Gobierno de Sheinbaum cambia la metodología para contar delitos; no se podrá comparar igual que en años anteriores
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum cambió la metodología para contar delitos en el país, modificando los criterios que se habían utilizado durante los últimos diez años. El cambio principal consiste en la ampliación de 53 a 71 tipos de delitos, sistematizados en el nuevo Registro Nacional de Incidencia Delictiva (RNID).
Uno de los delitos que ahora se registra diferente es “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal”. En él se incluían la “inducción o ayuda al suicidio”, “peligro de contagio” e “inseminación artificial no consentida”, según el manual público de clasificaciones, además de las tentativas de homicidio y feminicidio.
Con la nueva metodología, tanto la tentativa de homicidio como de feminicidio se registran por separado como subdelitos dentro de “homicidio” y “feminicidio”.
Esto quiere decir que “otros delitos que atentan contra la vida” ya no se pueden contabilizar de la misma forma que antes. Los efectos del cambio ya son notorios: en diciembre hubo mil 283 víctimas relacionadas con esta categoría, mientras que en enero —ya con la nueva metodología que no incluye las tentativas— la cifra fue de 861. Esto significaría que los 422 casos de diferencia se encuentran contabilizados en otras categorías.
El cambio de metodología ocurre en momentos en que el gobierno exhibe una disminución de 40 % en homicidios entre septiembre de 2025 y enero de 2026; una baja inédita en una década de registros. Esto, en paralelo a un aumento atípico en el registro de otros delitos, sin que la autoridad pueda explicar por qué.
Entre los incrementos detectados está, justamente, “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal”, que pasó de 8 mil 64 casos en 2018 a 17 mil 288 en 2025.
También aumentó casi al doble el número de personas desaparecidas y no localizadas. Los casos pasaron de 6 mil 442 en 2018 a 12 mil 733 en 2025. Mientras los suicidios aumentaron de 6 mil 92 en 2018 a 8 mil 821 en 2025, como publicó este lunes la Unidad de Investigación de Animal Político.
En tanto, México Evalúa también señala un “comportamiento anómalo” de estos casos en su análisis “Violencia en México 2015–2025”. Quintana Roo, por ejemplo, registra un aumento de 10,326% en “otros delitos contra la vida”, mientras que Nuevo León presenta un crecimiento de 5,420% y Sonora de 561%.
A esto se suma que en Sinaloa, el periódico Noreste documentó que la Fiscalía estatal ha clasificado homicidios dolosos en otras categorías, como “causa de muerte por determinar”, “homicidio por enfrentamiento” o “agresión a la autoridad”.
En una sesión técnica realizada el pasado 27 de febrero, funcionarios del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública aseguraron que la nueva metodología del Registro Nacional de Incidencia Delictiva (RNID) fue diseñada con la intención de no romper las series históricas, sino de desagregar delitos que antes se encontraban agrupados.
Sin embargo, explicaron que si se quisieran comparar “los delitos que atentan contra la vida” en diferentes años, como lo hicieron México Evalúa y Animal Político, a partir de ahora es necesario “agregar” o volver a juntar las categorías. De ahí que difundieran una guía metodológica específica para orientar las comparaciones retrospectivas, una herramienta que antes no se requería porque los registros simplemente se comparaban utilizando los datos históricos.
El cambio de metodología
Lo mismo ocurre con “otros delitos que atentan contra la libertad personal”. Ahora, la privación ilegal de la libertad y la retención o sustracción de menores se contarán fuera de esta categoría.
En tanto, en los “otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual”, la violencia de género en todas las modalidades distintas a la violencia familiar y la violación a la intimidad sexual, ahora estarán desagregadas.
Mientras que al homicidio doloso y al feminicidio se les agregarán “subdelitos”, que son las tentativas.
Otros delitos tendrán un mayor detalle. El delito de extorsión, por ejemplo, ahora se dividirá en presencial y por otros medios; el narcomenudeo, será por posesión simple o con fines de venta, y la trata de personas se dividirá según su fin, ya sea en pornografía infantil, con fines de explotación sexual, con fines de trabajo o servicios forzados o con fines de tráfico de órganos.
