
El gobierno de México ha presumido durante 2025 una reducción cercana al 40% en las estadísticas oficiales de homicidio respecto a años y gobierno anteriores, al pasar de un promedio diario de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 54.5 casos en octubre de 2025. Sin embargo, otros indicadores oficiales —como el aumento sostenido de personas desaparecidas— y una serie de hechos de alto impacto registrados en distintos puntos del país muestran una realidad más compleja.
Mientras el discurso institucional se concentra en la baja de asesinatos, el país cerró el año con casi 14 mil personas que siguen desaparecidas, cárteles que operan con tácticas de guerra, ciudades atrapadas en conflictos internos y economías locales sometidas por las extorsiones al por mayor del crimen organizado.
De acuerdo con datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 26 de diciembre de 2025 se registraron 33 mil 814 denuncias por desaparición. De ellas, 13 mil 868 personas continúan sin ser localizadas y 1 mil 379 fueron halladas muertas.
Las cifras de las denuncias son similares a las de 2024, pero con una diferencia clave: el número de personas que siguen desaparecidas aumentó casi 11%, lo que evidencia una crisis sostenida de búsqueda e identificación. Para los colectivos, la desaparición se ha convertido en una estrategia criminal: borra el cuerpo, diluye el delito y prolonga indefinidamente el castigo para las familias.
Las propias personas buscadoras están siendo víctimas recurrentes del crimen organizado que desaparece a sus seres queridos: en julio, Animal Político publicó un informe de Amnistía Internacional que refiere que, desde 2014 hasta junio de 2025, suman 16 homicidios de personas buscadoras, de las que 11 son madres, dos hermanas, dos esposas y una activista.

Varios de los episodios relacionados con desapariciones que más conmocionaron en 2025 ocurrieron en Jalisco, con el hallazgo del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, identificado por colectivos de búsqueda como un sitio de desaparición, exterminio y posible adiestramiento criminal.
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El caso detonó una reacción mediática nacional, obligó al gobierno federal y al de Jalisco a pronunciarse públicamente y reavivó el reclamo de colectivos sobre la omisión institucional en la búsqueda de personas desaparecidas.
Aunque las autoridades anunciaron investigaciones y operativos, el episodio reforzó la percepción de que el país enfrenta una violencia estructural que puede operar durante años sin ser detectada por el Estado, incluso en zonas urbanas visibles y altamente transitadas.
El impacto se profundizó cuando, meses después, colectivos localizaron fosas y restos humanos en zonas cercanas al estadio Akron, en plena capital jalisciense, un espacio cotidiano y altamente simbólico, y donde se celebrarán juegos del próximo Mundial de futbol.
En Sinaloa, particularmente en Culiacán, 2025 estuvo marcado por la guerra interna del Cártel de Sinaloa. Balaceras, bloqueos, ataques a hospitales, suspensión de clases y jornadas enteras de encierro se volvieron parte de la rutina.
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En el texto se documentó que la violencia no solo se mide en muertos: está en las desapariciones, calles vacías al caer la tarde, funerarias saturadas, en las escuelas con niños que padecen trastornos de ansiedad y depresión, y en el miedo que se normaliza. La fragmentación criminal al interior del cártel de Sinaloa, entre mayitos y chapitos, convirtió a la capital sinaloense en un territorio donde la vida cotidiana depende de disputas que nadie controla.

En Michoacán, Uruapan volvió a mostrar otra cara de la crisis de inseguridad: la extorsión como sistema de control territorial. Animal Político documentó tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, el 1 de noviembre, que comerciantes y pequeños empresarios viven bajo la certeza de que emprender implica pagar cuota, cerrar o huir. “Aquí nadie se salva de pagar la extorsión al narco”, dijeron en la crónica publicada por este medio.
Esa violencia silenciosa explica también los asesinatos selectivos que marcaron el año y que sacudieron la percepción nacional de inseguridad.
