El Ministerio Público (MP) y las personas ministras y magistradas del Poder Judicial tienen funciones y facultades distintas; mientras que el MP investiga los posibles delitos, los integrantes del Poder Judicial se encargan –entre otras cosas– de juzgar y administrar justicia a través de sentencias.
Sin embargo, ante la reforma propuesta por el presidente López Obrador –que respalda su sucesora Claudia Sheinbaum– la confusión entre el MP y las personas ministras se ha visto reflejada en conversaciones de redes sociales.
La iniciativa, que forma parte del paquete de reformas conocido como Plan C, busca la elección por voto popular de quienes integran el Poder Judicial en una elección extraordinaria en 2025; la reducción de su tiempo en el cargo y de su salario, y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial que sustituya al Consejo de la Judicatura Federal. Pero especialistas han advertido que estos cambios podrían ser contraproducentes.
“El poder judicial es el árbitro, es el que sabe las reglas y es el que aplica las sanciones, y esta reforma es matar al árbitro y seguir jugando”, advierte Noemi Campos, doctora en Derecho y profesora en el Tecnológico de Monterrey.
Actualmente, el Poder Judicial de la Federación está compuesto principalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con sus 11 ministras y ministros; las magistrados y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las magistrados y los magistrados de los Tribunales de Circuito –Colegiados y Unitarios– y las y los jueces de Distrito. Como ya mencionamos, una de las reformas del Plan C se enfoca en que estos cargos sean electos por voto popular.
La especialista nos explicó que la SCJN es el máximo órgano en materia de administrar justicia, interpretar leyes, conocer y solventar conflictos; mientras que los Tribunales Colegiados de Circuito conocen de amparos directos (medios de defensa contra sentencias); y los de Apelación se encargan de revisión de juicios de amparo –medio de defensa contra leyes o actos de autoridades que violen derechos humanos–, o de asuntos que se hayan conocido antes por juzgados de distrito.
Al corte de agosto de 2023 había 428 Juzgados de Distrito en toda la República, según el Consejo de la Judicatura Federal. Ellos son quienes pueden conocer de todos los asuntos o especializarse en materia penal, civil, mercantil o de amparo.
El Ministerio Público de la Federación (MPF), mejor conocido como MP, se encarga de representar a la sociedad al investigar y llevar ante tribunales delitos de competencia federal, como delitos contra la salud, delitos electorales o delincuencia organizada.
Es decir, el MPF es el órgano que se encarga de la investigación y la acusación en los procesos penales federales.
El MP actúa bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual es la máxima autoridad en la procuración de justicia a nivel federal.
La Fiscalía se encarga de establecer estrategias en investigaciones federales, además coordina y supervisa las actividades del Ministerio Público Federal (MPF).
A nivel local, algunos estados cuentan con Fiscalías Generales. Estos órganos tienen su propio Ministerio Público.
Los MP estatales son responsables de la procuración de justicia a nivel local, donde investigan y persiguen delitos del fuero común dentro de su entidad federativa, como homicidios, robos, lesiones, entre otros.
La reforma propuesta no menciona nada sobre las fiscalías, hecho que han cuestionado algunos especialistas, como nos señaló en esta otra nota Saúl Mercado, juez de Distrito en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con Residencia en Salina Cruz.
“La legislación no deriva en la capacidad para tutelar derechos de mejor forma, no hay alguna precisión con respecto a qué va a suceder con las fiscalías”, menciona.
El Centro Prodh también coincide, pues advierte que “la reforma judicial, que abre la puerta a la elección indirecta mediante votación de jueces, magistrados y ministros, creando también un amenazante y omnipotente Tribunal de Disciplina Judicial, sin tocar quisiera a las fiscalías que son las instituciones que realmente provocan nuestro problema de impunidad”.
El proyecto de Akon City en Senegal queda descartado y en su lugar se llevará a cabo una iniciativa más realista.
El plan para construir una ciudad futurista en Senegal, ideado por el rapero estadounidense de origen senegalés Akon, ha sido descartado.
En su lugar, se llevará a cabo un proyecto más realista, informaron las autoridades del país africano.
“El proyecto Akon City ya no existe”, declaró a la BBC Serigne Mamadou Mboup, director de Sapco, el organismo de desarrollo turístico de Senegal.
Explicó que “afortunadamente, se ha llegado a un acuerdo entre Sapco y el empresario Alioune Badara Thiam (alias Akon). Lo que está preparando con nosotros es un proyecto realista, que Sapco apoyará plenamente”.
Conocido por sus éxitos en la década de los 2000, Akon, nacido en Estados Unidos pero criado parcialmente en Senegal, anunció dos ambiciosos proyectos en 2018 que, según él, representarían el futuro de la sociedad africana.
El primero fue Akon City, con un presupuesto estimado de US$6.000 millones, que funcionaría con la segunda iniciativa: una nueva criptomoneda llamada Akoin.
Los diseños iniciales de Akon City, con rascacielos de curvas pronunciadas, se comparaban con la imponente ciudad ficticia de Wakanda, de las películas y cómics de Pantera Negra de Marvel.
Pero, tras cinco años de contratiempos, el terreno de 800 hectáreas en Mbodiène, a unos 100 km al sur de la capital, Dakar, permanece prácticamente vacío.
La única estructura es un edificio de recepción incompleto. No hay carreteras, viviendas ni red eléctrica.
“Nos prometieron empleo y desarrollo”, declaró un residente local a la BBC. “Sin embargo, nada ha cambiado”.
Mientras tanto, la criptomoneda Akoin, propiedad de la estrella, se ha visto en dificultades para reembolsar a sus inversores a lo largo de los años.
El propio Akon admitió: “No se estaba gestionando adecuadamente; asumo toda la responsabilidad”.
También se cuestionaba si sería legal que Akoin funcionara como el principal método de pago para los futuros residentes de Akon City.
Senegal utiliza el franco CFA, regulado y emitido por el Banco Central de los Estados de África Occidental (BCEAO) que, al igual que muchos bancos centrales, ha expresado su oposición a las criptomonedas.}
Los planes para Akon City eran ambiciosos.
Solo la primera fase contemplaba un hospital, un centro comercial, una escuela, una comisaría, un vertedero de residuos y una planta solar para finales de 2023.
Ubicada en la costa atlántica de Senegal, la ciudad ecológica y de alta tecnología de Akon debía funcionar íntegramente con energías renovables.
Pero a pesar de la insistencia de Akon en una entrevista con la BBC en 2022 de que el proyecto avanzaba “al 100.000%”, no se realizaron obras significativas tras la ceremonia de lanzamiento inicial.
Ahora, el gobierno senegalés ha confirmado lo que muchos sospechaban: el proyecto se había estancado sin posibilidad de recuperación.
Las autoridades citaron la falta de financiación y la paralización de las obras como razones clave de la decisión.
Aunque la Akon City tal como se concibió originalmente ha sido descartada, el gobierno afirma que ahora está trabajando con Akon en un proyecto de desarrollo más realista para el mismo lugar.
El terreno cerca de Mbodiène sigue teniendo un gran valor estratégico, especialmente ante la proximidad de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2026 y la previsión de un aumento de la actividad turística en el país.
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