
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aclaró este miércoles que la revocación de la autorización para la organización y operación de Vector se realizó a solicitud de la propia institución y que esta decisión no guarda relación alguna con las medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra la firma y otras entidades financieras mexicanas por presunto lavado de dinero.
En un comunicado difundido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la CNBV informó que la revocación “fue con motivo de la petición voluntaria formulada por dicha entidad y de conformidad con el acuerdo adoptado por su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 26 de noviembre del año en curso”.

La autoridad financiera subrayó que la decisión tomada por los socios de Vector respondió únicamente a intereses propios de la institución. “La determinación adoptada por los socios de dicha casa de bolsa obedeció exclusivamente a sus intereses, por lo que no guarda relación con las medidas adoptadas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos”, precisó la CNBV.
De acuerdo con la aclaración oficial, la solicitud de revocación fue presentada ante la CNBV el pasado 1 de diciembre y cumplía con los requisitos establecidos en la normatividad vigente.
Tras el análisis correspondiente, el 12 de diciembre la Junta de Gobierno del organismo regulador resolvió de manera favorable la petición. “En ese sentido, la Junta de Gobierno de la CNBV determinó que, desde el punto de vista legal, financiero y operativo, resultaba procedente resolver favorablemente la revocación de la autorización otorgada a la entidad financiera”, detalló la Comisión.
La aclaración se dio un día después de que se informara sobre la revocación de la autorización de Vector para operar como casa de bolsa y sociedad de fondos de inversión, decisión que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En esa resolución, la CNBV indicó que la medida era resultado del análisis de la solicitud presentada por la propia institución.
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Como parte del proceso, la autoridad requirió a Vector entregar copia del instrumento público en el que se formalice la revocación, así como la designación de un liquidador. En ese sentido, la CNBV solicitó “la designación de Gerardo Maldonado García como liquidador, con los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles”.
Añadió que “la inscripción deberá tramitarse dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha en que se formalice la protocolización de la revocación referida”.
El pasado 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a CIBanco, Intercam y Vector por sospechas de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
En ese momento, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró: “Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”.
Tras esos señalamientos, la Junta de Gobierno de la CNBV decretó la intervención gerencial temporal de CI Banco, Vector e Intercam. Posteriormente, casi seis meses después, la Asociación de Bancos de México (ABM) confirmó que Vector, CiBanco e Intercam dejaron de operar como casas de bolsa. Al término de la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera 2025, el vicepresidente de la ABM, Jorge Arce, afirmó que “todo el proceso fue muy ordenado”.
En ese mismo periodo, CIBanco presentó una demanda ante una corte federal en Estados Unidos en contra de las sanciones impuestas, al considerar que esas “órdenes erróneas” ponían en riesgo 40 mil millones de dólares de fondos estadounidenses.
Al mismo tiempo, la Secretaría de Hacienda informó que había alcanzado acuerdos para la venta de las operaciones de CiBanco e Intercam y detalló que, en el caso de CIBanco, se determinó transferir su división fiduciaria a Banco Multiva S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva.

El anuncio de Trump tiene como objetivo cortar los ingresos del gobierno de Nicolás Maduro, pero algunos analistas advierten que la medida podría profundizar la crisis económica en Venezuela y generar consecuencias negativas para Washington.
Para Venezuela, el petróleo no es simplemente un bien de exportación. Constituye el eje central de su economía y la principal fuente de ingresos y de divisas con las que el país importa alimentos, medicinas y otros bienes esenciales.
Por ello, el bloqueo “total y completo” contra los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela —anunciado el martes por el presidente de EU, Donald Trump— no solo podría afectar al gobierno de Nicolás Maduro, sino también a amplios sectores de la población venezolana.
Varios expertos advierten que una medida de este alcance también puede resultar contraproducente para Washington.
Trump dio a conocer la decisión a través de sus redes sociales, donde acusó al gobierno de Maduro de utilizar petróleo “robado” para financiarse y para sostener el “narcoterrorismo, tráfico de personas, asesinatos y secuestros”.
Sus declaraciones se producen una semana después de que Washington incautara un buque petrolero frente a las costas venezolanas, una acción que Caracas denunció como “un robo descarado” y “un acto de piratería”.
El mandatario estadounidense también afirmó este martes en Truth Social que Venezuela está “completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica”, y añadió que esta presencia militar “seguiría creciendo” y que sería “algo como nunca antes se había visto”.
Venezuela —que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo— ha condenado la orden de bloqueo como una “amenaza grotesca”, que, según el gobierno de Maduro, busca “robar” la riqueza del país.
Desde septiembre, Estados Unidos ha acumulado una importante presencia militar frente a las costas venezolanas en el Caribe, que incluye a más de 15,000 efectivos y al portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford.
