
Para entender mejor
Desde que Donald Trump inició su segundo mandato presidencial, los Estados Unidos han emitido un total de 11 alertas de seguridad en México, centrando como “focos rojos” a los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Baja California, según informes de seguridad de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
De acuerdo con especialistas en seguridad, geopolítica y relaciones internacionales, los informes exponen un panorama complejo de la inseguridad en México ante los ojos de Estados Unidos, un país que ya no se limita a ver los “focos rojos” tradicionales de la violencia, sino que ahora también monitorea el descontento social contra las acciones estadounidenses, tras la captura del presidente Nicolás Maduro en Venezuela.

Esta situación toma aún más relevancia si se toman en cuenta las últimas declaraciones del presidente Donald Trump, quien ha asegurado que Estados Unidos atacará a los cárteles de droga vía terrestre, o las palabras de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, que pidió “resultados tangibles” en el combate contra los cárteles de la droga a las autoridades mexicanas.
No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes 12 de enero que sostuvo una “muy buena conversación” telefónica con su homólogo estadounidense, luego de la cual descartó que el gobierno de los Estados Unidos pueda intervenir militarmente en México para combatir a los cárteles del narcotráfico.
Desde el 20 de enero de 2025, cuando inició el segundo periodo presidencial de Donald Trump, el primer y más evidente “foco rojo” de la crisis de inseguridad en México para los Estados Unidos se ha focalizado en Tamaulipas, emergiendo como la zona de mayor preocupación. Con cuatro alertas, la entidad concentra advertencias que van desde crímenes de alto impacto hasta el riesgo para la movilidad.
La primera alerta estadounidense fue emitida el 27 de enero de 2026 y no solo mencionó un nivel 4 con la advertencia de “No viajar” a municipios, como Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y San Fernando “debido a delitos (tiroteos) y secuestros”, sino que además advertía sobre “evitar mover o tocar artefactos explosivos improvisados”.
“Las organizaciones criminales de esta región fabrican y utilizan cada vez más IED (Artefacto Explosivo Improvisado, por sus siglas en inglés Improvised Explosive Device). Un IED destruyó un vehículo oficial del Gobierno de México (Conagua) en el Río Bravo e hirió a su ocupante el 23 de enero. Como medida de precaución, se ha ordenado a los empleados del gobierno estadounidense que eviten viajar a Reynosa y Río Bravo y sus alrededores fuera del horario diurno y que eviten los caminos de terracería en Tamaulipas”, se puede leer en el documento emitido por EU.
La segunda alerta también advertía sobre reportes de gran violencia como múltiples tiroteos en ciudades clave como Nuevo Laredo, por lo que recomendaba acciones como “refugio en el hogar”, “monitorear los medios locales para actualizaciones” y “estar atento a su entorno”.

Pese a concentrarse en Tamaulipas, la situación de inseguridad para los Estados Unidos se extiende a la vecina entidad de Nuevo León, donde se ha emitido una alerta para advertir de robos recientes en carreteras, como la 85D, y el riesgo de desapariciones en la autopista Monterrey-Reynosa.
Así, en su conjunto, la región fronteriza del noreste es el principal “foco” de riesgo para el tráfico y el comercio de los estadounidenses dentro de México, según los EU.
Para David Saucedo, especialista en seguridad pública, estas alertas son herramientas estratégicas dentro de una agenda en la que la seguridad es “secundaria frente a los intereses comerciales de los Estados Unidos”.
Esto se debe a que tienen como fin “frenar los flujos de turistas norteamericanos que llegan a México” para incentivar que el capital se quede en los Estados Unidos. El experto sostiene que el trasfondo es obtener concesiones en temas como el déficit comercial, el narcotráfico y la migración, señalando que “todo forma parte de un interés económico, comercial, financiero y migratorio”.
En contraste, Arturo Santa Cruz, director del Centro de Estudios de América del Norte de la Universidad de Guadalajara (UDG), considera que estas advertencias han perdido su efectividad con el tiempo.
Afirma que “ese tipo de alertas se han vuelto como llamadas a misa”, pues “no han impactado en el sector turístico” ni en la cantidad de estadounidenses que deciden visitar México, incluso en las zonas marcadas como “focos rojos”.

