Aúna es una plataforma que impulsa nuevas representaciones políticas con liderazgos de mujeres, para alcanzar mayores resultados en bienestar, justicia y protección del medio ambiente.

Diversas y juntas

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El 5 de febrero de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una serie de reformas que impulsaría en la recta final de su gobierno para concretar la transformación del país que él mismo inició. Entre ellas se encontraba la reforma electoral que heredó a su sucesora Claudia Sheinbaum Pardo.
Tras la publicación del Diario Oficial de la Federación, el pasado 4 de agosto, del Decreto por el que se crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral —encabezada por el experredista Pablo Gómez—, la ruta de trabajo contempla la realización de 17 foros temáticos en todo el país, denominados Consulta para la reforma electoral 2025. Estos comenzaron el 12 de noviembre y cuentan con la participación de la academia, sociedad civil, partidos políticos, juventudes, mujeres, organismos internacionales y sector privado. Aúna ha estado presente en varios de estos foros para impulsar una agenda que garantice la participación política de las mujeres.
Los foros deberán concluir en enero de 2026. Además, el plan de trabajo de la Comisión contempla la realización de estudios e investigaciones, consultas en línea, entrevistas y comparecencias.
De entre los cuatro puntos clave de la iniciativa presidencial, hay uno que genera especial preocupación por los posibles efectos en la democracia representativa y en la paridad: la disminución de las posiciones plurinominales en el Senado y en la Cámara de Diputaciones.
Durante los primeros 50 años transcurridos entre la reforma constitucional por la que se reconoció el derecho de las mujeres a votar y a ser votadas y el inicio del nuevo milenio, la participación política de las mujeres en la Cámara de Diputaciones fue escasa. Su porcentaje máximo llegó en la LVII Legislatura (1997 – 2000) con apenas 17.4 %. Mientras que en el Senado, el porcentaje más alto fue de 15.6 % en las Legislaturas LIV (1988 a 1991) y LVII (1997 a 2000).
Esta subrepresentación dio lugar a la siguiente etapa para fortalecer la presencia de mujeres en las posiciones de representación pública: el sistema de cuotas. A nivel federal inició en 2002 con el esquema 70/30, se amplió en 2008 al 60/40 y culminó en 2014 con la reforma que elevó la paridad a rango constitucional. Para la LXII Legislatura (2012 al 2015), la representación política de las mujeres alcanzó el 37.4 % en la Cámara de Diputaciones y el 34 % en el Senado.
La llegada de la paridad no significó el incremento inmediato en el número de legisladoras, pues estaba por terminar el período en curso, pero sí se generó un crecimiento notable en los periodos posteriores.
A partir de la LXIV Legislatura, que inició en 2018, la paridad se hizo efectiva a nivel federal con 241 mujeres y 259 hombres en diputaciones, mientras que en el Senado se eligió a 65 mujeres y a 63 hombres. Para 2021, la LXV Legislatura se integró por 250 mujeres y 250 hombres. La actual Legislatura, que inició sus trabajos en 2024, cuenta con 251 mujeres y 249 hombres, y en el Senado hay 64 mujeres y 64 hombres.
Esta conformación también se refleja en las legislaturas locales, que por ley son paritarias. De acuerdo con el SNIEG, hay 24 congresos estatales que cuentan hoy con más mujeres diputadas que hombres diputados.
La paridad legislativa ha sido posible gracias a la combinación de mujeres electas por mayoría relativa y por representación proporcional. Tomando como referencia el ámbito federal, podemos observar que en la Cámara Baja, en 2018, fueron electas 141 mujeres por mayoría y 100 por representación proporcional; en 2021, 148 por mayoría y 103 por representación proporcional, y en la actual Legislatura, 150 por mayoría y 100 por representación proporcional.
Con respecto al Senado, en 2018, 48 mujeres obtuvieron el cargo por mayoría relativa y 17 por representación proporcional, mientras que en la Legislatura actual 49 mujeres fueron electas por mayoría y 15 por representación proporcional.
Esta proporción es similar en los congresos locales.
Es importante destacar que en México la votación directa en favor de mujeres aún no es mayoritaria. La paridad ha sido posible, en buena medida, gracias a la representación proporcional. Aunque tenemos 72 años de edad adulta como electoras y elegibles, estamos en pañales aún en lo que respecta a tener el piso parejo para competir electoralmente y estamos trabajando en ello para fortalecer la participación política de las mujeres hacia la igualdad sustantiva.
Por ello, la propuesta de eliminar las posiciones plurinominales no solo generaría una desproporción en la asignación de escaños entre los partidos, sino que también podría dejar fuera a personas con experiencia y conocimiento legislativo. Esto ocurre en un contexto en el que el descrédito del Poder Legislativo, lamentablemente, se encuentra alimentado por casos de figuras que llegan a esos espacios sin saber cómo cumplir con una responsabilidad tan alta.
Además, eliminar las plurinominales significaría un retroceso en el avance de la igualdad política que apenas estamos empezando a consolidar. Ninguno de estos efectos sería democrático.
* Mónica Mendoza Madrigal (<a href="https://x.com/MonicaMendozaM" target="_blank" rel="noopener">@MonicaMendozaM</a>) es investigadora posdoctoral, consultora en comunicación política, activista feminista.

Paridad en riesgo si desaparecen plurinominales

La violencia político-criminal en México sigue afectando de forma desproporcionada a las mujeres que ejercen liderazgo público. Los datos más recientes muestran un incremento sostenido de agresiones contra mujeres alcaldesas y funcionarias locales, confirmando que la violencia política por razones de género no termina en las urnas: atraviesa toda la trayectoria de las mujeres en la vida pública.
En México, ejercer liderazgo político siendo mujer implica enfrentar riesgos que van más allá del escrutinio público. Supone navegar entre estructuras partidistas patriarcales, poderes fácticos locales y redes criminales que, con frecuencia, convergen para limitar o expulsar a las mujeres del poder.
El Grupo de Trabajo sobre Violencias Políticas contra las Mujeres, coordinado por la Fundación Friedrich Ebert (FES México) junto con Aúna México, Data Cívica, Noria Research MXCA y MIDI ha documentado cómo las mujeres que participan en política enfrentan agresiones diferenciadas: psicológicas, digitales y, cada vez con mayor frecuencia, violencia física vinculada al crimen organizado y otros actores locales violentos.
La violencia político-criminal no sólo debilita a las mujeres que la enfrentan, sino también a la democracia misma. Cada agresión, cada renuncia forzada y cada silencio impuesto representan la pérdida de voces críticas y de liderazgos transformadores. Frente a esta realidad, el grupo impulsa una agenda de acción conjunta para visibilizar y atender la violencia política como un fenómeno estructural, interseccional y que afecta la vida de nuestra democracia. Por ello, hemos puesto en marcha tres iniciativas clave:
<ol>
<li>Piloto de una encuesta nacional para identificar los patrones de violencia política y criminal que enfrentan las mujeres en distintos niveles de gobierno.</li>
<li>Piloto de una herramienta de análisis de riesgos, que permitirá mapear vulnerabilidades, factores de riesgo y estrategias de mitigación adaptadas a contextos locales.</li>
<li>Presentación de ambos instrumentos ante autoridades nacionales y locales, con el fin de fortalecer la capacidad institucional para prevenir, atender y reparar la violencia política contra las mujeres por razones de género.</li>
</ol>
Garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos sin miedo no es sólo un asunto de paridad; es una condición indispensable para reconstruir la confianza pública y consolidar una democracia verdaderamente inclusiva.
La violencia política por razones de género es una amenaza sistémica que exige una respuesta sostenida, coordinada, con enfoque de género y seguridad, desde todos los sectores de la población.
El compromiso del grupo es claro: desarrollar herramientas de análisis, prevención y acompañamiento que aseguren que ninguna mujer sea obligada a abandonar su derecho a participar en la política o ejercer el poder desde el miedo o la invisibilización.

25N: Posicionamiento en el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres

Una nueva reforma electoral se aproxima en México. ¿Esto qué significa? Que algunas de las reglas de la competencia y del ejercicio del poder político van a cambiar. ¿De qué forma? Aún no lo sabemos con certeza, pero actualmente (y hasta finales de diciembre) se están realizando <a href="https://www.reformaelectoral.gob.mx/tu-voz-cuenta/eventos" target="_blank" rel="noopener">foros ciudadanos</a> para que la <a href="https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5764657&amp;fecha=04/08/2025">Comisión presidencial</a> recoja las sugerencias e inquietudes en torno a 10 temas generales y, posteriormente, pueda redactar un primer borrador de la propuesta que, en enero próximo, será entregada para su discusión y aprobación por el poder legislativo.
¿Y por qué es relevante conocer y ser partícipes de este proceso? Porque, en primer lugar, podríamos verlo como un buen momento para afianzar los mecanismos que garantizan los derechos político-electorales de las mexicanas: la paridad de género, el financiamiento público para impulsar y fortalecer su liderazgo y participación política, las acciones afirmativas que han abierto espacios a mujeres diversas –indígenas, afromexicanas, jóvenes, de la diversidad sexual o con discapacidad–, la atención, prevención y sanción de la violencia política en razón de género, entre otros.
¿Y esto para qué? Bueno&#8230; hagamos un ejercicio rápido de memoria y también de reconocimiento. Pensemos, por ejemplo, en aquellas maestras que en 1916 participaron en los congresos feministas celebrados en Yucatán; en Hermila Galindo, quien –con su voz y pluma– llevó a la mesa de discusión los derechos de las mujeres, entre ellos el del voto; en las sufragistas que lograron se nos reconociera como ciudadanas a mediados del siglo XX; en las legisladoras y activistas que impulsaron la cuota de género y, luego, hicieron suya la bandera paritarista y la del ejercicio de los derechos político-electorales libres de violencia.
Pensemos también en todas aquellas que han sentado las bases y abierto las puertas para que otras lleguen en mejores condiciones, en las que fueron “las primeras” en ejercer tal o cual cargo, en las que de alguna manera han contribuido silenciosamente en el camino andado. En todas ellas y en las que diariamente trabajan por la consolidación de una democracia igualitaria e incluyente y que han escrito parte importante de la historia de nuestro país. Ellas que, en muchas ocasiones son poco reconocidas, pero no olvidadas. No por nosotras.
Un ejercicio más. Ahora con miras al presente y futuro cercano.
Por las que vienen, apostemos porque en este proceso de redacción, discusión y aprobación de la próxima reforma electoral los derechos político-electorales de las mexicanas formen parte de los temas prioritarios y centrales. Juntas hemos recorrido un largo camino que, muchas veces, se entrecruzan con otras causas; sin embargo, sabemos que el trayecto hacia la consolidación de una verdadera democracia paritaria todavía continúa. Lo conquistado hasta ahora debe asumirse no como el objetivo o meta a alcanzar, sino como el piso mínimo del cual partir para lo que viene.
Como se ha dicho y lo seguiremos reiterando, esta reforma electoral es una gran oportunidad para que la conversación sea abierta, transparente e inclusiva. Ocupemos y reapropiémonos de todos los espacios posibles. Por eso -y a pesar de que en los <a href="https://www.reformaelectoral.gob.mx/" target="_blank" rel="noopener">10 temas</a> definidos por la Comisión presidencial para la celebración de la denominada consulta pública no haya un rubro específico en materia de igualdad y género- la paridad, la prevención, atención y sanción a los casos de violencia política en razón de género, el uso del financiamiento de los partidos con perspectiva de género, las acciones afirmativas, entre otros temas, deben estar al centro de la discusión, no al margen, no como temas secundarios.
La suma de perspectivas y voces diversas en este proceso es vital para que la reforma electoral responda a la coyuntura y necesidades de quienes históricamente han sido parte de la historia nacional, pero que no siempre han tenido una representación política real.
Por las que vienen, el futuro es ahora.
* María Fernanda Rodríguez Calva (<a href="https://x.com/Marifeeer" target="_blank" rel="noopener">@marifeeer</a>) es Politóloga por la UNAM.

Por las que vienen

Desde hace días, se han desarrollado diversas actividades para conmemorar el 72 aniversario del derecho al voto de las mujeres en México. Siempre resulta enriquecedor conocer sobre aquellas mujeres que encabezaron la lucha que nos permitió votar y, por supuesto, ser votadas.
Sin embargo, en esa narrativa sobre la conquista de derechos, rara vez se menciona a todas. Apenas en este siglo se empezó a hablar de una parte de la diversidad de mujeres que habitamos este país. Fue precisamente esa ausencia en la historia —el silencio sobre nosotras, las mujeres con discapacidad— lo que me llevó a escribir este texto y a preguntarme: ¿también conmemoramos 72 años de ejercer el derecho al voto?
Antes que nada, estas palabras son un reconocimiento a las sufragistas y luchadoras que, desde hace más de un siglo, abrieron el camino para que hoy contemos con mecanismos que nos permiten votar, ser candidatas y ocupar cargos públicos. Este texto también es para agradecer a quienes con su voz y su fuerza nos abrieron paso: Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche, Raquel Dzib Cicero, Refugio García, Amalia Castillo Ledón y Margarita García Flores, solo por mencionar algunas. Sin su lucha, quizá hoy no contaríamos con la primera presidenta de México.
En 1953, cuando se elevó a rango constitucional el derecho de todas las mujeres a votar, se vivió un momento sin precedentes. Fue una conquista que compartimos todas las mujeres, porque representó el reconocimiento de nuestra ciudadanía y de nuestra voz en lo público. Sin embargo, nuestra interseccionalidad también mostró otra realidad: no todas ejercimos ese derecho al mismo tiempo ni en las mismas condiciones.
Mientras algunas mujeres pudieron votar y, con el tiempo, ser electas, otras —como las mujeres con discapacidad— permanecimos excluidas de esa posibilidad durante décadas. El papel decía “todas”, pero la historia real escribió “algunas”.
Las mujeres con discapacidad no votamos durante décadas. No porque la Constitución lo prohibiera, sino porque el sistema nos impuso barreras físicas, sociales y culturales. Se nos negó el derecho en la práctica: las mujeres ciegas o con baja visión no contaban con plantillas en braille o macrotipo; las mujeres usuarias de silla de ruedas no podían acceder a las casillas, ubicadas en espacios estrechos o en pisos altos; las mujeres sordas, muchas de ellas con la Lengua de Señas Mexicana como primera lengua, se enfrentaban a un entorno sin intérpretes ni materiales accesibles, y las mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial cargaban con el estigma de “no poder decidir por sí mismas”.
No fue sino a inicios del siglo XXI cuando las autoridades electorales reconocieron que una parte de la población simplemente no estaba votando, y no por falta de interés. En las elecciones de 2021, el INE aprobó por fin un Protocolo para la Inclusión de Personas con Discapacidad, con lineamientos obligatorios sobre capacitación, infraestructura y comunicación accesible. Pasamos de no votar a tener más garantías.
Pero, una vez más, el sistema demostró que lo que se escribe en papel no siempre se cumple en la realidad. Pasamos de necesitar que alguien votara por nosotras a poder ejercer, al menos un poco más, nuestro voto libre y secreto.
En mi experiencia, puedo contar dos cosas. Primero, aunque yo leo en braille, es una realidad que muchas personas con discapacidad visual ya no lo aprenden; además, en más de una ocasión las plantillas en braille contaban con uno o dos errores ortográficos.
Segundo, en las últimas elecciones, el pequeño gran avance que habíamos conquistado retrocedió. Cuando acudí a votar por el Poder Judicial, el único “mecanismo de accesibilidad” disponible fue que alguien me asistiera. Me entregaron diez hojas donde debía escribir en un espacio diminuto. Imaginen lo que se siente que alguien más decida por ti. Eso sentí yo: ¿Dónde queda la autonomía? ¿Dónde queda la secrecía del voto?
Por supuesto que una persona de confianza me acompañó, pero ¿qué pasa con las mujeres que no tienen a alguien? No todas las personas con discapacidad necesitamos —ni queremos— estar acompañadas para ser asistidas.
Alguien dijo una vez que en 1953 no se nos concedió un derecho nuevo, sino que se reconoció lo que las mujeres ya hacían: participar en la vida pública. Yo añadiría que también las mujeres con discapacidad hemos estado presentes en cada etapa de la historia de este país, luchando, participando y resistiendo. Por eso, no podemos seguir repitiendo prácticas que nos excluyen de la vida cívica y política, ni reproducir estereotipos que nos invisibilizan.
Sí, conmemoramos 72 años de tener derecho al voto. Pero las mujeres con discapacidad, me atrevo a decir, llevamos menos de cinco ejerciéndolo de verdad.
* Brenda Lara Hernández es mujer con discapacidad visual. Activista, política y feminista. Defensora de los derechos de las personas con discapacidad e integrante de la red Aúna. Redes sociales: <a href="https://www.facebook.com/share/1AA5xmqycv/" target="_blank" rel="noopener">Facebook</a>, <a href="https://www.instagram.com/soy.brenda.lara" target="_blank" rel="noopener">Instagram</a>, <a href="https://www.tiktok.com/@brendalara.01" target="_blank" rel="noopener">TikTok</a>.

Del derecho a la realidad: las mujeres con discapacidad no cumplimos 72 años votando

