La senadora morenista Andrea Chávez sólo presentó dos iniciativas durante el Segundo Periodo Ordinario de la LXVI Legislatura, mientras en el mismo lapso acumuló viajes y 51 eventos de promoción en calles de Chihuahua, en su aspiración de ser gobernadora en 2027.
Las dos iniciativas se registraron el 29 de abril, un día antes del cierre del periodo de sesiones en el Senado. Se trata de una reforma al artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo; y otra a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y al artículo 14 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. En el periodo previo, Chávez sólo presentó dos iniciativas, para declarar el 1 de diciembre de cada año como el “Día Nacional de las y los Alfareros” y la creación del Premio Nacional de Economía “Ifigenia Martínez“, ambas iniciativas están en comisiones.
En tanto, su promoción adelantada en Chihuahua destacó este año por el caso de unidades médicas y ambulancias con su nombre y rostro, circulando en calles de la entidad, mismas que no forman parte de su última declaración de intereses, fechada el pasado 30 de octubre de 2024.
Cada fin de semana Chávez visita municipios de Chihuahua, acompañada por brigadas morenistas, para hablar con ciudadanos mientras alguien se encarga de tomarle fotos y grabarla, tal como ocurre sobre su actividad en el Senado.
Con este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum sugirió a Morena establecer reglas claras para evitar actos irregulares de promoción adelantada, aunque luego dijo que su comentario no iba dirigido a alguien en particular, y defendió que “Andrea Chávez es una senadora joven que tiene intervenciones en tribuna espectaculares”.
Hasta el 29 de abril, Chávez Treviño tuvo 26 asistencias durante este periodo ordinario en el Senado; sólo registró una inasistencia justificada, el 10 de abril. Y el 13 de febrero solicitó licencia al Senado para acompañar a funcionarios del ISSSTE a una revisión de hospitales y clínicas en Chihuahua.
Las dos iniciativas que presentó Chávez entre el 1 de febrero y el 29 de abril, según datos oficiales del Senado, contrastan con la cantidad de iniciativas presentadas por otros senadores morenistas, tales como Saúl Monreal Ávila, que presentó 24 iniciativas hasta el 30 de abril; Reyna Celeste Ascencio Ortega, quien propuso 37 reformas, y las 15 que presentó el otro senador morenista por Chihuahua, Juan Carlos Loera.
El contraste son Alejandro Murat, Francisco Chíguil, Imelda Castro y Verónica Noemí Camino Farjat, quienes no presentaron ninguna iniciativa en el segundo periodo de sesiones. Considerando los 67 senadores de Morena, Chávez se ubicó a ‘media tabla’, entre los 24 con dos o menos iniciativas propias.
La reforma al artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, propuesta por Chávez Treviño, busca que las autoridades laborales analicen con perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos las pruebas en un juicio laboral, con el fin de reconocer las desigualdades que atraviesan a ciertos grupos y garantizar sus derechos laborales.
La segunda considera adicionar un párrafo al artículo 117 de la Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad y al artículo 14 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con el fin de que las autoridades verifiquen de forma permanente que la infraestructura básica para la movilidad y acceso al espacio público de las personas con discapacidad y movilidad limitada funcionen de manera correcta.
Por otro lado, la senadora chihuahuense hizo cinco proposiciones en este periodo para exhortar a las autoridades de Chihuahua a realizar diversas acciones, tales como declarar el Cerro Mesa de los Caballos como Área Natural Protegida; legislar en materia de violencia vicaria, y suscribirse a la brevedad a los convenios del IMSS-Bienestar, entre otros.
En su periodo como senadora, desde septiembre del 2024 y según los datos disponibles en la Plataforma de Transparencia, Chávez Treviño ha contado con seis asesores, de los cuales solo María Fernanda López Flores cuenta con experencia en asesoramiento legislativo. El resto cuentan con experiencia en notarías, veterinaria, estilista y revisor de exámenes en el INEA.
En una revisión de la redes sociales de la senadora de Chihuahua, El Sabueso identificó 51 eventos en Chihuahua, principalmente en fines de semana, en los cuales la morenista visitó diversas colonias, promocionó la elección judicial y su imagen por medio de ambulancias y jornadas de salud.
Sus visitas comenzaron el viernes 7 de febrero, seis días después del inicio del segundo periodo ordinario. Ese día tuvo eventos en el municipio de Madera, Matachi y Temósachic. Al siguiente día, se reunió con coordinadores territoriales de Morena en Chihuahua. El 9 de febrero, la senadora entregó una ambulancia al pueblo de Namiquipa, la cual llevaba su imagen y los colores de su partido.
Y el 13 de febrero, visitó el Hospital General Lázaro Cárdenas, Clínica Hospital en Delicias y la Clínica Hospital de Cuauhtémoc junto con directivos del ISSSTE. Dos días después, Chávez Treviño entregó apoyos geriátricos en la Colonia Galeana.
