La candidata de la Alianza Va por México, Xóchitl Gálvez, propone exentar del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las personas que ganan menos de 15 mil pesos mensuales.
Pero especialistas opinan que esa medida tendría poco impacto en el objetivo de mejorar la vida de las y los trabajadores con menores ingresos, porque ya existen subsidios o exención de pago, en algunos casos.
El ISR es un impuesto que pagan quienes generan ingresos en el país, y el monto pagado se calcula de acuerdo con el salario de cada persona. De hecho, las personas que perciben el salario mínimo están exentas de dicho pago, de acuerdo con la legislación vigente.
Una mejor vía, mencionan los especialistas, sería plantear una reforma fiscal en la que se cobren más impuestos a quienes tienen más ingresos, y luego redistribuir esos recursos con mejores servicios públicos, beneficiando también a quienes trabajan en la informalidad.
“La realidad es que esa cantidad [la exención del ISR] no representaría mucho de los ingresos de estas personas que ganan menos de 15 mil pesos mensuales porque ya pagan pocos impuestos o incluso tienen el subsidio al empleo. Entonces terminan con tasas negativas de ISR”, mencionó Alejandra Macías, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, en entrevista con Animal Político
Un punto adicional es que esta propuesta de Gálvez es similar al de reducir la edad para recibir pensiones, garantizar becas para todos los niños y jóvenes, dar tabletas a cada estudiante y medicinas gratuitas, entre otras, pues también representarían presión para las finanzas públicas.
“Esta propuesta se da en un contexto de recaudación muy baja, que en general en México la recaudación es muy baja, pero sigue siendo un problema crónico de la economía”, comentó Diego Merla, coordinador de Justicia Fiscal en Oxfam México, en entrevista con El Sabueso.
¿Qué tanto se paga de ISR ?
La cantidad de ISR que pagan quienes generan ingresos no es igual para todas las personas pues, como ya mencionamos, este depende ingreso y tipo de régimen fiscal en el que se encuentre.
Según la Ley Federal para ese impuesto, este se calcula con una cuota fija, un porcentaje o tasa del salario, y en algunos casos se considera también un subsidio o apoyo. Todo de acuerdo con el nivel de ingreso.
Por ejemplo, una persona que tiene un ingreso total mensual de 15 mil pesos, debe pagar de ISR $1,762.84 pesos. En este ejemplo, la cuota fija es de $1,417.12 pesos. A esta cifra se debe sumar $345 pesos, que equivalen al 21.33% del porcentaje del sobre excedente del límite inferior del salario. Esta última cifra se calcula con base en una tabla dispuesta en la legislación.
Entre menos ingresos, hay un pago menor de ISR. E incluso de acuerdo con la ley, no se efectúa retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo.
Por ejemplo, una persona que gana 15 mil pesos al mes paga de ISR $1,762.84 pesos; alguien con un salario de 9 mil pesos paga $ 662.10 pesos; mientras quien gana 7,468 pesos –es decir, el salario mínimo– no está obligado a pagar este impuesto.
Además de esto, existe un subsidio para aquellas personas que ganan menos de 9 mil 81 pesos al mes, que de acuerdo con la Secretaría del Trabajo ya beneficia a 8.2 millones de trabajadoras y trabajadores.
El subsidio al empleo de 2024 es de $390.00 pesos, y es por este apoyo que aquellas personas que se encuentran en el rango más bajo de ingresos terminan incluso con tasas negativas de ISR, aunque estas no son reembolsables al trabajador.
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Justicia tributaria en lugar de exención de impuestos
“La justicia tributaria vertical es justamente que paguen impuestos o paguemos impuestos de acuerdo a cuánto ganamos o cuánto tenemos en propiedad y riqueza y tal,” explicó Macías.
Tanto ella como Merla opinan que lo necesario es hablar de una reforma fiscal profunda y progresiva a todo el sistema fiscal, no una exención del ISR, “para que el gobierno tenga y garantice los derechos que tiene que garantizar”.
En comparación con los países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), México es de los estados que menos impuestos recauda.
Esto impide que se pueda hacer una inversión significativa en sectores como salud, educación, y vivienda, y garantizar esos derechos ayudaría más que un 10% extra de ingreso.
Como referencia: Dinamarca tiene un 47.4% de su PIB por ingresos tributarios, y México sólo el 17.3%. Esto coloca a nuestro país a la par de Ruanda, Togo y Cuba, y la mayoría de los países latinoamericanos se encuentran por encima del porcentaje mexicano.