El cambio climático es uno de los mayores desafíos sociales, económicos y políticos de nuestro tiempo. Vivimos sequías prolongadas, pérdida de biodiversidad, contaminación del aire y crisis hídrica que impactan directamente nuestra cotidianeidad y la gestión de los territorios. Frente a este escenario, los gobiernos locales tienen un papel fundamental: traducir los compromisos globales en políticas públicas concretas y sensibles a las realidades de cada comunidad.
El pasado 9 de octubre tuvo lugar el Primer Encuentro de Concejalías por la Acción Climática Local, un espacio de diálogo y fortalecimiento institucional entre quienes integran los Concejos de las Alcaldías de la Ciudad de México. Con la participación de concejalas y concejales de todas las demarcaciones, el encuentro tuvo como propósito avanzar hacia una gobernanza climática participativa, cuyo centro sean los derechos ambientales, la equidad y la sustentabilidad territorial.
El encuentro se realizó en el marco de la Semana de Acción por el Clima, en alianza entre la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, el Pacto Socioambiental de la Ciudad de México, la Junta Local de Derechos Ambientales de Aúna Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Práctica: Laboratorio para la Democracia, Corazón Capital y Huerto Roma Verde como sede anfitriona.
Las Concejalías son órganos de representación ciudadana en las alcaldías y actores estratégicos que impulsan transformaciones desde lo local. Su cercanía con las comunidades, así como sus funciones de supervisión, evaluación y propuesta les permite vincular la política ambiental con las necesidades reales de la población. Por ello, el encuentro buscó activar su potencial, construir una agenda común de acción climática local y generar alianzas que permitan transitar hacia modelos de desarrollo más justos, resilientes y sostenibles para la Ciudad de México.
Desde la Junta Local de Derechos Ambientales de Aúna CDMX sostenemos que la crisis climática no puede enfrentarse únicamente desde la gestión técnica, también requiere voluntad política, acción colectiva y transformación democrática. Para ello, se propone una hoja de ruta con cinco ejes prioritarios:
<ol>
<li>Actualizar los Programas de Acción Climática Local.</li>
<li>Integrar prioridades ambientales en los presupuestos.</li>
<li>Reconocer formalmente la emergencia climática.</li>
<li>Articular instrumentos de planeación territorial.</li>
<li>Promover la participación ciudadana activa.</li>
</ol>
Toda vez que la crisis climática también es una crisis de derechos y de democracia, afrontarla exige liderazgo informado, coordinación institucional y participación social efectiva. En esa perspectiva, las Concejalías pueden y deben ser aliadas estratégicas en la transformación de los territorios hacia un futuro más justo, equitativo y sostenible.
La Semana de Acción por el Clima representa un punto de inflexión para movilizar compromisos locales con la sustentabilidad y colocar los derechos ambientales en el centro de la agenda pública. Desde Aúna CDMX, nuestra apuesta es consolidar un modelo de gobernanza colaborativa y corresponsable, con ciudadanía climática activa y gobiernos locales fortalecidos frente a la emergencia climática.
En coherencia con este propósito, la Junta Local de Derechos Ambientales de Aúna Ciudad de México presenta el siguiente pronunciamiento, que sintetiza las acciones prioritarias y el llamado colectivo a fortalecer la acción climática local desde las alcaldías:
En el marco de la Semana de Acción por el Clima, la Junta Local de Derechos Ambientales del capítulo Aúna Ciudad de México busca impulsar la justicia climática, la acción local transformadora y el fortalecimiento de la democracia ambiental desde la organización ciudadana. Con la convicción de que el cambio climático es también un desafío político, social y de derechos, llamamos a las Concejalías de la Ciudad de México a ejercer plenamente su papel como representantes locales en la defensa del territorio, la sustentabilidad y el bienestar de las comunidades.
Con este propósito, proponemos impulsar cinco acciones prioritarias de incidencia local para fortalecer la acción climática desde las alcaldías:
<ol>
<li>Exhortamos a actualizar los Programas de Acción Climática de las Alcaldías, mediante puntos de acuerdo que aseguren su alineación con la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México (2022), atendiendo las necesidades territoriales, sociales y ambientales específicas de cada demarcación.</li>
<li>Recomendamos vigilar la integración de prioridades climáticas en los presupuestos de egresos de las alcaldías, garantizando que los recursos públicos respondan a los programas de acción climática vigentes, con perspectiva territorial, de género y de economía circular sustentable.</li>
<li>Instamos a reconocer la emergencia climática en cada demarcación territorial, mediante puntos de acuerdo presentados ante las personas titulares de las alcaldías, para posicionar el tema en la agenda política y administrativa local.</li>
<li>Planteamos impulsar la articulación de los instrumentos de planeación del desarrollo y del ordenamiento territorial con los objetivos en materia de cambio climático, de manera que las concejalías puedan monitorear y evaluar la acción gubernamental local, fortaleciendo la rendición de cuentas y la coherencia institucional.</li>
<li>Proponemos fomentar la participación ciudadana en la acción climática local, exhortando a las autoridades de las alcaldías a abrir espacios de consulta, diálogo y decisión con pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes, garantizando su participación efectiva en las sesiones del Concejo para la atención de los asuntos públicos relacionados con la sustentabilidad y la protección de sus territorialidades.</li>
</ol>
Desde el capítulo Aúna CDMX, sostenemos que la crisis climática requiere voluntad política, acción colectiva y liderazgo local informado. Las concejalías son actores estratégicos para reconfigurar las políticas públicas en políticas de vida, y colocar los derechos ambientales al centro del desarrollo justo y sostenible que nuestra Ciudad necesita.
Por el derecho a un ambiente sano, la equidad climática y el futuro común.
*Texto colectivo realizado por las integrantes de la Junta local de derechos ambientales del capítulo Aúna CDMX.

Encuentro de Concejalías por la Acción Climática Local en la Ciudad de México

En un motor de búsqueda ampliamente usado en internet, me dispuse a teclear: “el lugar de las mujeres”. El resultado que arrojó el buscador en la sección de inteligencia artificial generativa comenzaba así: “El lugar de las mujeres en la sociedad y en la historia ha sido objeto de análisis y debate”. 
Con cierta distancia a la respuesta de la inteligencia artificial, mi invitación en esta ocasión es a participar en el análisis, pero sobre todo, en la defensa del lugar de las mujeres en tiempos de la #ParidadEnTodo en México.
Cuando eres de las primeras mujeres en cualquier ámbito, basta mirar hacia atrás —con perspectiva de género— para entender la lucha histórica y colectiva que otras muchas mujeres han enfrentado con persistencia, creatividad y argumentos sólidos para acceder a cada espacio negado.
Basta también mirar a los lados para notar que nuestras compañeras pioneras enfrentan los mismos retos y resistencias y que, en conjunto, seguimos siendo percibidas como intrusas del espacio.
Y basta mirar al frente para notar que aún queda un largo camino por recorrer, aunque también motivos para celebrar los avances colectivos y disfrutar, en la medida de lo posible, la experiencia de ser pionera.
Empatizar con las primeras mujeres de cualquier ámbito suele ser una tarea difícil para la sociedad, sobre todo cuando se trata de espacios a los que las mujeres accedimos recientemente. La política formal es uno de los más nuevos en México. Por eso, al escribir este texto me pregunté: ¿cómo transmitir la importancia del lugar en el que estamos ahora mismo? Y ¿cómo nos sentimos las integrantes de la primera generación masiva de mujeres en política?
El reto es doblemente complejo, porque la política no solo es un espacio nuevo para las mexicanas, sino que además es un lugar desacreditado, genera desconfianza y poco interés en la ciudadanía. En general, aborrecemos la política y todo lo relacionado con ella.
No me malinterpreten: no vengo a defender la política mexicana. Vengo a poner en perspectiva el recorrido que hemos hecho las mujeres para llegar a ese espacio, y a compartir algunos aprendizajes que me dejó el ocupar la política en tiempos de la paridad en todo.
<h3>Recordemos el caminar de las mexicanas por el derecho a votar y ser votadas</h3>
En los primeros años del México Independiente, las primeras sufragistas mexicanas pidieron al Congreso —que redactaría la primera Constitución Mexicana— que se hiciera explícita la participación de las mujeres en la Independencia y que se les reconociera como ciudadanas. Aquel Congreso, conformado únicamente por hombres, ignoró esas demandas. Lo mismo harían las generaciones posteriores de hombres en la política durante más de un siglo.
Las mexicanas acumulamos 130 años de reflexiones, exigencias, desilusiones, violencias, esperanza, organización y difusión de ideas. Finalmente, en 1953, cuando muchas de nuestras abuelas eran niñas, se reconoció en la Constitución el derecho de las mujeres a votar y ser votadas.
En la práctica, ejercimos masivamente nuestro voto por primera vez en las elecciones de 1955. Sin embargo, el derecho a ser votadas tardó 65 años más en materializarse plenamente. Fue hasta 2018 cuando la mitad del Senado y casi la mitad de la Cámara Baja se conformaron por mujeres.
La lucha por los derechos políticos no se agotó con la paridad numérica en el Congreso. Hoy se aspira a que la mitad de los espacios de toma de decisión pública sean ocupados por mujeres, en igualdad de condiciones, de poder y libres de violencia.
Esa aspiración ha implicado un intenso activismo de mujeres de distintos sectores organizadas en red, que en los últimos seis años lograron la paridad en los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en todos los niveles (federal, estatal y municipal) y en los organismos autónomos; y sentaron los primeros cimientos para erradicar la violencia política contra las mujeres.
El logro de la #ParidadEnTodo inspiró a muchas mujeres a participar en la política electoral y a ocupar los espacios de toma de decisión que habíamos exigido desde que existe país. La paridad en todo permitió que en el año 2021, se integrara la primera generación masiva de mujeres en la política.
<h3>Los aprendizajes de la primera generación de la paridad en todo</h3>
1. Defensa y relevos. Uno de los principales legados de las sufragistas mexicanas es que los derechos políticos de las mujeres deben defenderse constantemente. Aunque muchas aborrecemos la política, es innegable que desde ese espacio se detonan transformaciones estructurales. Y las mujeres tenemos derecho a estar en todos los puestos de toma de decisión pública. Con orgullo, les comparto que la primera generación masiva de mujeres en política fuimos actoras clave para avanzar algunos tramos de la agenda feminista y del movimiento amplio de mujeres. Tuvimos claridad en nuestra agenda: combatir la violencia feminicida, fortalecer la igualdad sustantiva y avanzar en garantizar todos los derechos para todas las personas. Pero para profundizar en estos avances se requiere la entrega de muchas generaciones más, de mujeres y de hombres en política que se comprometan con estas causas. La naturaleza efímera de un puesto público hace necesario asegurar relevos con la convicción de alcanzar un mundo más justo, pacífico e igualitario.
2. El “precipicio de cristal”. Con la llegada masiva de las mujeres a la política formal en México se confirmó lo que las feministas de otras regiones del mundo habían observado: el “precipicio de cristal”. Este concepto alude a la tendencia de que las mujeres asumen liderazgos de empresas o gobiernos sólo cuando enfrentan una crisis derivada de años de malas gestiones de hombres en el poder. Mi generación llegó al poder en ese escenario: la ciudadanía esperaba (y sigue esperando) que las mujeres en política subsanaran décadas de malas gestiones cometidas por los hombres. Participar políticamente en medio de una crisis democrática crónica significa, simple y llanamente, tener menos probabilidad de éxito. Con esto no se busca negar nuestra capacidad de agencia ni de evadir la rendición de cuentas. Pero sí de reconocer que a las mujeres en política se nos exige resultados extraordinarios, mientras que a los hombres rara vez se les pide responder en la misma medida.
3. Reconocernos con poder. Este ha sido quizá el aprendizaje más íntimo, intenso y transformador. Imaginen: de un día para otro, muchas mujeres nos descubrimos con poder político por primera vez. La mejor forma de explicarlo es recordar a Peter Parker cuando descubre sus superpoderes. De pronto puede lanzar telarañas; escalar muros y percibir amenazas. Al principio atraviesa una curva de aprendizaje para entender y controlar su poder. Algo similar nos ocurrió: tuvimos que aprender a conocernos y gestionar nuestro poder político. Esa transformación nos llevó a distintos caminos. Algunas dejamos de reconocernos entre nosotras. ¿Por qué? Porque algunas nos mimetizamos con el sistema tradicional para sobrevivir; otras evitamos construir alianzas incómodas; y muchas dejamos de escucharnos y no nos permitimos una retroalimentación franca sobre cómo percibíamos a las otras ejerciendo su poder. Para muchas, ejercer poder político por primera vez afectó nuestras redes personales, nuestras redes profesionales y nuestra propia salud. Algunas perdimos buenas amigas; atravesamos rupturas, perdimos compañeras de causas sociales; descuidamos nuestra salud física o mental; o pasamos mucho menos tiempo con nuestras familias. Estas experiencias comunes revelan que participar en la política formal tiene altos costos personales y colectivos para las mujeres. Tenemos que hablar más de eso.
4. ¿Qué hacer después de gobernar? Al concluir con el ritmo intenso de gobernar, comprendí que es necesario darnos un tiempo para reconectar con el ser, agradecer la oportunidad de servir, hacer un recuento de los daños y reinventarse. Reinventarse puede implicar hacer una pausa, bajar el ritmo y atravesar un proceso de prueba y error. Este camino requiere respeto, paciencia y comprensión de parte de nuestra red afectiva y de parte de la ciudadanía que en su momento representamos. En otras palabras, el proceso de reinvención de tantas políticas que cerramos una etapa de gobierno en tiempos de la #ParidadEnTodo requiere que no se nos etiquete ni se nos cancele, sino que se nos permita encontrar respuesta a una pregunta profunda: ¿qué voy a hacer después de gobernar?
En lo personal, yo no he dejado de identificarme como política y, aunque he decidido tomar una pausa de la política formal, me mantengo activa desde Aúna México, una plataforma que impulsa liderazgos de mujeres en política y una agenda feminista. Además, actualmente estoy enfocada en incidir desde emprendimientos de impacto en la agenda de sostenibilidad.
Cada una escribirá el siguiente capítulo de su historia; habrá quienes no quieran regresar a la política, por ahora o nunca. Habrá quienes hayan  asumido un nuevo cargo o quienes hayan sido reelectas en el mismo cargo; o quienes todavía no sepan qué quieren hacer. Lo que cada una decida estará bien.
<h3>El lugar de las mujeres</h3>
El lugar de las mujeres en la sociedad y en la historia ha sido objeto de análisis y debate. Pero las mujeres hemos luchado por algo más: por el poder de elegir nosotras mismas cuál es ese lugar. Hoy seguimos luchando por elegir nuestro lugar después de gobernar, en tiempos de la paridad en todo.
* Angélica Maldonado (<a href="https://x.com/AngieMaldona" target="_blank" rel="noopener">@angiemaldona</a>) es política y emprendedora de impacto. Fundadora de Mamás, consultoras &amp; asociadas/os. Pensando, haciendo y criando el futuro. Cofundadora de Syntropia.