El homicidio del alcalde Carlos Manzo, luego de pedir ayuda hasta en diez ocasiones a los gobiernos federal y estatal, envió un mensaje contundente: ni el poder político garantiza protección. A ello se sumó el asesinato del líder limonero Leonardo Bravo en Apatzingán, una región donde el crimen organizado disputa no solo rutas, sino economías completas.

En marzo de este año, este medio publicó varias crónicas sobre el asesinato de múltiples cortadores de limón tras pisar minas antipersona, o sufrir el ataque de drones armados con bombas artesanales. De hecho, quedó documentado que los caminos rurales de la región de Apatzingán se han convertido “en caminos de terror”, tal y como denuncian los pobladores.
Ambos casos, el de Carlos Manzo y el de Leonardo Bravo, reforzaron la percepción de que el crimen no solo mata: administra territorios, castiga disidencias y sustituye funciones del Estado.
El asesinato a manos de un joven de 17 años del alcalde Manzo también abrió un debate a nivel nacional acerca del uso cada vez más recurrente de jóvenes por parte del crimen organizado.
Sobre este tema, el 3 de diciembre, Animal Político publicó el reportaje ‘El algoritmo del Narco’, en el que se documenta cómo los grupos delictivos utilizan redes sociales como Tik Tok, plataformas de mensajería y videojuegos en línea para reclutar adolescentes y jóvenes de forma cada vez más eficiente y discreta, aprovechando las vulnerabilidades económicas y emocionales de los jóvenes, y la ausencia del Estado en buena parte del territorio.
Este uso cada vez más recurrente de redes sociales para reclutar a adolescentes, también ha repercutido en un aumento notable de los casos de desaparición.
Otro rasgo distintivo de 2025 fue la especialización bélica del crimen organizado, en particular del Cártel Jalisco Nueva Generación. El uso de drones con explosivos, minas antipersona y coches bomba, como el más reciente registrado en Coahuayana, confirmó una evolución hacia tácticas propias de conflictos armados, elevando el riesgo para la población civil.
“Definitivamente, en este 2025 ha habido un incremento de la violencia con uso de drones, minas y explosivos en Michoacán”, dijo en entrevista una persona integrante del Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán, que pidió anonimato por seguridad.
El Observatorio ha documentado al menos 26 eventos de violencia explosiva -incluyendo minas terrestres y drones- en la región de Apatzingán, entre 2022 y lo que va de este año. Esos eventos dejaron 33 personas muertas (14 de ellos militares) y otras 46 lesionadas, incluyendo un niño de apenas dos años en la localidad de Chandio, Apatzingán.

Además, el uso cada vez más recurrente de drones cargados con bombas artesanales y de minas antipersona que entierran en caminos rurales -hasta mayo, se habían registrado 10 víctimas por minas explosivas, una cada 14 días– también está generando numerosos episodios de desplazamientos forzados.
Al corte de diciembre, el Observatorio llevaba registrados diez casos activos de comunidades que fueron abandonadas por sus pobladores en 2025, debido a que se convirtieron en territorios minados y en disputa por tierra y aire.
Otro de los fenómenos que expuso la mutación de la violencia criminal en 2025 fue el huachicol de agua, un delito silencioso pero de alto impacto social que quedó al descubierto con la llamada Operación Caudal en el Estado de México.
A partir de investigaciones federales y estatales, se documentó cómo redes criminales —algunas vinculadas a cárteles tradicionales— tomaron control ilegal de pozos, acueductos y sistemas de distribución, especialmente en regiones golpeadas por la sequía. El agua, convertida en mercancía estratégica, comenzó a ser robada, almacenada y revendida a municipios, agricultores y empresas, muchas veces bajo esquemas de extorsión.

La operación reveló no solo el tamaño del negocio, sino también la colusión de autoridades locales, operadores privados y grupos armados, así como la incapacidad del Estado para proteger un recurso vital en zonas ya marcadas por el abandono.
