
México no debe bajar la guardia, advirtieron especialistas en seguridad, geopolítica y relaciones internacionales, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartara, tras una llamada con Donald Trump, que Estados Unidos vaya a intervenir militarmente en el país para combatir a los cárteles del narcotráfico.
Los escenarios que se abren sugieren una relación marcada por la incertidumbre, la exigencia de demandas de seguridad “difíciles de cumplir” y el uso de la soberanía como un discurso de consumo interno frente al gobierno de Estados Unidos.
A esto, se suma un dato que no hay que pasar por alto: desde que Donald Trump inició su segundo mandato presidencial, Estados Unidos ha emitido 11 alertas de seguridad en México, ubicando como “focos rojos” a Tamaulipas, Nuevo León y Baja California, según informes de seguridad de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado consultados por Animal Político.

Tras el reporte de un “ataque a gran escala” cometido en Venezuela la madrugada del sábado 3 de enero, el mundo entero despertó con la noticia de que el gobierno del presidente Donald Trump había capturado al presidente Nicolás Maduro y a su esposa por cargos de narcotráfico y terrorismo.
Días después de la captura de Maduro, el presidente Trump intensificó su discurso nacionalista y lanzó advertencias de intervención a diversos países y territorios como Groenlandia, que forma parte de Dinamarca; Colombia, Irán, Cuba y México, bajo el pretexto de cuidar los intereses de los Estados Unidos.
El jueves 8 de enero, cinco días después de la captura de Maduro, Trump aseguró que su país atacaría a los cárteles de droga vía terrestre y aunque no ofreció más detalles insistió en que estos “gobiernan México”.
“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, dijo Trump en una entrevista emitida por Fox News.
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En ese contexto fue que el domingo 11 de enero, Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, sostuvo una conversación telefónica con Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en la que el representante estadounidense pidió “resultados tangibles” en el combate contra los cárteles de la droga a las autoridades mexicanas.
Esa misma noche, a través de sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su conferencia de prensa matutina cambiaría de horario, tal y como ha hecho en todas las ocasiones en las que ha tenido llamadas con el presidente Trump.
Sheinbaum informó este lunes 12 que tras una “muy buena conversación” telefónica con su homólogo estadounidense la amenaza de una posible intervención quedó desactivada y descartó que el Gobierno de los Estados Unidos pueda intervenir militarmente en México.
—¿Quedó descartada una intervención militar? —se le cuestionó en conferencia matutina.
—Sí —respondió.
—Digamos que quedó claro en la conversación que hay colaboración, coordinación y que seguimos trabajando conjuntamente en ese marco. Siempre pueden declarar ellos alguna otra cosa en algún momento y buscaremos una nueva llamada, si es así —agregó.

Para el analista David Saucedo, especialista en seguridad, la supuesta desactivación de la amenaza militar estadounidense deja una interrogante mayor sobre las condiciones impuestas.
Según el experto, quien también es consultor en políticas públicas y programas de gobierno, el historial del mandatario republicano indica que sus promesas siempre tienen un precio: “Trump después de una amenaza siempre obtuvo algo a cambio”, señala, recordando que en el pasado esto se tradujo en amenazas de aranceles, el despliegue de la Guardia Nacional convirtiendo a México en un tercer país seguro para los EU o la gestión del agua transfronteriza.
Saucedo prevé que, en lugar de una incursión abierta, el escenario inmediato será el “incremento de las operaciones encubiertas” en México, las cuales, asegura, no han dejado de ocurrir en territorio mexicano.
Por ejemplo, recuerda que bajo este esquema de “operaciones encubiertas” agentes de la oficina de Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ya han realizado la geolocalización de laboratorios y capturas de alto perfil. Solo que en el último año lo han hecho bajo una mayor presión para que México no aplique “tácticas dilatorias” en las extradiciones o entregas.
En febrero de 2025, en un hecho histórico y sin precedentes, autoridades mexicanas realizaron la entrega masiva de 29 capos del crimen organizado a Estados Unidos, quienes eran requeridos por el Departamento de Justicia. La fórmula se repitió en agosto, cuando México entregó a otras 26 personas.
En ese sentido, David Saucedo advierte que si la opinión pública estadounidense favorece al presidente Donald Trump en sus pretensiones geopolíticas, sigue siendo factible una intervención directa contra narcotraficantes, como Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, supuesto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), o los hermanos Hurtado Olascoaga, supuestas cabezas de la organización criminal conocida como La Nueva Familia Michoacana.
Este martes 13 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de cuatro personas relacionadas con “El Mencho”, apenas un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuviera una conversación telefónica con Donald Trump.

La maestra Pía Taracena, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana (Ibero), considera que el escenario es “bastante complicado” debido a la impredecibilidad del presidente estadounidense.
“Donald Trump decide cómo decide desde su moral. Entonces, no es nada fácil la relación de México con Estados Unidos”, afirma.
La académica hace referencia a los recientes dichos del presidente Donald Trump que, el mismo día que aseguró que Estados Unidos atacaría a los cárteles de droga vía terrestre, afirmó que solo “su moral” constituye un límite para la política exterior de su gobierno, asegurando así que “no necesita” del derecho internacional.
Para la maestra Pía Taracena, uno de los puntos críticos será la postura de México frente a regímenes como el de Cuba, sugiriendo que Estados Unidos podría exigir que el gobierno mexicano deje de suministrar petróleo a la isla.
La académica también observa que la “narrativa soberanista” del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se podría quedar corta frente a la realidad binacional: “se ve más como de consumo interno que como una narrativa que abone a la relación bilateral”.
El escenario que ella perfila obliga a México a ser un actor más fuerte y práctico en la región para evitar quedar atrapado en la etiqueta de “narcoterrorismo” que promueven sectores vinculados al movimiento Make América Great Again (MAGA), seguidores de extrema derecha del presidente Trump.

Arturo Santa Cruz, director del Centro de Estudios Sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara (UDG), coincide en la desconfianza hacia la estabilidad de los acuerdos con Trump. “Con él lo que no pasa, no pasa hasta que pasa, como lo acabamos de ver en Venezuela”, advierte y subraya que el mandatario estadounidense es poco predecible.
Santa Cruz vislumbra un escenario en el que las exigencias de colaboración en materia de seguridad se volverán cada vez más extremas, como la entrega masiva de capos vinculados a grupos del crimen organizado.
Según su análisis, Washington ya no se conformará solo con el freno de drogas hacia los Estados Unidos y la entrega de presuntos delincuentes, sino que “ahora van por más: la entrega de figuras clave de políticos del régimen que colaboran con el crimen organizado”, incluyendo gobernadores o alcaldes.
Los expertos pronostican que la diplomacia mexicana se centrará en negociaciones que involucran concesiones económicas y la entrega de objetivos de alto nivel en un contexto geopolítico definido por una administración estadounidense que emplea la presión constante como un factor clave en su estrategia de negociación.