
“¿Sobrevivirán los derechos humanos a un mundo trumpista?” es la primera pregunta que plantea el nuevo informe Mundial de Human Rights Watch dado a conocer este miércoles. De acuerdo con la organización, un 72 % de la población mundial vive hoy bajo autocracias, dada la recesión democrática que se extiende por todo el mundo.
2025 es el punto culminante, describe en sus primeras páginas el documento. En solo 12 meses, la administración de Donald Trump ha logrado una amplia agresión en pilares clave de la democracia estadounidense y de las reglas globales del orden mundial, en cuya puesta en marcha los propios Estados Unidos —con todo y sus inconsistencias— fueron fundamentales.
Este contexto ha sido propicio para que varios gobiernos de América Latina y el Caribe violen los derechos de personas extranjeras a instancias de la administración Trump, mientras otros han retomado su retórica para cometer abusos contra sus propios ciudadanos. El informe analiza las prácticas de derechos humanos de más de 100 países, y específicamente en América Latina de Venezuela, Perú, Nicaragua, Honduras, Haití, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Cuba, Colombia y Argentina.
“El ataque militar de la administración Trump contra Venezuela a principios de 2026 podría consolidar el gobierno represivo del país, y servir a los intereses políticos y comerciales de Estados Unidos”, advierte Human Rights Watch (HRW).

Además, el informe documenta que numerosos gobiernos latinoamericanos han llevado aún más lejos las políticas de seguridad basadas en detenciones masivas, uso excesivo de la fuerza y despliegues militares para combatir el “terrorismo”. En tanto, mientras los Estados Unidos critican las violaciones a derechos sistemáticas en Venezuela, Cuba y Nicaragua, ignoran los abusos en El Salvador, Ecuador y Perú.
Entre los apuntes más relevantes que hace HRW en Latinoamérica, destaca que Venezuela, Cuba y Nicaragua reprimen sistemáticamente la crítica y el disenso; además, en el primer país muchas personas permanecen encarceladas por motivos políticos. A ello se suma que los ataques marítimos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico han causado la muerte de más de 120 personas.
Por otro lado, los grupos del crimen organizado son una amenaza para los derechos humanos en toda la región, pero el caso más extremo se presenta en Haití, donde hoy controlan el 90 % de la capital Puerto Príncipe, mientras se extienden a otras zonas del país.
En El Salvador y Ecuador se han cometido graves violaciones a derechos humanos como respuesta al crimen organizado. En tanto, en Río de Janeiro, Brasil, una redada policial causó 122 asesinatos, lo cual forma parte de un patrón más amplio de uso abusivo de la fuerza.
“En México, el gobierno ha combinado la ampliación de la recopilación de información de inteligencia con medidas que abren la puerta a detenciones masivas, como la prisión preventiva obligatoria”, alerta la organización. Por otro lado, la estrategia “paz total” del presidente colombiano Gustavo Petro ha facilitado a grupos armados y al crimen organizado la ampliación de su control sobre las comunidades.

Honduras, Perú, El Salvador y Ecuador han suspendido injustificadamente derechos fundamentales durante largos períodos de lucha contra el crimen organizado, mientras que Panamá y Costa Rica han detenido arbitrariamente a ciudadanos de terceros países deportados de Estados Unidos. El gobierno de El Salvador, en específico, sometió a venezolanos deportados a desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas sistemáticas, y la República Dominicana ha intensificado la deportación de haitianos a situaciones de alto riesgo.
“Mientras Estados Unidos recortó la ayuda exterior destinada a organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes, El Salvador, Perú y Ecuador aprobaron leyes que permiten el cierre arbitrario de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación. Argentina ha creado un entorno cada vez más hostil para los medios de comunicación”, añade HRW.
