Así es la vida en las comunidades del Río Sonora, a 5 años del derrame tóxico de Grupo México
En las comunidades ubicadas a la orilla de los ríos Bacanuchi y Sonora se acostumbraba beber agua directo del grifo. “Yo llegaba a la casa y me pegaba a la llave, era agua potable, de los pozos, sabía buena, fresca. Acá ni conocíamos los garrafones”, dice Óscar Encinas, habitante del municipio de Ures.
Ahora los conocen. Cada familia debe comprar unos 10 por semana. Un garrafón cuesta entre 12 y 20 pesos, dependiendo del área donde se adquiera. “Nos gastamos unos 960 pesos a la quincena, mínimo. Pero es que no solo usamos esa agua para tomar, también para cocinar. Mi esposa ya no cuece ni los frijoles con la de la llave, nos da desconfianza”.
Los pobladores de la zona han hecho ese gasto en garrafones desde hace cinco años. Desde el 6 de agosto de 2014, cuando se derramaron, de una pileta donde la mina Buenavista del Cobre de Grupo México almacenaba desechos tóxicos, 40 millones de litros solución de sulfato de cobre acidulado al Río Bacanuchi, que desemboca en el Sonora.
Ese volumen de tóxicos equivale al de 12 albercas olímpicas llenas. El derrame se catalogó como el peor desastre ambiental en la historia de la industria minera en México.
Los afectados directos, reconocidos tanto por Grupo México como por el gobierno, fueron más de 22 mil personas de siete municipios: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures. Pero podrían ser más, hasta un millón de personas, si es que la contaminación alcanzó la Presa El Molinito, que a su vez se conecta con la Presa Abelardo L. Rodríguez, principal fuente de agua de Hermosillo, la capital del estado de Sonora.
Después del derrame, el principal reclamo de quienes viven en los municipios afectados ha sido la falta de agua potable. “Se suponía que como parte de la remediación de los daños, Grupo México iba a poner 36 plantas potabilizadoras de agua, una en cada pueblo afectado. Pusieron unas cuantas y no funcionan”, dice Elba Nidia Hurtado, habitante del Sauz, también en Ures, Sonora.
Ella confirma la incertidumbre que viven en la región por el agua. “No da confianza usarla ni para bañarse. Hay familias que compran garrafones para asear a los niños chiquitos. Yo no puedo estar comprándola para mi aseo personal. Solo los compro para beber y cocinar. Pero ya tiene como un año que siento comezón en la piel. Me pongo crema o alcohol si es muy fuerte. Se me pasa por unos días y después regresa”.
Elba cuenta que ha ido al médico, pero le dicen que sólo es una alergia. “También se suponía que Grupo México iba a montar un hospital para atendernos, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora en la población de Ures, pero no lo acabaron, se quedó en obra negra, solo hay un pequeño módulo de atención”.
Así que Elba ha ido al ISSSTE, del que es derechohabiente, pero le dicen que necesita un examen especial para ver si tiene metales pesados en la sangre, “y el hospital ese donde según los iban a hacer no funciona”.
Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER, organización de la sociedad civil que le da acompañamiento legal a afectados por el derrame de Grupo México, afirma que a los pobladores no se les han hecho estudios para ver si hay tóxicos en su sangre.
“Por lo que hemos estado documentado y por lo que hemos visto durante el acompañamiento a las comunidades, sabemos que hay más casos de cáncer en la zona y también hay incidencia de padecimientos en los riñones, pero no se puede confirmar o descartar que sea por el derrame porque justo no se han hecho los estudios necesarios a la población”, denuncia Hopenhaym.
Los pobladores dicen que sí han visto un mayor número de padecimientos graves entre sus vecinos. “No sabría decir cuántos casos, pero ha habido varios de cáncer de colon, por ejemplo. Y se los acaba rápido, después del diagnóstico duran unos 15 o 20 días y se van”, dice Óscar.
