México 2025: menos homicidios en las cifras oficiales, más desapariciones y guerra criminal
El gobierno de México ha presumido durante 2025 una reducción cercana al 40% en las estadísticas oficiales de homicidio respecto a años y gobierno anteriores, al pasar de un promedio diario de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 54.5 casos en octubre de 2025. Sin embargo, otros indicadores oficiales —como el aumento sostenido de personas desaparecidas— y una serie de hechos de alto impacto registrados en distintos puntos del país muestran una realidad más compleja.
Mientras el discurso institucional se concentra en la baja de asesinatos, el país cerró el año con casi 14 mil personas que siguen desaparecidas, cárteles que operan con tácticas de guerra, ciudades atrapadas en conflictos internos y economías locales sometidas por las extorsiones al por mayor del crimen organizado.
Desapariciones: el delito que no baja
De acuerdo con datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 26 de diciembre de 2025 se registraron 33 mil 814 denuncias por desaparición. De ellas, 13 mil 868 personas continúan sin ser localizadas y 1 mil 379 fueron halladas muertas.
Las cifras de las denuncias son similares a las de 2024, pero con una diferencia clave: el número de personas que siguen desaparecidas aumentó casi 11%, lo que evidencia una crisis sostenida de búsqueda e identificación. Para los colectivos, la desaparición se ha convertido en una estrategia criminal: borra el cuerpo, diluye el delito y prolonga indefinidamente el castigo para las familias.
Las propias personas buscadoras están siendo víctimas recurrentes del crimen organizado que desaparece a sus seres queridos: en julio, Animal Político publicó un informe de Amnistía Internacional que refiere que, desde 2014 hasta junio de 2025, suman 16 homicidios de personas buscadoras, de las que 11 son madres, dos hermanas, dos esposas y una activista.
Varios de los episodios relacionados con desapariciones que más conmocionaron en 2025 ocurrieron en Jalisco, con el hallazgo del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, identificado por colectivos de búsqueda como un sitio de desaparición, exterminio y posible adiestramiento criminal.
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El caso detonó una reacción mediática nacional, obligó al gobierno federal y al de Jalisco a pronunciarse públicamente y reavivó el reclamo de colectivos sobre la omisión institucional en la búsqueda de personas desaparecidas.
Aunque las autoridades anunciaron investigaciones y operativos, el episodio reforzó la percepción de que el país enfrenta una violencia estructural que puede operar durante años sin ser detectada por el Estado, incluso en zonas urbanas visibles y altamente transitadas.
El impacto se profundizó cuando, meses después, colectivos localizaron fosas y restos humanos en zonas cercanas al estadio Akron, en plena capital jalisciense, un espacio cotidiano y altamente simbólico, y donde se celebrarán juegos del próximo Mundial de futbol.
Culiacán: una guerra que desangra la vida cotidiana
En Sinaloa, particularmente en Culiacán, 2025 estuvo marcado por la guerra interna del Cártel de Sinaloa. Balaceras, bloqueos, ataques a hospitales, suspensión de clases y jornadas enteras de encierro se volvieron parte de la rutina.
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En el texto se documentó que la violencia no solo se mide en muertos: está en las desapariciones, calles vacías al caer la tarde, funerarias saturadas, en las escuelas con niños que padecen trastornos de ansiedad y depresión, y en el miedo que se normaliza. La fragmentación criminal al interior del cártel de Sinaloa, entre mayitos y chapitos, convirtió a la capital sinaloense en un territorio donde la vida cotidiana depende de disputas que nadie controla.
Uruapan y Apatzingán: la extorsión como forma de gobierno.
En Michoacán, Uruapan volvió a mostrar otra cara de la crisis de inseguridad: la extorsión como sistema de control territorial. Animal Político documentó tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, el 1 de noviembre, que comerciantes y pequeños empresarios viven bajo la certeza de que emprender implica pagar cuota, cerrar o huir. “Aquí nadie se salva de pagar la extorsión al narco”, dijeron en la crónica publicada por este medio.
Esa violencia silenciosa explica también los asesinatos selectivos que marcaron el año y que sacudieron la percepción nacional de inseguridad.
