Plan C: ¿cuál es la diferencia entre el Ministerio Público y el Poder Judicial?
El Ministerio Público (MP) y las personas ministras y magistradas del Poder Judicial tienen funciones y facultades distintas; mientras que el MP investiga los posibles delitos, los integrantes del Poder Judicial se encargan –entre otras cosas– de juzgar y administrar justicia a través de sentencias.
Sin embargo, ante la reforma propuesta por el presidente López Obrador –que respalda su sucesora Claudia Sheinbaum– la confusión entre el MP y las personas ministras se ha visto reflejada en conversaciones de redes sociales.
La iniciativa, que forma parte del paquete de reformas conocido como Plan C, busca la elección por voto popular de quienes integran el Poder Judicial en una elección extraordinaria en 2025; la reducción de su tiempo en el cargo y de su salario, y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial que sustituya al Consejo de la Judicatura Federal. Pero especialistas han advertido que estos cambios podrían ser contraproducentes.
“El poder judicial es el árbitro, es el que sabe las reglas y es el que aplica las sanciones, y esta reforma es matar al árbitro y seguir jugando”, advierte Noemi Campos, doctora en Derecho y profesora en el Tecnológico de Monterrey.
¿Qué es el Poder Judicial?
Actualmente, el Poder Judicial de la Federación está compuesto principalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con sus 11 ministras y ministros; las magistrados y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las magistrados y los magistrados de los Tribunales de Circuito –Colegiados y Unitarios– y las y los jueces de Distrito. Como ya mencionamos, una de las reformas del Plan C se enfoca en que estos cargos sean electos por voto popular.
La especialista nos explicó que la SCJN es el máximo órgano en materia de administrar justicia, interpretar leyes, conocer y solventar conflictos; mientras que los Tribunales Colegiados de Circuito conocen de amparos directos (medios de defensa contra sentencias); y los de Apelación se encargan de revisión de juicios de amparo –medio de defensa contra leyes o actos de autoridades que violen derechos humanos–, o de asuntos que se hayan conocido antes por juzgados de distrito.
Al corte de agosto de 2023 había 428 Juzgados de Distrito en toda la República, según el Consejo de la Judicatura Federal. Ellos son quienes pueden conocer de todos los asuntos o especializarse en materia penal, civil, mercantil o de amparo.
¿Qué es el Ministerio Público?
El Ministerio Público de la Federación (MPF), mejor conocido como MP, se encarga de representar a la sociedad al investigar y llevar ante tribunales delitos de competencia federal, como delitos contra la salud, delitos electorales o delincuencia organizada.
Es decir, el MPF es el órgano que se encarga de la investigación y la acusación en los procesos penales federales.
El MP actúa bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual es la máxima autoridad en la procuración de justicia a nivel federal.
La Fiscalía se encarga de establecer estrategias en investigaciones federales, además coordina y supervisa las actividades del Ministerio Público Federal (MPF).
A nivel local, algunos estados cuentan con Fiscalías Generales. Estos órganos tienen su propio Ministerio Público.
Los MP estatales son responsables de la procuración de justicia a nivel local, donde investigan y persiguen delitos del fuero común dentro de su entidad federativa, como homicidios, robos, lesiones, entre otros.
La reforma propuesta no menciona nada sobre las fiscalías, hecho que han cuestionado algunos especialistas, como nos señaló en esta otra nota Saúl Mercado, juez de Distrito en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con Residencia en Salina Cruz.
“La legislación no deriva en la capacidad para tutelar derechos de mejor forma, no hay alguna precisión con respecto a qué va a suceder con las fiscalías”, menciona.
El Centro Prodh también coincide, pues advierte que “la reforma judicial, que abre la puerta a la elección indirecta mediante votación de jueces, magistrados y ministros, creando también un amenazante y omnipotente Tribunal de Disciplina Judicial, sin tocar quisiera a las fiscalías que son las instituciones que realmente provocan nuestro problema de impunidad”.
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La conservadora “heredera” de Rodrigo Chaves logró una amplia victoria en las elecciones presidenciales de este domingo.
Laura Fernández Delgado es la nueva presidenta electa de Costa Rica.
