alcance de la prohibición y evita efectos punitivos indebidos. El dictamen será enviado al Senado para su análisis.
