Aúna es una plataforma que impulsa nuevas representaciones políticas con liderazgos de mujeres, para alcanzar mayores resultados en bienestar, justicia y protección del medio ambiente.

Diversas y juntas

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Como resultado de casi un año de incidencia colectiva, hace algunas semanas, desde la Junta Local de Cuidados de Aúna en la Ciudad de México, recibimos la invitación del Congreso de la Ciudad de México para participar en lo que se denominó el Órgano Técnico Consultivo para el proceso de consulta previa de la Ley del Sistema Integral de Cuidados de la Ciudad de México.
Junto con organizaciones aliadas como el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Mujer Ideas Desarrollo e Investigación S.C. (MIDI), Familias y Retos Extraordinarios, Oxfam México, entre muchas otras, fuimos convocadas para acompañar a las y los diputados en este proceso participativo.
La consulta inició con dos largas jornadas de foros temáticos en torno al derecho al cuidado: su importancia, sus retos y sus interseccionalidades. Ahí tuvimos la oportunidad de participar y acompañar las conversaciones. Escuchamos la visión legislativa, que, hay que reconocerlo, ha sido hasta ahora plural; al menos las principales fuerzas políticas se han visto involucradas.
En varias ocasiones conocimos la postura de la Secretaría del Bienestar frente al reto institucional que implica esta política y sobre lo que ya se está haciendo, así como la de otras dependencias como la Secretaría de Salud, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría del Trabajo, la Consejería Jurídica, la Comisión de Derechos Humanos, la Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana, el Instituto de las Personas con Discapacidad, el Instituto de Reinserción Social y el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, entre otras.
Hago hincapié en estas instituciones porque las mesas desarrolladas en torno a sus atribuciones abrieron un panorama sumamente relevante sobre los múltiples retos para el diseño de esta política pública.
Además, mientras se llevaba a cabo la segunda jornada de foros, que comenzó con la mesa sobre presupuestos, fue entregado el Paquete Económico 2026 de la Ciudad de México por parte del secretario de Administración y Finanzas. En el apartado de alineación al programa de gobierno, el Eje “Ciudad cuidadora y de bienestar con igualdad sustantiva y de derechos plenos” cuenta con un presupuesto asignado de poco más de 46 mil 300 millones de pesos, lo que representa casi el 15 % del gasto total para 2026.
De esa bolsa, se prevé destinar 400 millones de pesos a la implementación del Sistema de Cuidados, específicamente para la construcción de 16 Casas de las 3R del Cuidado, espacios que buscan ofrecer servicios gratuitos para reconocer, redistribuir y reducir la carga de las tareas de cuidado; además de otros 168 millones para su equipamiento y operación.
Al respecto, vale la pena hacer una observación importante. Durante los foros, diversas personas reiteraron la necesidad de orientar este gasto a través de un Anexo Transversal que permita reconocer con claridad en qué se están destinando efectivamente los recursos para garantizar el derecho al cuidado y a quiénes están dirigidos. Este pendiente sigue vigente en el paquete económico presentado.
Desde la Junta Local de Cuidados participamos en la mesa sobre experiencias y horizontes de implementación, donde compartimos distintas miradas sobre los retos para poner en marcha el sistema, y nos centramos en uno de los desafíos que va de la mano con el fin último de la Ley y del propio Sistema: el cambio cultural.
Cuando tomamos conciencia de la importancia de los cuidados, entendemos que la vida tiene sentido, que el futuro nos pertenece y que la paz es una mejor forma de habitar el mundo.
Pero para construir esa paz no basta con cuestionar la injusta división sexual del trabajo. También debemos preguntarnos cómo estas construcciones sociales y culturales han moldeado la manera en que entendemos la justicia y cómo esa visión nos ha fallado. Gracias a la Constitución de la CDMX, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Ciudad de México hoy sabemos que los cuidados, en sus diferentes dimensiones, son un derecho humano y que, como todo derecho, implican la responsabilidad del Estado de garantizarlos.