No existen datos fidedignos –afirma Hopenhaym– sobre el número real de personas afectadas en su salud y el tipo de afectaciones. No se han llevado a cabo estudios completos y tampoco se han dado a conocer los resultados de los estudios toxicológicos parciales realizados por laboratorios pagados por la empresa
El tercer nivel de afectación, además del derecho humano al agua y la salud, ha sido a la gastronomía, las tradiciones y la economía de la región.
Ya nada es lo mismo
La mamá de Francisca García Enríquez hacía quesos. Su papá sembraba maíz, quelite, pepinos, chile verde. Tenía un poco de ganado y vendían becerros, una vez al año. Era la entrada extra que esperaban para darse unos lujos: arregla la casa, comprarse ropa.
Después del derrame de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora, la mamá ya no hizo quesos. El número del ganado de la familia mermó. Era difícil venderlo. No tenía caso invertir en tener los becerros, que antes se vendían por kilo a 120 y después a la mitad, apenas a 60 pesos.
“Había un señor que nos los compraba para exportar, pero a él ya no se los querían comprar si sabían que venían de esta zona. Tener ganado ya no fue negocio acá”, dice Francisca, Panchita, como le dicen, habitante del municipio de Aconchi.
Con la agricultura es igual. Los pobladores dicen que la tierra ya no produce lo mismo. Los rendimientos de las cosechas han bajado 50 o 60%. Muchos cultivos ya no se dan. El año del derrame, en 2014, el papá de Panchita perdió toda su cosecha de maíz. Al año siguiente también. Volvió a sembrar maíz hasta el año pasado, tampoco se dio. “Ahora lo intentó de nuevo. Veremos, en octubre o noviembre si sale. Parece necedad, pero es que cómo no va a sembrar, si esa era su vida”.
Panchita dice que su familia ha perdido hasta el 60% de sus ingresos a causa del derrame. Hay otras cosas ligadas a la economía que también se perdieron. “Nos quitaron nuestra soberanía alimentaria porque de lo que sembrábamos aquí en Aconchi de ahí comíamos, consumíamos mucho quelite, verdolagas. Además teníamos nuestra forma de comercio, intercambiamos lo que se sembrábamos con los de Arizpe o con los de Ures”.
Wenceslao Miramón Rivera, habitante de Bacanuchi, dice que parece que quedaron en un territorio maldito. Después del derrame, la gente no quiere ganado de la región, ni alimentos. “Antes vendíamos elotes o duraznos en las tiendas de Cananea. Ahora si decimos que los productos vienen del Río Sonora, no compran”.
El miedo por la contaminación es tal, que no solo hay problema para vender el ganado y los productos del campo. Los foráneos no quieren llegar a la zona tampoco. Ni siquiera los médicos. “El centro de salud de Bacanuchi está vacío. Hace tres años que no tenemos doctor. Antes venían pasantes de medicina ahora ya no quieren estar aquí”, dice Wenceslao.
Nada han remediado
De acuerdo con diversas solicitudes de acceso a la información, PODER verificó que Buenavista del Cobre, la mina de Grupo México dueña de la pileta que causó el desastre, no contaba con las autorizaciones de Semarnat para el manejo de residuos peligrosos al momento del derrame.
Pese a eso, Semarnat sólo obligó a Buenavista del Cobre a remediar el sitio correspondiente a la zona 1 (los primeros 30 km desde el lugar donde se produjo el derrame) y en las cuatro restantes resolvió que se hicieran únicamente tareas de “monitoreo y control”.
Para canalizar los recursos necesarios con el fin de resarcir los daños, la empresa y el Gobierno crearon el Fideicomiso Río Sonora, un mecanismo voluntario y privado. Grupo México comprometió 2 mil millones de pesos para la remediación.
“Pero solo puso poco más de 1,200 millones de pesos”, dice Hopenhaym. El Fideicomiso, de acuerdo a lo documentado por PODER, solo gastó 61% de los recursos prometidos y no realizó un proceso efectivo de remediación.
Al inicio, Grupo México dijo que pondría 36 plantas potabilizadoras; pero la cantidad se redujo a 28 en 2016. En 2017 anunció que se construirían nueve de ellas. A cinco años del derrame, las únicas que funcionan son la de Bacanuchi, en el municipio de Arizpe y eso de manera intermitente, la de La Capilla (Baviácora) y de San Rafael (Ures).
