Omar García Harfuch: siete ataques del crimen organizado a la Secretaría de Seguridad en su gestión
Para entender mejor
Desde que inició como secretario de seguridad pública federal, Omar García Harfuch ha reportado un total de siete ataques perpetrados por integrantes del crimen organizado en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Esta serie de agresiones cometidas por parte del crimen organizado, que incluyen asesinatos, secuestros y ataques armados, se han concentrado en estados con alta incidencia delictiva, como Sinaloa, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, evidenciando los riesgos que enfrentan los agentes de inteligencia del país, piezas clave para la seguridad nacional.
Crimen organizado: el sangriento inicio en Sinaloa y la crisis de equipo
La violencia contra la corporación tuvo su primer episodio el 18 de diciembre de 2024, cuando fue asesinado el primer elemento de investigación de la SSPC durante la administración de Harfuch en Culiacán, Sinaloa.
Dicho asesinato tuvo especial relevancia debido a que este se desarrolló en medio de la guerra interna que enfrenta al Cártel de Sinaloa, entre los familiares de Ismael “El Mayo” Zambada, mejor conocidos como “Los Mayos”, y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”, conflicto que comenzó a raíz de la supuesta entrega del primero a los Estados Unidos por los hijos del segundo.
“Nuestro más sentido pésame a la familia de nuestro compañero y todo nuestro reconocimiento a la labor que realizan diario mujeres y hombres de Gabinete de Seguridad”, escribió Harfuch en su cuenta de X, antes Twitter.
Sin embargo, este homicidio por parte de integrantes del crimen organizado desató una fuerte polémica tras las declaraciones de Claudia Sánchez, supuesta esposa del agente asesinado, quien cuestionó duramente la logística de la misión.
A través de redes sociales, Claudia Sánchez denunció que los elementos fueron enviados “sin organización” y que su esposo portaba únicamente un “arma pequeña” para enfrentar a criminales de alta peligrosidad y calificó la comisión como “mal hecha”.
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“Es mi esposo y que dolor tan grande estoy sintiendo de no haberlo podido convencer que renunciara cuando le llegó esta comisión tan mal hecha. ¿Los mandan con un arma pequeña para combatir criminales de alto rango? Que impotencia siento”, escribió en sus redes sociales que se encuentran actualmente suspendidas.
Apenas una semana después, el 25 de diciembre, el García Harfuch informó en una publicación en sus redes sociales que otro agente de investigación resultó herido en un operativo para desarticular a una “célula generadora de violencia” en la misma ciudad, aunque este logró sobrevivir.
La peligrosidad de los mandamientos judiciales y el caso Sandra Domínguez
La labor de inteligencia también ha cobrado vidas en el cumplimiento de mandamientos judiciales. El 29 de enero de 2025, un agente de investigación fue asesinado en Veracruz por hombres armados tras ejecutar una orden de aprehensión contra un individuo vinculado a la desaparición de la activista Sandra Domínguez.
A través de sus redes sociales, Harfuch defendió la labor del oficial, afirmando que perdió la vida “cumpliendo con su deber y sacando de las calles a generadores de violencia”.
La desaparición de la defensora mixe Sandra Domínguez, y su esposo Alexander Hernández, acontecida el 4 de octubre de 2024 en la comunidad de María Lombardo de Caso, San Juan Cotzocón, en el estado de Oaxaca, y su posterior asesinato sacudió a la entidad debido a la alta tasa de asesinatos de activistas.
El caso adquirió aún mayor relevancia después de que el activista Joaquín Galván asegurara que semanas antes la defensora confrontó a Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), por supuestamente haber protegido a diversos funcionarios y operadores políticos involucrados en redes de acoso y violencia contra mujeres indígenas, razones por las que incluso recibió amenazas.
Meses más tarde, el 21 de abril de 2025, la violencia contra agentes de la SSPC se trasladó a León, Guanajuato, donde un suboficial identificado como Jonathan murió durante una agresión armada mientras realizaba labores de campo.
En este caso, el secretario confirmó que se logró la detención de los responsables poco después de la agresión.
Secuestros y rescates tácticos: Michoacán y Jalisco
El año 2025 también se caracterizó por la privación ilegal de la libertad de agentes federales. El 4 de septiembre, dos elementos de la SSPC fueron secuestrados en Álvaro Obregón, Michoacán, mientras realizaban labores de investigación en la localidad.
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En este caso ambos elementos fueron rescatados con vida debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), así como autoridades estatales, realizaron un “despliegue inmediato” para su localización, según informó el propio secretario mediante sus redes sociales.