El lugar de las mujeres

En los años sesenta el río Santiago, ubicado en Jalisco, era un caudal saludable y limpio. Hoy, su nombre es sinónimo de abandono. La cuenca, que atraviesa municipios como El Salto, Juanacatlán, Guadalajara y Ocotlán, se ha convertido en receptora de contaminantes, enfermedades y degradación ambiental.
En 2025, se anunció el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, que contempla mil 347 millones de pesos para el saneamiento del río Santiago, considerado uno de los más contaminados del país. Sin embargo, la pregunta clave sigue siendo: ¿existe un compromiso real para sanear el río Santiago?
<h2>El diagnóstico actual: mucho ruido, pocos frutos</h2>
El informe del gobierno de Jalisco en 2024, Recuperación Integral del Río Santiago, expone la estrategia “Revivamos el río Santiago”, orientada a la recuperación y conservación de las condiciones ambientales y sociales de las cuencas de los ríos Santiago y Zula.
El plan incluye ordenamiento territorial, saneamiento del agua, restauración de ecosistemas, participación ciudadana, gobernanza, monitoreo y evaluación.
No obstante, los resultados muestran rezagos significativos. Las aguas residuales, las descargas industriales y las prácticas agropecuarias con químicos siguen siendo factores críticos de contaminación. Además, las comunidades cercanas al río continúan reportando afectaciones graves a la salud.
<h2>Anuncio federal 2025: 7 mil millones para Lerma-Santiago</h2>
En febrero de este año, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, anunció que el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destinará 7 mil millones de pesos al saneamiento de la cuenca de los ríos Lerma y Santiago.
De este monto, 500 millones de pesos se aplicarán en 2025; el resto está proyectado para el periodo 2026 &#8211; 2030, como parte de un programa federal para restaurar los ríos más contaminados del país.
En un evento en Casa Jalisco, junto al gobernador Pablo Lemus, la funcionaria detalló algunas de las estrategias contempladas:
<ul>
<li>Preservación de humedales.</li>
<li>Restauración de riberas con técnicas hidrológicas.</li>
<li>Construcción de plantas de tratamiento y colectores.</li>
<li>Inspección y vigilancia ambiental coordinada entre Conagua y Profepa para evitar descargas contaminantes.</li>
</ul>
<h2>El daño ya visible</h2>
Las comunidades más afectadas como El Salto, Juanacatlán, municipios del tramo metropolitano de Guadalajara y las zonas bajas del río continúan reportando problemas de salud relacionados con la contaminación: enfermedades renales, problemas dermatológicos, daños digestivos y enfermedades respiratorias.
Estudios han detectado niveles de metales pesados y materia orgánica contaminante que superan los estándares permitidos en varios puntos de la cuenca. Estas consecuencias no son solo sanitarias, también sociales y económicas: disminución de la calidad ambiental, riesgos para la agricultura y la pesca local, y afectaciones a la vida cotidiana de quienes dependen del río.
<h2>Promesas que avanzan, retos que persisten</h2>
Entre los aciertos recientes destacan:
<ul>
<li>La ampliación de la planta de tratamiento de El Ahogado y la construcción de nuevas plantas y colectores, que podrían beneficiar a las zonas con mayor afectación.</li>
<li>El anuncio de los 7 mil millones de pesos federales, que representan un compromiso relevante y con potencial de ser un parteaguas si se acompaña de diagnósticos serios, vigilancia institucional, participación ciudadana y seguimiento técnico.</li>
<li>Una coordinación incipiente entre entidades federales, estatales y municipales, así como visitas de diagnóstico que podrían definir líneas de acción más precisas.</li>
</ul>
Sin embargo, los retos siguen siendo enormes:
<ol>
<li>Cumplimiento real de descargas industriales. Muchas industrias siguen operando sin un tratamiento adecuado de aguas.</li>
<li>Transparencia y seguimiento efectivo. Los diagnósticos deben ser públicos, comprensibles y contar con cronogramas claros y responsables definidos; las comunidades deben participar activamente.</li>
<li>Visión ecológica integral. Se requiere restaurar ecosistemas, proteger humedales, recuperar suelos, preservar la biodiversidad y fomentar prácticas agrícolas menos contaminantes.</li>
<li>Presupuesto garantizado y calendarizado. Los 500 millones de 2025 son apenas un inicio; los recursos proyectados para 2026-2030 deben blindarse con reglas claras y mecanismos de vigilancia que eviten desvíos.</li>
<li>Seguimiento legal. Los compromisos a futuro deben incluir obligaciones verificables y sanciones en caso de incumplimiento.</li>
</ol>
<h2>En conclusión</h2>
El río Santiago representa para Jalisco y para México una encrucijada histórica. O invertimos en dignidad, salud y justicia ambiental, o perpetuamos una tradición de promesas incumplidas.
Los recientes anuncios federales en materia presupuestal y de colaboración institucional son señales alentadoras, pero no garantizan por sí mismos una transformación.
Las miles de personas que viven junto a sus orillas ya no piden discursos: exigen agua limpia, atención médica, reparación y una cuenca que deje de ser sinónimo de enfermedad y abandono. Si “Revivamos el río Santiago 2050” logra convertirse en un hito, será porque los presupuestos se tradujeron en acciones con control, participación y transparencia. De lo contrario, será otro esfuerzo olvidado, con consecuencias que seguirán cobrando vidas.
Un ejemplo alentador viene de Chile: en 1997, la empresa Aguas Andinas lideró el proyecto Mapocho Urbano Limpio, que saneó el río en solo 12 años. La iniciativa permitió erradicar enfermedades infecciosas, recuperar ecosistemas y devolver a la ciudad una fuente de vida.
* Cassandra Buenrostro Montero es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, especializada en análisis político y gestión pública.