“En ninguno de los casos se les ha dado garantías a los habitantes sobre la separación de metales en el agua, por lo que se puede afirmar que no existe seguridad hídrica en la región”, asegura Hopenhaym.
Lo que sí instaló el fideicomiso fueron 10,188 tinacos en los municipios afectados, pero están vacíos. Se supone que almacenarían el agua limpia que llegaría de las plantas potabilizadoras prometidas. “Están ahí sin uso, como testigos de la impunidad en el río Sonora”, dice Óscar Encinas, el habitante de Ures.
Tampoco se terminó de construir el Hospital de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), que la empresa comprometió en el fideicomiso. “Solo funciona un módulo de la clínica, que pusieron en una casa rentada, para dar atención a más de 300 afectados de primer orden, pero ni para ellos ha sido buena la atención y ahora ya lo van a cerrar”, afirma Elba Nidia Hurtado, de Ures.
“La Semarnat cerró el fideicomiso–dice Hopenhaym– de forma unilateral, sin que los pobladores tuvieran opinión, en marzo de 2017, supuestamente porque ya había cumplido su función. Nunca se supo ni siquiera qué pasó con él dinero. Al ser un fideicomiso privado no ha tenido escrutinio de la Auditoría Superior de la Federación ni de la Secretaría de la Función Pública”.
Es por eso que los pobladores, con el acompañamiento de PODER, han interpuesto cinco amparos, tres de ellos referentes al fideicomiso y su funcionamiento. Sobre uno de ellos deberá pronunciarse la Corte este miércoles 7 de agosto.
Este lunes 5 de agosto, a cinco años del derrame, pobladores de la orilla del río Sonora hicieron una manifestación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la demanda de que se revisen esos amparos.
“La petición es que se revise el fideicomiso, su funcionamiento y en qué se gastó el dinero. Queremos que la empresa cumpla, porque a cinco años no ha habido remediación ni justicia para nosotros”, dice Wenceslao.
Animal Político solicitó la postura tanto de Grupo México, como de Semarnat, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Lo que los pobladores esperan, ahora que hay nuevas autoridades en la dependencia y en el gobierno federal, es que se revise el caso y se obligue a Grupo México a resarcir los daños. “Aunque hay muchos que no pueden ya repararse. ¿Con qué se remedia todo el daño que hemos tenido? Con nada. Pero al menos deberían intentarlo”, dice Panchita.
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Varios factores se conjugaron para que José Antonio Kast fuera elegido por una abrumadora mayoría. Se impuso en todas las regiones del país a la comunista Jeannette Jara. En BBC Mundo te detallamos algunas claves que explican este profundo giro a la derecha en Chile.
No hubo sorpresas. Chile eligió este domingo al ultraderechista José Antonio Kast como su próximo presidente.
El líder conservador logró imponerse con un 58,16% de los votos y una amplia ventaja sobre la candidata de la izquierda, la comunista Jeannette Jara, quien obtuvo el 41,84%.
En su tercer intento, el candidato respaldado por todo el arco derechista logró hacerse con la presidencia del país sudamericano, proponiendo un “gobierno de emergencia” y con un duro discurso en materia de seguridad y migración, preocupaciones que se han vuelto prioritarias para los chilenos.
El triunfo del otrora parlamentario supone el mayor giro hacia la derecha en la presidencia de Chile tras el retorno a la democracia y se da luego de cuatro años del gobierno de izquierdas de Gabriel Boric.
Kast ganó en todas las regiones y se convirtió en el presidente electo con más votos en la historia del país, llegando a un total de poco más de 7,2 millones de apoyos.
Este último hecho se explica -en parte- por la ampliación del padrón electoral y por ser esta la primera elección presidencial con sufragio obligatorio.
Su contundente resultado, sin embargo, tiene múltiples explicaciones y supone también importantes desafíos.
1. La inseguridad y la migración irregular
“El miedo”.
