
Desde hace más de seis años, Gibrán atiende su adicción a la heroína en una clínica privada. Para combatir los efectos secundarios —síndrome de abstinencia— que le provoca la falta de consumo, la metadona es un medicamento indispensable.
En noviembre, ahí mismo le informaron que muy pronto dejarían de contar con ese medicamento. Previendo lo que podría pasar, compró la cantidad suficiente para el resto del año, pero le duró únicamente hasta finales de enero.
“Yo tengo este problema porque era adicto a la heroína, y entré a un programa de rehabilitación en 2016 y hasta la fecha no había recaído, hasta que se acabó la medicina no había recaído; incluso, estaba a unos meses de terminar el tratamiento porque ya había reducido bastante la dosis”, relata Gibrán.
A raíz del desabasto, admite, ha recaído varias veces porque hay días en que el dolor en el cuerpo se vuelve insoportable. El tratamiento para contrarrestar la adicción a la heroína con metadona puede durar, dependiendo de cada caso, desde algunos meses hasta más de cinco años.
Gibrán ya se encontraba en la etapa de “mantenimiento”, es decir, un periodo en el que poco a poco se va reduciendo la dosis hasta volverse innecesaria. Por ejemplo, él empezó tomando tres pastillas diarias, y cuando lo sorprendió el desabasto ya estaba únicamente con un cuarto de tableta en la mañana y la misma cantidad en la noche. Eso implica que estaba a dos o tres meses de concluir su tratamiento.
La metadona es una alternativa viable para una persona que quiere dejar las drogas y rehacer su vida, asegura Gibrán. “Para mí, era insostenible estar en esa situación de adicción, y empecé a buscar alternativas para salir de ahí, pero es una pendejada, con el perdón de la palabra, que el gobierno tome este tipo de decisiones sin siquiera tener un plan de contingencia”, reclama. Hoy, lleva más de cuatro meses sin poder adquirir su medicamento.
El 22 de febrero pasado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) hizo pública una carta de hallazgos de riesgo sanitario dirigida a la fabricante Psicofarma. En ella, la dependencia detalló dos visitas de verificación que llevó a cabo el 29 de noviembre en sus plantas de fabricación en Tlalpan y Coyoacán, de las que se desprendieron las actas sanitarias 22-CF-09-0793-GS y 22-CF09-0794-GS.
“Durante las visitas, verificadores especializados de esta autoridad sanitaria identificaron deficiencias críticas en la trazabilidad de psicotrópicos y estupefacientes, lo que evidencia el manejo irregular de sustancias sujetas a un estricto control sanitario”, señala el documento. Los hallazgos, añade, contravienen lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas NOM-164-SSA1-2015 y NOM-059-SSA1-2015.
En la carta, se señala el uso de lotes de prueba de laboratorio como producto terminado para comercializar, la fabricación de medicamentos sin apego a buenas prácticas —con contaminación cruzada, envasado sin técnica de esterilidad, almacenamiento de materia prima en áreas negras o contaminadas— y la violación de registro sanitario hasta la inexistencia de trazabilidad, empaques de medicamentos en bolsas de basura municipal y localización de materia prima para fabricación de sólidos, mientras que su licencia sanitaria contemplaba autorización para inyectables.
En aquel momento, basada en los hallazgos, la Cofepris determinó que existían los elementos suficientes para determinar que Psicofarma no cumplía con los criterios de calidad suficientes y apegados a estándares nacionales e internacionales, lo que constituía un alto riesgo para la salud de la población. Hasta no solventar las observaciones hechas por la dependencia, no podría reanudar las actividades en sus plantas.
Para abril, la Cofepris propuso a Psicofarma una ruta regulatoria que solventara las irregularidades en la fabricación de medicamentos controlados. En ese momento, la dependencia consideró que la empresa llevaba un avance del 50% en la solución de hallazgos críticos en procesos, instalaciones y procedimientos de fabricación. Sin embargo, quedaba pendiente que presentara pruebas de sitio de fabricación y certificados analíticos por cada lote.
De manera paulatina, a partir de mayo, la Cofepris comenzó a otorgar cinco autorizaciones a Psicofarma, que suman poco más de 10 millones y medio de cajas de medicamentos. Entre estos están clonazepam, litio, metilfenidato, amitriptilina, clozapina, imipramina, lorazepam, pontiride y sulpirida, entre otros.