El homicidio del alcalde Carlos Manzo, luego de pedir ayuda hasta en diez ocasiones a los gobiernos federal y estatal, envió un mensaje contundente: ni el poder político garantiza protección. A ello se sumó el asesinato del líder limonero Leonardo Bravo en Apatzingán, una región donde el crimen organizado disputa no solo rutas, sino economías completas.
En marzo de este año, este medio publicó varias crónicas sobre el asesinato de múltiples cortadores de limón tras pisar minas antipersona, o sufrir el ataque de drones armados con bombas artesanales. De hecho, quedó documentado que los caminos rurales de la región de Apatzingán se han convertido “en caminos de terror”, tal y como denuncian los pobladores.
Ambos casos, el de Carlos Manzo y el de Leonardo Bravo, reforzaron la percepción de que el crimen no solo mata: administra territorios, castiga disidencias y sustituye funciones del Estado.
El algoritmo del narco para reclutar jóvenes
El asesinato a manos de un joven de 17 años del alcalde Manzo también abrió un debate a nivel nacional acerca del uso cada vez más recurrente de jóvenes por parte del crimen organizado.
Sobre este tema, el 3 de diciembre, Animal Político publicó el reportaje ‘El algoritmo del Narco’, en el que se documenta cómo los grupos delictivos utilizan redes sociales como Tik Tok, plataformas de mensajería y videojuegos en línea para reclutar adolescentes y jóvenes de forma cada vez más eficiente y discreta, aprovechando las vulnerabilidades económicas y emocionales de los jóvenes, y la ausencia del Estado en buena parte del territorio.
Este uso cada vez más recurrente de redes sociales para reclutar a adolescentes, también ha repercutido en un aumento notable de los casos de desaparición.
Crimen organizado con lógica y tácticas de guerra
Otro rasgo distintivo de 2025 fue la especialización bélica del crimen organizado, en particular del Cártel Jalisco Nueva Generación. El uso de drones con explosivos, minas antipersona y coches bomba, como el más reciente registrado en Coahuayana, confirmó una evolución hacia tácticas propias de conflictos armados, elevando el riesgo para la población civil.
“Definitivamente, en este 2025 ha habido un incremento de la violencia con uso de drones, minas y explosivos en Michoacán”, dijo en entrevista una persona integrante del Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán, que pidió anonimato por seguridad.
El Observatorio ha documentado al menos 26 eventos de violencia explosiva -incluyendo minas terrestres y drones- en la región de Apatzingán, entre 2022 y lo que va de este año. Esos eventos dejaron 33 personas muertas (14 de ellos militares) y otras 46 lesionadas, incluyendo un niño de apenas dos años en la localidad de Chandio, Apatzingán.
Además, el uso cada vez más recurrente de drones cargados con bombas artesanales y de minas antipersona que entierran en caminos rurales -hasta mayo, se habían registrado 10 víctimas por minas explosivas, una cada 14 días– también está generando numerosos episodios de desplazamientos forzados.
Al corte de diciembre, el Observatorio llevaba registrados diez casos activos de comunidades que fueron abandonadas por sus pobladores en 2025, debido a que se convirtieron en territorios minados y en disputa por tierra y aire.
Una nueva tendencia: el huachicol de agua
Otro de los fenómenos que expuso la mutación de la violencia criminal en 2025 fue el huachicol de agua, un delito silencioso pero de alto impacto social que quedó al descubierto con la llamada Operación Caudal en el Estado de México.
A partir de investigaciones federales y estatales, se documentó cómo redes criminales —algunas vinculadas a cárteles tradicionales— tomaron control ilegal de pozos, acueductos y sistemas de distribución, especialmente en regiones golpeadas por la sequía. El agua, convertida en mercancía estratégica, comenzó a ser robada, almacenada y revendida a municipios, agricultores y empresas, muchas veces bajo esquemas de extorsión.
La operación reveló no solo el tamaño del negocio, sino también la colusión de autoridades locales, operadores privados y grupos armados, así como la incapacidad del Estado para proteger un recurso vital en zonas ya marcadas por el abandono.