Eso responde el doctor en sociología Eugenio Tironi cuando se le pregunta por los principales factores que explican el triunfo de José Antonio Kast en Chile.
El también consultor alude justamente al temor que se registró durante esta campaña presidencial entre los chilenos en materia de seguridad pública.
“Los factores son múltiples, pero yo creo que básicamente, es el miedo. El miedo a la delincuencia, el miedo a la migración descontrolada -y que en general se visualiza como asociada al crimen-, y por último el miedo a la inseguridad que produce el estancamiento económico. Hay un deseo de cambio, de cambio de personal político, de estilo, de forma de gobernar. Y esto lo capitalizó muy bien Kast”, afirma el analista en conversación con BBC Mundo.
La sensación de inseguridad aumentó en el país sudamericano en los últimos años, entre otras cosas, luego de que se registrara un incremento en los niveles de violencia en delitos comunes como el robo y, asimismo, se detectara la presencia de grupos criminales internacionales.
Ese fue un tema que, de hecho, marcó fuertemente al gobierno del presidente Gabriel Boric, quien se vio forzado a reorganizar sus prioridades y potenciar su agenda en la materia.
Esa preocupación ciudadana la supo capitalizar bien el nuevo presidente electo de Chile. Con un discurso de “mano dura” en contra del crimen organizado y la delincuencia, logró encarnar una respuesta que hizo eco entre los electores.
En Chile, además, se ha vinculado el crimen organizado a la migración irregular por el ingreso de grupos como el Tren de Aragua.
En el país hay cerca de 300 mil migrantes que han ingresado de manera irregular y Kast ha hecho de ellos una de sus prioridades. Los ha llamado a abandonar el territorio chileno y se ha comprometido en su expulsión.
La analista y experta en comunicación Paula Walker coincide en que Kast capitalizó el miedo de los chilenos en estas materias, pero pone un matiz. “Es una campaña que se toma del miedo, pero cuando tiene que desarrollar sus piezas no apela al miedo. No la desarrolla anclada en imágenes oscuras, al contrario, su campaña era en ese sentido hasta esperanzadora”, sostiene.
El periodista y escritor chileno Ascanio Cavallo sugiere, además, que Kast también logró encarnar una promesa de cambio en materias más amplias que afectan diariamente la vida de las familias chilenas como el desempleo, la salud y la educación.
Uno de sus principales desafíos de Kast en este sentido, será manejar las expectativas que se ha fijado en estos ámbitos.
En su primer discurso a la nación, de hecho, apuntó justamente a moderarlas.
“Los resultados no se verán al día siguiente, esto requiere perseverancia, fortaleza y sabiduría”, dijo a la vez que recalcó “no nos pidan milagros, pídanos energía”.
2. La moderación y un nuevo extremo
Un factor que marcó el tercer intento de José Antonio Kast para llegar a la presidencia fue su aparente moderación.
En 2021, cuando perdió la segunda vuelta ante Gabriel Boric, su narrativa era totalmente distinta: se mostró contrario a los derechos de la población LGBTIQ+, al aborto en tres causales e, incluso, propuso perseguir a agitadores radicales de izquierda. En esa época, además, no se abstuvo de publicitar admiración por el dictador Augusto Pinochet.
Pero nada de eso defendió esta vez. Su estrategia fue pragmática y monotemática: un gobierno de emergencia dedicado a poner orden, con “mano dura” contra delincuentes y criminales y, asimismo, contra el migrante irregular.
Cuando se le intentaba llevar al plano de los valores, la respuesta era siempre la misma: esos temas no son la prioridad de los chilenos. En otros asuntos complejos respondía solo “depende”, para evitar marcar posturas que pudieran costarle su posicionamiento.
Su aparente moderación, además, se vio reforzada por la aparición de una figura que se le plantó a la derecha: el diputado libertario Johannes Kaiser, quien obtuvo un amplio respaldo en la primera vuelta y apoyó su candidatura para el balotaje.
Esta vez fue Kaiser quien jugó a ser el más extremo. Propuso, por ejemplo, indultar a condenados por violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar.