La candidata de Pueblo Soberano, el partido de centroderecha del presidente saliente Rodrigo Chaves, logró una amplia victoria en las elecciones presidenciales de este domingo que le permite llegar al poder sin necesidad de una segunda vuelta.
Con más del 48% de los votos batió a sus 19 rivales más inmediatos, entre ellos Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, que quedó en segundo lugar con un 32%, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) con más del 88% de mesas escrutadas.
Su partido también logró 30 de los 57 diputados del parlamento costarricense.
En su primer discurso tras la victoria la noche del domingo, prometió “presidir un gobierno de diálogo y concordia nacional, respetuoso y firme del Estado de derecho”, aunque se mostró muy dura con parte de la oposición, a la que calificó como “obstruccionista y saboteadora”.
También lanzó alegatos a favor de la “vida”, la familia y el libre mercado, y expresó en varias ocasiones su agradecimiento a Chaves, que la apoyó como su sucesora para el período 2026-30.
Fernández, de 39 años, se convertirá el 8 de mayo en la segunda mujer presidenta de la historia de Costa Rica después de Laura Chinchilla (2010-14).
Te contamos quién es.
La “heredera” de Chaves
Laura Fernández llegó a las presidenciales sin experiencia electoral previa.
Formada en Ciencia Política por la Universidad de Costa Rica y especializada en Políticas Públicas, ha sabido construir un perfil técnico, que la ubicó como la persona de confianza del presidente.
“A mí nadie me tiene que explicar cómo funcionan las instituciones ni decir dónde hay problemas”, declaró Fernández al Diario Extra. “Yo conozco muy bien como ser gerente en el sector público”.
Exministra de Planificación y exministra de la Presidencia de Chaves, ambos cargos a los que renunció para lanzar su candidatura presidencial, la principal diferencia con el mandatario no es tanto de ideas sino de estilo.
Fernández se presentó durante la campaña como la “heredera” de Rodrigo Chaves, un líder de estilo confrontativo y discurso crítico con la clase política tradicional que termina su mandato con una imagen positiva de más de la mitad de costarricenses, según encuestas citadas durante la campaña.
Sus seguidores suelen identificarse como “rodriguistas”, en referencia directa al presidente saliente.
Fernández se enfrentó al reto de construir su candidatura a la sombra de un presidente fuerte, explica Ronald Alfaro-Redondo, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Pittsburgh.
“Chaves mantiene un tono directo e incluso confrontativo, que lo hacen ver como un político firme. El estilo de Fernández es distinto al del presidente, lo que implica un desafío para la candidata”, afirma el académico.
“El presidente ha hecho esfuerzos para transferir su alta popularidad, basada en su estilo personalista”, agrega.
La candidatura de Fernández parte del piso alto que le deja la imagen positiva del mandatario, lo que le ha permitido construir una campaña en torno a la idea de continuidad en lugar de cambio.
“Continuidad es profundizar, sin titubeos, la lucha frontal contra el narcotráfico, el crimen organizado, con la firmeza y la mano dura que solo nosotros nos hemos atrevido a ejercer”, decía la candidata en campaña.
La administración de Chaves ha destacado como logros un crecimiento económico del 5%, una reducción del desempleo del 13% a cerca del 7%, una inflación negativa y una caída de la pobreza hasta el 15,5% en 2025, según datos oficiales reiterados por la candidatura oficialista.
Estos indicadores económicos, junto con el discurso contra la corrupción de los partidos tradicionales, han sido algunos de los principales pilares del mensaje que Fernández ha transmitido a los electores.
Según las mediciones del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el 58% de los encuestados valoran de manera positiva la gestión de Chaves.
“El respaldo que recibe está basado en aspectos de la personalidad, en su forma y estilo, más que del desempeño en el Gobierno”, dice a BBC Mundo Alfaro-Redondo.
La seguridad como prioridad
En su programa de gobierno para los próximos cuatro años, la candidata del partido Pueblo Soberano ha hecho hincapié en la seguridad, en un país que en los últimos años ha mostrado un alarmante incremento de la violencia.