El río Santiago: compromisos sobre la mesa y acciones pendientes

El primer informe de Claudia Sheinbaum como presidenta fue, sin duda, un momento que esperábamos las mujeres: por fin, una mujer encabezando el podio de Palacio Nacional para rendir cuentas como Jefa del Ejecutivo y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. El simbolismo es innegable. Sin embargo, la representación importa, pero no sustituye la transformación estructural. El balance de este primer informe revela vacíos significativos en dos áreas críticas: el sistema de cuidados y la seguridad hacia las mujeres.
Que una mujer presida México es una victoria cultural. Rompe con siglos de exclusión y ofrece un referente para millones de niñas. Pero no basta con que una mujer llegue al poder; lo crucial es cómo usa ese poder para cambiar la vida de otras mujeres.
No se puede ocultar que en el informe los grandes problemas que enfrentamos las mujeres fueron relegados a menciones generales, sin compromisos claros ni presupuestos contundentes.
El sistema de cuidados aparece en el discurso como una gran deuda que, al día de hoy, es más promesa que realidad. Se habló de centros pilotos y la intención de avanzar hacia un sistema nacional, pero no hubo claridad en tiempo, recursos o cobertura. Mientras tanto, millones de mujeres siguen atrapadas en la economía del cuidado no remunerado, sin guarderías suficientes, sin opciones para personas mayores o personas con discapacidad. Las mujeres continúan cargando con el 66.8 % de su tiempo al trabajo no remunerado (<a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/enut/enut2024_CP.pdf" target="_blank" rel="noopener">ENUT 2024</a>).
Hoy se visualiza una “agenda de cuidados” como lema de campaña permanente, pero no como un derecho garantizado. No se habló del financiamiento para el sistema nacional de cuidados ni de la incorporación a empresas y sindicatos en esquemas de corresponsabilidad ni de escuchar a las mujeres organizadas desde colectivas.
Otro vacío evidente fue el de la seguridad de las mujeres. En un país donde más de 10 mujeres son asesinadas cada día, esperaríamos un eje central de acción y resultados en el informe. Esperaríamos que se hablara de fortalecer las fiscalías especializadas, de garantizar refugios y centros de justicia para mujeres en todos los estados, de capacitar de forma obligatoria a policías y jueces con perspectiva de género. Sin embargo, se optó por destacar la reducción general de homicidios, invisibilizando la persistencia de la violencia feminicida, la impunidad en los tribunales y la falta de coordinación con fiscalías estatales.
Tener una presidenta mujer no ha significado, hasta ahora, un viraje contundente en la estrategia para garantizar una vida libre de violencia.
Querida presidenta, la violencia feminicida no se resuelve con estadísticas globales, sino con políticas específicas que nombren y protejan a las mujeres.
La igualdad sustantiva no se logra con discursos, sino con reformas, presupuestos y programas que cambien la vida de quienes siguen cuidando solas, trabajando en la precariedad y enfrentando la violencia cada día. La gran tarea pendiente es convertir el hecho histórico en un cambio histórico. Y ese paso aún no se da.
* Agueda Ale Valdés es integrante de la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y Trabajo Propio de las Mujeres. Fue regidora en el Ayuntamiento de Monterrey (2021-2024). Coordinadora de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Egresada de la Licenciatura de Ciencia Política por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Maestra en Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac del Norte y en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Su experiencia se ha enfocado en las áreas de Responsabilidad Social, igualdad de género y justicia social. Trabajó en la Cámara de Diputados en la LIXV y en la LXII Legislatura.

Primer informe de Claudia Sheinbaum: entre la narrativa y las deudas con las mujeres

Hace poco más de cinco años, cuando aún estudiaba mi primera carrera, tuve la oportunidad de ir en una brigada de apoyo a un municipio muy pequeño al sur de mi estado, Nuevo León. Ya ahí, se acercó una mujer a pedir ayuda. Yo no la vi, esto me lo contaron en el camino de regreso y, aun así, dejó una marca profunda en mí.
La mujer estaba secuestrada por su esposo. Cuando él salía a trabajar, dejaba la casa con candado por fuera, ella no tenía manera de salir, el único que tenía otra llave era el vecino. Si necesitaba ir a la tienda, tenía que hablarle al vecino para que le abriera y él le medía el tiempo para ver que no se desviara de su camino. Con esa excusa —la de ir a la tienda— fue que logró salir aquel día. Había escuchado que andaban algunas personas de fuera que llevaban apoyo y pensó que sería su oportunidad de escapar.
La persona con la que llegó no sabía qué hacer, así que le habló a quien organizaba la brigada. Él tampoco tenía idea, platicó la situación con el alcalde del pueblo y él, muy tranquilo —ni enojado ni sorprendido ni triste— respondió: &#8220;Así es aquí&#8221;.
Para el alcalde —la máxima autoridad y probablemente la única—, un esposo no podía secuestrar a su mujer, porque era suya. Porque en los municipios como este, una mujer no es una persona con derechos, sino una propiedad. Y quien es dueño, decide.
En un país donde nos vimos en la necesidad de añadir <a href="https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/publicacion/2016-10/59774_0.pdf" target="_blank" rel="noopener">un artículo extra al Código Penal</a> para aclarar que la violación es violación, así violes a tu esposa o concubina, la verdad, no me sorprende. Pero sí me indigna.
¿Será que también tendremos que agregar que el secuestro es secuestro, aunque la víctima sea tu esposa? ¿Y qué pasa con los demás delitos? ¿Cómo hacemos que México entienda, de una vez por todas, que las mujeres somos personas y tenemos derechos?
<h2>Así es aquí</h2>
Tres palabras que se me quedaron marcadas para siempre y que me prometí cambiar. No fue un caso aislado. Era un reflejo brutal de lo que pasaba —y sigue pasando— en muchos otros lugares. Mi ciudad natal, menos pequeña y menos lejana, es igual.
Yo crecí en un municipio pequeño de esos donde no pasa nada o, más bien, pasa lo mismo una y otra vez. Uno de esos municipios atrapados en el tiempo. Diría mi padre: un lugar para pasar una vejez tranquila, una infancia agradable, pero no para crecer. Aunque claro, mi padre es hombre. No sé si una mujer diría lo mismo.
Crecí creyendo que la violencia de género era normal; claro que le puse nombre hasta mucho después, en ese entonces, era solo mi cotidianeidad.
Después de varios años especializándome en temas de género, un día me di cuenta de que podía narrar toda mi vida en episodios de violencia y desigualdad.
Desde antes de nacer, mi madre le dijo a mi padre que sería niña y él se decepcionó por no tener un primogénito varón. En la primaria, cuando no me permitían correr o jugar con un balón porque me iba a ensuciar o me podía caer, pero no importaba si los niños se ensuciaban o se caían: ellos sí podían correr y jugar. En la secundaria, cuando pasaban hombres mayores acosando a mis amigas a la hora del recreo, y el director nos regañaba por “fáciles” en lugar de protegernos. Cuando el profesor de música nos dijo en clase que, así como nadie quiere un pan manoseado, tampoco nadie quiere a una mujer manoseada. Porque, para ellos, una mujer no vale por ser persona: vale su virginidad. Y si la pierde, pierde su valor. Como si fuéramos una mercancía que caduca.
Cuando le prohibieron a mi maestro de biología enseñarnos cómo se usa un condón. Cuando una alumna se casó embarazada con un hombre que le doblaba la edad y mis tías se alegraron porque “se casó bien” (él tenía dinero). A los quince pensaba que lo mejor que podía lograr una mujer era justamente eso: casarse bien, es decir, ser elegida por un hombre que le asegurara estabilidad. No importaba si no había amor, si él te doblaba la edad o si tú seguías siendo adolescente, mientras tuviera dinero, estaba bien. De hecho, era “lo mejor que te podía pasar”.
No era una idea mía. Era lo que se escuchaba en las casas, en las reuniones familiares, en las aulas y los pasillos de la escuela. Una forma de pensar tan repetida que no parecía una de las opciones que teníamos, sino la única. Todas pensábamos en con quién nos íbamos a casar, en lugar de pensar en quién nos íbamos a convertir. No se esperaba de una mujer que soñara un futuro para sí misma.
Tan es así que en 2017, cuando salí de la preparatoria, pregunté en el municipio sobre la casa que tenían en Monterrey para los jóvenes que se iban a estudiar. Me dijeron que la casa era solo para hombres, que no había casa para mujeres. No era solo una omisión: era un mensaje. Uno muy claro: Las mujeres no estudian, las mujeres se casan.
Te lo repetía tu familia, tus profesores y el gobierno mismo a través de su política pública: casarte no solo era lo único que podías hacer, era también una condena. Una que te reducía a un objeto con fecha de caducidad, cuyo valor dependía de ser elegida, no de elegir.
Y, aun así, yo me fui. Tuve la gran dicha de tener referentes. Dos de mis primos están casados con ingenieras civiles. Si ellas dos no existieran, quizá yo ni siquiera habría considerado estudiar. Solo verlas tiró un poco de la venda que, por tantos años, el municipio me había amarrado a los ojos. Me di cuenta de que había otras realidades, aunque todavía no dimensionaba lo abismalmente distintas que eran.
A los diecisiete —sin el apoyo del municipio, por ser mujer— emigré para estudiar. A los dieciocho, por casualidad, fui a un evento del Día Internacional de las Mujeres. Llevaba una bufanda rosa. Alguien me dijo que ese día no era rosa, era morado. A los veintiuno me enteré de que existía una ley llamada Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, por raro que suene, me sorprendí. Sentí algo parecido a “¿tengo derechos?”.
Fui a mi primera marcha del 8M y se movieron mil cosas dentro de mí. Quise entender más, aprender más, hacer algo. Sentía el mundo avanzar a mil por hora. Conocí mis derechos e imaginé para mí misma un futuro brillante. Agradecí estar viva en este momento de la historia. Agradecí a todas las que lucharon antes.
Y luego… volví a mi pueblo. Un municipio pequeño, de esos donde no pasa nada o, más bien, pasa lo mismo una y otra vez. Las mujeres creen que deben quedarse, aunque las maltraten. Porque en este sistema, no son compañeras: son propiedad. Y lo más cruel es que, aun siendo tratadas como carga, son ellas quienes lo cargan todo. Lo hacen en silencio, como si ese fuera su deber. Como si fueran responsables de sostener todo lo que las oprime.
Mientras tanto, los gobiernos creen que atender a las mujeres es enseñarles a hacer un pastel. La violencia familiar se considera “tema privado”. Cuando hablas de género o de derechos, te tachan de problemática. Aquí, nombrar la injusticia se vuelve casi tan incómodo como vivirla. Se cree que la palabra “revolución” es peligrosa. Y las propuestas revolucionarias, incómodas.
Si hablas, te ignoran, para que parezca que hablas sola, aunque muchas otras quieran decir lo mismo. Esa es su estrategia: el silencio. Y con el silencio, la condena. La falta de transformación.
Desde las ciudades grandes se preguntan por qué el gobierno federal reparte cartillas con los derechos de las mujeres. Piensan —como yo lo pensaba antes de volver— que eso ya no es necesario. Que las mujeres ya conocen sus derechos, que ya están empoderadas.
Pero a mí jamás se me va a olvidar esa sensación la primera vez que vi la Ley de Acceso. Ese sentimiento primero de sorpresa, después de esperanza y, finalmente, de una digna rabia al entender lo mucho que te han violentado y cómo nunca te habías dado cuenta. Y ese momento mágico en que decides decir: no más.
Por eso, que el gobierno federal reparta cartillas con los derechos de las mujeres no es poca cosa. Es sembrar la posibilidad de ese momento en cada mujer que aún no lo ha vivido. Ese instante en que algo dentro de ti se enciende y ya no puede apagarse. Para mí, como mujer de un municipio pequeño, fue como un rayo de sol inesperado. Pero ese rayo no cae del cielo: viene de alguien que enciende la luz en una habitación donde nos tenían encerradas a oscuras.
El silencio puede parecer eterno, pero incluso la noche más larga termina con un primer destello. A veces ese destello es una cartilla. A veces, una conversación. A veces, una mujer que decide decir: “no más”. Porque el cuerpo, la voz y el destino de una mujer no le pertenecen a nadie más. Ni al marido ni al Estado ni a la costumbre ni a la tradición.
Aunque aquí lo olviden, las mujeres no somos propiedad, no somos objetos. Somos personas y tenemos derechos. Conocerlos es el primer paso para hacerlos valer. Cartilla a cartilla, mujer a mujer, se van encendiendo pequeños destellos que lo iluminan todo.
* Victoria Mireles es una mujer sabinense y defensora de los derechos humanos, especializada en violencia de género desde una perspectiva amplia e interseccional que también contempla el trabajo con hombres. Fue fundadora de la primera Unidad de Masculinidades e Igualdad de Género en el municipio de Monterrey. Actualmente, se desempeña como asesora legislativa en el H. Congreso del Estado de Nuevo León. Es egresada de la Facultad de Ingeniería Civil de la UANL y cursa su segunda licenciatura, Sociología en la UNAM, así como la Maestría en Gobierno y Administración Pública en la misma universidad que la formó como ingeniera.
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Así es aquí… ¿por qué seguir hablando de los derechos de las mujeres?