En su campaña de segunda vuelta, Kast profundizó sus mensajes hacia la derecha más liberal e incluso el centro político.
También hizo gestos al mundo que votó por el populista Franco Parisi, quien quedó tercero en la primera vuelta presidencial del 16 de noviembre, obteniendo el 20% de los votos. En ese periodo, de hecho, Kast recibió el respaldo del expresidente, Eduardo Frei, integrante histórico de la Democracia Cristiana, partido de centro.
Según todos los analistas consultados por BBC Mundo, la aparente moderación de Kast fue un factor que incidió significativamente en la histórica votación que obtuvo este domingo.
“Fue muy importante. Le permitió arrastrar al voto de centro, le permitió arrastrar al voto de la derecha del viejo arco de la Concertación (coalición de centroizquierda que lideró la transición democrática), le permitió arrastrar al voto de Parisi. Todo eso le habría resultado mucho más difícil si hubiese insistido en su agenda valórica”, afirma Tironi.
La gran pregunta que se abre en Chile es si Kast seguirá profundizando aquello o ahora, ya electo, comenzará a sincerar las definiciones que esquivó en el periodo electoral.
Con un discurso antimigrante que resuena a Donald Trump, una promesa de recortar el gasto fiscal y reducir el Estado, al estilo de Javier Milei, y su cercanía con otras figuras de corte autoritario como Nayib Bukele y Víctor Orbán, en la oposición algunos se preguntan si Kast seguirá o no esas sendas.
Sus primeras señales, al menos, apuntaron en el sentido contrario. En su primer discurso a la nación, Kast afirmó que su gobierno de emergencia “no significa para nada autoritarismo”.
Además, confirmó que renunciaría al Partido Republicano, repitió varias veces que busca ser el presidente de todos los chilenos, e hizo gestos a la propia Jeannette Jara y a su futura oposición:
“Un gobierno no se construye solo con sus partidarios, se construye también con la oposición”, dijo.
3. Contrincante continuista y comunista
En Chile la última vez que un presidente le pasó la banda presidencial a alguien de su mismo signo político fue en 2006, cuando la entonces candidata Michelle Bachelet se convirtió en la sucesora de Ricardo Lagos.
Desde ese entonces, con un estallido social y dos procesos constitucionales fallidos de por medio, el país ha elegido la alternancia.
La tendencia no es propia de Chile, sino que es cada vez más común a nivel mundial y así se ha visto también en la región en elecciones recientes como la de Uruguay o Bolivia.
El denominado voto impugnador, que rechaza a quien está en el poder en el momento de la elección, fue un factor que jugó en contra de Jeannette Jara.
La candidata de la izquierda representaba la continuidad del gobierno del presidente Gabriel Boric. Fue su ministra del Trabajo y, por más que lo intentó alzando duras críticas a su administración, no logró distanciarse de su figura.
Pero no todo se explica por un voto impugnador. Para varios expertos el triunfo de Kast reponde también a un castigo al propio Boric y su gestión.
“Hubo acciones del gobierno que fueron muy bien utilizadas por la candidatura de Kast; problemas de gestión, decisiones políticas mal tomadas, lo que él capitalizó muy bien”, dice Walker.
Para Cavallo la derrota de Jara se explica en gran parte por haber sido la cara de la continuidad “de un muy mal gobierno, un gobierno muy aficionado, muy poco responsable en algunas cosas. No en todas pero sí en algunas y con poca profundidad histórica”.
Tironi afirma que es difícil saber dónde está el límite del voto impugnador versus la responsabilidad que le puede caber a la administración de Boric en entregar la banda presidencial a su oposición:
“El gobierno hizo un esfuerzo por responder a algunas demandas, que no estaban presentes cuando el presidente Boric fue electo. Él fue electo con demandas de cambio social, con demandas progresistas, y ahora sale con demandas conservadoras. El gobierno de Boric trató de adaptarse, pero lo hizo un poco tardíamente, con dificultad, con problemas de gestión y no está en su ADN obviamente esta agenda. Esta es una agenda que le es mucho más natural a una opción de derecha”.