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En un país con estrés hídrico creciente, el huachicol de agua mostró que el crimen organizado ya no solo disputa territorios o rutas, sino recursos esenciales para la vida, ampliando el mapa de la violencia más allá de los homicidios y las balaceras.

Desde Filipinas a Colombia, familias desesperadas de niños enfermos están siendo explotadas por campañas de estafa en línea, según reveló una investigación del Servicio Mundial de la BBC.
Advertencia: esta nota contiene información que puede herir la sensibilidad de algunos lectores.
Un niño pequeño mira a la cámara. Está pálido y sin pelo.
“Tengo 7 años y tengo cáncer”, dice. “Por favor, sálvame la vida y ayúdame”.
Khalil, cuya imagen arriba está tomada de ese video, no quería grabarlo, dice su madre Aljin.
A ella le pidieron que afeitara la cabeza de su hijo. Luego un equipo de filmación le puso al niño un suero falso y pidió a su familia que fingiera que era su cumpleaños.
También le dieron un guion para que aprendiera y recitara en inglés.
Aljin relata que a Khalil no le gustó que le pusieran cerca cebolla picada y le colocaran mentol bajo los ojos para hacerlo llorar.
La madre aceptó porque, aunque el montaje era falso, Khalil realmente tenía cáncer.
Y le dijeron que el video ayudaría a recaudar fondos para un mejor tratamiento. La grabación sí recaudó fondos: US$27.000, según una campaña que encontramos a nombre de Khalil.
Pero a Aljin le dijeron que la campaña había fracasado. La madre señaló que recibió solo US$700 por la filmación de ese día. Un año después, Khalil falleció.
En todo el mundo, padres desesperados de niños enfermos o moribundos están siendo explotados por campañas de estafa en línea, según reveló una investigación del Servicio Mundial de la BBC.
El público ha donado dinero a las campañas, que afirman recaudar fondos para tratamientos vitales.
Identificamos a 15 familias que afirman haber recibido poco o nada de los fondos recaudados y que, a menudo, ni siquiera sabían que las campañas se habían publicado, a pesar de haber sido alentadas a participar en filmaciones desgarradoras.
Nueve familias con las que hablamos, cuyas campañas parecen ser producto de la misma red de estafa, aseguran no haber recibido nada de los US$4 millones aparentemente recaudados en su nombre.
Un informante de esta red nos contó que buscaban “niños hermosos” que “debían tener entre tres y nueve años… sin pelo”.
Identificamos a un personaje clave en la estafa: un hombre israelí que vive en Canadá llamado Erez Hadari.
Nuestra investigación comenzó en octubre de 2023, cuando un anuncio conmovedor de YouTube nos llamó la atención. “No quiero morir”, sollozaba una niña llamada Alexandra, de Ghana. “Mis tratamientos son muy caros”.
Una campaña de financiación colectiva para ella aparentemente había recaudado casi US$700.000.
Hallamos más videos de niños enfermos de todo el mundo en YouTube, todos sorprendentemente similares, con una producción impecable y que aparentemente habían recaudado enormes cantidades de dinero. Todos transmitían una sensación de urgencia, utilizando un lenguaje emotivo.
Decidimos investigar más a fondo.
Las campañas con mayor alcance internacional aparente se realizaban bajo el nombre de una organización llamada Chance Letikva (Oportunidad para la Esperanza), registrada en Israel y Estados Unidos.
Identificar a los niños que aparecían fue difícil. Utilizamos geolocalización, redes sociales y software de reconocimiento facial para encontrar a sus familias, ubicadas en lugares tan distantes como Colombia y Filipinas.
Si bien era difícil saber con certeza si los totales de efectivo de los sitios web de la campaña eran genuinos, donamos pequeñas cantidades a dos de ellos y vimos que los totales aumentaron en esas mismas cantidades.