La lucha por la igualdad de género ha atravesado distintas etapas históricas. Desde la primera ola del feminismo liberal, surgida durante la Revolución Francesa –con figuras como Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft reclamando derechos civiles– hasta la segunda ola, centrada en el sufragio y el acceso a la educación, y la tercera ola, marcada por la exigencia de derechos reproductivos, divorcio e igualdad salarial. En este contexto, autoras como <a href="https://www.goodreads.com/book/show/17573685-the-feminine-mystique" target="_blank" rel="noopener">Betty Friedan</a> y <a href="https://www.gandhi.com.mx/el-segundo-sexo-9786073113755/p?srsltid=AfmBOopGTjyelycsMz8ZmnTvIYPnQmMzwJqxi9BBtms5yyUlB3YVYkCj" target="_blank" rel="noopener">Simone de Beauvoir</a> señalaron que el género es una construcción social.
Hoy, el feminismo de la cuarta ola amplía estas demandas con el movimiento #MeToo, las denuncias contra la violencia de género, la brecha salarial y, particularmente, la invisibilización del trabajo de cuidados, realizado en un 75 % por mujeres. En este marco, el derecho al cuidado emerge como una de las principales batallas pendientes para alcanzar la igualdad de género.
<h3>El derecho al cuidado: evolución y significado</h3>
Según la <a href="https://repositorio.cepal.org/entities/publication/c7dcc055-abe1-4d1d-bb75-52e4cac3ccc5" target="_blank" rel="noopener">CEPAL</a>, el derecho al cuidado comprende el derecho a recibir cuidados, a cuidar y al autocuidado. Es un derecho universal que debe ser garantizado con base en principios de igualdad, universalidad, no regresividad y corresponsabilidad entre Estado, mercado, comunidad y familias.
Este derecho ha evolucionado en el marco de las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y El Caribe. En la primera conferencia, celebrada en <a href="https://conferenciamujer.cepal.org/13/es/antecedentes" target="_blank" rel="noopener">1977 en La Habana</a>, se reconoció únicamente para mujeres trabajadoras formales. En <a href="https://repositorio.cepal.org/entities/publication/ce8abb8c-9e6d-4083-af3d-5cd23cfb08db" target="_blank" rel="noopener">2007, en Quito</a>, se amplió hacia la conciliación de la vida laboral y familiar, se incluyó a trabajadoras informales, y se problematizó la división sexual del trabajo. En <a href="https://repositorio.cepal.org/handle/11362/16656" target="_blank" rel="noopener">2010, en Brasil</a>, se transitó de la conciliación a la corresponsabilidad entre distintos actores sociales. En <a href="https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/c703f7d0-7ce8-4ad3-a113-7c15ac768ca9/content" target="_blank" rel="noopener">2016, en Montevideo</a>, se reconoció como un derecho universal, desvinculado de la esfera privada o del empleo formal. Finalmente, entre <a href="https://www.cepal.org/pt-br/node/63176" target="_blank" rel="noopener">2020 (Santiago)</a> y <a href="https://www.cepal.org/es/eventos/xv-conferencia-regional-la-mujer-america-latina-caribe" target="_blank" rel="noopener">2022 (Buenos Aires)</a>, se resaltó su conexión con la sostenibilidad de la vida y el medio ambiente, así como la necesidad de sistemas integrales de cuidado con enfoque de derechos humanos e interseccionalidad, acompañados de políticas fiscales y de la generación de recursos para financiarlos.
<h3>Avances por el derecho al cuidado en Latinoamérica</h3>
En la región se observan tres tipos de países, según el desarrollo legal del derecho al cuidado:
a) Constituciones que lo reconocen: <a href="https://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/asambleanacional/filesasambleanacionalnameuid-20/transparencia-2015/literal-a/a2/Const-Enmienda-2015.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ecuador</a> (2008), <a href="https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_bolivia.pdf" target="_blank" rel="noopener">Bolivia</a> (2008), <a href="https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf" target="_blank" rel="noopener">Venezuela</a> (1999), <a href="https://www.cijc.org/es/NuestrasConstituciones/REP%C3%9ABLICA-DOMINICANA-Constitucion.pdf" target="_blank" rel="noopener">República Dominicana</a> (2009) y México (únicamente en la <a href="https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a45c9c3b67fb16d7046d3ec32fe1f1418026a44.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ciudad de México en 2017</a>). Cabe señalar que Chile, en el marco del <a href="https://revistas.inah.gob.mx/index.php/contemporanea/article/download/22557/24067" target="_blank" rel="noopener">proceso constituyente de 2022</a>, elaboró un proyecto de nueva constitución que reconocía este derecho; sin embargo, en el plebiscito del 4 de septiembre de ese mismo año no alcanzó la aprobación suficiente.
b) Leyes secundarias o sistemas creados: <a href="https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19353-2015" target="_blank" rel="noopener">Uruguay</a> (2015), <a href="https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/leyes/ley-de-sis-20211217010927.pdf" target="_blank" rel="noopener">Venezuela</a> (2021), <a href="https://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/eyJjYXJwZXRhIjoicm8iLCJ1dWlkIjoiMGJmMWM2MmMtNTViMy00NDA0LTk2ZWYtMjBmNDRmODA1MDU4LnBkZiJ9" target="_blank" rel="noopener">Ecuador</a> (2023), <a href="https://www.mtss.gob.cu/descargas/decreto-1092024-sistema-nacional-para-el-cuidado-integral-de-la-vida-en-cuba" target="_blank" rel="noopener">Cuba</a> (2024), <a href="https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/30018_B/GacetaNo_30018b_20240425.pdf" target="_blank" rel="noopener">Panamá</a> (2024) y <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/L15069.htm" target="_blank" rel="noopener">Brasil</a> (2024), México –en específico, <a href="https://congresoweb.congresojal.gob.mx/bibliotecavirtual/legislacion/Leyes/Documentos_PDF-Leyes/Ley%20del%20Sistema%20Integral%20de%20Cuidados%20para%20el%20Estado%20de%20Jalisco-190424.pdf" target="_blank" rel="noopener">Jalisco</a> (2024)– y <a href="https://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/TA-03-2025/13_10192.pdf" target="_blank" rel="noopener">Costa Rica</a> (2025). En <a href="https://oig.cepal.org/sites/default/files/2020_res309_arg.pdf" target="_blank" rel="noopener">Argentina</a>, <a href="https://www.dipres.gob.cl/604/articles-335394_doc_pdf.pdf" target="_blank" rel="noopener">Chile</a>, <a href="https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/1/2021-10-26-1/assets/documentos/Inic_Morena_Sen_Micher_LGSNC.pdf" target="_blank" rel="noopener">México</a>, <a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/public/292087-ProyectodeleydecuidadosAsesoraONUMujerespdf-Proyectodeleydecuidados.AsesoraONUMujeres.pdf" target="_blank" rel="noopener">Paraguay</a> y <a href="https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Informesgestion2011.nsf/Docpub/43ACAD9C1B1C28E405258A2A006EA705/$FILE/OFICIO-042-2023-2024-EHVM-CR.pdf" target="_blank" rel="noopener">Perú</a> permanecen pendientes iniciativas de ley que proponen la creación de sistemas nacionales de cuidados.
c) Políticas comunitarias sin reconocimiento legal: <a href="https://chilecuida.cl/" target="_blank" rel="noopener">Chile</a>, <a href="https://observatoriolaboral.ormusa.org/politica-nacional-de-corresponsabilidad-de-los-cuidados-12022-2030/" target="_blank" rel="noopener">El Salvador</a>, <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=200325" target="_blank" rel="noopener">Colombia</a>, <a href="https://mepyd.gob.do/wp-content/uploads/drive/VAES/Informes/Resumen%20ejecutivo%20Comunidades%20de%20Cuidado_MEPyD_WEB.pdf" target="_blank" rel="noopener">República Dominicana</a>, <a href="https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/pessoa-idosa/estrategia-brasil-amigo-da-pessoa-idosa" target="_blank" rel="noopener">Brasil</a>, así como algunas entidades federativas de México (<a href="https://www.nl.gob.mx/es/boletines/gobierno-de-nuevo-leon-presenta-estrategia-para-el-sistema-integral-de-cuidados" target="_blank" rel="noopener">Nuevo León</a> y <a href="https://difjalisco.gob.mx/noticias/instalan-junta-estatal-del-sistema-integral-de-cuidados-jalisco-2024-2030" target="_blank" rel="noopener">Jalisco</a>) y colonias de la Ciudad de México (como la <a href="https://gobierno.cdmx.gob.mx/noticias/inauguramos-el-primer-centro-del-sistema-publico-de-cuidados-de-la-ciudad/" target="_blank" rel="noopener">Doctores</a>, en la alcaldía Cuauhtémoc). Asimismo, países como <a href="https://gabinetesocial.gov.py/wp-content/uploads/2023/10/ploti.pdf" target="_blank" rel="noopener">Paraguay</a> y <a href="https://oig.cepal.org/sites/default/files/2021_dtmcc_per.pdf" target="_blank" rel="noopener">Perú</a> están en proceso de implementar sistemas de cuidados como parte de sus políticas sociales.
Además, las cortes constitucionales de <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/c-383-12" target="_blank" rel="noopener">Colombia</a>, <a href="https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2020/09/3-19-JP-y-acumulados-firmado-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ecuador</a>, <a href="https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2019/01272-2017-AA.pdf" target="_blank" rel="noopener">Perú</a> y <a href="https://transparencia-ciudadana.scjn.gob.mx/sites/default/files/page/2025-01/sentencia-ad-6-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">México</a> han reconocido este derecho. En particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (<a href="https://transparencia-ciudadana.scjn.gob.mx/sites/default/files/page/2025-01/sentencia-ad-6-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">amparo directo 6/2023</a>) estableció que el Estado tiene la responsabilidad primaria de garantizar cuidados, especialmente a personas en situación de dependencia, y que esta carga no debe recaer exclusivamente en los hogares.
<h3>El caso de Ciudad de México: avances e incumplimientos</h3>
Desde 2017, la Constitución de la Ciudad de México reconoce en el artículo 9 el derecho al cuidado y ordena al Congreso local legislar para crear un sistema de cuidados. Conforme al artículo vigésimo transitorio de dicha Constitución, la ley debió entrar en vigor antes del 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, hasta la fecha, no ha sido emitida.
Ante esta omisión, activistas como Silvana Carranza, Úrsula Martínez, Martha Claudia Moreno Melo, Fernanda Gutiérrez, la autora de este texto, y otros colectivos feministas y por los derechos de personas con discapacidad, promovimos juicios de amparo exigiendo el cumplimiento de la obligación constitucional. Gracias a ello, se han obtenido tres sentencias que ordenan al Congreso local legislar a más tardar en el primer periodo legislativo de 2026.
Las autoridades han argumentado que ya existen políticas públicas y una Ley de Bienestar; sin embargo, esto no cumple con lo requerido por la Constitución. Las medidas adoptadas hasta ahora son incipientes y no alcanzan para construir un sistema que verdaderamente transforme la vida de quienes cuidan y de quienes reciben cuidados y apoyos. Es necesario crear un sistema de cuidados que esté realmente garantizado y, para ello, debe reconocerse como un derecho humano en las constituciones y emitirse una legislación secundaria que lo regule.
Como ha dicho <a href="https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/7bb982b7-abf7-47ac-bd5f-8672b98ae40d/content" target="_blank" rel="noopener">Laura Pautassi</a>, se requiere claridad y una regulación específica que delimite quiénes son las y los titulares del derecho al cuidado, quiénes son titulares de los deberes u obligaciones y cuáles son las medidas destinadas a reducir las desigualdades y brechas en el acceso y disfrute de este derecho. Ello implica que el Estado no sea un simple proveedor de servicios, sino el organizador de todo un aparato gubernamental y de estructuras del poder público para garantizar derechos, adecuar el derecho interno a los estándares internacionales y regular las responsabilidades de otras instituciones y actores, como las familias, la comunidad y las empresas.
Sin legislación secundaria ni sistema operativo, el derecho al cuidado corre el riesgo de convertirse en un mandato simbólico sin fuerza jurídica. Una política pública sin respaldo constitucional puede desaparecer con los cambios de gobierno, y una constitución sin ley es letra muerta.
<h3>El cuidado como la última batalla por la igualdad de género</h3>
La lucha feminista ha puesto al centro la economía del cuidado, no solo para quienes cuidan o requieren cuidados, sino también por su conexión con el medio ambiente y la sostenibilidad de la vida. No es solo una lucha legal, sino también cultural, que requiere transformar el imaginario colectivo sobre el valor del cuidado.
Aunque la agenda de cuidados avanza en Latinoamérica, enfrenta resistencias de sectores conservadores. Por ello, se necesita voluntad política sostenida, presión social y un marco legal robusto que garantice el derecho al cuidado como un pilar de la igualdad de género.
Se seguirán impulsando estos litigios, colaborando con los integrantes del Congreso de la Ciudad de México y buscando que el derecho al cuidado y su corresponsabilidad sea una realidad que cambie la vida de las mujeres capitalinas, y no una victoria irrisoria. Además, es necesario que en México no solo se logre una Ley de Cuidados para la capital del país, sino también una Ley General que cree un Sistema Nacional de Cuidados. Solo así se podrá avanzar de forma real y sostenida en la agenda por la igualdad.
* Priscila Monge Kincaid es abogada por el ITAM y Maestra en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Litigante en derecho constitucional y derechos sociales, en especial, género y cambio climático. Socia fundadora de la asociación civil Defensorxs, donde ha  participado en litigios de interés público sobre género y agua, y colaborado con Naciones Unidas en distintos informes temáticos sobre medio ambiente y cambio climático. Es integrante de la American Society of International Law y del Women in International Law Interest Group. Cuenta con estudios en derechos humanos por el Centro Europeo de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. De enero a abril de 2025 fue visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El derecho al cuidado: la última batalla feminista