Este evento llevó a la captura, el 24 de septiembre, de un objetivo prioritario: Genaro “N”, alias “El Silencio”, detenido en Uriangato, Guanajuato, vinculado no solo con la privación de la libertad de los dos agentes de la SSPC sino además con diversos homicidios y robos en cajeros.
De acuerdo con el secretario, este individuo fue identificado como uno de los generadores de violencia en Michoacán y Guanajuato, quien contaba con al menos 10 carpetas de investigación por narcomenudeo, extorsión y homicidio calificado, razón por la cual también era objetivo prioritario de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Finalmente, el último trimestre del año cerró con dos incidentes críticos:
El primero ocurrió el 19 de octubre en Acapulco, Guerrero, cuando una agresión dejó tres agentes lesionados y un presunto delincuente muerto.
En este caso, la respuesta oficial resultó en la captura de seis personas, incluyendo a Antonio “N”, identificado como el autor intelectual, así como el aseguramiento de armas y drogas.
El último evento ocurrió el 25 de noviembre de 2025, en Zapopan, Jalisco, cuando dos elementos de la SSPC fueron privados de su libertad.
Tras días de incertidumbre, el 1 de diciembre de 2025, el secretario informó que los agentes fueron localizados con vida y se encontraban en buen estado.
Violencia ha alcanzado a García Harfuch y su círculo cercano
Estos siete incidentes subrayan que los agentes de la SSPC operan como un “muro de contención” frente a la delincuencia; sin embargo, también recuerdan a los hechos de violencia que han alcanzado al propio secretario de seguridad y su círculo cercano.
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Por ejemplo, el ataque cometido en contra del propio García Harfuch en el 2020, cuando supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atentaron contra el funcionario mientras este se desempeñaba como secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, durante la administración de Claudia Sheinbaum como jefa del Gobierno capitalino.
Una agresión en la que un grupo de hombres disparó contra Harfuch un total de 414 veces y que culminó con tres personas muertas y cinco lesionadas.
Entre estos ataques de alto perfil también se encuentra el asesinato de Milton Morales Figueroa, jefe de inteligencia de la policía de la Ciudad de México y personaje cercano a Harfuch, cometido el 21 de julio de 2024 en Coacalco, Estado de México.
Omar García Harfuch, que en ese entonces ya había sido nombrado por Claudia Sheinbaum como titular de la SSPC también lamentó el asesinato del funcionario, a quien calificó como un “gran amigo”.
“Descanse en paz nuestro amigo y compañero Milton. Un hombre sumamente generoso, extraordinario investigador, gran mexicano y sobre todo gran amigo. Como equipo daremos con los responsables como siempre lo hemos hecho”.
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La periodista venezolana Mirelis Morales relata su intento por legalizarse en EE.UU. y cómo se vio obligada a abandonar el trámite migratorio durante el gobierno de Trump.
Migrar a Miami nunca estuvo en mis planes. Sin la posibilidad de una green card, no me atrevía ni a soñarlo. Pero la aprobación del Estatus de Protección Temporal para los venezolanos (TPS por sus siglas en inglés) en marzo de 2022 me abrió un camino de permanecer legal en Estados Unidos que parecía improbable.
Mi travesía migratoria había comenzado en junio de 2018, cuando me fui a Perú en un acto desesperado por salir de la crisis humanitaria que ahogaba a Venezuela.
La aprobación del Permiso Temporal de Permanencia (PTP) en Perú se convirtió en un salvavidas para salir con mi hijo de 1 año y medio a un país que me prometía un poco de normalidad.
Perú me devolvió la calma. Sin embargo, la pandemia de covid me hizo cuestionar qué tan conveniente era seguir sola allí con un niño de 4 años. La idea de que pudiera contagiarme y no tener quién cuidara de mi hijo, me hizo pensar que debía buscar un nuevo destino donde tuviera red de apoyo. Entonces, ya en 2021, pensé en Miami o en Madrid.
Pero la duda volvía a surgir: “¿Cómo logro sacarme los papeles en Estados Unidos?”. Frente a mi falta de opciones, decidí que lo mejor era irme a Madrid y solicitar una visa humanitaria. Antes, quise hacer una parada en Miami para pasar Navidad con mi hermano y recargarme de abrazos luego de meses de aislamiento.
Ese era mi plan. Sólo que no contaba con que las fronteras de España seguían cerradas para los no residentes y me tocó quedarme en Miami con la esperanza de que ese asunto se resolviera lo más pronto posible.
Entonces, pasó lo inesperado.
El gobierno de Joe Biden aprobó el TPS para los venezolanos que estuvieran indocumentados en el país, como una medida de protección humanitaria ante la crisis que persistía en Venezuela. El TPS te daba la opción de obtener tanto el seguro social, como el permiso de trabajo. Y eso lo cambió todo.