Costa Rica registró en 2025 la tercera tasa de homicidios más alta de su historia (de 16,7 cada 100.000 habitantes), según el Organismo de Investigación Judicial del país. De los cuales, casi el 70% de los homicidios están vinculados al narcotráfico.
Fernández dijo que, de ganar las elecciones, podría declarar el estado de excepción en zonas conflictivas del país. Para eso, ha reclamado que la población le confiera una mayoría legislativa de 40 diputados, necesario para avanzar con sus reformas en el Congreso.
“Estoy dispuesta, como futura presidenta de Costa Rica, en casos estrictamente necesarios y si viéramos una escalada en sicariato y delitos relacionados con el crimen organizado, solicitar a la Asamblea Legislativa, levantamiento o suspensión de garantías individuales”, expresó Fernández durante la campaña.
La decisión de suspender las garantías constitucionales para permitir, entre otras cosas, detener a sospechosos sin una orden judicial es una de las propuestas más cuestionadas por la oposición.
“Laura, ¿por qué promueven suspender garantías individuales en lugar de encontrar soluciones a la crisis de inseguridad?”, interrogó el candidato de izquierda, Ariel Robles, a Fernández durante uno de los debates presidenciales.
Dos semanas antes de las elecciones, Chaves recibió al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para anunciar el inicio de las obras del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, una mega cárcel ubicada cerca de la capital del país.
En su programa de gobierno, Fernández asegura que avanzará con la construcción de este centro penitenciario, con una capacidad para 5.000 detenidos, que representa una “infraestructura moderna, concebida para aislar a los cabecillas del crimen”.
Sin embargo, desde la oposición aseguran que las obras de este centro de alta seguridad, inspirado en el cuestionado Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, no es la respuesta para solucionar el problema de la inseguridad.
Además, agrega que el gobierno ha anunciado el inicio de las obras, pero éstas no han empezado.
“No fueron capaces de poner la primera piedra en un show mediático”, cuestionó Claudia Dobles, candidata de centro a la presidencia por la Coalición Agenda Ciudadana, quien clasificó la promesa como un “ridículo”.
El reto de la continuidad
Fernández propone continuar con la reforma judicial iniciada por el actual presidente, medida que varios analistas leen como una intromisión en la división de poderes, que amenaza las reglas vigentes en la Constitución.
“En Costa Rica existe el principio de no beligerancia. Sin dudas, el presidente ha extendido los límites”, explica Alfaro-Redondo sobre la cruzada de Chaves con la justicia.
El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica reclamó al Congreso, en octubre pasado, el levantamiento de la inmunidad constitucional del presidente para procesarlo por supuesta intromisión en la actual campaña política, solicitud que resultó dos veces rechazada.
En materia económica, la presidencia de Chaves ha mostrado un crecimiento cercano al 5%, una caída del desempleo de menos del 7% y una inflación negativa, según datos oficiales presentados en su programa de gobierno.
Sin embargo, los principales líderes opositores al gobierno de Chaves aseguran que la estabilización de la macroeconomía se ha fortalecido a costa de una reducción en la inversión social.
“Un superávit primario no se puede alcanzar a costa de un niño sin beca y con rezagos en su educación (…) En nuestro gobierno no se van a recortar los fondos de programas sociales para tener superávits”, destacó el candidato de izquierda, Robles en campaña.
Fernández compitió desde la amplia ventaja que le da ser la persona elegida por Chaves.
“Laura es muy cercana al presidente, pero también ahora le va a tocar conducir las cosas a su estilo”, agrega Alfaro-Redondo.
La pregunta que queda abierta es cómo será su gobierno, a la sombra del expresidente, y qué lugar ocupará el exmandatario.
“Ese será uno de sus grandes desafíos, debido a que su candidatura surge a la sombra del presidente Chaves”, dice Alfaro-Redondo.
Fernandez sostuvo en declaraciones periodísticas que le gustaría que Chaves sea ministro de la presidencia o de hacienda, algo inédito en Costa Rica.
“Esto es totalmente inusual en la política costarricense. En este país cuando un ex presidente termina su mandato deja la cancha despejada. Habrá que ver cómo hace ella para manejar eso”, puntualiza el analista.
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