Sin embargo, existen medicamentos producidos por la empresa cuya distribución no ha sido restablecida. Sin un plan de contención, todas las etapas de ese proceso y la lenta reanudación de las actividades de Psicofarma han dejado a personas que estaban tratando sus adicciones, como Gibrán, o que viven con padecimientos de salud mental sin posibilidad de tratamiento.
Elías Téllez es paciente del Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente desde hace 15 años, por depresión y ansiedad. Es en el propio hospital donde, durante algunas crisis, ha accedido a medicamentos listados en su farmacia. Sin embargo, la amitriptilina —Anapsique, por su nombre comercial— es un antidepresivo que solo fabrica Psicofarma, por lo que nunca ha tenido acceso a esta directamente en el hospital.
A finales de febrero, empezó a costarle trabajo encontrar su medicamento, y casi para inicios de marzo ya estaba agotado en todas las farmacias. Recuerda haber recorrido por lo menos 30.
Ante el desabasto, su médico decidió recetarle imipramina, un medicamento que actúa de manera similar. Durante este cambio, se experimenta un síndrome conocido como “de retiro”. A la sustitución, se le llama comúnmente “switcheo”. “Ese switcheo no me ayudó, me seguí sintiendo mal; yo le di chance a mi cuerpo 16 días para que se adaptara al medicamento, y me seguía sintiendo fatal, con vértigo, mareo, náuseas, pesadillas, mucha irritabilidad, ataques de pánico, más aparte lo que uno sentía antes de medicarse”, relata Elías.
Una vez que supo todo lo ocurrido entre la Cofepris y Psicofarma, inició una petición en la plataforma Change.org —que hasta hoy ha reunido más de 41 mil firmas—. La Secretaría de Salud y Cofepris, a ojos de Elías, son igualmente responsables por no haber contado con un plan de emergencia para que los pacientes pudieran comprar el medicamento o recibirlo en otro lado. Eso detonó también protestas directas presenciales en las oficinas de Psicofarma.
Durante una de estas, tras la cual los manifestantes fueron recibidos por personal de Psicofarma, la empresa aseguró que los problemas que tenía eran únicamente administrativos y estaba trabajando en solventarlos. En el caso de algunos medicamentos, como la clozapina —para tratar la esquizofrenia y cuyo desabasto tiene un rezago mayor, de más de seis meses—, otro laboratorio también la produce pero al doble de precio.
Elías subraya, además, que varios “switcheos” de medicamentos no funcionaron, e incluso en algunos casos desencadenaron efectos adversos graves. La complejidad de los medicamentos psiquiátricos es que los tratamientos, la mayoría de las veces, son procesos largos donde se comienza suministrando una dosis muy baja, para evaluar sus efectos, y se va incrementando poco a poco; para retirarlos, ocurre lo mismo.
“Después, clausuramos simbólicamente Cofepris, pidiéndole respuestas, metimos cartas a presidencia, escritos a Cofepris y no contestaban. Redactamos un documento para Andrés Manuel (López Obrador), y la Presidencia me contestó exhortando a mi hospital, al Instituto de Psiquiatría, y a Cofepris a que contestaran por qué hay desabasto. Mi hospital contestó el 19 de abril que ya me habían hecho el cambio a la imipramina”, relata.
Tras el anuncio de la ruta regulatoria entre Psicofarma y Cofepris, no se les ha informado una fecha exacta en la que los medicamentos podrían volver a estar disponibles. Elías aclara que, aunque se hayan liberado algunos, esto no implica necesariamente que se reanude la comercialización. Durante su última protesta, Psicofarma aseguró que el metilfenidato, el litio y el clonazepam volverían a la venta en diferentes farmacias, pero únicamente en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
“Se empieza a encontrar uno que otro medicamento, la Cofepris ha liberado otros, y Psicofarma nos mencionó que en el caso del Anapsique, la risperidona y un medicamento que se llama zolpidem, no hay en inventario: por los sellos de Cofepris, ellos no han podido producirlo en meses. Lo que necesitan es el retiro de sellos para producir; no sabemos por qué se está tardando tanto Psicofarma”, asegura Elías.
