Ayotzinapa: sin condenas, sin justicia y con el fantasma de la “verdad histórica” a cuestas
A once años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, y la consumación de dos sexenios presidenciales, no hay información sobre el paradero de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” ni sanciones contra los responsables de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.
María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización acompañante de las familias, señala en entrevista con El Sabueso que todavía no hay información en concreto que permita esclarecer este caso.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum inició su sexenio con la promesa de renovar el diálogo y avanzar en la investigación con nuevos métodos y tecnologías, las familias advierten —tras varias reuniones con la mandataria— un posible retorno a la “verdad histórica”.
El tiempo de las víctimas no corresponde al de las administraciones sexenales, puntualiza Aguilar. “Mientras que las autoridades están pensando: ‘vamos iniciando, tenemos 11 meses’, las familias están viéndolo como 11 años de buscar a sus seres queridos”.
Las desapariciones forzadas en el país continúan y, en el transcurso de la búsqueda de verdad y justicia, seis padres y madres de normalistas han fallecido sin conocer qué fue lo que ocurrió con sus hijos: Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez Bello; Saúl Bruno García, padre de Saúl Bruno Rosario; Bernardo Campos Cantor, padre de José Ángel Campos Cantor; Ezequiel Mora Chona, padre de Alexander Mora Venancio; Donato Abarca Beltrán, padre de Luis Ángel Abarca Carrillo; y Tomás Ramírez Jiménez, padre de Julio César Ramírez Nava, quien fue asesinado.
158 personas procesadas, pero ni una sentencia condenatoria
De acuerdo con datos del Centro Prodh, 158 personas han sido procesadas por el caso Ayotzinapa: 120 están privadas de la libertad y 17 son elementos militares.
No todas enfrentan un cargo por el delito de desaparición, sino que hay quienes están siendo procesadas por delincuencia organizada, tortura y alteración de las escenas, irregularidades que fueron cometidas durante las investigaciones.
Con el paso del tiempo, varias pruebas han sido invalidadas por haber sido obtenidas bajo tortura o mediante otras irregularidades procesales. Hasta ahora, no se ha obtenido ninguna sentencia condenatoria.
La directora del Centro Pro espera la continuación de sentencias de libertad bajo reservas de ley. Estas sentencias suceden cuando no hay pruebas suficientes para declarar que una persona no es ni inocente ni culpable.
A esto se le suman dos sentencias absolutorias que fueron dictadas en procesos donde las familias están reconocidas como víctimas, una de ellas fue confirmada este año y corresponde a la acusación hecha contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, con base en la “verdad histórica”.
“Es algo que eventualmente iba a caer porque no había base científica para probar que la ‘verdad histórica’ fue lo que realmente sucedió”, sostiene Aguilar.
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¿Qué es la “verdad histórica”?
Fue el nombre que recibió la construcción de los hechos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con esta hipótesis, los 43 normalistas planeaban boicotear el informe de labores de la entonces presidenta del DIF de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde, José Luis Abarca, quien sigue preso por otras causas penales.
Pero esta versión no contó con el respaldo científico y fue rebatida por los peritos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
En 2018, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito puntualizó que la investigación realizada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) contaba con múltiples irregularidades y falsedades, pues incluso hubo acusaciones de coacción y actos de tortura contra algunos detenidos.
En su sentencia estableció que “al conceder un peso excesivo a la referida versión de los hechos, se dejaron de explorar otras líneas de investigación”. De esta manera, no fue abordada la participación del Ejército mexicano y la Policía Federal, ni la responsabilidad de otros niveles de gobierno más allá del municipal.
Tras ello se ordenó la creación de una comisión de investigación que subsanara las investigaciones.
El GIEI documentó la participación de las Fuerzas Armadas en este caso, tanto en la desaparición de los estudiantes como en la tortura de las personas detenidas.
La promesa fallida de López Obrador
En su primer decreto presidencial, el expresidente Andrés Manuel López Obrador conformó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), presidida por el exsubsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Su función fue promover la coordinación entre autoridades y otorgar asistencia a las familias. Sin embargo, a la fecha familiares de los normalistas denuncian que el mecanismo de la Covaj ya está agotado.
En sus primeros meses de trabajo, la Covaj facilitó gestiones con la FGR para establecer la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), fiscalía especial para el caso que ha sido encabezada desde entonces por tres titulares diferentes.
Estos avances condujeron a que, en 2023, Encinas revelara hallazgos que contrastaban con la “verdad histórica”, pues se corroboró que la incineración en Cocula no era factible debido a condiciones climáticas y se reconoció el involucramiento de autoridades federales, estatales y de elementos del 27 y del 41 Batallón de Infantería en colusión con el grupo criminal de Guerreros Unidos.