También hablamos con una persona que afirma haber donado US$180 a la campaña de Alexandra y que luego recibió una avalancha de solicitudes de más dinero, todas escritas como si las hubieran enviado Alexandra y su padre.
En Filipinas, Aljin Tabasa nos contó que su hijo Khalil enfermó justo después de cumplir 7 años.
“Cuando supimos que era cáncer, sentí que todo mi mundo se derrumbaba”, dice.
Aljin comenta que el tratamiento en su hospital local en la ciudad de Cebú fue lento y que había enviado mensajes a todas las personas que se le ocurrieron para pedir ayuda.
Alguien la puso en contacto con un empresario local llamado Rhoie Yncierto, quien le pidió un video de Khalil. La madre cree ahora que se trataba básicamente de una audición.
En diciembre de 2022 llegó otro hombre de Canadá, presentándose como Erez. Le pagó la tarifa de filmación por adelantado, cuenta, prometiéndole US$1.500 adicionales al mes si el video generaba muchas donaciones.
Erez dirigió la filmación de Khalil en un hospital local, pidiendo repeticiones de tomas una y otra vez. El rodaje duró 12 horas, dice Aljin.
Meses después la familia aún no se había enterado del éxito del video, según afirma. Aljin le envió un mensaje a Erez, quien le dijo que el video “no tuvo éxito”.
“Por lo que entendí, el video simplemente no generó ingresos”, afirma.
Le dijimos a Aljin que la campaña aparentemente había recaudado US$27.000 hasta noviembre de 2024 y que seguía en línea.
“Si hubiera sabido el dinero que habíamos recaudado, no puedo evitar pensar que tal vez Khalil todavía estaría aquí”, dice Aljin. “No entiendo cómo pudieron hacernos esto”.
Cuando se le preguntó sobre su papel en la filmación, Rhoie Yncierto negó haberles dicho a las familias que afeitaran la cabeza a sus hijos para filmar y afirmó que no había recibido ningún pago por reclutar familias.
Yncierto afirmó que no tenía “ningún control” sobre lo que sucedía con los fondos y que no tuvo contacto con las familias después del día de la filmación. Cuando le dijimos que las familias no habían recibido ninguna de las donaciones de las campañas respondió que estaba “desconcertado” y “muy apenado por las familias”.
Nadie llamado Erez aparece en los documentos de registro de Chance Letikva. Sin embargo, dos de las campañas que investigamos también habían sido promovidas por otra organización llamada Walls of Hope (Muros de esperanza), registrada en Israel y Canadá. Los documentos indican que el director en Canadá es Erez Hadari.
Fotos de Hadari en línea lo muestran en eventos religiosos judíos en Filipinas, Nueva York y Miami. Cuando le mostramos esas fotos a Aljin, ella dijo que era la misma persona que había conocido.
Le preguntamos a Hadari sobre su participación en una campaña en Filipinas. No respondió.
Visitamos a otras familias cuyas campañas fueron organizadas por Hadari o vinculadas a él: una en una comunidad indígena en Colombia y otra en Ucrania.
Al igual que en el caso de Khalil, intermediarios locales se pusieron en contacto para ofrecer ayuda. Los niños fueron filmados y obligados a llorar o fingir lágrimas por una tarifa simbólica, pero nunca recibieron más dinero.
En Sucre, en el noroeste de Colombia, Sergio Care dice que inicialmente rechazó esta ayuda. Una mujer llamada Isabel se le acercó, comenta, y le ofreció ayuda financiera después de que a su hija de 8 años, Ana, le diagnosticaran un tumor cerebral maligno.
Isabel fue a buscarlo al hospital donde atendían a la niña, cuenta, acompañada de un hombre que dijo trabajar para una ONG internacional.
La descripción que Sergio dio del hombre coincidía con la de Erez Hadari; luego lo reconoció en una foto que le mostramos.
“Me dio esperanza… No tenía dinero para el futuro”.