Miami se convirtió en un refugio. Me permitió estar cerca de mis afectos, me concedió el privilegio de trabajar como periodista, me permitió formalizar mi negocio editorial y hasta me dio una segunda oportunidad de encontrar el amor.
El último lugar donde pensaba vivir me abría un mundo de posibilidades. De modo que inicié con determinación mis trámites para obtener “mi visa para un sueño”, como tantas veces le escuché decir a Juan Luis Guerra.
Sólo que nadie me preparó para la pieza que me tocó bailar.
El efecto Trump
“Mirelis, tienes premios, publicaciones, reconocimientos… Puedes pedir una visa de talentos extraordinarios”, me decían mis conocidos.
Todo indicaba que mi perfil calificaba. Así que contacté a un abogado que les había hecho el trámite a otros periodistas venezolanos y desembolsé los primeros US$6.000.
Lo hice con los ojos cerrados, porque ellos habían logrado conseguir sus papeles. ¿Por qué yo no?
Pasé un año armando mi expediente. Un año recabando evidencias –hasta debajo de las piedras– para demostrar los 10 criterios que me avalaban como una persona sobresaliente en mi área.
Cada carta de respaldo ameritaba una búsqueda casi detectivesca para ubicar a la persona responsable de la firma y luego un lobby para convencerlo de que no era un caso inventado. Hubo muchos que se negaron. Otros ni lo dudaron.
Tenía toda mi esperanza puesta en este proceso. No sólo porque me abría la posibilidad de una residencia –y el camino hacia la ciudadanía– sino porque me permitía darle un estatus a mi hijo y a mi pareja que, para ese entonces, tenía más de 11 años a la espera de la entrevista por solicitud de asilo.
Pagué otros US$3.500 entre gastos administrativos y el servicio exprés para obtener respuesta en 15 días. Ello sin contar el gasto en traducciones certificadas.
“Esto es una inversión a futuro”, me repetía cada vez que me tocaba desembolsar más dinero.
El 15 de febrero de 2024 se envió mi expediente. El 27 de febrero llegó la respuesta: caso rechazado. Sabía que existía esa posibilidad. Igual, no pude evitar la frustración ni la impotencia. Lloré hasta que no pude más. Me sentía tan vulnerable…
¿Ahora qué? Tenía la posibilidad de apelar. Pero preferí pedir una segunda opinión.
“Tu caso está mal de base. No tiene sentido apelar. Lo mejor es armar uno nuevo”, me dijo otro abogado.
La buena noticia es que tenía otra oportunidad. La mala es que debía pagar US$12.570 entre honorarios y gastos administrativos.
“Esto es una inversión a futuro”, me volvía a decir.
Me embarqué en armar otro caso. Esta vez más exhaustivo.
¿El resultado?
Un expediente de 700 páginas con pruebas suficientes para demostrar mis aportes en el campo del periodismo, mi rol liderando investigaciones periodísticas en reconocidas organizaciones como BBC y The New York Times, mis publicaciones en los medios más importantes del mundo, mi papel como jurado del trabajo de otros periodistas y mi participación en instituciones periodísticas internacionales.
La solicitud se envió el 24 de enero de 2025, cuatro días después de que Donald Trump asumiera su segundo mandato.
A los días llegó una notificación de Uscis (el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) en la que solicitaba evidencias adicionales. “¡¿Qué más quieren de mí?!”, pensé. Se envió lo requerido y sólo quedaba esperar.
Se había hecho tan buen trabajo que estaba segura de que esta vez sí obtendría una respuesta positiva. Debía lograr que me aprobaran al menos 3 criterios de los 10 expuestos. Me aceptaron 4.
Solo que no me dieron la residencia, porque, según el funcionario, “no tenía el high-level of expertise requerido” para este tipo de visas.
A juicio de mi abogado, Uscis se había excedido en el uso de la discrecionalidad. A criterio de muchos, mi caso había caído en el hoyo generado por el “efecto Trump”.
Tenía el derecho de apelar ante una corte federal por incumplimiento de la ley. Pero lo descarté al saber que el trámite podía demorar dos años y suponía desembolsar otros US$10.000 sin garantía de nada.
Para aquel momento, el futuro del TPS ya pendía de un hilo. La Secretaría de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional luchaban por revocarlo de forma definitiva.
Se habían abierto varias demandas contra la decisión. Un juez determinó que el gobierno no podía interferir. Se asomó la posibilidad de una extensión hasta octubre de 2026. Sin embargo, nada era definitivo. Mi TPS se vencía en septiembre de 2025 y tenía el tiempo en contra.
Mi abogado me propuso optar por la visa O, a través de una empresa que me patrocinara. Otros US$4.000 que debía sumar a mi abultada deuda de la tarjeta de crédito.