También sabemos que, si queremos sacar los cuidados del ámbito exclusivo del hogar, involucrar a todas las personas y liberar el tiempo de las mujeres y de las familias, necesitamos defender y exigir este derecho como una responsabilidad compartida: del Estado, sí, pero también de las empresas, las comunidades y las familias. Precisamente porque se trata de una responsabilidad colectiva, plural y diversa.
Este cambio cultural pasa, además, por asumir que no existe una sola forma de cuidar. El cuidado es tan diverso como quienes habitamos la ciudad, y esa diversidad es la que debería sostener al Sistema de Cuidados.
Desde esta visión identificamos dos retos centrales. El primero es la brecha de información y la territorialización: cómo llegar a las zonas de la ciudad que más necesitan esta información y estos servicios, cuando incluso en territorios como Iztapalapa aún no se conoce plenamente qué son las UTOPÍAS ni los servicios que ahí se brindan.
El segundo reto, quizá el que más nos preocupa, es la facilidad con la que como sociedad recurrimos a respuestas penales. Castigar es sencillo; atender los problemas es lo que realmente cuesta trabajo, y aquí también se juega el cambio cultural. Hoy, el Código Penal de la ciudad, y el de muchos estados, contempla el delito de omisión de cuidados, cuya configuración afecta de manera desproporcionada a las mujeres, porque históricamente se nos han impuesto las responsabilidades de cuidado. Dentro de este grupo, impacta de forma particular a quienes viven en mayores condiciones de vulnerabilidad.
En la Ciudad de México, este tema atraviesa con fuerza a las familias que duermen y trabajan en las calles, pues son ellas a quienes se les abren carpetas de investigación por este delito. A nivel territorial, existe una concentración en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, que reúnen más del 40 % de los casos.
Sin embargo, este delito no afecta únicamente a las poblaciones callejeras. Existen casos muy mediáticos, como el de Alejandra Cuevas, y otros mucho menos visibles: el de una madre que viajaba en coche con su hija menor de edad; la niña sufrió un accidente al caer de su silla y, días después, presentó complicaciones de salud. El Ministerio Público imputó a la madre por feminicidio y le impuso una pena de sesenta años. O el caso de una madre y su hija, ambas privadas de la libertad en el mismo penal, donde la hija, que ya cumple con los requisitos para un cambio de medida cautelar, no puede acceder a él porque realiza labores de cuidado dentro del penal.
Estos casos revelan una profunda contradicción: no podemos seguir castigando de manera individual lo que es una responsabilidad colectiva. La lógica punitiva termina siendo, muchas veces, un boomerang que golpea a quienes supuestamente buscaba proteger.
Poner los cuidados al centro implica revisar y transformar esta lógica. Si queremos que el Sistema de Cuidados y una sociedad que pone los cuidados en el centro sean una realidad, necesitamos sostener de manera simultánea los avances normativos, presupuestales e institucionales, pero también impulsar la transformación cultural, porque sin cambio cultural no habrá paz posible.
Si deseas conocer más sobre cómo se llevó a cabo esta consulta, puedes consultar <a href="https://sistemadecuidados.congresocdmx.gob.mx/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a> su página oficial.
* Silvana Carranza Navarro (<a href="https://x.com/sil__carranza" target="_blank" rel="noopener">@sil__carranza</a>) es politóloga y maestra en políticas públicas y género, con experiencia en administración pública y el poder legislativo local y federal. Desde 2023 impulsa colectivamente una estrategia jurídica y de incidencia política para aprobar la Ley de Sistema Integral de Cuidados en la Ciudad de México, producto de lo anterior se han presentado amparos y obtenido dos sentencias que obligan al Congreso a discutirla y dictaminarla. Desde octubre de 2025 representa a la Junta Local de Cuidados de Aúna CDMX en el Órgano Técnico Consultivo para la aprobación de esta Ley. IG: <a href="https://www.instagram.com/sil__carranza/" target="_blank" rel="noopener">@sil__carranza</a>.