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En un país con estrés hídrico creciente, el huachicol de agua mostró que el crimen organizado ya no solo disputa territorios o rutas, sino recursos esenciales para la vida, ampliando el mapa de la violencia más allá de los homicidios y las balaceras.
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Además de la semana laboral, la aprobación de la ley en México también trajo consigo la apertura del diálogo sobre otros temas vinculados a los derechos laborales, como las vacaciones, las horas extras, la informalidad del empleo y la brecha de género en el mercado.
El Congreso mexicano aprobó este martes una histórica ley de enmienda constitucional para reducir, de forma gradual, la semana laboral de 48 horas a 40, que comenzará a implementarse el próximo año.
La ley, que fue impulsada principalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum y el oficialismo, indica que la semana laboral será de 40 horas para el año 2030, un cambio sustancial para miles de trabajadores en el país y que se alinea con las tendencias globales de reducción de los horarios de trabajo.
En América Latina, otros países como Ecuador ya implementaron la semana laboral de 40 horas.
Sin embargo, distintos analistas y principalmente parlamentarios de la oposición señalaron que la misma ley aumenta las horas extras semanales y, sobre todo, mantiene solo un día de descanso por cada seis trabajados.
De acuerdo a los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la segunda economía de América Latina -detrás de Brasil- presenta uno de los peores equilibrios entre vida personal y laboral, además de bajos índices de productividad laboral y los salarios más bajos entre los 38 estados miembro del grupo, que incluye a Colombia, Chile y Costa Rica.
Por ello, el oficialismo celebró la decisión tomada casi de forma unánime por el Congreso mexicano. “La semana laboral de 48 horas ha estado en la legislación mexicana por 106 años. Ya era tiempo de que eso cambiara”, dijo el coordinador sindical y diputado oficialista Pedro Haces, que hizo parte de la propuesta.
“La productividad no se mide por el agotamiento. Se construye con dignidad”, añadió.
Sin embargo, distintos diputados y representantes de los trabajadores criticaron la ley por no incluir los dos días de descanso por cada cinco trabajados, tal como se había previsto en un borrador inicial.
“Es una reforma regresiva en muchos sentidos. En inicio, no se están cumpliendo los dos días de descanso, que es el espíritu original de la propuesta que presentamos como parte del frente”, dijo al diario El País Ángel Castellanos, vocero del Frente Nacional por las 40 horas.
Pero, ¿qué otros países de América Latina tienen 40 horas en su semana laboral y cuáles incluso la han aumentado a 60?
De 40 horas
Aunque la semana laboral de 40 horas, que se divide por lo general en cinco días de ocho horas de trabajo, se ha establecido en gran parte de los países del hemisferio occidental, lo cierto es que ha tardado en volverse norma en América Latina.
En países de Europa incluso se están adelantado iniciativas para reducir la semana laboral a cuatro días, con tres de descanso. Sin embargo, en la región latinoamericana gran cantidad de países continúan con jornadas laborales entre 44 y 46 horas semanales, que incluyen los días sábados.
Esto, a pesar de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que busca entablar un diálogo en los países de la región que permita tener horarios laborales que tiendan a un mejor equilibrio entre vida personal y trabajo.
“El tiempo es un recurso finito e irrecuperable. La forma en que se distribuye entre trabajo, vida personal y descanso impacta profundamente en la salud, la productividad y la cohesión social”, señala la organización en un informe de 2025 dedicado a América Latina.
Hasta el momento, el único país de América Latina que actualmente tiene una semana laboral de ocho horas en cinco días a la semana es Ecuador. Y está en vigor desde hace 46 años.
En agosto de 1980, se convirtió en el primer país de la región en habilitar esta semana laboral limitada.
Los otros países que están en proceso de llegar a las 40 horas semanales son Chile y, desde este martes, México.
En Chile, con la aprobación de la ley 21.561 en abril de 2024, avanza un proceso de reducción de horas laborales. Primero se pasó de 48 a 44 horas; el próximo abril la semana trabajable se reducirá a 42 y se espera que para abril de 2028 finalmente se llegue a una jornada de 40 horas totales por semana.