También ha surgido un foco de alerta en los destinos turísticos del Pacífico mexicano para los Estados Unidos. Es el caso de Baja California Sur, en particular Los Cabos y La Paz, que fue objeto de una alerta ante una “creciente situación de seguridad” sugiriendo que la violencia y el crimen organizado se están expandiendo hacia zonas vitales para el turismo en México.
“Los informes incluyen un tiroteo que se extendió por varias colonias de Cabo San Lucas la madrugada del 25 de abril, tres autobuses incendiados en La Paz y Los Cabos el 24 de abril, el asesinato de un agente del orden público y otros tres homicidios el 22 de abril, y la publicación de amenazas contra funcionarios por parte de cárteles”, señala la página.
El tercer foco rojo para Estados Unidos se centra en “riesgos específicos” a los que se enfrentan los ciudadanos estadounidenses en el país, evidenciando una diversificación de las amenazas.
Por ejemplo, en cuanto a la violencia armada, los reportes de “tiroteos” siguen siendo una constante, como el registrado en la Colonia La Rioja, Sonora, razón por la cual incluso emitió una alerta nivel 3, que significa una advertencia de “reconsiderar su viaje”, o los múltiples enfrentamientos armados en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Sobre los “ataques a la autoridad”, un incidente notable para Estados Unidos fue el ataque a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, en Playas de Tijuana, lo que puso de relieve la confrontación directa de grupos criminales contra las instituciones de seguridad.
“Los informes iniciales indican que el ataque incluyó explosivos y se reportaron múltiples explosiones”, señaló el gobierno estadounidense. Una alerta específica y singular de los Estados Unidos fue en la que advirtió a sus ciudadanos en Puerto Vallarta, Jalisco (que tiene alerta nivel 3) y Nuevo Nayarit, Nayarit, a “tener cuidado al usar aplicaciones de citas”.
“El Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara ha confirmado varios reportes de ciudadanos estadounidenses secuestrados por personas que las víctimas conocieron en aplicaciones de citas en los últimos meses en las zonas de Puerto Vallarta y Nuevo Nayarit. En ocasiones, las víctimas y sus familiares en Estados Unidos han sido extorsionados por grandes sumas de dinero para lograr su liberación”.

Mientras el norte y los destinos turísticos lidian con el crimen organizado y la violencia directa, la Ciudad de México presenta un foco de desestabilización diferente para los Estados Unidos, enfocado en el descontento social y la protesta.
Las dos alertas de seguridad registradas para la Ciudad de México se refieren a manifestaciones y marchas de protesta (incluyendo contra las protestas contra la gentrificación y las de la Generación Z).
Una de las más monitoreadas por el gobierno de los Estados Unidos han sido las protestas que se han desencadenado tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, alertando sobre supuesto “vandalismo” en la Ciudad de México contra las instalaciones de su embajada.
Tras el reporte de un “ataque a gran escala” cometido en Venezuela, la madrugada del sábado 3 de enero de 2026 el mundo entero despertó con la noticia de que el gobierno del presidente Donald Trump había capturado al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa por cargos de narcotráfico y terrorismo.
Por este motivo, el 10 de enero de 2026 colectivos, asociaciones y activistas marcharon para protestar contra la intervención de los Estados Unidos a Venezuela, exigiendo el respeto por la soberanía y la liberación de Maduro.
Así, si bien estas manifestaciones y protestas no representan un riesgo de violencia criminal directa de la misma índole que un tiroteo, sí señalan la existencia de un pulso social y político que afecta la movilidad y la operación de la urbe, impactando la vida de los ciudadanos a través de bloqueos y grandes concentraciones, según los EU.

Al respecto Pía Taracena, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, explica que ante eventos como las protestas contra la intervención en Venezuela, Estados Unidos busca “elevar el riesgo para que la gente lo piense bien” antes de viajar, ante el temor de agresiones a sus connacionales.
No obstante, aclara que más allá de la ideología, “el tema de las alertas está más vinculado a la seguridad general” y al aumento de la criminalidad en zonas como la Ciudad de México.