El 28 de febrero, tuvo una reunión con la Asociación Ganadera Local de Ascensión. Y el 1 de marzo, la senadora acudió a la colonia Loma Linda con unidades médicas que promocionan su imagen. El 16 de marzo llevó estas unidades a la colonia Galeana, y en uno de los eventos más recientes, el 27 de abril, la senadora visitó a comunidades indígenas de Guachochi donde llamó a las personas a participar en la elección judicial.
En la reunión, se comprometió a atender a las mujeres de la Sierra y a las personas discapacitadas de Chihuahua. Posteriormente, Chávez Treviño vistió un predio en la zona, donde criticó a la administraciones por inaugurar una planta tratadora que no funciona.
En esta nota te contamos que Fernando Padilla, el empresario señalado de financiar la campaña adelantada de Andrea Chávez por la gubernatura de Chihuahua -al poner a su disposición tres unidades médicas en las que se observa la imagen de la senadora-, también es dueño de una revista que en 2023 colocó al menos 136 anuncios espectaculares promocionando la aspiración presidencial de Adán Augusto López Hernández.
Desde que asumió la presidencia de EU, Trump ha ampliado el alcance de su misión sobre deportaciones, apuntando no sólo a criminales, sino también a trabajadores migrantes, activistas estudiantes e incluso turistas.
Durante la campaña electoral, Donald Trump fue muy claro: “Lanzaré el mayor programa de deportación de criminales en la historia de Estados Unidos”.
Esa promesa, según sugirieron las encuestas de opinión, resultó muy popular entre la población estadounidense, incluidos muchos inmigrantes legales que sentían que demasiadas personas estaban entrando al país por el “camino equivocado”.
Desde que el presidente asumió el cargo, ha ampliado el alcance de su misión, apuntando no sólo a los criminales, sino también a los trabajadores migrantes, ciertos activistas estudiantiles e incluso a turistas con problemas de visa.
Durante casi cinco meses, las detenciones y deportaciones encontraron poca resistencia. Pero ahora , en algunas partes de Los Ángeles han estallado protestas después de que los funcionarios de inmigración intensificaran sus redadas en los lugares de trabajo.
Pero ¿quiénes son los migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)? Y ¿a quién más tienen en el punto de mira?
Desde que asumió el cargo, el presidente Trump ha destacado la caída en picada de los números de cruces fronterizos y los arrestos récord que se han registrado bajo su administración.
Aproximadamente 51 mil migrantes indocumentados permanecían detenidos por ICE a principios de junio, la cifra más alta registrada desde septiembre de 2019.
Si bien no hay cifras precisas y actualizadas que estén disponibles públicamente sobre el número total de arrestos llevados a cabo por los servicios de inmigración desde el 20 de enero, algunos funcionarios de la Casa Blanca han dicho que esperan que ICE pueda aumentar la cifra de arrestos por día de los aproximados 660 que se registraron durante los primeros 100 días de la presidencia de Trump hasta los 3 mil arrestos diarios.
Inicialmente, los funcionarios estadounidenses insistieron en que las operaciones estaban “dirigidas” a criminales y potenciales amenazas a la seguridad pública.
Pero un número significativo de migrantes indocumentados detenidos por la administración Trump no tienen antecedentes, según un rastreador de datos.
El Transactional Records Access Clearinghouse, un proyecto de la Universidad de Syracuse que compila cifras de inmigración, estima que de las 51 mil 302 personas que se encontraban en centros de detención de ICE para el 1 de junio, aproximadamente el 44 % no tenía antecedentes penales, más allá de haber ingresado a Estados Unidos sin permiso.
Los disturbios en Los Ángeles fueron provocados por una serie de arrestos de migrantes que dejaron un total de 118 personas detenidas, entre las que, según el Departamento de Seguridad Nacional, había cinco miembros de pandillas.
ICE dice que los arrestados en Los Ángeles son “lo peor de lo peor”. La agencia identificó a un puñado de personas con antecedentes penales, incluidos tráfico de drogas, agresión, crueldad infantil, violencia doméstica, robo y tráfico de inmigrantes.
Sin embargo, no está claro cuántos del total de arrestos tienen antecedentes penales.
Los padres de un migrante indocumentado de 23 años, miembro de la comunidad indígena zapoteca de México, le dijeron al diario The Washington Post que su hijo, quien según ellos no tenía antecedentes penales, fue detenido afuera de una tienda de ropa.
La BBC no puede confirmar de forma independiente los detalles de este caso.
El zar fronterizo Tom Homan dijo que estos arrestos eran un “daño colateral”, argumentando que los agentes no pueden justificar legalmente el encuentro con inmigrantes indocumentados y no detenerlos.
Se han dado varios casos de turistas arrestados y retenidos en centros de detención.
En abril, por ejemplo, una turista galesa de 28 años fue retenida durante 19 días en un centro de procesamiento de ICE en el estado de Washington después de que se le negara la entrada a Canadá por lo que luego resultó ser una “confusión de visa”.