El ejército estadounidense también ha estado realizando una serie de ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental en los que han muerto al menos 95 personas.
El presidente Trump afirma que el objetivo de esta campaña militar es combatir el narcotráfico en la región y acusa al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de encabezar el llamado Cartel de los Soles.
Sin embargo, diversos analistas sostienen que la estrategia podría también estar orientada a impulsar un cambio de régimen en Venezuela.
Venezuela produce actualmente cerca de 1 millón de barriles diarios de crudo, lo que representa aproximadamente el 1% de la producción mundial.
Una cifra que contrasta con los más de 3 millones de barriles diarios que el país produjo en 1998, el año previo a la llegada al poder del mentor político e ideológico de Maduro, el expresidente Hugo Chávez.
El desplome de la producción responde a una combinación de mala gestión, falta de inversión en el sector, pérdida de personal calificado, corrupción y sanciones internacionales.
Por ello, el impacto de un bloqueo petrolero sobre el mercado mundial sería limitado, al menos en el corto plazo.
Pero, para millones de venezolanos, las consecuencias podrían ser mucho más profundas y directas.
Cuando el presidente Donald Trump impuso un paquete de sanciones económicas estrictas a Venezuela en 2018, durante su primer mandato, la medida profundizó la ya grave crisis económica y humanitaria que atravesaba el país sudamericano.
Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), solo ese año la economía venezolana se contrajo en torno al 15%, una de las caídas más pronunciadas de su historia reciente.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina del centro de estudios Chatham House, con sede en Londres, afirma que el bloqueo anunciado por Trump podría tener un efecto “aún más devastador si lo mantiene y persiste”.
“Creo que la administración Trump espera poder darle un giro rápido a esta medida. Espera que el lenguaje hiperbólico e incendiario que usó en Truth Social ponga al círculo íntimo de Maduro en su contra y promueva una transición rápida“, le dice a BBC Mundo.
“Pero si eso no pasa, se prevé una gran crisis, porque un gran porcentaje de las exportaciones venezolanas viaja por este tipo de embarcaciones sancionadas”, agrega.
“Y los ingresos provenientes de esas exportaciones no sólo se usan para pagar y sobornar a burócratas, sino para comprar medicinas y alimentos, por lo que se prevé una gran escasez de ambas cosas”.
Un informe reciente de la organización Transparencia Venezuela reveló que el 41% de los buques petroleros (40) que operaron en las costas venezolanas en noviembre fueron buques sancionados, parte de la llamada flota de buques fantasma.
Por su parte, el servicio independiente de seguimiento Tanker Trackers estima que unos 37 buques incluidos en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estaban operando en aguas venezolanas a principios de este mes.
El economista venezolano Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker de la Universidad Rice, en Houston, señala que la medida anunciada por Trump también forzará al gobierno de Nicolás Maduro a ofrecer mayores descuentos en el petróleo que vende a través de canales informales para sortear las sanciones.
“En cualquier escenario, esto provocará una reducción de los ingresos, lo que a su vez causará una devaluación del bolívar y un aumento de la inflación. Y si la situación se prolonga, es probable que genere una caída significativa del PIB”, añade.
El FMI proyectó que la inflación en Venezuela cerrará 2025 en aproximadamente 269,9 %, según su informe World Economic Outlook publicado el 14 de octubre de 2025.
Expertos advierten que el bloqueo también podría tener consecuencias negativas tanto para la oposición venezolana como para el propio gobierno de Donald Trump.
“Si la medida no logra desalojar al gobierno de Nicolás Maduro y los venezolanos comunes comienzan a sufrir sus efectos, es posible que muchos terminen culpando a la oposición y a Trump de la crisis”, señala Sabatini.
Y una mayor pobreza en Venezuela probablemente también impulse una nueva ola migratoria hacia países de América Latina y a Estados Unidos.
Según datos de la ONU, cerca de 7.7 millones de venezolanos han abandonado el país desde el inicio de la crisis económica y política, convirtiendo la situación en una de las mayores crisis migratorias del mundo.
El economista estadounidense Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), considera que el bloqueo anunciado por Trump podría terminar perjudicándolo políticamente si se mantiene en el tiempo.
“Cerca del 90% de las divisas extranjeras que obtiene Venezuela provienen de las exportaciones de petróleo, por lo que un bloqueo como el anunciado podría generar más pobreza y más migración”, le dice Weisbrot a BBC Mundo.
“Es un riesgo considerable para Trump: si la migración venezolana hacia Estados Unidos aumenta de forma significativa, es probable que sus votantes le hagan pagar el precio en las elecciones de medio mandato del próximo año”.
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