En suma, la segunda administración de Trump ha minado la confianza en las elecciones, reducido la responsabilidad gubernamental, desmantelado la asistencia alimentaria y los subsidios a la salud, atacado la independencia judicial, desafiado órdenes judiciales, consolidado regresiones de los derechos de las mujeres, obstruido el acceso al aborto, minimizado soluciones a la discriminación racial, puesto fin a programas de accesibilidad para personas con discapacidad, castigado la libertad de expresión, removido protección para personas trans e intersexuales, erosionado la privacidad y usado al gobierno para intimidar a sus oponentes políticos, medios de comunicación, abogados, universidades y sociedad civil.
Además, dice la organización, la administración de Trump ha abrazado políticas y retóricas que se alinean a una ideología blanca nacionalista, por lo que migrantes y peticionarios de asilo han sido sometidos a condiciones inhumanas y trato degradante: 32 fallecieron en custodia del ICE en 2025, y en enero de 2026 se han sumado cuatro más. Los agentes han perseguido a personas de piel oscura, usado excesivamente la fuerza, aterrorizando a comunidades, arrestando equivocadamente a ciudadanos y de manera reciente, asesinando injustificadamente a dos personas en Minneapolis.

Un veredicto en su contra tuvo lugar menos de dos semanas después de que su esposo fuera sentenciado a prisión. Aún tiene pendientes varias acusaciones.
Dos bolsos Chanel, una concesionaria BMW y una polémica iglesia estuvieron en el centro del juicio a la ex primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee.
Esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, que fue destituido en 2025, fue arrestada en agosto por cargos que incluían soborno, manipulación bursátil e interferencia política, todos los cuales niega.
La fiscalía acusó a Kim, de 52 años, de ganar más de 800 millones de wones (US$552.570) al participar en una trama de manipulación de precios relacionada con las acciones de Deutsch Motors, una concesionaria de BMW en Corea del Sur, entre octubre de 2010 y diciembre de 2012.
También fue acusada de aceptar bolsos de lujo, un collar de diamantes y otros regalos por valor de hasta 80 millones de wones (US$56.000) como sobornos de la controvertida Iglesia de la Unificación a cambio de favores comerciales, y de recibir 58 encuestas de opinión gratuitas, por valor de 270 millones de wones coreanos, del empresario Myung Tae-kyun antes de las elecciones presidenciales de 2022.
El miércoles, un tribunal la declaró culpable de aceptar sobornos de funcionarios de la Iglesia de la Unificación y la condenó a 20 meses de cárcel.
Sin embargo, fue absuelta de los cargos de manipulación del precio de acciones y de violar las leyes de financiación de campañas de Corea del Sur. Aún quedan dos acusaciones en su contra que el tribunal no ha escuchado.
El veredicto llega menos de dos semanas después de que su esposo fuera sentenciado a prisión por abuso de poder y obstrucción a la justicia en relación con su fallido intento de instaurar la ley marcial.
También marca la primera vez en la historia del país que la esposa de un presidente es acusada formalmente estando detenida.
Pero no es la primera vez que la propia Kim se ve envuelta en controversias.
Antes de ser la primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee, cuyo verdadero nombre es Kim Myeong-sin, era empresaria y amante del arte.
Se graduó con una licenciatura en educación artística de la Universidad Femenina de Sookmyung en 1999, pero posteriormente enfrentó repetidas acusaciones de plagio durante su época de estudiante allí.
La universidad anuló su título en 2025 después de que su comité de ética de investigación descubriera que la tesis de Kim tenía problemas.
Nunca ha respondido públicamente a estas acusaciones.
En 2009 fundó la empresa de exhibiciones de arte Covana Contents, de la que sigue siendo directora ejecutiva y presidenta. Sin embargo, en 2019 medios de comunicación surcoreanos informaron que Kim presuntamente había evadido impuestos y recibido sobornos por organizar exposiciones.
Kim fue absuelta de estos cargos en 2023, pero un fiscal especial está reexaminando el caso.
Posteriormente, antes de las elecciones presidenciales de 2022, que finalmente ganó su esposo, surgieron acusaciones de que Kim había presentado solicitudes a universidades y empresas con títulos y premios falsos, lo que desató un escándalo por posibles credenciales falsificadas.