La propuesta de Oxfam es crear un impuesto federal a la riqueza, que permitiría recaudar hasta 270,000 millones de pesos anuales con una tasa del 2% para quienes posean más de 20 millones de pesos, del 3% para aquellas personas cuya fortuna se encuentre arriba de 100 millones de pesos, y del 5% para los que sus fortunas superan los mil millones de dólares.
De acuerdo con su estudio, esta cantidad podría incrementar hasta en 40% el gasto en salud pública.
¿Cuál sería el impacto presupuestal de lo que propone Xóchitl?
El equipo de Xóchitl Gálvez aseguró a Animal Político que estiman que la cantidad que el país dejaría de recibir por quitar el ISR a las personas que ganan menos de 15 mil pesos sería de entre 25 mil y 30 mil millones de pesos.
Según la candidata, esto se recuperaría evitando el robo de gas a ductos de Pemex.
“Sepan ustedes que el robo de gas a los ductos de Pemex asciende a 30 mil millones de pesos. ¿Y apoco no hay tecnología para evitarlo? Claro que la hay, como ingeniera entiendo perfectamente que puedes supervisar los ductos de principio a fin, pero no quieren, porque la corruptela beneficia a funcionarios, a políticos y a personajes de la delincuencia”, mencionó en un evento.
Otras promesas de Gálvez, como la de dar a apoyos a los menores de 25 años para que puedan estudiar o emprender un negocio representaría un gasto presupuestal de 267 mil 439 millones de pesos; reducir la edad de las pensiones, de 195 mil 520 millones; y según el equipo de Gálvez, bajar la pensión de 65 a 60 años representaría un gasto adicional de 100 mil millones de pesos.
“Ese ajuste proviene, fundamentalmente, de una reducción propuesta para el presupuesto de la Sedena, la Marina, Presidencia, la Secretaría de Energía y entidades no sectorizadas”, comentó el equipo de Gálvez a El Sabueso.
Aunque hasta ahora no ha detallado la cifra del nivel de reducción presupuestal para esas instancias.
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Tras una larga jornada, el Senado aprobó por un voto la llamada Ley Bases, el paquete de reformas que finalmente consiguió sacar adelante el presidente Milei.
A poco de haber cumplido sus primeros seis meses en el poder, el presidente de Argentina, Javier Milei, se anotó este jueves su primer triunfo legislativo, con la aprobación por parte del Senado de la llamada Ley Bases.
El paquete legislativo ahora deberá volver a la Cámara de Diputados -que lo aprobó en abril- para su sanción, ya que los senadores introdujeron algunos cambios, y allí se discutirá si se aprueba con los cambios hechos en el Senado o se quedan con la versión original aprobada hace unos meses.
La votación, que se prolongó hasta la madrugada de este jueves, había quedado empatada en 36 votos, pero el voto a favor de la vicepresidenta Victoria Villarruel hizo que se aprobara el paquete legislativo.
Pero mientras adentro del Parlamento se discutían los puntos de la ley, afuera centenares de personas protestaban. Algunos manifestantes arrojaron piedras, botellas y bombas molotov, y decenas de personas sufrieron heridas en enfrentamientos con la policía.
La Ley Bases, junto con una reforma fiscal que el Senado votará a continuación, representa los cimientos sobre los que el mandatario libertario pretende realizar una reforma liberal del país sudamericano.
“Partiendo de 38 diputados y 7 senadores, con grupos terroristas atacando el Congreso, debiendo desplegar las Fuerzas de Seguridad en defensa de la democracia, con la casta política resistiendo y operando hasta último momento, y debiendo recurrir al desempate de la Vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, el de esta noche es un triunfo del pueblo argentino y el primer paso hacia la recuperación de nuestra grandeza”, se leyó en un comunicado emitido por la Casa Rosada.
La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -su nombre completo- es una versión reducida de la llamada “Ley ómnibus” que el gobierno de Milei presentó al Congreso a comienzos de año, a poco de asumir.
A pesar de que el gobierno redujo su tamaño de más de 660 artículos a cerca de la mitad, en febrero una mayoría en la Cámara de Diputados rechazó los principales artículos, llevando a que Milei ordenara el retiro del proyecto parlamentario, que volvió al punto cero.
Tras varios meses de negociaciones, el nuevo paquete, que contiene 232 artículos, fue aprobado por Diputados a finales de abril, y ahora recibió el visto bueno de la Cámara Alta, dando pie a que se convierta en la primera legislación que logra aprobar el gobierno libertario.
Aquí te contamos los cuatro cambios más grandes que traerán las nuevas normas.
1. Facultades delegadas
Una de claves más importantes de la Ley Bases para el gobierno es que le otorga al presidente competencias extraordinarias por un año, al declarar “la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética”.
