Laura Fernández Delgado es la nueva presidenta electa de Costa Rica.

La candidata de Pueblo Soberano, el partido de centroderecha del presidente saliente Rodrigo Chaves, logró una amplia victoria en las elecciones presidenciales de este domingo que le permite llegar al poder sin necesidad de una segunda vuelta.

Su partido también logró 30 de los 57 diputados del parlamento costarricense.

En su primer discurso tras la victoria la noche del domingo, prometió “presidir un gobierno de diálogo y concordia nacional, respetuoso y firme del Estado de derecho”, aunque se mostró muy dura con parte de la oposición, a la que calificó como “obstruccionista y saboteadora”.

También lanzó alegatos a favor de la “vida”, la familia y el libre mercado, y expresó en varias ocasiones su agradecimiento a Chaves, que la apoyó como su sucesora para el período 2026-30.

Fernández, de 39 años, se convertirá el 8 de mayo en la segunda mujer presidenta de la historia de Costa Rica después de Laura Chinchilla (2010-14).

La “heredera” de Chaves

Laura Fernández llegó a las presidenciales sin experiencia electoral previa.

“A mí nadie me tiene que explicar cómo funcionan las instituciones ni decir dónde hay problemas”, declaró Fernández al Diario Extra. “Yo conozco muy bien como ser gerente en el sector público”.

Exministra de Planificación y exministra de la Presidencia de Chaves, ambos cargos a los que renunció para lanzar su candidatura presidencial, la principal diferencia con el mandatario no es tanto de ideas sino de estilo.

Fernández se presentó durante la campaña como la “heredera” de Rodrigo Chaves, un líder de estilo confrontativo y discurso crítico con la clase política tradicional que termina su mandato con una imagen positiva de más de la mitad de costarricenses, según encuestas citadas durante la campaña.

Sus seguidores suelen identificarse como “rodriguistas”, en referencia directa al presidente saliente.

Fernández se enfrentó al reto de construir su candidatura a la sombra de un presidente fuerte, explica Ronald Alfaro-Redondo, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Pittsburgh.

“Chaves mantiene un tono directo e incluso confrontativo, que lo hacen ver como un político firme. El estilo de Fernández es distinto al del presidente, lo que implica un desafío para la candidata”, afirma el académico.

“El presidente ha hecho esfuerzos para transferir su alta popularidad, basada en su estilo personalista”, agrega.

La candidatura de Fernández parte del piso alto que le deja la imagen positiva del mandatario, lo que le ha permitido construir una campaña en torno a la idea de continuidad en lugar de cambio.

“Continuidad es profundizar, sin titubeos, la lucha frontal contra el narcotráfico, el crimen organizado, con la firmeza y la mano dura que solo nosotros nos hemos atrevido a ejercer”, decía la candidata en campaña.

La administración de Chaves ha destacado como logros un crecimiento económico del 5%, una reducción del desempleo del 13% a cerca del 7%, una inflación negativa y una caída de la pobreza hasta el 15,5% en 2025, según datos oficiales reiterados por la candidatura oficialista.

Estos indicadores económicos, junto con el discurso contra la corrupción de los partidos tradicionales, han sido algunos de los principales pilares del mensaje que Fernández ha transmitido a los electores.

Según las mediciones del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el 58% de los encuestados valoran de manera positiva la gestión de Chaves.

“El respaldo que recibe está basado en aspectos de la personalidad, en su forma y estilo, más que del desempeño en el Gobierno”, dice a BBC Mundo Alfaro-Redondo.

La seguridad como prioridad

En su programa de gobierno para los próximos cuatro años, la candidata del partido Pueblo Soberano ha hecho hincapié en la seguridad, en un país que en los últimos años ha mostrado un alarmante incremento de la violencia.

Costa Rica registró en 2025 la tercera tasa de homicidios más alta de su historia (de 16,7 cada 100.000 habitantes), según el Organismo de Investigación Judicial del país. De los cuales, casi el 70% de los homicidios están vinculados al narcotráfico.