Esta nueva metodología fue aprobada el 2 de septiembre de 2025 por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y fue instruida desde el 10 de diciembre de 2024 al Centro Nacional de Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Aunque la metodología comenzó a aplicarse en enero de 2026, los nuevos criterios se dieron a conocer hasta el pasado 20 de febrero. El documento, publicado en la página del Secretariado, explica que “a partir de enero de 2026 las fiscalías y procuradurías generales del país suministran la información delictiva en los términos y criterios del RNID, el cual permite una mayor precisión de la información delictiva para 71 delitos”.
La incidencia delictiva se refiere “a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en carpetas de investigación”, según la definición oficial. Es decir que las cifras que se desglosan reflejan denuncias que dieron lugar a una carpeta de investigación.
Para la ciudadanía esto es clave, ya que las cifras que se publican mes con mes dependen de cómo se clasifique cada carpeta en las fiscalías estatales.
Otra modificación es que el RNID establece reglas específicas para distinguir entre el conteo de delitos y el conteo de víctimas. En un mismo hecho puede haber una sola carpeta de investigación, pero varias víctimas.
Una tercera etapa desde 1997
El sistema de registro de delitos en México ha tenido tres grandes etapas desde que comenzaron a generarse estadísticas nacionales en 1997. El primer instrumento permitió generar información para 22 delitos entre 1997 y 2015,
En 2015 se implementó un nuevo instrumento que amplió el catálogo a 53 delitos. Estuvo vigente hasta diciembre de 2025. Ahora, con el RNID, el número se eleva a 71 delitos y se actualizan los criterios de clasificación.
Desde enero pasado las cifras mensuales que difunde el Secretariado Ejecutivo reflejan esta nueva metodología. El cambio no modifica el hecho de que los datos se basen en carpetas de investigación iniciadas en ministerios públicos estatales, pero sí redefine cómo se clasifican y presentan los delitos a nivel nacional.
Relacionado
No hay “un sucesor claro e indiscutible” de Nemesio Oseguera, explica un exjefe de la agencia antidrogas DEA. Pero varios nombres figuran en las listas de prófugos principales de Washington.
Algo seguro sobre la muerte de “El Mencho” es que, sin su figura en el mundo del narco, las drogas ilícitas aún pasarán entre los países en cantidades industriales.
Hasta su violenta caída el domingo en un operativo militar para capturarlo, Nemesio Oseguera era desde hacía años el hombre más buscado de México, como antes lo fueron Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y otros jefes narcos.
Ninguna de esas súbitas variaciones nominales alteró de modo fundamental el flujo global de narcóticos, y los expertos descartan que algo diferente ocurra ahora.
Bajo el liderazgo de “El Mencho”, el Cartel Jalisco Nueva Generación expandió sus tentáculos por México, decenas de países de la región y alrededor del planeta hasta Australia, según las autoridades.
Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta US$15 millones por información que permitiera arrestar a Oseguera. Su agencia antidrogas DEA incluyó a este narco en su lista de fugitivos más buscados en 2016: salió de ella siete años más tarde de forma temporal y la encabezaba cuando fue abatido.
Pese a que procuraba mantener un perfil bajo, “El Mencho” era considerado uno de los últimos grandes capos capaces de controlar todo el negocio a gran escala, desde la producción hasta el tráfico y la distribución de estupefacientes.
“El panorama se aleja de la era del líder único y todopoderoso hacia estructuras de liderazgo más resilientes e interconectadas”, le dice a BBC News Mundo Ray Donovan, un exjefe de operaciones de la DEA que supervisó los esfuerzos que llevaron a la captura de “El Chapo” a inicios de 2016 en México.
Pero, ¿quiénes son en este contexto los narcos más perseguidos por Washington tras el fin de Oseguera?
De la MS-13 a “Los Chapitos”
A la cabeza la lista de fugitivos más buscados de la DEA, actualizada tras la muerte de Oseguera, figura ahora Yulian Archaga, un hondureño acusado de dirigir las operaciones de la pandilla MS-13 en su país y de traficar grandes cantidades de cocaína a EE.UU. La agencia ofrece hasta US$5 millones por ayudar a capturarlo.
Apodado “El Porky”, Archaga permanece prófugo desde 2020, cuando varios hombres armados mataron a policías y militares para que escapara de un juzgado hondureño donde respondía por el homicidio de dos fiscales.
Siguen en la nómina de la DEA dos hijos de “El Chapo”: Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, con una recompensa de hasta US$10 millones ofrecida por Washington a cambio de información para arrestar a cada uno.