Las exigencias a la familia no terminaron con la grabación.
Isabel no dejaba de llamar, cuenta Sergio, exigiendo más fotos de Ana en el hospital. Al no recibir respuesta de Sergio, Isabel empezó a enviarle mensajes a Ana. La BBC escuchó los mensajes de voz.
Ana le dijo a Isabel que no tenía más fotos para enviar. Isabel respondió: “Esto está muy mal, Ana, muy mal”.
En enero de este año, Ana, ya totalmente recuperada, intentó averiguar qué había pasado con el dinero prometido.
“Esa fundación desapareció”, le dijo Isabel en un mensaje de voz. “Tu video nunca se subió. Nunca. No se hizo nada con él, ¿me oyes?”.
Pero pudimos ver que el video se había subido y, para abril de 2024, parecía haber recaudado casi US$250.000.
En octubre convencimos a Isabel Hernández para que hablara con nosotros por videoconferencia.
Una amiga, explicó, le había presentado a alguien que ofrecía trabajo para “una fundación” que busca ayudar a niños con cáncer. Pero se negó a revelar el nombre de la persona para la que trabajaba.
A ella le dijeron que solo se publicó una de las campañas que ayudó a organizar, afirma, y que no había tenido éxito.
Le mostramos a Isabel que, de hecho, se habían subido dos campañas; una de ellas aparentemente había recaudado más de US$700.000.
“Tengo que disculparme con las familias”, dijo. “Si hubiera sabido lo que estaba pasando, no habría podido hacer algo así”.
En Ucrania, descubrimos que la persona que contactó a la madre de un niño enfermo trabajaba en el lugar donde se grabó el video de la campaña.
Tetiana Khaliavka organizó una sesión de fotos con Viktoriia, una niña de 5 años con cáncer cerebral, en la Clínica Angelholm de Chernivtsi.
Una publicación de Facebook vinculada a la campaña de Chance Letikva muestra a Viktoriia y a su madre, Olena Firsova, sentadas en una cama. “Veo sus esfuerzos por salvar a mi hija y nos conmueve profundamente a todos. Es una carrera contrarreloj para recaudar la cantidad necesaria para el tratamiento de Viktoriia”, dice el pie de foto.
Olena afirma que nunca escribió ni pronunció estas palabras y que no tenía ni idea de que la campaña se había publicado.
Parece haber recaudado más de US$300.000.
Nos informaron que Tetiana estaba a cargo de la publicidad y la comunicación en Angelholm.
La clínica declaró recientemente a la BBC que no aprobaba la filmación en sus instalaciones, y añadió: “La clínica nunca ha participado ni apoyado ninguna iniciativa de recaudación de fondos de ninguna organización”. Angelholm dice que despidió a Tetiana Khaliavka.
Olena nos mostró el contrato que le habían pedido firmar.
Además de los US$1.500 que la familia debía recibir por la filmación ese día, se estipulaba que recibirían US$8.000 una vez alcanzado el objetivo de recaudación. Sin embargo, la cantidad para el objetivo se dejó en blanco.
El contrato mostraba una dirección en Nueva York para Chance Letikva. En la página web de la organización hay otra en Beit Shemesh, a una hora de Jerusalén.
Viajamos a ambos sitios, pero no encontramos ninguna señal de la organización.
Y descubrimos que Chance Letikva parece ser una de muchas entidades de este tipo.
El hombre que filmó la campaña de Viktoriia le dijo a nuestro productor, que se hizo pasar por amigo de un niño enfermo, que trabaja para otras organizaciones similares.
“Cada vez es una diferente”, le dijo el hombre, que se presentó como Oleh. “Lamento decirlo así, pero funcionan como una línea de montaje”.
“Una docena de empresas similares” solicitaron “material”, dijo, nombrando a dos de ellas: Saint Teresa y Little Angels, ambas registradas en Estados Unidos.
Cuando revisamos los documentos de registro de estas entidades, encontramos de nuevo el nombre de Erez Hadari.