Fernández dijo que, de ganar las elecciones, podría declarar el estado de excepción en zonas conflictivas del país. Para eso, ha reclamado que la población le confiera una mayoría legislativa de 40 diputados, necesario para avanzar con sus reformas en el Congreso.

“Estoy dispuesta, como futura presidenta de Costa Rica, en casos estrictamente necesarios y si viéramos una escalada en sicariato y delitos relacionados con el crimen organizado, solicitar a la Asamblea Legislativa, levantamiento o suspensión de garantías individuales”, expresó Fernández durante la campaña.

La decisión de suspender las garantías constitucionales para permitir, entre otras cosas, detener a sospechosos sin una orden judicial es una de las propuestas más cuestionadas por la oposición.

“Laura, ¿por qué promueven suspender garantías individuales en lugar de encontrar soluciones a la crisis de inseguridad?”, interrogó el candidato de izquierda, Ariel Robles, a Fernández durante uno de los debates presidenciales.

Dos semanas antes de las elecciones, Chaves recibió al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para anunciar el inicio de las obras del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, una mega cárcel ubicada cerca de la capital del país.

En su programa de gobierno, Fernández asegura que avanzará con la construcción de este centro penitenciario, con una capacidad para 5.000 detenidos, que representa una “infraestructura moderna, concebida para aislar a los cabecillas del crimen”.

Sin embargo, desde la oposición aseguran que las obras de este centro de alta seguridad, inspirado en el cuestionado Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, no es la respuesta para solucionar el problema de la inseguridad.

Además, agrega que el gobierno ha anunciado el inicio de las obras, pero éstas no han empezado.

“No fueron capaces de poner la primera piedra en un show mediático”, cuestionó Claudia Dobles, candidata de centro a la presidencia por la Coalición Agenda Ciudadana, quien clasificó la promesa como un “ridículo”.

El reto de la continuidad

Fernández propone continuar con la reforma judicial iniciada por el actual presidente, medida que varios analistas leen como una intromisión en la división de poderes, que amenaza las reglas vigentes en la Constitución.

“En Costa Rica existe el principio de no beligerancia. Sin dudas, el presidente ha extendido los límites”, explica Alfaro-Redondo sobre la cruzada de Chaves con la justicia.

El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica reclamó al Congreso, en octubre pasado, el levantamiento de la inmunidad constitucional del presidente para procesarlo por supuesta intromisión en la actual campaña política, solicitud que resultó dos veces rechazada.

En materia económica, la presidencia de Chaves ha mostrado un crecimiento cercano al 5%, una caída del desempleo de menos del 7% y una inflación negativa, según datos oficiales presentados en su programa de gobierno.

Sin embargo, los principales líderes opositores al gobierno de Chaves aseguran que la estabilización de la macroeconomía se ha fortalecido a costa de una reducción en la inversión social.

“Un superávit primario no se puede alcanzar a costa de un niño sin beca y con rezagos en su educación (…) En nuestro gobierno no se van a recortar los fondos de programas sociales para tener superávits”, destacó el candidato de izquierda, Robles en campaña.

Fernández compitió desde la amplia ventaja que le da ser la persona elegida por Chaves.

“Laura es muy cercana al presidente, pero también ahora le va a tocar conducir las cosas a su estilo”, agrega Alfaro-Redondo.

La pregunta que queda abierta es cómo será su gobierno, a la sombra del expresidente, y qué lugar ocupará el exmandatario.

“Ese será uno de sus grandes desafíos, debido a que su candidatura surge a la sombra del presidente Chaves”, dice Alfaro-Redondo.

Fernandez sostuvo en declaraciones periodísticas que le gustaría que Chaves sea ministro de la presidencia o de hacienda, algo inédito en Costa Rica.

“Esto es totalmente inusual en la política costarricense. En este país cuando un ex presidente termina su mandato deja la cancha despejada. Habrá que ver cómo hace ella para manejar eso”, puntualiza el analista.

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