En respuesta a estas acusaciones, que algunos miembros de la oposición intentaron utilizar como arma política contra Yoon, Kim emitió una disculpa pública por lo que describió como “exageraciones” en su currículum.
Además, prometió que si su esposo llegaba a la presidencia, se centraría exclusivamente en su rol como esposa.
Sin embargo, es su conducta durante ese periodo lo que ha provocado algunas de las críticas más duras en su contra.
A finales de 2023 aparecieron imágenes de una cámara espía que mostraban a Kim recibiendo un bolso de lujo de un individuo en una oficina de Seúl en septiembre de 2022.
Se informó que las imágenes fueron grabadas en secreto por el pastor Choi Jae-young con una cámara en su reloj, y su publicación intensificó el escrutinio público sobre Kim y Yoon.
Al parecer, mostraban a Choi caminando hacia una tienda para comprar un bolso de piel grisáceo, con un recibo que estimaba su costo en 3 millones de wones (US$2.200). Choi luego visitó Covana Contents, una empresa en Seúl propiedad de la primera dama, donde Kim le preguntó al pastor: “¿Por qué sigue trayéndome estas cosas?”.
La ley surcoreana prohíbe que los funcionarios públicos y sus cónyuges reciban regalos por un valor superior a 1 millón de wones(US$698) de una sola vez, o un total de 3 millones de wones en un año fiscal.
Si bien el video no muestra explícitamente a Kim aceptando el regalo, el diario Korea Herald informó en ese momento que la oficina presidencial confirmó la recepción de la bolsa y afirmó que estaba “registrada y almacenada como propiedad del gobierno”.
La oficina presidencial no respondió de inmediato a la grabación, lo que avivó aún más la controversia, ya que grupos cívicos presentaron denuncias ante la fiscalía alegando posibles violaciones de la Ley Anticorrupción.
Este incidente fue una de las 16 acusaciones investigadas por el equipo de fiscales especiales, 12 de las cuales fueron remitidas a la policía para su posterior investigación.
Sin embargo, el veredicto de este miércoles se centró en la presunta aceptación de sobornos por parte de Kim de la Iglesia de la Unificación, así como en su presunta participación en la manipulación de las acciones de Deutsch Motors y en una presunta manipulación electoral.
Kim negó los cargos, aunque admitió haber recibido bolsos de Chanel, que, según afirma, luego devolvió sin usar.
El mes pasado la fiscalía solicitó una pena de 15 años de prisión y una multa de 2.000 millones de wones, alegando que Kim había actuado “por encima de la ley” y conspirado con la Iglesia de la Unificación para socavar la “separación constitucional entre religión y Estado”.
Si bien la serie de escándalos de Kim ensombreció la carrera presidencial de su esposo, fue el propio Yoon quien finalmente selló su destino como uno de los exlíderes más desacreditados de Corea del Sur.
El 16 de enero de este año Yoon fue declarado culpable de abuso de poder, falsificación de documentos y obstrucción a la justicia al intentar, sin éxito, imponer la ley marcial en el país en 2024. También fue condenado a cinco años de cárcel.
Este fue el primero de los veredictos en cuatro juicios relacionados con el decreto de ley marcial de Yoon. Aunque efímero, la medida desató una agitación nacional, provocando protestas cuando los parlamentarios acudieron a la Asamblea Nacional para revocar la decisión de Yoon.
Las acciones de Yoon “sumergieron al país en una crisis política”, declaró un juez al emitir el veredicto, señalando que Yoon “no había mostrado remordimiento alguno”.
Fue durante una investigación de un año sobre el fallido intento de Yoon de instaurar la ley marcial que los fiscales especiales comenzaron a investigar muchas de las acusaciones contra Kim.
Juntos, la otrora poderosa pareja forma una dupla histórica: si bien Corea del Sur tiene antecedentes de expresidentes acusados y condenados, Yoon y Kim marcan la primera vez que un expresidente y una exprimera dama son encarcelados.
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