Con la ley aprobada este martes, México también iniciará un proceso gradual de reducción del horario de trabajo, que espera se termine de implementar en 2030.
Tanto en Ecuador como en Chile se introduce la flexibilidad para aplicar estas determinaciones, donde los trabajadores pueden negociar la mejor forma de trabajar. Sin embargo, en Chile el límite de horas laborables es de 10 al día.
De 42 a 44 horas
Colombia es el país de la región que, detrás de Chile, Ecuador y México, más se acerca a reducir sus horarios laborales a las 40 horas.
Actualmente está por concretar la implementación de la ley 2.101 de 2021, que estableció la reducción de la semana laboral en un país donde durante décadas fue de 48 horas.
En julio de este año se pasará a 42 horas semanales, que podrán ser distribuidas en cinco o seis días, con una extensión máxima de nueve horas por día.
Otros países como Guatemala, El Salvador y Brasil tienen una semana laboral de 44 horas.
Sin embargo, en Brasil, la principal economía de la región, el presidente, Lula da Silva, adelantó esta semana que está buscando poner fin a la semana laboral con solo un día de descanso (conocida como 6 x 1).
Lo llamativo es que Lula no invocó contextos técnicos para justificar su iniciativa, sino que citó a un filósofo surcoreano y su teoría sobre la “sociedad del cansancio”, que habla de la falta de equilibrio entre la vida personal y las horas dedicadas al trabajo.
“El mundo laboral se está transformando. El filósofo coreano Byung-Chul Han afirma que vivimos en una ‘sociedad de la fatiga’, donde la presión por el rendimiento afecta el equilibrio entre la vida personal y profesional”, escribió esta semana en su cuenta de X (ex Twitter).
“En Brasil, se debate la eliminación del llamado horario de trabajo 6 x 1 para garantizar que los trabajadores tengan dos días de descanso a la semana”, añadió.
Además de esto, también existe un debate en el país para incluso reducir la semana laboral a 36 horas. De hecho ya se han hecho algunos pilotos con empresas en distintas partes de Brasil.
El caso argentino
En términos generales, lo más establecido en América Latina es una semana laboral de 48 horas máximo. Hasta hace apenas cinco años, pocos países tenían una carga de trabajo menor a ocho horas al día por seis días a la semana.
Actualmente ese modelo lo mantienen países como Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, Costa Rica y Paraguay.
Pero lo cierto es que, de acuerdo con la OIT, en muchos de estos países el promedio de horas trabajadas a la semana se acerca más a las 44.
Por eso en varios de estos países se están adelantando debates políticos para establecer leyes que reduzcan formalmente los horarios laborales, por lo que la decisión tomada por México tiene una fuerte influencia.
Cabe aclarar que en Argentina se está dando un agitado debate sobre las horas laborables, en el que se señala que se pasaría de ocho a 12 horas diarias. Sin embargo, la propuesta es clara en que no se debe superar el número de 48 horas totales por semana.
Sin embargo, especialistas explican que esta propuesta -que se convertiría en ley este viernes- va en contravía de las tendencias que se están viendo alrededor del mundo, que intentan reducir el tiempo dedicado al trabajo.
“Este tipo de medidas se va a convertir en un freno para la innovación empresarial y del desarrollo tecnológico”, le dijo al diario Público el economista argentino Jorge Torres.
“Quieren hacer competitivas las empresas a base de explotar a los trabajadores y no de apostar por la innovación”, añadió.
Además de la semana laboral, la aprobación de la ley en México también trajo consigo la apertura del diálogo sobre otros temas vinculados a los derechos laborales, como las vacaciones, las horas extras, la informalidad del empleo y la brecha de género en el mercado.
Por ejemplo, el promedio de días de vacaciones en América Latina es de 15 días -a diferencia de Europa, donde es 25- y la informalidad alcanza niveles importantes dentro de la actividad económica.
En México, la informalidad llega a un 55%, mientras que en otras economías importantes como Brasil y Argentina se sitúa en torno al 40%.
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