El movimiento iniciado por Elías, a partir de ser un paciente más que se enfrentó al desabasto, hoy se ha constituido como Medicamentos para Mentes Libres MX con voceros en varios estados del país. Entre sus más recientes movilizaciones, entregaron 10 oficios simultáneos en Guadalajara, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Estado de México y otros estados con la misma demanda. Hasta hoy, siguen esperando que la comercialización se reanude.
La noche del lunes, la Cofepris señaló en un comunicado que “ha intensificado las acciones de colaboración con la empresa Psicofarma con el objetivo único de garantizar el acceso a medicamentos controlados que sean seguros, eficaces y de calidad, y que, por lo tanto, no pongan en riesgo la salud de las y los pacientes”.

Los nuevos lineamientos de seguridad muestran el interés de Washington por frenar la inmigración ilegal, contener el avance del narcotráfico y mejorar la relación con sus aliados ideológicos y sus socios comerciales.
Tanto el reciente bloqueo “total y completo” de todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela como el inusual rescate financiero a Argentina de octubre son muestras de la relevancia que América Latina tiene para Donald Trump.
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional reafirma la decisión de Estados Unidos de ampliar la presencia militar y su influencia en la región. Publicado por la Casa Blanca el 4 de diciembre, el documento plasma la visión del mundo de la actual gestión.
“Mi gobierno ha actuado con una urgencia y velocidad históricas para restaurar la fuerza estadounidense en el país y en el exterior“, dice la carta firmada por el mandatario que antecede el documento de 29 páginas.
Según los nuevos lineamientos de seguridad, Trump mira a América Latina decidido a frenar la inmigración ilegal, contener el avance del narcotráfico y mejorar la relación con sus aliados ideológicos y sus socios comerciales.
Para hacerlo, propone volver a la política exterior del presidente James Monroe de “América para los Americanos”, con la que EE.UU. declaraba en 1823 su intención de resguardar a la región del avance de las potencias ajenas al continente.
“Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”, dice el nuevo documento que llama a este enfoque “corolario Trump a la doctrina Monroe”.
Este enfoque se ganó el apodo de la “doctrina Donroe”, que surge de la combinación entre Donald y Monroe. El término apareció en enero en la portada del New York Post y rápidamente fue adoptado por analistas estadounidenses y medios internacionales.
Entonces, ¿estamos ante una nueva doctrina de Monroe en la región? ¿Cuáles son las preocupaciones e intereses de Trump en América Latina? ¿Cómo hará para ampliar su influencia en el continente?
Para que Estados Unidos consolide su poder global, Trump entiende que primero debe reafirmar su influencia en la región.
“Estados Unidos debe ser preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permite afirmarnos con confianza donde y cuando lo necesitemos en la región”, dice el documento.
Para Will Freeman, investigador de Estudios Latinoamericanos del influyente centro de estudios estadounidense Council on Foreign Relations, Trump busca dar un “nuevo giro a una vieja idea”.
“Es una especie de justificación ideológica para la intervención de Estados Unidos o para la mano dura en la región, la cual se centra explícitamente en la inmigración”, dijo Freeman a BBC Mundo.
“Pero el documento también menciona los cárteles de la droga y las incursiones extranjeras hostiles, lo que suena a la Doctrina Monroe en su versión original”, agrega.
La idea de una estrategia inspirada en la antigua doctrina Monroe no es nueva. Ya en 1904 el presidente Theodore Roosevelt (1901-1909) estableció su propio “corolario Roosevelt” a esa doctrina del Siglo XIX.
En aquel momento, Roosvelt sostenía que Estados Unidos debía intervenir en los países de la región si no estaban siendo capaces de cumplir con sus compromisos financieros o con el cuidado de sus democracias, según explica Freeman.
En cualquier caso, lo que sabemos hasta el momento sobre el llamado “corolario Trump” es bastante vago. Por eso, el analista recomienda no tomarlo como un plan estratégico sino como una declaración de principios.
“Trump no sigue una política exterior tan consistente como para llamarla doctrina. Tampoco hace ninguna declaración que nos ayude a entender cómo se relacionan las medidas que está tomando con sus objetivos más ambiciosos”, dice.
Para Trump, los países de América Latina son el origen de muchos de los problemas que enfrenta Estados Unidos, pero a la vez pueden ser la clave para resolverlos.
El documento presenta a la “migración ilegal y desestabilizadora” como uno de los principales problemas que tienen origen en Latinoamérica, ya que la mitad de los inmigrantes que viven en Estados Unidos proviene de la región, principalmente de México.
