La candidata de la Alianza Va por México, Xóchitl Gálvez, propone exentar del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las personas que ganan menos de 15 mil pesos mensuales.
Pero especialistas opinan que esa medida tendría poco impacto en el objetivo de mejorar la vida de las y los trabajadores con menores ingresos, porque ya existen subsidios o exención de pago, en algunos casos.
El ISR es un impuesto que pagan quienes generan ingresos en el país, y el monto pagado se calcula de acuerdo con el salario de cada persona. De hecho, las personas que perciben el salario mínimo están exentas de dicho pago, de acuerdo con la legislación vigente.
Una mejor vía, mencionan los especialistas, sería plantear una reforma fiscal en la que se cobren más impuestos a quienes tienen más ingresos, y luego redistribuir esos recursos con mejores servicios públicos, beneficiando también a quienes trabajan en la informalidad.
“La realidad es que esa cantidad [la exención del ISR] no representaría mucho de los ingresos de estas personas que ganan menos de 15 mil pesos mensuales porque ya pagan pocos impuestos o incluso tienen el subsidio al empleo. Entonces terminan con tasas negativas de ISR”, mencionó Alejandra Macías, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, en entrevista con Animal Político
Un punto adicional es que esta propuesta de Gálvez es similar al de reducir la edad para recibir pensiones, garantizar becas para todos los niños y jóvenes, dar tabletas a cada estudiante y medicinas gratuitas, entre otras, pues también representarían presión para las finanzas públicas.
“Esta propuesta se da en un contexto de recaudación muy baja, que en general en México la recaudación es muy baja, pero sigue siendo un problema crónico de la economía”, comentó Diego Merla, coordinador de Justicia Fiscal en Oxfam México, en entrevista con El Sabueso.
La cantidad de ISR que pagan quienes generan ingresos no es igual para todas las personas pues, como ya mencionamos, este depende ingreso y tipo de régimen fiscal en el que se encuentre.
Según la Ley Federal para ese impuesto, este se calcula con una cuota fija, un porcentaje o tasa del salario, y en algunos casos se considera también un subsidio o apoyo. Todo de acuerdo con el nivel de ingreso.
Por ejemplo, una persona que tiene un ingreso total mensual de 15 mil pesos, debe pagar de ISR $1,762.84 pesos. En este ejemplo, la cuota fija es de $1,417.12 pesos. A esta cifra se debe sumar $345 pesos, que equivalen al 21.33% del porcentaje del sobre excedente del límite inferior del salario. Esta última cifra se calcula con base en una tabla dispuesta en la legislación.
Entre menos ingresos, hay un pago menor de ISR. E incluso de acuerdo con la ley, no se efectúa retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo.
Por ejemplo, una persona que gana 15 mil pesos al mes paga de ISR $1,762.84 pesos; alguien con un salario de 9 mil pesos paga $ 662.10 pesos; mientras quien gana 7,468 pesos –es decir, el salario mínimo– no está obligado a pagar este impuesto.
Además de esto, existe un subsidio para aquellas personas que ganan menos de 9 mil 81 pesos al mes, que de acuerdo con la Secretaría del Trabajo ya beneficia a 8.2 millones de trabajadoras y trabajadores.
El subsidio al empleo de 2024 es de $390.00 pesos, y es por este apoyo que aquellas personas que se encuentran en el rango más bajo de ingresos terminan incluso con tasas negativas de ISR, aunque estas no son reembolsables al trabajador.
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“La justicia tributaria vertical es justamente que paguen impuestos o paguemos impuestos de acuerdo a cuánto ganamos o cuánto tenemos en propiedad y riqueza y tal,” explicó Macías.
Tanto ella como Merla opinan que lo necesario es hablar de una reforma fiscal profunda y progresiva a todo el sistema fiscal, no una exención del ISR, “para que el gobierno tenga y garantice los derechos que tiene que garantizar”.
En comparación con los países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), México es de los estados que menos impuestos recauda.
Esto impide que se pueda hacer una inversión significativa en sectores como salud, educación, y vivienda, y garantizar esos derechos ayudaría más que un 10% extra de ingreso.
Como referencia: Dinamarca tiene un 47.4% de su PIB por ingresos tributarios, y México sólo el 17.3%. Esto coloca a nuestro país a la par de Ruanda, Togo y Cuba, y la mayoría de los países latinoamericanos se encuentran por encima del porcentaje mexicano.
La propuesta de Oxfam es crear un impuesto federal a la riqueza, que permitiría recaudar hasta 270,000 millones de pesos anuales con una tasa del 2% para quienes posean más de 20 millones de pesos, del 3% para aquellas personas cuya fortuna se encuentre arriba de 100 millones de pesos, y del 5% para los que sus fortunas superan los mil millones de dólares.