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Sin embargo, este tipo de alertas no es nuevo. Desde el 27 de mayo de 2025, EU emitió una alerta de “no viaje a Venezuela por ningún motivo” en México; es decir, una alerta del nivel 4.
“El nivel más alto de alerta de viaje debido a los graves riesgos que enfrentan los estadounidenses, como detenciones injustas, torturas durante la detención, terrorismo, secuestros, aplicación arbitraria de las leyes locales, delitos, disturbios civiles y una infraestructura sanitaria deficiente. Actualmente, más ciudadanos estadounidenses se encuentran detenidos injustamente en Venezuela que en cualquier otro país”, señalaba desde entonces el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
En conclusión, los expertos sugieren que México enfrenta un periodo donde la soberanía será puesta a prueba por intereses comerciales, migratorios y de seguridad, en una dinámica donde el factor sorpresa y la presión económica podrían ser las principales herramientas de la Casa Blanca.

A última hora de la tarde del sábado, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que sea ella quien asuma la jefatura del Estado ante la “ausencia forzosa” de Maduro.
La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos ha puesto todos los ojos sobre la figura de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva escogida por el mandatario como su mano derecha.
A última hora de la tarde del sábado, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que sea ella quien asuma la jefatura del Estado ante la “ausencia forzosa” de Maduro.
En un comunicado, la presidenta de la Sala Constitucional del tribunal, Tania D’Amelio, argumentó que la Constitución atribuye al vicepresidente la función de suplir las faltas temporales o absolutas del presidente, como la que atraviesa actualmente el país.
La magistrada se refirió a la operación militar estadounidense que resultó en la detención de Maduro y su esposa como un “secuestro” y una “agresión extranjera”.
Con el nombramiento de Rodríguez como presidenta interina, el tribunal le otorga el poder para liderar “la defensa de la soberanía” y “preservar el orden constitucional”, señalaba el comunicado.
Horas antes del pronunciamiento del TSJ, Rodríguez, en mensaje televisado desde Caracas, también condenó la acción de EE.UU. y calificó la captura de Maduro y su esposa de “secuestro ilegal e ilegítimo”.
“Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie”, aseguró Rodríguez, durante una alocución que dio al país en cadena nacional de radio y televisión.
“Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo”, dijo Rodríguez, quien llamó a sus compatriotas a salir en defensa de su país y afirmó que “en Venezuela solo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros”.
Con esas palabras respondió a lo dicho por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la primera rueda de prensa tras la captura de Maduro.
En la comparecencia convocada para explicar la operación militar realizada este sábado, Trump ya sugirió que Rodríguez podría ser la persona que estaría al frente del gobierno tras la salida de Maduro, pero que trabajaría alineada con el gobierno de EE.UU. en la recuperación de Venezuela.
El mandatario estadounidense aseguró que Rodríguez había estado en contacto con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y dio a entender que aparentemente ella estaría dispuesta a acceder a todas las exigencias de Washington. “No tiene alternativa”, apuntó.
Sin embargo, poco después de la rueda de prensa de Trump, Rodríguez realizó una alocución en cadena nacional de radio y televisión en la que ratificó su posición de considerar a Maduro como “el único presidente de Venezuela”, denunció su captura como un “secuestro” y agregó que Venezuela “no se entrega, no se rinde y jamás va a ser colonia de nadie”.
Estas últimas declaraciones son coherentes con la Delcy Rodríguez a quien Maduro ha calificado en el pasado como “tigresa”, por su defensa del proyecto de socialismo bolivariano.
De hecho, quienes la conocen suelen decir que es “muy inteligente”, pero también que es “dogmática”.
Pero ¿quién es realmente Delcy Rodríguez?
Delcy Rodríguez lleva la política en los genes.
Esta abogada de 56 años es hija de Jorge Antonio Rodríguez, quien fue guerrillero en la década de 1960 y murió bajo custodia policial en 1976, luego de ser detenido por su vinculación con el secuestro de William Niehous, un alto ejecutivo de una empresa estadounidense que operaba en Venezuela.