Proceso de consulta previa sobre la Ley para un Sistema de Cuidados en la CDMX

Eran las 12:38 a.m. del 25 de noviembre de 2025. Hacía frío. Habíamos cenado sándwiches por enésima vez en la semana; el cansancio se hacía presente en nuestros rostros, cuerpos y pensamientos. Pero lo habíamos logrado: terminamos el Mural Vida para Todas, en memoria de 25 víctimas de feminicidio.
Llevábamos casi un mes organizando todo. Cerca de dos semanas acudiendo a la Ayudantía para pintar todos los días, de las 12 a las 7 p.m., aproximadamente. Llegaba a casa agotada: preparaba la comida del día siguiente, dormía poco, gestionaba donaciones, llevaba y traía materiales, organizaba la logística para la marcha. Todo bajo la presión de sentir que no alcanzaríamos a terminar, con remolinos de emociones que iban y venían.
Y cuando por fin dimos el último pincelazo, sentí felicidad. Vi a las artistas y compañeras que pintaron sonreír también. Nos reíamos… hasta que de pronto una tristeza profunda me invadió.
Era el cansancio extremo. Ese frío en el alma que se siente frente a la impunidad, frente a la injusticia.
En esa pared están los rostros de 25 mujeres que hoy están muertas porque un hombre decidió apagar sus sonrisas, sus suspiros, la luz en sus ojos, sus sueños y esperanzas. En los colores brillantes, las flores, las mariposas, los colibríes, los gatitos; en cada rincón del azul del cielo y del río que atraviesa de extremo a extremo el mural, se alberga el dolor de una herida abierta y purulenta en México: el feminicidio.
Estábamos felices porque, con cada donación y con cada persona que pintó, logramos transformar el dolor y el miedo en color, en vida y en rabia. Dejamos en la historia de esa pared, en el paisaje visual del poblado de Tlaltenango, un vestigio colectivo y vibrante que será recordatorio permanente de la exigencia de justicia por los miles de feminicidios.
“Hay cosas que solo se sanan en grupo, en colectividad”, me recordó Susi, una de las mamás víctimas indirectas, mientras pintábamos. Y es cierto: el daño es tanto, tan extendido y tan prolongado en el tiempo, que solo puede enfrentarse juntas, mirándose y reconociéndose en las otras, escuchando a las otras lo que quizá alguna no se atreve a decir, sosteniéndose de la mano cuando ya no hay fuerzas.
La reparación simbólica es necesariamente colectiva, porque reconoce que el daño trasciende las individualidades y repercute en toda la comunidad.
El mural fue impulsado por la Colectiva Vida para Todas, integrada por mamás víctimas indirectas de feminicidio que, aunque nació en Morelos, hoy reúne a madres de varios estados del país. El colectivo lleva ese nombre porque fue la frase que amigas, compañeras y colegas de Mafer, activista en Morelos, asesinada el 22 de diciembre de 2023, construimos para darle voz a nuestro sentir.
En esa misma pared estuvo, durante dos años, un mural con el rostro de Melani, asesinada el 6 de agosto de 2022, con la leyenda: “Memoria y verdad para todas. #JusticiaParaMelani”. Lo impulsamos con su familia desde la Colectiva Divulvadoras. Hoy, tres años más tarde, desde la inquietud de la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec, el cobijo de Existimos porque resistimos y de Divulvadoras, y con el corazón de todas las mamás de Vida para Todas, logramos plasmar la memoria de 25 mujeres este 25 de noviembre de 2025.
Una vez más, la sociedad civil organizada consiguió restituir la dignidad y preservar la memoria de 25 mujeres, cuyos asesinatos fueron, en muchas ocasiones, justificados y revictimizados por autoridades.
En México se habla de cerca de 10 mujeres asesinadas cada día. En Morelos suman 100 feminicidios en lo que va del año. El estado sigue en el primer lugar nacional con mayor tasa de feminicidio, según datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública en su informe de incidencia delictiva.
