Morena y sus aliados llevaron a un proceso exprés la discusión de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, al solicitar un cambio de último momento en el orden del día para votar el dictamen en el Pleno este mismo miércoles. El ajuste se hizo pese a que originalmente estaba previsto que la reforma avanzara solo en comisiones.

Mientras, afuera de San Lázaro, agricultores de varios estados mantuvieron bloqueados los accesos con tractores y maquinaria durante varias horas, estos después de una semana de reuniones con legisladores que no derivaron en cambios sustantivos al dictamen. Los productores han advertido que las modificaciones podrían afectar el volumen de agua disponible para actividades agrícolas.

“No es nada ilegal lo que estamos haciendo… Hay mucha desinformación sobre el contenido del dictamen… Les pido que permitamos que inicie el debate”, dijo desde su curul.

Morena afirmó que la reforma no afecta a comunidades ni a pequeños productores. Monreal aseguró que el dictamen no contiene disposiciones en contra del campo y defendió los cambios como una actualización necesaria del marco hídrico.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, fijó su desacuerdo con acelerar el proceso al recordar que esta semana recibió a representantes del campo que pidieron más tiempo de análisis. Dijo que la modificación del orden del día recorta horas de deliberación y afecta un tema de alto impacto.

“No acompaño, no comparto, no estoy de acuerdo en que se modifique el Orden del Día… no estoy de acuerdo en este fast track”, expresó antes de someter la propuesta al Pleno.

El PAN también rechazó el procedimiento acelerado y acusó al oficialismo de intentar aprobar la reforma sin escuchar a quienes dependen del agua. Según su bancada, Morena pretende centralizar el control del recurso mediante una ley que no pasó por un proceso adecuado de consulta.

“Quieren engañar a la gente diciendo que esta es una ley para garantizar el derecho al agua… esta iniciativa centraliza, controla y secuestra el recurso más importante del país”, dijo su coordinador, Elías Lixa.

“Los derechos amparados en las concesiones… no serán objeto de transmisión… Están engañando a las y los campesinos”, afirmó al exigir que la reforma se suspenda.

El dictamen aprobado en comisiones mantiene la prohibición de transmitir derechos de agua, aunque incorpora un procedimiento expedito para reasignaciones cuando se transfiera la propiedad ligada al título. También amplía plazos para solicitar prórrogas, crea la figura de “uso agropecuario familiar”, elimina la disponibilidad como criterio para prórrogas y reduce sanciones.

Los productores que bloquearon San Lázaro insisten en que estas disposiciones no garantizan certeza jurídica. Advierten que el margen de discrecionalidad sigue siendo alto y que la autoridad del agua concentrará facultades decisivas para reasignar volúmenes en casos de transmisión de propiedad.