Lo que no está claro es adónde fue a parar el dinero recaudado para los niños.
Más de un año después de la filmación de Viktoriia, su madre, Olena, llamó a Oleh, que aparece como Alex Kohen en línea, para averiguarlo.
Poco después, alguien de Chance Letikva llamó a la madre para decirle que las donaciones habían servido para pagar publicidad, relata Olena.
Esto es también lo que Hadari le dijo a Aljin, la madre de Khalil, cuando ella lo confrontó por teléfono.
“La publicidad tiene un costo. Así que la empresa perdió dinero”, le dijo Hadari, sin aportar ninguna evidencia.
Expertos en organizaciones benéficas nos indicaron que la publicidad no debería superar el 20% del total recaudado por las campañas.
Alguien que anteriormente se dedicaba a reclutar niños para las campañas de Chance Letikva nos contó cómo se había seleccionado a los participantes.
Según relataron, bajo condición de anonimato, les habían pedido que visitaran clínicas oncológicas.
“Siempre buscaban niños guapos de piel blanca. El niño debía tener entre 3 y 9 años. Debía saber hablar bien. Debía no tener pelo”, nos contaron.
“Me pedían fotos para comprobar si el niño era el adecuado y se las enviaba a Erez”.
El informante nos dijo que Hadari luego enviaba la foto a otra persona en Israel, cuyo nombre nunca se les reveló.
En cuanto a Hadari, intentamos contactarlo en dos direcciones en Canadá, pero no pudimos encontrarlo.
Hadari respondió a un mensaje de voz que le enviamos, preguntándole sobre el dinero que aparentemente había estado recaudando, diciendo que la organización “nunca ha estado activa”, sin especificar de qué organización hablaba. No respondió a otro mensaje de voz ni a una carta en la que exponíamos todas nuestras preguntas y acusaciones.
Las campañas organizadas por Chance Letikva para dos niños fallecidos -Khalil y un niño mexicano llamado Héctor- parecen seguir aceptando dinero.
La sucursal estadounidense de Chance Letikva parece estar vinculada a una nueva organización llamada Saint Raphael, que ha producido más campañas. Al menos dos de ellas parecen haber sido filmadas en la clínica Angelholm de Ucrania, como se puede apreciar en los distintivos paneles de madera y uniformes del personal de la clínica.
Olena, la madre de Viktoriia, afirma que a su hija le diagnosticaron otro tumor cerebral. Dice estar indignada por los resultados de nuestra investigación.
“Cuando tu hijo está… al borde de la muerte y alguien se está lucrando con ello, es una vileza. Es dinero manchado de sangre”.
La BBC contactó a Tetiana Khaliavka y Alex Kohen, así como a las organizaciones Chance Letikva, Walls of Hope, Saint Raphael, Little Angels y Saint Teresa, invitándolos a responder a las acusaciones en su contra. Ninguno respondió.
La Autoridad de Corporaciones de Israel, que supervisa las organizaciones sin fines de lucro del país, nos informó que si tiene pruebas de que los fundadores utilizan entidades como “encubrimiento para actividades ilegales”, se les podría denegar el registro en Israel y se les podría prohibir trabajar en el sector.
El organismo regulador de organizaciones de caridad de Reino Unido, la Comisión de Beneficencia, aconseja a quienes deseen donar a organizaciones benéficas que comprueben que dichas asociaciones estén registradas y, en caso de duda, que contacten con el organismo regulador de recaudación de fondos correspondiente.
Reportería adicional de: Ned Davies, Tracks Saflor, José Antonio Lucio, Almudena García-parrado, Vitaliya Kozmenko, Shakked Auerbach, Tom Tzur Wisfelder, Katya Malofieieva, Anastasia Kucher, Alan Pulido y Neil McCarthy
Si tiene alguna información que añadir a esta investigación, póngase en contacto con [email protected]
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