Las acompañantes de víctimas hemos sido clave en este proceso de lucha. Cabe recordar que en los noventa, en Ciudad Juárez, fueron las colectivas feministas quienes nombraron y visibilizaron por primera vez los asesinatos de mujeres y acompañaron a las madres víctimas indirectas y a las buscadoras.
En México, la lucha de las víctimas tiene rostro de mujer: madres buscadoras; madres, hermanas, hijas, nietas y abuelas que buscan justicia por feminicidio, homicidios, otros delitos graves y violaciones a derechos humanos. No solo las labores de cuidado recaen en las mujeres, también las de la búsqueda de justicia.
El acompañamiento a víctimas ha sido crucial. La visión integral que hemos construido desde la sociedad civil es digna de incorporarse a las políticas públicas. Existe una enorme diversidad de colectivas y organizaciones que acompañan, y no hay recetas infalibles.
Desde mi experiencia como acompañante, he aprendido mucho de otras feministas que también acompañan. He aprendido la importancia de devolver el poder que la violencia arrebata: mediante la escucha, la información, el apoyo para que las mujeres reconozcan o fortalezcan su red, para que definan sus prioridades. La violencia es tan abrumadora que desdibuja necesidades, despersonaliza y roba la identidad. En el acompañamiento existe la posibilidad de un proceso de resiliencia, de ofrecer caminos que permitan transitar el dolor, la pérdida y la rabia, y continuar con la vida.
Lo más duro como acompañante es sostener las propias esperanzas y las de las otras. Y surgen preguntas, pendientes, retos: ¿quién sostiene a quienes acompañamos, a quienes cubrimos un vacío institucional?
La visión punitivista de justicia, y haber depositado nuestras esperanzas en el aumento de delitos y penas, no solo ha hecho que el sistema penal nos falle, también queda en deuda con las víctimas. Nos ha distraído de la importancia de la reparación simbólica, de la centralidad de la prevención, de la urgencia de que los hombres asuman su responsabilidad en el ejercicio de la violencia contra las mujeres, reconozcan el machismo que reproducen y actúen para detenerlo.
El punitivismo ha definido la justicia como sinónimo de castigo y no como posibilidad de reparar y transformar. Ese es el reto mayor: para todas, para el Estado, para las leyes y para los tres niveles de gobierno.
* Andrea Acevedo García es activista feminista, acompañante de víctimas. Galardonada con la Presea Xochiquetzalli 2025.

Reparación simbólica: hay cosas que solo se sanan en grupo

El 5 de febrero de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una serie de reformas que impulsaría en la recta final de su gobierno para concretar la transformación del país que él mismo inició. Entre ellas se encontraba la reforma electoral que heredó a su sucesora Claudia Sheinbaum Pardo.
Tras la publicación del Diario Oficial de la Federación, el pasado 4 de agosto, del Decreto por el que se crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral —encabezada por el experredista Pablo Gómez—, la ruta de trabajo contempla la realización de 17 foros temáticos en todo el país, denominados Consulta para la reforma electoral 2025. Estos comenzaron el 12 de noviembre y cuentan con la participación de la academia, sociedad civil, partidos políticos, juventudes, mujeres, organismos internacionales y sector privado. Aúna ha estado presente en varios de estos foros para impulsar una agenda que garantice la participación política de las mujeres.
Los foros deberán concluir en enero de 2026. Además, el plan de trabajo de la Comisión contempla la realización de estudios e investigaciones, consultas en línea, entrevistas y comparecencias.
De entre los cuatro puntos clave de la iniciativa presidencial, hay uno que genera especial preocupación por los posibles efectos en la democracia representativa y en la paridad: la disminución de las posiciones plurinominales en el Senado y en la Cámara de Diputaciones.