Hoy, las mujeres habitamos una compleja encrucijada entre las conquistas históricas y las exigencias cotidianas. Hemos logrado avances importantes en el ámbito público y profesional: ocupamos espacios que antes nos estaban vedados, participamos activamente en la vida política y social, y consolidamos nuestra independencia económica. Sin embargo, permanece una carga invisible y persistente que seguimos asumiendo de manera casi exclusiva: la vida doméstica y de cuidados.
Lejos de desaparecer o redistribuirse de manera equitativa, esta dimensión asignada históricamente a las mujeres convive hoy con una masiva incorporación al trabajo remunerado. El resultado es una paradoja: vivimos jornadas dobles o triples, donde las responsabilidades laborales, domésticas y de cuidado se entrelazan sin que el sistema socioeconómico reconozca, ni mucho menos valore, esta sobrecarga.
El trabajo de cuidados, especialmente el que se realiza en el hogar, es fundamental para sostener la vida. Estas tareas que permiten el bienestar físico, emocional y social de las personas pueden analizarse desde dos dimensiones complementarias. Por un lado, la dimensión objetiva, que incluye actividades concretas y medibles como cocinar, limpiar, lavar, o acompañar a personas dependientes. En contextos mercantiles, incluso pueden tener un valor económico asignado. Por otro lado, está la dimensión subjetiva del cuidado, mucho más difícil de cuantificar, pero igualmente crucial: implica atención personalizada, vínculos afectivos, escucha, contención y presencia emocional.
Como señala el libro Malabaristas de la vida. Mujeres, tiempos y trabajos, las necesidades humanas no se satisfacen únicamente con bienes materiales, requieren también de afecto y acompañamiento. Cuidar no es solo hacer, sino estar. Y estar, en este sentido, es un acto profundamente humano.
Desde esta perspectiva, muchas mujeres vivimos una constante disociación: estar en varios lugares al mismo tiempo. El ingreso al empleo no ha venido acompañado de una redistribución real del trabajo doméstico y de cuidados; más bien ha generado una acumulación de responsabilidades. Esta dinámica, conocida como doble presencia, implica que, aunque estemos físicamente en el trabajo remunerado, seguimos siendo las principales responsables de lo doméstico, incluso a la distancia.
Esta tensión genera efectos reales: culpa, ansiedad, agotamiento crónico, sensación de insuficiencia permanente. Y entonces surge la pregunta inevitable: si el trabajo doméstico y de cuidados es fuente de tanta sobrecarga, ¿por qué las mujeres lo seguimos asumiendo casi en exclusiva? ¿Por qué no replicamos, como muchos hombres, una inserción laboral desvinculada del hogar?
La respuesta no es simple. El cuidado tiene un fuerte componente relacional y afectivo. Como plantea Antonella Picchio, cuidar no es un servicio que pueda automatizarse ni delegarse por completo: es una práctica insustituible para el desarrollo humano, un “bien precioso” que merece ser protegido. Por eso, aunque nos desgaste, no dejamos de cuidar. Sin embargo, esta decisión, que muchas veces se asume por amor o responsabilidad, no debería traducirse en una carga individual.
El problema de fondo no es personal, es estructural. Como advierte Cristina Carrasco, la sociedad sigue operando bajo el supuesto de que existe una mujer ama de casa a tiempo completo que garantiza el funcionamiento del hogar. Si esa mujer quiere trabajar fuera, se espera que resuelva —por su cuenta— cómo reorganizar el tiempo y las tareas. El Estado, las instituciones y la sociedad continúan sin asumir que el cuidado de la vida humana es, en realidad, una responsabilidad social y política.
La ausencia de políticas públicas integrales que redistribuyan el trabajo de cuidados tiene consecuencias concretas. Según la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (2020), durante el cierre escolar por la pandemia, las mujeres mexicanas dedicaban, en promedio:
<ul>
<li>5 horas diarias al acompañamiento escolar,</li>
<li>5 horas al trabajo doméstico,</li>
<li>8 horas al trabajo remunerado.</li>
</ul>
Es decir, 18 horas de trabajo al día. Restan apenas 6 horas para dormir, sin contar traslados, autocuidado o descanso real. ¿El resultado? Ansiedad, depresión, estrés, insomnio y un deterioro progresivo de la salud mental y emocional de quienes cuidan.
Este agotamiento cotidiano, sostenido por la naturalización del rol cuidador de las mujeres, debe dejar de ser visto como un asunto privado. El cuidado no es una cuestión de mujeres; es un asunto de justicia social. Es hora de construir soluciones estructurales: políticas de corresponsabilidad, servicios de cuidado accesibles y dignos, licencias igualitarias y transformaciones culturales profundas que desmonten la romantización del sacrificio femenino.
También necesitamos abrir espacios para otros diálogos: sobre el derecho al descanso, el autocuidado, el ocio y la salud mental. No desde la culpa. No desde la individualización del problema. Si no desde la convicción de que cuidar y cuidarnos debe ser un acto colectivo, reconocido, valorado y sostenido por toda la sociedad.
* Mónica Castro es Master en Dirección de Fundaciones y Asociaciones por la Universidad de Barcelona en España. Cuenta con estudios en programación neurolingüística, manejo de conflicto y reconstrucción de la paz, por la Universidad IBERO; en psicología clínica y técnicas de precisión integrativas para psicoterapia, en la Universidad Anáhuac; así como en trastornos de la personalidad, en el C. Psicólogos de Madrid. Voluntaria en los servicios de obra social y situación de migrante en “Fundació de l’Esperança” – de fundación “la Caixa”. Cuenta con más de 15 años de experiencia en Desarrollo Humano y Organizacional y ha colaborado en organizaciones civiles, instituciones públicas y espacios de académicos, tanto a nivel nacional como internacional.