Decidí quemar mi último cartucho, a sabiendas de que esa opción no me daba residencia ni ciudadanía. Sólo 3 años de permanencia legal, renovables por tres años más. El tiempo suficiente para que el país tomara otro rumbo migratorio y las aguas se calmaran. Pensé.
Lo que se suponía era un trámite sencillo, terminó por demorarse más de cinco meses y entré en desesperación.
Mi abogado y su equipo estaban colapsados. No respondían los mensajes. Nadie sabía el estatus de mi solicitud. Ni tampoco me daban la cara.
Cuando finalmente se dispusieron a cerrar el expediente para enviarlo, me enteré de las repercusiones tributarias y decidí desistir.
No era sostenible económicamente para mí.
España: otro cantar
Hasta entonces, había gastado más de US$25.000 sin obtener ningún resultado.
Fueron más de dos años de un intenso desgaste emocional y financiero, dentro de un contexto país cada vez más hostil contra los migrantes, en especial contra los venezolanos.
La única opción que me quedaba para extender mi permanencia en Estados Unidos era acogerme a un asilo extemporáneo, pero, con mis papás en Venezuela, estaba negada ya que eso habría supuesto no poder salir de EE.UU. durante años.
Madrid se abría, de nuevo, como una alternativa.
Por esas cosas del destino, llegué a una publicación en Instagram sobre la visa de nómada digital en España. Pedí una cita con un gestor para conocer con detalle los requerimientos y esa reunión me pintó un panorama más esperanzador: podría obtener la residencia en un plazo de 20 días hábiles y a los dos años optar por la nacionalidad.
Era eso o regresarme a Venezuela.
Fueron días muy complicados emocionalmente. Irme de Estados Unidos implicaba dejar lo más valioso que había construido en los últimos cinco años: mi familia. Y por mucho que mi abogado intentó resarcir el daño con la exoneración del último pago, nada ni nadie me devolvería esa pérdida.
Me tomó un mes cerrar mi vida en Miami. Metí lo que pude en cuatro maletas y viajé a Caracas con el único propósito de renovar mi pasaporte y el de mi hijo para seguir a Madrid.
Tenía la opción de pedir la visa en la embajada de España en Caracas, pero lo descarté al no saber con certeza cuánto duraría el trámite por la vía consular.
Aterricé en Madrid el 8 de septiembre de 2025.
A la semana me reuní con el gestor para entregarle los requisitos de la visa de nómada digital: documentos de mi empresa, estados de cuenta para avalar que gano más de 2.200 euros (unos US$2.580), seguro privado, mis antecedentes penales en Estados Unidos y Venezuela, así como una carta en la que explicara que podía ejercer mis funciones a distancia. Nada más.
Presentamos los documentos el 2 de octubre de 2025. Al mes recibí la noticia: mi residencia en España había sido aprobada por tres años. ¡No lo podía creer!
La resolución llegó en el tiempo establecido y a un costo que no superó los US$825.
Después de tantas vueltas, finalmente había logrado una respuesta afirmativa. De camino a casa, las lágrimas se me salían solas.
Aún no asimilo la sensación de desarraigo que me dejó la salida intempestiva de Miami. De una u otra forma, sentí que Estados Unidos me expulsó. Y me quedó ese mal sabor de no haber logrado permanecer en el país, a pesar de haber hecho las cosas bien.
Cuando me preguntan qué tal va mi adaptación, siempre respondo lo mismo: “No sé si Madrid sea mi lugar, pero, al menos, me ha hecho sentir más que bienvenida”.
España me ha permitido algo que había olvidado en Estados Unidos: ahorrar. Hasta entonces, mi sueldo se iba directo al bolsillo de los abogados y no me quedaba para mucho más. Mi pareja era quien asumía casi toda la carga económica.
Ahora logré recuperar un poco mi autonomía financiera al salir de mis deudas y el dinero me alcanza para cubrir mis gastos: renta, comida, colegio, entretenimiento.
Aquí volví a sentir la libertad de no tener que depender de un auto para moverme de un lugar a otro. El día que llevé a mi hijo caminando al colegio no me lo podía creer.
Ya no tengo que andar contando millas para saber cuánto gastaré en gasolina o en peaje. El sistema de transporte público en España te permite llegar a cualquier parte y te puedes mover por Madrid a una tarifa plana mensual de 32,7 euros (unos US$38).
No falta quien te mete miedo con la cuota que hay que pagar por ser trabajadora autónoma o quien me advierte que tenga cuidado con Hacienda, que no perdonó ni a la mismísima Shakira.
Pero, con todo y eso, aquí he experimentado una sensación que no tenía desde la llegada de Trump a Estados Unidos: sentirme a salvo.
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