Durante los primeros 50 años transcurridos entre la reforma constitucional por la que se reconoció el derecho de las mujeres a votar y a ser votadas y el inicio del nuevo milenio, la participación política de las mujeres en la Cámara de Diputaciones fue escasa. Su porcentaje máximo llegó en la LVII Legislatura (1997 – 2000) con apenas 17.4 %. Mientras que en el Senado, el porcentaje más alto fue de 15.6 % en las Legislaturas LIV (1988 a 1991) y LVII (1997 a 2000).
Esta subrepresentación dio lugar a la siguiente etapa para fortalecer la presencia de mujeres en las posiciones de representación pública: el sistema de cuotas. A nivel federal inició en 2002 con el esquema 70/30, se amplió en 2008 al 60/40 y culminó en 2014 con la reforma que elevó la paridad a rango constitucional. Para la LXII Legislatura (2012 al 2015), la representación política de las mujeres alcanzó el 37.4 % en la Cámara de Diputaciones y el 34 % en el Senado.
La llegada de la paridad no significó el incremento inmediato en el número de legisladoras, pues estaba por terminar el período en curso, pero sí se generó un crecimiento notable en los periodos posteriores.
A partir de la LXIV Legislatura, que inició en 2018, la paridad se hizo efectiva a nivel federal con 241 mujeres y 259 hombres en diputaciones, mientras que en el Senado se eligió a 65 mujeres y a 63 hombres. Para 2021, la LXV Legislatura se integró por 250 mujeres y 250 hombres. La actual Legislatura, que inició sus trabajos en 2024, cuenta con 251 mujeres y 249 hombres, y en el Senado hay 64 mujeres y 64 hombres.
Esta conformación también se refleja en las legislaturas locales, que por ley son paritarias. De acuerdo con el SNIEG, hay 24 congresos estatales que cuentan hoy con más mujeres diputadas que hombres diputados.
La paridad legislativa ha sido posible gracias a la combinación de mujeres electas por mayoría relativa y por representación proporcional. Tomando como referencia el ámbito federal, podemos observar que en la Cámara Baja, en 2018, fueron electas 141 mujeres por mayoría y 100 por representación proporcional; en 2021, 148 por mayoría y 103 por representación proporcional, y en la actual Legislatura, 150 por mayoría y 100 por representación proporcional.
Con respecto al Senado, en 2018, 48 mujeres obtuvieron el cargo por mayoría relativa y 17 por representación proporcional, mientras que en la Legislatura actual 49 mujeres fueron electas por mayoría y 15 por representación proporcional.
Esta proporción es similar en los congresos locales.
Es importante destacar que en México la votación directa en favor de mujeres aún no es mayoritaria. La paridad ha sido posible, en buena medida, gracias a la representación proporcional. Aunque tenemos 72 años de edad adulta como electoras y elegibles, estamos en pañales aún en lo que respecta a tener el piso parejo para competir electoralmente y estamos trabajando en ello para fortalecer la participación política de las mujeres hacia la igualdad sustantiva.
Por ello, la propuesta de eliminar las posiciones plurinominales no solo generaría una desproporción en la asignación de escaños entre los partidos, sino que también podría dejar fuera a personas con experiencia y conocimiento legislativo. Esto ocurre en un contexto en el que el descrédito del Poder Legislativo, lamentablemente, se encuentra alimentado por casos de figuras que llegan a esos espacios sin saber cómo cumplir con una responsabilidad tan alta.
Además, eliminar las plurinominales significaría un retroceso en el avance de la igualdad política que apenas estamos empezando a consolidar. Ninguno de estos efectos sería democrático.
* Mónica Mendoza Madrigal (<a href="https://x.com/MonicaMendozaM" target="_blank" rel="noopener">@MonicaMendozaM</a>) es investigadora posdoctoral, consultora en comunicación política, activista feminista.

