Embajada de EU pide a FGR desmantelar organizaciones criminales y no priorizar delitos individuales
Para entender mejor
La embajada de Estados Unidos en México llamó a la Fiscalía General de la Rpública (FGR) encabezada por Ernestina Godoy, y a las dependencias estatales, enfocarse en desmantelar organizaciones criminales en lugar de perseguir delitos indviduales.
Durante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) estuvo presente Mark Coolidge Johnson, encargado de negocios de la embajada de EU quien también destacó la importancia del trabajo conjunto.
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“Coolidge Johnson señaló que no solo es necesario perseguir delitos individuales, sino desmantelar organizaciones completas. Destacó que, para lograrlo, se requiere mantener una colaboración, coordinación y capacitación constantes, pues solo a través del trabajo conjunto es posible obtener mejores resultados y construir un futuro mejor para todos”, detalla un comunicado de la FGR.
Aprueban seguimiento de armas de fuego para combatir al crimen
Durante la asamblea plenaria que fue el primer evento oficial de Ernestina Godoy al frente de la FGR, las y los fiscales del país aprobaron la implementación, a nivel nacional, del seguimiento del Registro Criminal de Armas de Fuego para “fortalecer la trazabilidad de las armas y apoyar los procesos de investigación”.
Dicho registro se integra como el primer módulo del Sistema Informático Nacional Interoperable, y su operación se llevará a cabo a través de las Unidades de Análisis de Información o las áreas equivalentes que cada institución de procuración de justicia determine.
Asimismo, se comprometieron a mantener la ingesta y el intercambio de información con la Agencia de Investigación Criminal, a través del Centro Federal de Inteligencia Criminal.
Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia “tomaron conocimiento del avance en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las recientes reformas legales en materia de seguridad pública, así como de los acuerdos de la LI Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y de las acciones realizadas para la actualización de la Metodología de recopilación de datos de homicidio doloso”.
Entre los acuerdos están la entrega de información estadística de las instituciones requerida por el Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia (SENAP), así como a fortalecer sus sistemas de información, con el acompañamiento de la Fiscalía General de la República y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Asimismo, en la reunión, los y las titulares de las fiscalías locales tomaron conocimiento de la propuesta de convenio de colaboración presentada por la Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, que permita una mejor comunicación entre las 32 entidades, para conseguir mecanismos de trabajo para la capacitación, intercambio de información y desarrollo de protocolos para la revisión de casos específicos.
“Con el propósito de garantizar la protección efectiva de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y construir una agenda estratégica que impulse cambios profundos y estructurales en la procuración de justicia con perspectiva de género e interseccionalidad”.
La titular de FGR y presidenta de la CNPJ, Ernestina Godoy Ramos, señaló que este tipo de reuniones deben realizarse de manera periódica, pues compartir el trabajo es fundamental porque “todos tenemos el mismo objetivo: erradicar la impunidad, fortalecer la investigación, avanzar en la judicialización y contar con todos los instrumentos necesarios para ello”, dijo.
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La medida de paralización de los procesos migratorios afecta a las personas provenientes de 19 países no europeos.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes la suspensión de las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países no europeos, a los que les había restringido la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año.
La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
Además de los países latinoamericanos mencionados, la lista afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La medida fue formalizada a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el que se anuncia un proceso exhaustivo de reevaluación, para analizar a fondo “las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad”.
El texto oficial que detalla la nueva política hace referencia al ataque armado ocurrido la semana pasada en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.
Por ese ataque fue detenido como sospechoso Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Kabul y que entró a EE.UU. en 2021, beneficiado por un programa que otorgó protección especial a los migrantes de ese país, tras la retirada de los militares de EE.UU. de ese país.
La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
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