Cuando el Ejército fue señalado y persistió su opacidad, López Obrador tomó la postura de defender a la institución por encima del acceso a la verdad y justicia. Su sexenio concluyó sin cumplir con la promesa de resolver el caso.
De acuerdo con el medio Quinto Elemento Lab, la administración de López Obrador desarticuló el área que investigaba la desaparición de los estudiantes normalistas y que los militares se negaron a entregar información sobre el caso.
En el último informe del GIEI, en 2023, el investigador Carlos Beristain mencionó que “el ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden tener la verdad. El GIEI ha llegado con este informe hasta el límite de donde se ha podido investigar como asistencia técnica. El GIEI ve imposible continuar con su trabajo. Para poder resolver el caso, se necesita disponer de toda la información que el Estado ha tenido desde el día de los hechos para poder conocer el destino y paradero de los jóvenes.”
El regreso a la “verdad histórica” con la 4T
Aunque las administraciones de López Obrador y Sheinbaum nieguen que haya un regreso a la “verdad histórica”, la directora del Centro Prodh indica que las organizaciones y familias sí perciben un mensaje de continuidad con su modo de actuar.
“Al menos de lo que conocemos, la Fiscalía especial presentó dos acusaciones con versiones muy similares a la verdad histórica”.
A la par, está la resistencia por mantener en el cargo a personas que no cumplían con el perfil necesario. Como ocurrió con Rosendo Gómez Piedra, fiscal especial del caso que fue destituido en julio de 2025 tras múltiples señalamientos en su contra —como denuncias que lo involucraron en apoyo a la campaña de una candidata a ministra de la Corte y acusaciones de incurrir en “excentricidades y opulencia”—, aunque retrasó la investigación durante tres años.
Para saber más: Sheinbaum confirma salida del fiscal especial del caso Ayotzinapa; lo sustituirá Mauricio Pazarán, cercano a Ernestina Godoy
Tras una década, Aguilar destaca algunos hallazgos importantes. “Ahora sabemos que, durante los hechos, el Ejército tenía información inmediata de lo que estaba sucediendo y que no la entregaron sino hasta 2020. Sabemos también que había un estudiante, igual desaparecido, que era elemento activo de las Fuerzas Armadas y que cumplía con el rol de dar información de inteligencia a la institución”.
El Ejército mexicano aún se niega a entregar más de 800 documentos de inteligencia con posible información sobre el paradero de los estudiantes o, por lo menos, de un grupo de 17 jóvenes que fueron presentados ante el juez de barandilla en el municipio de Iguala, esa noche.
También, continúa pendiente la extradición de figuras clave como Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, y Ulises Bernabé García, quien entonces era el juez de barandilla.
Las administraciones morenistas han demostrado un cambio de postura respecto a la presencia de militares en labores de seguridad pública, pues en los últimos meses, la mayoría de Morena en el Congreso aprobó en fast track reformas constitucionales que dotan a la institución de más poder.
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No hay “un sucesor claro e indiscutible” de Nemesio Oseguera, explica un exjefe de la agencia antidrogas DEA. Pero varios nombres figuran en las listas de prófugos principales de Washington.
Algo seguro sobre la muerte de “El Mencho” es que, sin su figura en el mundo del narco, las drogas ilícitas aún pasarán entre los países en cantidades industriales.
Hasta su violenta caída el domingo en un operativo militar para capturarlo, Nemesio Oseguera era desde hacía años el hombre más buscado de México, como antes lo fueron Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y otros jefes narcos.
Ninguna de esas súbitas variaciones nominales alteró de modo fundamental el flujo global de narcóticos, y los expertos descartan que algo diferente ocurra ahora.
Bajo el liderazgo de “El Mencho”, el Cartel Jalisco Nueva Generación expandió sus tentáculos por México, decenas de países de la región y alrededor del planeta hasta Australia, según las autoridades.
Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta US$15 millones por información que permitiera arrestar a Oseguera. Su agencia antidrogas DEA incluyó a este narco en su lista de fugitivos más buscados en 2016: salió de ella siete años más tarde de forma temporal y la encabezaba cuando fue abatido.
Pese a que procuraba mantener un perfil bajo, “El Mencho” era considerado uno de los últimos grandes capos capaces de controlar todo el negocio a gran escala, desde la producción hasta el tráfico y la distribución de estupefacientes.
“El panorama se aleja de la era del líder único y todopoderoso hacia estructuras de liderazgo más resilientes e interconectadas”, le dice a BBC News Mundo Ray Donovan, un exjefe de operaciones de la DEA que supervisó los esfuerzos que llevaron a la captura de “El Chapo” a inicios de 2016 en México.
Pero, ¿quiénes son en este contexto los narcos más perseguidos por Washington tras el fin de Oseguera?