Paridad en riesgo si desaparecen plurinominales

La violencia político-criminal en México sigue afectando de forma desproporcionada a las mujeres que ejercen liderazgo público. Los datos más recientes muestran un incremento sostenido de agresiones contra mujeres alcaldesas y funcionarias locales, confirmando que la violencia política por razones de género no termina en las urnas: atraviesa toda la trayectoria de las mujeres en la vida pública.
En México, ejercer liderazgo político siendo mujer implica enfrentar riesgos que van más allá del escrutinio público. Supone navegar entre estructuras partidistas patriarcales, poderes fácticos locales y redes criminales que, con frecuencia, convergen para limitar o expulsar a las mujeres del poder.
El Grupo de Trabajo sobre Violencias Políticas contra las Mujeres, coordinado por la Fundación Friedrich Ebert (FES México) junto con Aúna México, Data Cívica, Noria Research MXCA y MIDI ha documentado cómo las mujeres que participan en política enfrentan agresiones diferenciadas: psicológicas, digitales y, cada vez con mayor frecuencia, violencia física vinculada al crimen organizado y otros actores locales violentos.
La violencia político-criminal no sólo debilita a las mujeres que la enfrentan, sino también a la democracia misma. Cada agresión, cada renuncia forzada y cada silencio impuesto representan la pérdida de voces críticas y de liderazgos transformadores. Frente a esta realidad, el grupo impulsa una agenda de acción conjunta para visibilizar y atender la violencia política como un fenómeno estructural, interseccional y que afecta la vida de nuestra democracia. Por ello, hemos puesto en marcha tres iniciativas clave:
<ol>
<li>Piloto de una encuesta nacional para identificar los patrones de violencia política y criminal que enfrentan las mujeres en distintos niveles de gobierno.</li>
<li>Piloto de una herramienta de análisis de riesgos, que permitirá mapear vulnerabilidades, factores de riesgo y estrategias de mitigación adaptadas a contextos locales.</li>
<li>Presentación de ambos instrumentos ante autoridades nacionales y locales, con el fin de fortalecer la capacidad institucional para prevenir, atender y reparar la violencia política contra las mujeres por razones de género.</li>
</ol>
Garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos sin miedo no es sólo un asunto de paridad; es una condición indispensable para reconstruir la confianza pública y consolidar una democracia verdaderamente inclusiva.
La violencia política por razones de género es una amenaza sistémica que exige una respuesta sostenida, coordinada, con enfoque de género y seguridad, desde todos los sectores de la población.
El compromiso del grupo es claro: desarrollar herramientas de análisis, prevención y acompañamiento que aseguren que ninguna mujer sea obligada a abandonar su derecho a participar en la política o ejercer el poder desde el miedo o la invisibilización.

25N: Posicionamiento en el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres

Una nueva reforma electoral se aproxima en México. ¿Esto qué significa? Que algunas de las reglas de la competencia y del ejercicio del poder político van a cambiar. ¿De qué forma? Aún no lo sabemos con certeza, pero actualmente (y hasta finales de diciembre) se están realizando <a href="https://www.reformaelectoral.gob.mx/tu-voz-cuenta/eventos" target="_blank" rel="noopener">foros ciudadanos</a> para que la <a href="https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5764657&amp;fecha=04/08/2025">Comisión presidencial</a> recoja las sugerencias e inquietudes en torno a 10 temas generales y, posteriormente, pueda redactar un primer borrador de la propuesta que, en enero próximo, será entregada para su discusión y aprobación por el poder legislativo.
¿Y por qué es relevante conocer y ser partícipes de este proceso? Porque, en primer lugar, podríamos verlo como un buen momento para afianzar los mecanismos que garantizan los derechos político-electorales de las mexicanas: la paridad de género, el financiamiento público para impulsar y fortalecer su liderazgo y participación política, las acciones afirmativas que han abierto espacios a mujeres diversas –indígenas, afromexicanas, jóvenes, de la diversidad sexual o con discapacidad–, la atención, prevención y sanción de la violencia política en razón de género, entre otros.