Esto le permitirá a Milei contar, hasta mediados de 2025, con facultades que normalmente le corresponden al Poder Legislativo.
Así, podrá decidir sobre estos temas sin pasar por el Congreso.
No obstante, no será un poder absoluto.
Para lograr la aprobación de la ley, el Ejecutivo aceptó algunas limitaciones, como comprometerse a no intervenir ni disolver unos 15 organismos públicos.
Entre ellos, se encuentra el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que guarda información de personas desaparecidas, para poder determinar la posible filiación de hijos secuestrados y apropiados durante la dictadura.
También dos organismos vinculados al campo: el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Además, el gobierno se comprometió a garantizar el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Durante el período de facultades delegadas el presidente podrá legislar a través de decretos, que luego deben ser controlados por la misma Comisión Bicameral legislativa que controla los decretos de necesidad y urgencia.
2. El RIGI
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es una de las propuestas más polémicas de la Ley Bases.
El RIGI prevé beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante 30 años, además de estabilidad normativa y protección contra los abusos del Estado, para proyectos que superen los US$200 millones, con el fin de fomentar grandes inversiones, tanto nacionales como extranjeras, a largo plazo.
Está orientado a sectores considerados estratégicos para el desarrollo del país, como el de la energía, el agro, la minería (incluyendo la extracción de litio) y la infraestructura.
Los proyectos acogidos al RIGI pueden recibir exenciones o reducciones impositivas y facilidades administrativas para la aprobación y puesta en marcha de proyectos.
El gobierno considera al RIGI una herramienta clave para atraer capitales que puedan dinamizar la economía argentina.
Según sostiene, las constantes crisis económicas y defaults -o cesación de pago de deuda- han hecho que los inversores desconfíen de Argentina, por lo que, para atraerlos, se requieren incentivos especiales.
Pero los críticos afirman que les dará una ventaja importante a las grandes empresas, en particular a las multinacionales, y que perjudicará a las pequeñas y medianas empresas argentinas (Pymes), que hoy generan el 70% del empleo.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió que el RIGI llevará a la explotación de los recursos naturales argentinos a manos de empresas extranjeras, generando “una economía extractivista sin valor agregado” e instaurando un “colonialismo, versión del siglo XXI”.
“Condenará una vez más a los argentinos al desempleo, que ya se empieza a ver y se profundizará”, señaló en un discurso en mayo.
3. Privatizaciones
La Ley Bases permitirá al gobierno poner en venta algunas empresas del Estado.
Sin embargo, no serán todas las compañías del sector público, como proponía el proyecto original que presentó Milei.
Muy lejos de eso, de las cerca de 40 empresas que quedaban “sujetas a privatización” en la propuesta inicial, solo dos, Intercargo, que presta servicios en aeropuertos a las líneas aéreas, y Energía Argentina S.A. (Enarsa), encargada de la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos y el transporte y almacenaje de combustible, podrán ser privatizadas.
En tanto, Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa), los trenes Belgrano Cargas y Logístico S.A, la Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales quedan sujetas a concesión privada, es decir que estén abiertas a incorporar capital privado, según indica el proyecto.
Tanto la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) como la línea aérea de bandera, Aerolíneas Argentinas, seguirán siendo del Estado, al igual que los medios públicos (Radio y Televisión Argentina).
4. Reforma laboral
La Ley Bases contiene varios artículos que buscan modernizar el régimen laboral e incentivar el crecimiento del empleo formal privado, que está estancado hace más de una década.
La norma ofrece beneficios para los empleadores que regularicen a sus trabajadores.
Pero, al mismo tiempo, elimina sanciones contra el trabajo “informal”, quitando las indemnizaciones especiales que hoy reciben los empleados que no están correctamente registrados.
Según el gobierno, esta flexibilización llevará a más empresas a contratar personal, ya que, en la actualidad, muchos empresarios temen tomar empleados nuevos ante la posibilidad de enfrentar un juicio laboral que puede llevar a una Pyme a la quiebra.
Sin embargo, el Centro de Investigación y Formación de la Central de Trabajadores de Argentina (CIFRA-CTA) advirtió que “al reducirse el costo de incumplir la ley, se desincentiva su cumplimiento efectivo, por lo que esta modificación tenderá a incrementar el empleo no registrado”.
Por otra parte, se crea una nueva figura laboral: el trabajador independiente con colaboradores, que permite a un empleador contratar a hasta cinco personas bajo la categoría de “monotributistas”, que no tienen relación de dependencia, lo que, según los críticos, hará que aumente la precarización laboral.
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