En otro incidente más reciente en junio, Khaby Lame, ciudadano italiano de 25 años (la estrella de TikTok más popular del mundo con 162 millones de seguidores), fue detenido en el aeropuerto de Las Vegas por “violaciones migratorias”.
ICE alegó que Lame excedió el plazo de su visa después de haber ingresado al país el 30 de abril. Las autoridades dijeron más tarde que se le concedió la “salida voluntaria” y abandonó el país.
Además, en marzo, la actriz canadiense Jasmine Mooney estuvo detenida durante dos semanas tras ser arrestada en el cruce fronterizo de San Ysidro, desde donde intentaba ingresar a Estados Unidos.
Más tarde describió las condiciones de su detención como “inhumanas” y contó que la mantenían en una celda de cemento sin mantas y con baños limitados. Posteriormente fue puesta en libertad sin ser acusada de ningún delito.
Su caso llamó la atención del primer ministro de la Columbia Británica, David Eby, quien dijo que el incidente aumentó aún más la ansiedad de los canadienses sobre viajar a EU.
“Nuestra relación es tan tensa en estos momentos que este caso nos hace preguntarnos: ¿qué pasa con nuestros familiares que trabajan en Estados Unidos?” dijo en una declaración a la cadena CBC.
Otros, como Fabian Schmidt, un ciudadano alemán de 34 años, fueron detenidos en los aeropuertos.
Schmidt, quien vive en Estados Unidos desde 2007, fue detenido cuando se dirigía a ese país desde Luxemburgo.
En una entrevista con WGBH, un medio de noticias de New Hampshire, Schmidt dijo que lo interrogaron sobre un cargo menor de drogas que luego fue desestimado y un cargo posterior que se impone a personas que conducen bajo la influencia del alcohol o de sustancias psicoactivas y que resultó en una multa.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha evitado en gran medida hacer comentarios sobre casos específicos, pero ha insistido repetidamente en que está operando legalmente.
Algunas de las imágenes más impactantes de la política migratoria de la administración Trump provienen de El Salvador.
Más de 250 personas a las que el gobierno de EU acusa de ser miembros de la banda Tren de Aragua fueron trasladadas a una megacárcel salvadoreña, el Cecot.
Sin embargo, los familiares de algunos de esos hombres han cuestionado cualquier vínculo con las pandillas y algunos argumentan que fueron arrestados como resultado de tatuajes inocentes.
“Es realmente desalentador”, le dijo a la BBC Adelys Ferro, directora ejecutiva del Caucus Venezolano-Estadounidense. “Todas estas decisiones son inhumanas, crueles y también ilegales”.
El caso más destacado es el de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño de 29 años residente en Maryland que fue deportado a El Salvado en marzo.
Varios jueces, incluidos los de la Corte Suprema, han dictaminado que Ábrego García fue deportado por error y que el gobierno debe “facilitar” su regreso a al país y a su familia.
El 6 de junio, fue devuelto a Estados Unidos para enfrentar cargos penales federales después de haber sido acusado formalmente de transportar ilegalmente a inmigrantes indocumentados mientras aún se encontraban en EE.UU..
Los extranjeros que participan en protestas políticas también se encuentran en en el punto de mira de la administración Trump, a pesar de que algunos tienen residencia permanente o visas de estudiante válidas.
Anthony Enriquez, abogado en la organización Robert F Kennedy Human Rights, le dijo a la BBC que había “cada vez más” titulares de permisos de residencia detenidos desde que Trump regresó a la presidencia.
“Las autoridades de inmigración se sienten facultadas para realizar detenciones que legalmente no les están permitidas”, afirmó.
A más de mil 600 estudiantes internacionales se les han revocado las visas por diferentes motivos, según Nafsa, una organización que se centra en la educación internacional.
Muchos de los arrestos se producen en el marco de la ofensiva de la Casa Blanca contra lo que percibe como “antisemitismo” en los campus estadounidenses, incluida la detención de Mahmoud Khalil, una figura prominente durante las protestas contra la guerra de Gaza en la Universidad de Columbia el año pasado.
Khalil, de 30 años, tiene un permiso de residencia y ha estado luchando para detener su deportación en los tribunales.
Rumeysa Ozturk, estudiante de la Universidad Tufts, también pasó seis semanas bajo custodia antes de ser liberada.
La universidad dijo más tarde que le habían dicho que a Ozturk, quien había participado en protestas propalestinas, le habían revocado la visa de estudiante. Ella continúa luchando contra su deportación en los tribunales.
Aunque estos casos han sido objeto de fuertes críticas, ICE ha justificado algunos de los arrestos diciendo que los estudiantes participaron en actividades “alineadas” con el grupo palestino Hamás.
“Una visa es un privilegio, no un derecho”, dijo la portavoz de Seguridad Nacional de EU, Tricia McLaughlin, en una publicación en X.
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