De acuerdo con su estudio, esta cantidad podría incrementar hasta en 40% el gasto en salud pública.
El equipo de Xóchitl Gálvez aseguró a Animal Político que estiman que la cantidad que el país dejaría de recibir por quitar el ISR a las personas que ganan menos de 15 mil pesos sería de entre 25 mil y 30 mil millones de pesos.
Según la candidata, esto se recuperaría evitando el robo de gas a ductos de Pemex.
“Sepan ustedes que el robo de gas a los ductos de Pemex asciende a 30 mil millones de pesos. ¿Y apoco no hay tecnología para evitarlo? Claro que la hay, como ingeniera entiendo perfectamente que puedes supervisar los ductos de principio a fin, pero no quieren, porque la corruptela beneficia a funcionarios, a políticos y a personajes de la delincuencia”, mencionó en un evento.
Otras promesas de Gálvez, como la de dar a apoyos a los menores de 25 años para que puedan estudiar o emprender un negocio representaría un gasto presupuestal de 267 mil 439 millones de pesos; reducir la edad de las pensiones, de 195 mil 520 millones; y según el equipo de Gálvez, bajar la pensión de 65 a 60 años representaría un gasto adicional de 100 mil millones de pesos.
“Ese ajuste proviene, fundamentalmente, de una reducción propuesta para el presupuesto de la Sedena, la Marina, Presidencia, la Secretaría de Energía y entidades no sectorizadas”, comentó el equipo de Gálvez a El Sabueso.
Aunque hasta ahora no ha detallado la cifra del nivel de reducción presupuestal para esas instancias.
Norteamérica, el bloque comercial más grande del mundo, se enfrenta con la presidencia de Trump a su mayor desafío en 30 años de determinante existencia. Un análisis para entender qué es el bloque comercial, cuáles fueron sus efectos y qué lo amenaza.
Es el tratado de libre comercio más grande del mundo. Fue pionero en un esquema que cambió la economía global. Tuvo efectos políticos, culturales, sociales.
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC, y USMCA por sus siglas en inglés) es probablemente uno de los desarrollos económicos más importantes de la historia reciente de la economía mundial.
Su primera versión, conocida como TLCAN (y NAFTA en inglés), entró en vigor en 1994. Una iniciativa de la década de los años 80 que se negoció durante años y que respondía a las necesidades de cada país en su momento y a un contexto internacional favorable. Fue uno de los principales detonantes de la economía globalizada y liberal al mando de Estados Unidos que operó en el mundo durante las últimas tres décadas.
Este martes 1 de julio se cumplen 5 años de la entrada en vigor de la última renovación del tratado. Y es un momento crítico, quizá existencial, para el mismo, porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que el TMEC “fue un desastre” para su país.
“Vamos a necesitar el apoyo del Congreso para acabar con ese acuerdo, que es el peor de nuestra historia”, añade el mandatario, que lo responsabiliza del cierre de hasta 90.000 plantas en su país.
Y aunque fue él quien en su primer periodo firmó su renovación, Trump parece decidido al menos a renegociar con mano dura las pautas del acuerdo, que está programado para revisión en 2026, aunque todo indica que se adelantará.
“En términos de creación de empleo, promoción de inversiones y crecimiento económico, el TMEC fue muy exitoso, pero las partes fallaron en crear políticas públicas complementarias que amortiguaran sus efectos y eso hizo que se convirtiera en un pararrayos de todos los problemas, sobre todo en EE.UU.”, dice Antonio Ortiz Mena, un economista y exfuncionario mexicano que da conferencias, consultorías y un curso sobre el tema en la Universidad de Georgetown, en Washington.
En medio de la guerra arancelaria promovida por Trump, de la que México y Canadá han sido de los menos afectados gracias al acuerdo, el TMEC vuelve a ser protagonista de una historia con implicaciones globales.
Estas son tres claves para entenderlo.
Los tratados de libre comercio son un mecanismo para dar acceso preferencial a los mercados entre las partes eliminando aranceles y barreras no arancelarias que impiden el libre comercio de productos.
Con eso, en teoría, se aumenta la diversidad de bienes de consumo disponibles en los mercados involucrados, se contienen los precios, se amplían las fuentes de trabajo para todos y se consolida un bloque comercial de peso para competir con el resto del mundo.
El TMEC logró mucho de eso desde un principio: el comercio entre los países se sextuplicó y se crearon 12 millones de empleos en México, 14 millones en EE.UU. y 17 millones en Canadá, según cifras oficiales.