De la MS-13 a “Los Chapitos”
A la cabeza la lista de fugitivos más buscados de la DEA, actualizada tras la muerte de Oseguera, figura ahora Yulian Archaga, un hondureño acusado de dirigir las operaciones de la pandilla MS-13 en su país y de traficar grandes cantidades de cocaína a EE.UU. La agencia ofrece hasta US$5 millones por ayudar a capturarlo.
Apodado “El Porky”, Archaga permanece prófugo desde 2020, cuando varios hombres armados mataron a policías y militares para que escapara de un juzgado hondureño donde respondía por el homicidio de dos fiscales.
Siguen en la nómina de la DEA dos hijos de “El Chapo”: Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, con una recompensa de hasta US$10 millones ofrecida por Washington a cambio de información para arrestar a cada uno.
Ambos “Chapitos” son considerados líderes del cartel de Sinaloa y responsables de la producción y tráfico de fentanilo tras la cadena perpetua que cumple su padre en EE.UU. y la caída de sus hermanastros Joaquín y Ovidio Guzmán López, quienes el año pasado aceptaron los cargos de narcotráfico en su contra en ese país.
“La muerte de Nemesio Oseguera”, señala Donovan, “no dejó un sucesor claro e indiscutible, pero Iván Archivaldo Guzmán Salazar destaca como una de las figuras más peligrosas que hoy están prófugas”.
“Aunque no ejerce el mismo control centralizado que ‘El Mencho’, su dominio de las cadenas de suministro clave, su acceso a precursores químicos y su disposición a enfrentarse al Estado (…) lo sitúan entre los traficantes más importantes que operan hoy”, agrega.
El exjefe de la DEA explica que las designaciones de los narcos más buscados por la agencia “deben entenderse como una herramienta estratégica”, en lugar de una simple advertencia pública o ranking, su objetivo es presionar a las organizaciones criminales y sincronizar los esfuerzos en su contra.
En la lista también figura el uruguayo Sebastián Marset, a quien una investigación en Paraguay y otros países vinculó con el envío de toneladas de cocaína a Europa.
EE.UU. acusa a Marset de lavado de activos del narcotráfico y ofrece pagar hasta US$2 millones por colaboración para detenerlo.
Otro de los más buscados por la DEA es el mexicano Alfonso Limón-Sánchez, también conocido como “El Poncho Limón”, considerado una figura clave en la estructura del cartel de Sinaloa que lideraba “El Mayo” Zambada.
Esa facción del grupo está en una guerra interna con “Los Chapitos” desde que Joaquín Guzmán López secuestró a Zambada y lo trasladó en avión a EE.UU. en 2024 para entregarse con él a la justicia, según admitió el propio hijo de “El Chapo” en un tribunal federal.
Se estima que el bando de “El Mayo” dentro del cartel lo encabeza su hijo Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, quien también enfrenta cargos en EE.UU. pero hasta ahora está ausente de la lista de los más buscados de la DEA.
¿El próximo?
La lista de 10 fugitivos más buscados del Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI por sus siglas en inglés) menciona a algunos narcos como Archaga entre distintos tipos de criminales, pero tiene diferencias con la nómina de la DEA.
El FBI incluye a Fausto Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, presunto líder de una organización denominada con sus apellidos acusada de enviar metanfetamina, cocaína, heroína y otras drogas a EE.UU., y ofrece hasta US$5 millones por información para arrestarlo.
El Buró también señala entre sus más buscados al venezolano Giovanni Vicente Mosquera como líder del grupo Tren de Aragua, bajo cargos de distribución internacional de cocaína e intento de apoyar a una organización terrorista extranjera.
La retribución prometida por ayudar a capturar a Mosquera también llega hasta US$5 millones.
EE.UU. ha ofrecido recompensas mayores por altos miembros del gobierno de Venezuela, como el ministro del Interior, Diosdado Cabello (US$25 millones) y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino (US$15 millones), acusados de traficar cocaína, aunque ninguno figura hasta ahora en las listas de más buscados de la DEA o el FBI.
Entre la decena de prófugos de la nómina del Buró sí aparece el colombiano Wilver Villegas-Palomino, alias “El Puerco”, bajo cargos en EE.UU. de narcoterrorismo y distribución internacional de cocaína como miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de su país.
El precio por su captura llega hasta US$5 millones.
Claro que estas nóminas están sujetas a revisiones.
Por ejemplo, entre los diez más buscados del FBI aún figura el exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, acusado de liderar una organización de narcotráfico. Pero tras su arresto y extradición a EE.UU. el mes pasado, ahora sobre su foto se lee “Capturado”.
Y así como “El Mencho” salió de los más buscados de la DEA esta semana tras su muerte, una pregunta siempre abierta es quién será la próxima alta o baja en esas listas negras.
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