“Es la parte del mundo que más le interesa para sus objetivos de política interna”, dice Freeman.
A su vez, menciona el peligro de los cárteles de drogas, teniendo en cuenta que casi toda la cocaína que se consume en Estados Unidos proviene de tres países de la región: Colombia, Perú y Bolivia.
En ese sentido, para Bernabé Malacalza, autor del libro “Las cruzadas del siglo XXI”, que trata sobre la relación entre Estados Unidos y China, la nueva arquitectura de seguridad nacional se sostiene en que Estados Unidos considera a la región como “parte de su frontera de seguridad interna”.
“América Latina pasó a ser prioritaria para Estados Unidos. Adquirió un lugar que antes no había tenido y que se explica en que la seguridad hemisférica ganó protagonismo”, dice el profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.
El documento menciona además la necesidad de limitar incursiones extranjeras hostiles, en una clara referencia a China, aunque no la menciona.
En materia comercial, Trump busca mejorar sus acuerdos con sus socios en la región bajo la impronta del America First (Estados Unidos primero). El documento plantea el uso de “aranceles y acuerdos comerciales recíprocos como herramientas poderosas”, algo que el gobierno de Trump ya ha puesto en práctica con numerosos países de la región, con resultados mixtos.
En el caso de México, la Casa Blanca sabe que las empresas estadounidenses también se ven afectadas por las disputas comerciales.
“Por eso, Trump busca consolidar acuerdos orientados al nearshoring (estrategia de una empresa para transferir parte de su producción a países cercanos), porque entiende que la región es parte de la reconfiguración de las cadenas de valor”, señala Malacalza.
Trump no solo quiere que las empresas estadounidenses crezcan, sino que los países aliados fortalezcan sus economías nacionales para, de este modo, intensificar las relaciones comerciales.
Según el documento, “un hemisferio occidental económicamente más fuerte y sofisticado se convierte en un mercado cada vez más atractivo para el comercio y la inversión estadounidenses”.
“Los países de la región tienen un impacto desproporcionado en estos asuntos internos que a Trump le importan mucho, y que también le interesan a su base política”, resume Freeman.
El mastodóntico portaaviones USS Gerald Ford, en el Caribe desde noviembre, no solo presiona al gobierno de Venezuela, sino que también refleja los nuevos lineamientos de seguridad de Estados Unidos.
Según el documento, la Casa Blanca busca desplegar una “presencia (militar) más adecuada” y “despliegues específicos” para controlar las fronteras terrestres y las rutas marítimas.
Estados Unidos habilita incluso “el uso de fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia basada únicamente en la aplicación de la ley de las últimas décadas”, menciona el documento.
“La fuerza es el mejor elemento disuasorio”, agrega la Casa Blanca, en lo que es una política exterior deja abierta la opción de la represalia.
Este gobierno ha dicho que busca recuperar la idea de “paz por medio de la fuerza” (Peace Through Strength), el antiguo lema del presidente Ronald Reagan que se basa en confiar en el poder militar como garante de estabilidad.
Para Malacalza, la política de seguridad hacia América Latina “no configura una arquitectura regional o hemisférica, sino que busca que los países se alineen a Estados Unidos y, en última instancia, a Trump”.
Por otro lado, Estados Unidos ofrece una serie de recompensas para sus aliados.
“Recompensaremos y alentaremos a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que se alineen ampliamente con nuestros principios y estrategia”, señala la nueva estrategia.
La política de Estados Unidos debería, según el documento, enfocarse en apoyar a líderes y aliados regionales “capaces de promover una estabilidad razonable en la región”, que ayuden a frenar la migración ilegal y a neutralizar a los cárteles.
Esta política de recompensas se vio en octubre cuando Trump anunció el rescate de 20 mil millones de dólares para Argentina o cuando, al mes siguiente, se firmaron acuerdos con este último país, Ecuador, El Salvador y Guatemala para reducir los aranceles a las exportaciones.
En cualquier caso, para los analistas consultados por BBC Mundo, la bautizada “doctrina Donroe” entiende a la región principalmente como un lugar de amenazas más que de oportunidades.
“Les preocupa mucho más prevenir que las amenazas peligrosas de América Latina lleguen a Estados Unidos, según dirán ellos, que aprovechar las oportunidades que ofrece la región“, sintetiza Freeman.
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