Ambos “Chapitos” son considerados líderes del cartel de Sinaloa y responsables de la producción y tráfico de fentanilo tras la cadena perpetua que cumple su padre en EE.UU. y la caída de sus hermanastros Joaquín y Ovidio Guzmán López, quienes el año pasado aceptaron los cargos de narcotráfico en su contra en ese país.
“La muerte de Nemesio Oseguera”, señala Donovan, “no dejó un sucesor claro e indiscutible, pero Iván Archivaldo Guzmán Salazar destaca como una de las figuras más peligrosas que hoy están prófugas”.
“Aunque no ejerce el mismo control centralizado que ‘El Mencho’, su dominio de las cadenas de suministro clave, su acceso a precursores químicos y su disposición a enfrentarse al Estado (…) lo sitúan entre los traficantes más importantes que operan hoy”, agrega.
El exjefe de la DEA explica que las designaciones de los narcos más buscados por la agencia “deben entenderse como una herramienta estratégica”, en lugar de una simple advertencia pública o ranking, su objetivo es presionar a las organizaciones criminales y sincronizar los esfuerzos en su contra.
En la lista también figura el uruguayo Sebastián Marset, a quien una investigación en Paraguay y otros países vinculó con el envío de toneladas de cocaína a Europa.
EE.UU. acusa a Marset de lavado de activos del narcotráfico y ofrece pagar hasta US$2 millones por colaboración para detenerlo.
Otro de los más buscados por la DEA es el mexicano Alfonso Limón-Sánchez, también conocido como “El Poncho Limón”, considerado una figura clave en la estructura del cartel de Sinaloa que lideraba “El Mayo” Zambada.
Esa facción del grupo está en una guerra interna con “Los Chapitos” desde que Joaquín Guzmán López secuestró a Zambada y lo trasladó en avión a EE.UU. en 2024 para entregarse con él a la justicia, según admitió el propio hijo de “El Chapo” en un tribunal federal.
Se estima que el bando de “El Mayo” dentro del cartel lo encabeza su hijo Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, quien también enfrenta cargos en EE.UU. pero hasta ahora está ausente de la lista de los más buscados de la DEA.
¿El próximo?
La lista de 10 fugitivos más buscados del Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI por sus siglas en inglés) menciona a algunos narcos como Archaga entre distintos tipos de criminales, pero tiene diferencias con la nómina de la DEA.
El FBI incluye a Fausto Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, presunto líder de una organización denominada con sus apellidos acusada de enviar metanfetamina, cocaína, heroína y otras drogas a EE.UU., y ofrece hasta US$5 millones por información para arrestarlo.
El Buró también señala entre sus más buscados al venezolano Giovanni Vicente Mosquera como líder del grupo Tren de Aragua, bajo cargos de distribución internacional de cocaína e intento de apoyar a una organización terrorista extranjera.
La retribución prometida por ayudar a capturar a Mosquera también llega hasta US$5 millones.
EE.UU. ha ofrecido recompensas mayores por altos miembros del gobierno de Venezuela, como el ministro del Interior, Diosdado Cabello (US$25 millones) y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino (US$15 millones), acusados de traficar cocaína, aunque ninguno figura hasta ahora en las listas de más buscados de la DEA o el FBI.
Entre la decena de prófugos de la nómina del Buró sí aparece el colombiano Wilver Villegas-Palomino, alias “El Puerco”, bajo cargos en EE.UU. de narcoterrorismo y distribución internacional de cocaína como miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de su país.
El precio por su captura llega hasta US$5 millones.
Claro que estas nóminas están sujetas a revisiones.
Por ejemplo, entre los diez más buscados del FBI aún figura el exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, acusado de liderar una organización de narcotráfico. Pero tras su arresto y extradición a EE.UU. el mes pasado, ahora sobre su foto se lee “Capturado”.
Y así como “El Mencho” salió de los más buscados de la DEA esta semana tras su muerte, una pregunta siempre abierta es quién será la próxima alta o baja en esas listas negras.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- Cómo el Cartel Jalisco Nueva Generación se convirtió en el más poderoso de México y qué puede ocurrir ahora sin “El Mencho”
- “Matar a ‘El Mencho’ puede traer efectos que van en contra del objetivo de la presidenta Sheinbaum de pacificar México”
- Qué se sabe de la operación que llevó a la muerte de “El Mencho”, el narcotraficante más buscado por México y EE.UU.