La mirada subjetiva del cuidado

Junio ya pasó, pero dejó una conversación pendiente. Como cada año, el mes del padre pasó más desapercibido que el de la madre. Hubo menos flores, menos homenajes, menos presión. Pero también menos reflexiones incómodas sobre la responsabilidad de cuidar. Y es que, aunque parezca anecdótico, ese silencio dice mucho: lo privado sigue siendo territorio femenino, y lo público, masculino. El cuidado —se asume— es cosa de mujeres. Y cuando se discute lo contrario, no faltan las voces que piden volver a “lo natural”.
Una de esas voces resonó con fuerza recientemente: la de Javier “Chicharito” Hernández. En un video que se hizo viral, el futbolista afirmó que “las mujeres están fracasando” y llamó a que regresen a su “energía femenina”: nutrir, cuidar, sostener. A su juicio, ellas deben enfocarse en limpiar la casa y criar, y permitir que los hombres lideren. Suena arcaico, pero fue presentado como “reflexión espiritual”. Como si el problema de fondo fuera que las mujeres se desviaron del camino, no que históricamente se les ha exigido cargar con todo.
Las reacciones no se hicieron esperar. Activistas, deportistas, académicas y miles de usuarias en redes sociales señalaron el machismo detrás de sus palabras. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que “tiene mucho que aprender”. Pero más allá del revuelo mediático, el episodio dejó ver algo más profundo: seguimos sin entender que cuidar no es un rol de género, es una necesidad social. Que si se trata de volver a lo “natural”, toca transformar un sistema que lleva demasiado tiempo operando sobre el trabajo gratuito de las mujeres. Y que esa deuda no es solo de los hombres que se ausentan criminalmente, sino también del Estado.
Porque en este país hay otro gran padre ausente: el Estado mexicano. Ese que no se presenta en Instagram, pero que sí manda señales claras sobre quién debe cuidar. Ese que no está cuando se necesitan estancias infantiles ni licencias de maternidad y paternidad, y que no hace lo propio para compatibilizar la vida laboral con la crianza y los cuidados. Ese Estado que no construye infraestructura para el cuidado ni invierte en salud o educación pública de calidad, que no reforma la economía o el espacio laboral, pero sí financia megaproyectos contaminantes, subsidios regresivos y acuerpa (emplea y promueve) violentadores. Ese que parece cantar “¡Oye, Bartola! Ahí te dejo esos dos pesos…”  y cree que con transferencias directas se resuelve la precariedad.
La lógica es la misma que la del padre ausente. Pero cuidar es otra cosa. No es ayuda, es presencia. No es limosna, es corresponsabilidad. Y esa corresponsabilidad debe ser fiscal, institucional, colectiva.
La pandemia nos lo enseñó con brutal claridad: sin cuidados no hay salud ni productividad ni sociedad posible. Pero también evidenció lo poco que hemos hecho por integrar ese aprendizaje a las políticas públicas. Hoy, los sistemas fiscales siguen agotados, los presupuestos se hacen por inercia, y los cuidados no son prioridad. No porque no haya dinero, sino porque se sigue asignando bajo lógicas que ignoran la sostenibilidad vital. Se recortan programas que sostienen el bienestar cotidiano, mientras se celebra cada peso que llega en forma de beca o pensión. Pero ese dinero no reemplaza el tiempo, el cuerpo, los sueños, la voz, ni la salud que cuesta a las mujeres cuidar.
Actualmente, es innegable la aportación del trabajo de cuidados a la economía global. No obstante, sigue ignorándose en los presupuestos públicos, donde el cuidado aparece fragmentado, sin evaluación, sin articulación y, sobre todo, sin recursos suficientes.
La “canasta básica” es ejemplo perfecto de esta omisión. Incluye arroz, frijol, huevo… pero no contempla el tiempo para comprar, cocinar, limpiar, ni quién acompaña a una persona que no puede comer sola. Es una canasta cruda, lista para usarse solo si hay alguien —casi siempre una mujer— que la transforme en alimento. Gratis. Como si eso no costara. Pero cuesta. Y mucho.
Y mientras figuras públicas como el Chicharito promueven que ese rol siga en manos femeninas, el Estado se deslinda de cualquier corresponsabilidad. Ambas cosas están conectadas. Porque cuando el discurso dominante dice que cuidar “es natural en la mujer”, lo que hace es liberar a los hombres… y también a las instituciones. Y así, todo sigue igual.
No es casual que tantos gobiernos se hayan volcado hacia las transferencias monetarias en lugar de construir sistemas públicos de cuidado. Porque las transferencias aplauden, promueven lealtad electoral (ya sea por amor, o por miedo), pero no transforman. Dan votos “baratos”, porque transformar y revolucionar es más difícil. Y pensar que una mensualidad mínima cubre lo que implica cuidar a una persona, es lo mismo que creer que un padre cumple con sus hijas o hijos al pasar una pensión.
No se trata de ayuda. Se trata de política fiscal.
Un Estado que cuida es el que organiza, regula y financia una red de servicios y políticas públicas que sostenga la vida. Que permita que quienes cuidan no lo hagan en soledad. Que entienda que el cuidado no es una tarea secundaria, sino el centro de cualquier economía funcional. Y que actúe en consecuencia, con presupuestos que reconozcan su valor, y con impuestos que no castiguen más a quienes menos tienen y más cuidan.
Necesitamos una reforma fiscal progresiva que grave el capital, invierta en cuidados y coloque la sostenibilidad vital en el centro de la política económica. Ya existen herramientas técnicas para hacerlo. Lo que falta no son ideas: es voluntad política.
Así que no, no es cierto que las mujeres estén fracasando. Lo que está fallando es el sistema. Ese que aún espera que ellas cuiden en silencio, mientras se celebra a los ausentes. Que exige vocación, pero no ofrece condiciones. Que prefiere discursos espirituales y políticas tipo campaña, antes que políticas públicas transformadoras.
Hoy, más que nunca, cuidar no puede ser una carga privada. Es una responsabilidad colectiva. Y su financiamiento, una obligación pública.
*Aura Eréndira Martínez Oriol (<a href="https://x.com/AuraErendira" target="_blank" rel="noopener">@AuraErendira</a>) es experta en finanzas públicas con más de 15 años de trayectoria en gobiernos, centros de investigación, organismos internacionales y organizaciones sociales. Se especializa en integrar evidencia, justicia fiscal y sostenibilidad en los presupuestos públicos, con enfoque de género y cuidados. Contacto: <a href="http://aura.escucha@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">aura.escucha@gmail.com</a>.
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