El fallecimiento de Rodríguez causó conmoción en la opinión pública, pues se produjo debido a las torturas y malos tratos a los que fue sometido por las autoridades policiales.
Esa muerte se convertiría en parte de la motivación que llevaría a Delcy a estudiar Derecho, carrera que cursó en la Universidad Central de Venezuela y que, luego, prosiguió con estudios de Derecho Laboral y Sindical en Francia.
“Tomé una decisión de hacer justicia en el caso de mi papá y entré a la escuela de Derecho. Allí inmediatamente apliqué para ser auxiliar de investigación en el Instituto de Estudios Penales”, comentó una vez ella.
Ese suceso también habría influido en su acercamiento a la política. “La revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, fue nuestra venganza personal”, dijo en una entrevista en 2018, aunque aseguró que no actuaba movida por el odio.
Al igual que su hermano mayor, Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, Delcy Rodríguez comenzaría su escalada en la jerarquía política durante el gobierno de Hugo Chávez, cuando llegó por primera vez al gabinete para ocupar por unos meses el Ministerio del Despacho de la Presidencia.
Pero fue tras la llegada de Maduro al poder cuando ocupó numerosas posiciones en la cima del Poder Ejecutivo. Inicialmente, fue ministra de Comunicación e Información, ministra de Economía y canciller.
Y, en los últimos tiempos, ascendió hasta la vicepresidencia ejecutiva, cargo al que además le ha sumado las responsabilidades de ministra de Hidrocarburos.
También fue la primera presidenta de la polémica Asamblea Nacional Constituyente electa en 2017, un cargo de gran relevancia pues -al menos en la teoría jurídica- disponía de más poder que la presidencia, por ser considerado un órgano con carácter supraconstitucional.
Al igual que su hermano Jorge, Delcy ha sido una pieza fundamental que el gobierno de Maduro ha usado como operador político tanto fuera como dentro de Venezuela.
“Delcy trabaja en dúo con su hermano. Ella es un poco menos intelectual, más operativa. Son personas bien formadas que han ocupado un vacío como consecuencia del abandono absoluto de gente capaz que ha habido en el gobierno”, opinó el politólogo Nícmer Evans en entrevista con BBC Mundo en 2024
Delcy Rodríguez ocupó formalmente el cargo de ministra de Exteriores de Maduro entre 2014 y 2017, pero más allá de detentar el cargo, ella nunca ha dejado de ser una de las caras visibles del gobierno tanto dentro como fuera de Venezuela.
De hecho, en los últimos años durante los cuales Maduro redujo sus viajes al exterior, ella ha sido una operadora clave en las relaciones con países aliados como Turquía, China o Irán.
En la escena internacional, Rodríguez también ha protagonizado varios incidentes como cuando en 2016, siendo canciller, intentó ingresar a una reunión del Mercosur en Buenos Aires, luego de que Venezuela hubiera sido excluida del bloque.
Años más tarde, ocurriría lo que la prensa española llama el “Delcygate”, una polémica que estalló luego de que la madrugada del 20 de enero de 2020, Rodríguez aterrizara en un avión privado en el aeropuerto de Barajas en Madrid, donde se reunió durante algunas horas con el entonces ministro de Transporte de España, José Luis Ábalos, a pesar de que sobre ella pesaba una prohibición de entrada en el espacio Schengen emitida por Austria.
Rodríguez es una del medio centenar de altos funcionarios venezolanos sobre quienes la UE ha impuesto sanciones debido a las violaciones de los derechos humanos y al deterioro de la democracia en Venezuela.
Fue sancionada por EE.UU. en 2018, cuando el Tesoro de ese país impuso también este tipo de medidas contra su hermano Jorge Rodríguez, así como contra el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y la primera dama, Cilia Flores.
Entonces, como ahora, Delcy Rodríguez ha rechazado este tipo de medidas y ha cuestionado de forma abierta estas políticas estadounidenses.
Así pues, pasar de eso a ser el supuesto instrumento de Trump para una transición post-Maduro en Venezuela puede exigirle unas dotes de contorsionismo político de esas que solamente pueden lograrse bajo la presión de las realidades más tozudas.
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