Pero desde los primeros años el tratado fue visto con escepticismo por muchos porque, entre otras cosas, amenazaba las industrias locales, generaba condiciones para la explotación laboral, tenía un impacto en el medio ambiente y promovía la desigualdad.
Y algo de todo eso ocurrió.
“Se requerían políticas complementarias”, dice Ortiz.
“En México faltaron reglas sobre política energética, regulación, política social y eso generó mucha incertidumbre; y en EE.UU. se dejó demasiado al mercado y faltó colaboración del Estado para temas de infraestructura, apoyo social y laboral”.
Cuando se firmó la renovación en 2018, el 70% de los estadounidenses y el 80% de los mexicanos apoyaban el tratado, según encuestas. Pero esa cifra ha ido bajando en territorio estadounidense.
“En EE.UU. el tratado coincide con el auge de la automatización y la entrada de China a la economía mundial, cosas que sí generaron una recolocación laboral, no reduciendo la manufactura, sino el empleo en la manufactura, y eso hizo que la clase media sintiera que sus perspectivas no eran atractivas”.
“Muchos cayeron en una suerte de pobreza, la pandemia empeoró la situación, y para los políticos —tanto republicanos como demócratas— un blanco fácil para explicar ese proceso fue el TMEC”, señala Ortiz.
Uno de esos políticos es Trump, un enemigo no solo del TMEC, sino del libre comercio; precursor del proteccionismo y partidario de los aranceles desde los años 80.
Pero no es el único: su contrincante en las elecciones Kamala Harris, por ejemplo, fue una de los 10 senadores que votaron en contra del tratado en 2020 y en campaña lo usó para atacar a Trump —que lo había renovado— porque hacía “muy fácil deslocalizar empleos en el exterior” y “afecta el medio ambiente”.
Aunque por décadas el tratado tuvo apoyo bipartidista mayoritario, en los últimos años se convirtió en un factor de tensión y una explicación, para muchos arbitraria, del aumento de la desigualdad, el debilitamiento de los sindicatos y la crisis industrial estadounidense.
En esa pelea retórica Trump tuvo el mensaje más eficiente.
El modelo proteccionista de la economía mexicana entró en crisis en 1982, cuando el impago de la deuda coincidió con la caída del precio del petróleo, la mayor fuente de ingresos del país. La inflación se disparó, el peso se devaluó.
Pero los intentos de abrir la economía, entrar a los sistemas de libre mercado mundiales y flexibilizar los controles probaron ser infructuosos porque el mercado más grande del mundo, EE.UU., seguía siendo inaccesible.
Al tiempo, para EE.UU. y Canadá, que ya tenían un tratado vigente, México resultó un mercado atractivo para las exportaciones y un espacio de inversión menos costoso que podría mejorar la competitividad de sus empresas.
El 1 de enero de 1994 el tratado entró en vigor y con eso México, en estos 30 años, triplicó sus exportaciones agrarias, se crearon millones de empleos en la industria automotriz y se redujo la inflación.
El norte mexicano se transformó: se abrieron fábricas, llegaron miles de migrantes en busca de trabajo, la estructura económica cambió y sus ciudades se desarrollaron.
Eso le permitió al gobierno central reducir la deuda, fortalecer su regulación fiscal, estabilizar la inflación y aumentar las reservas extranjeras.
Pero eso no impidió —a pesar de que la causalidad en esto es sujeto de innumerables debates— que aumentara la desigualdad. Y el crecimiento bruto de la economía nunca se disparó.
Los resultados para EE.UU. también son sujeto de mucha polémica, sobre todo en lo que se refiere a la generación empleo, el estancamiento de los salarios y la crisis de las industrias en el norte del país.
Pero los economistas coinciden en que el tratado, al permitir fluidas cadenas de suministro, redujo los costos de los productos, aumentó la productividad y mejoró la competitividad de EE.UU. —y el bloque norteamericano— frente a una creciente China.
Canadá también volcó su economía al intercambio con sus socios, con lo que el empleo en la manufactura se mantuvo estable por décadas. Sin embargo, la brecha productiva con EE.UU. se mantuvo, la economía no se diversificó ni creció mucho y la dependencia de EE.UU. se profundizó.
La pregunta ahora, con la emergencia del proteccionismo trumpista, es si el bloque norteamericano se fortalecerá: de no hacerlo, puede haber una crisis profunda; y de hacerlo, hay dos opciones: Norteamérica puede terminar fortaleciéndose ante el mundo, o puede aislarse y debilitarse ante el auge de China.
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