“Entonces, si el gobierno pudo haber cambiado este destino, yo creo que francamente no”, agrega.
Pero Jara también cargaba con otra mochila: su militancia comunista.
La administradora pública de origen popular, no pudo sacarse de encima esa chapa, aun cuando había prometido renunciar a su colectividad si era electa presidenta.
Algunos analistas consideran ese factor supuso una desventaja importante para ella.
“Ser militante comunista es una dificultad, yo no tengo ninguna duda de eso. Hay mucha gente que realmente no siente que puede votar por una candidata comunista. O sea, hay dos millones de votos de diferencia”, dice Walker, aunque destaca que la exministra logró desmarcarse en gran medida de ese activismo.
Cavallo agrega: “No estoy hablando de los dotes personales de Jara ni nada por el estilo, pero haber elegido a una militante comunista es un contrasentido mundial, ya no local. Eso le bajaba un poco el techo y explica por qué es tan severa la derrota”.
Tironi, por su parte, estima que si se miran los resultados ese factor no fue tan determinante.
“A lo mejor en el mundo rural, pero en el mundo urbano, sobre todo, en Santiago, en Valparaíso, fue poco. Porque Jara rompió un poco el cielo de cristal del comunismo. Logró ganar en muchas comunas populares importantes, un electorado que no se dejó llevar por el estigma comunista”, dice.
“Lo que sí es cierto es que en las comunas más pudientes y en el mundo rural, sí que debe haber pesado, porque Kast llegó a sacar cerca del 85% en las comunas de lo que llamamos el barrio alto de Santiago”, añade.
4. Voto prestado
Pese a lo histórico de su triunfo, José Antonio Kast no fue un fenómeno en sí mismo.
En la primera vuelta obtuvo solo un 23% de los votos, menos del 27% que logró en la misma elección en 2021.
Para su triunfo este domingo fue importante el apoyo de otras figuras de la derecha que participaron en la primera vuelta, como el libertario Johannes Kaiser -representante de una línea más dura- y la abanderada de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, quien encarna la visión política del fallecido expresidente Sebastián Piñera.
Tanto Kaiser como Matthei le dieron un respaldo inequívoco a Kast. Lo mismo hizo la familia de Piñera.
Y si bien siempre se dice que los votos no se traspasan automáticamente, lo cierto es que si se miran las cifras, tanto los votos de Kaiser como la mayoría de los de Matthei estuvieron con el republicano.
Asimismo, se puede leer preliminarmente que al menos una parte de los votos de Parisi también se fueron hacia Kast.
A todos ellos y sus “votos prestados”, les hizo gestos la noche de este domingo.
“Muchas gracias a los que se sumaron en segunda vuelta, gracias a quienes votaron por otras candidaturas y hoy libremente eligieron apoyar este camino de cambio”, dijo a la vez que destacó que “entre todos logramos una mayoría histórica”.
En el mundo de la derecha han advertido al presidente electo del riesgo de embriagarse con la contundencia del triunfo.
Y es que el cuadro supone varios desafíos para su futuro gobierno. Para sostener su base de apoyo tendrá que lograr conciliar las visiones opuestas de país que tienen las derechas con las que tendrá que gobernar.
Kast no tendrá mayorías en el Congreso, por lo que sabe que requerirá asegurar la gobernabilidad de los propios y los votos del Partido de la Gente de Parisi y la oposición para aprobar sus políticas.
A su vez, será crucial que entregue resultados oportunos en las que ha definido como sus prioridades para evitar una pérdida de respaldo temprana.
Sobre este tema, Walker subraya que “todos los presidentes ganan con votos prestados” y que lo relevante es que “tenemos hoy día el país completo teñido de azul y eso es impresionante”.
“Si es solo de una adhesión a la figura de él o no, no sé si eso es muy relevante. Lo relevante es que hay una coalición de derecha, liderada por él, que fue capaz de hacer hoy día perder a la izquierda de manera importante y sobrepasarla en dos millones de votos”, agrega.
Si Kast es capaz de hacer de eso un activo duradero, es lo que veremos desde el próximo 11 de marzo, cuando asuma la presidencia.
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