¿Y esto para qué? Bueno&#8230; hagamos un ejercicio rápido de memoria y también de reconocimiento. Pensemos, por ejemplo, en aquellas maestras que en 1916 participaron en los congresos feministas celebrados en Yucatán; en Hermila Galindo, quien –con su voz y pluma– llevó a la mesa de discusión los derechos de las mujeres, entre ellos el del voto; en las sufragistas que lograron se nos reconociera como ciudadanas a mediados del siglo XX; en las legisladoras y activistas que impulsaron la cuota de género y, luego, hicieron suya la bandera paritarista y la del ejercicio de los derechos político-electorales libres de violencia.
Pensemos también en todas aquellas que han sentado las bases y abierto las puertas para que otras lleguen en mejores condiciones, en las que fueron “las primeras” en ejercer tal o cual cargo, en las que de alguna manera han contribuido silenciosamente en el camino andado. En todas ellas y en las que diariamente trabajan por la consolidación de una democracia igualitaria e incluyente y que han escrito parte importante de la historia de nuestro país. Ellas que, en muchas ocasiones son poco reconocidas, pero no olvidadas. No por nosotras.
Un ejercicio más. Ahora con miras al presente y futuro cercano.
Por las que vienen, apostemos porque en este proceso de redacción, discusión y aprobación de la próxima reforma electoral los derechos político-electorales de las mexicanas formen parte de los temas prioritarios y centrales. Juntas hemos recorrido un largo camino que, muchas veces, se entrecruzan con otras causas; sin embargo, sabemos que el trayecto hacia la consolidación de una verdadera democracia paritaria todavía continúa. Lo conquistado hasta ahora debe asumirse no como el objetivo o meta a alcanzar, sino como el piso mínimo del cual partir para lo que viene.
Como se ha dicho y lo seguiremos reiterando, esta reforma electoral es una gran oportunidad para que la conversación sea abierta, transparente e inclusiva. Ocupemos y reapropiémonos de todos los espacios posibles. Por eso -y a pesar de que en los <a href="https://www.reformaelectoral.gob.mx/" target="_blank" rel="noopener">10 temas</a> definidos por la Comisión presidencial para la celebración de la denominada consulta pública no haya un rubro específico en materia de igualdad y género- la paridad, la prevención, atención y sanción a los casos de violencia política en razón de género, el uso del financiamiento de los partidos con perspectiva de género, las acciones afirmativas, entre otros temas, deben estar al centro de la discusión, no al margen, no como temas secundarios.
La suma de perspectivas y voces diversas en este proceso es vital para que la reforma electoral responda a la coyuntura y necesidades de quienes históricamente han sido parte de la historia nacional, pero que no siempre han tenido una representación política real.
Por las que vienen, el futuro es ahora.
* María Fernanda Rodríguez Calva (<a href="https://x.com/Marifeeer" target="_blank" rel="noopener">@marifeeer</a>) es Politóloga por la UNAM.

Por las que vienen

Desde hace días, se han desarrollado diversas actividades para conmemorar el 72 aniversario del derecho al voto de las mujeres en México. Siempre resulta enriquecedor conocer sobre aquellas mujeres que encabezaron la lucha que nos permitió votar y, por supuesto, ser votadas.
Sin embargo, en esa narrativa sobre la conquista de derechos, rara vez se menciona a todas. Apenas en este siglo se empezó a hablar de una parte de la diversidad de mujeres que habitamos este país. Fue precisamente esa ausencia en la historia —el silencio sobre nosotras, las mujeres con discapacidad— lo que me llevó a escribir este texto y a preguntarme: ¿también conmemoramos 72 años de ejercer el derecho al voto?
Antes que nada, estas palabras son un reconocimiento a las sufragistas y luchadoras que, desde hace más de un siglo, abrieron el camino para que hoy contemos con mecanismos que nos permiten votar, ser candidatas y ocupar cargos públicos. Este texto también es para agradecer a quienes con su voz y su fuerza nos abrieron paso: Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche, Raquel Dzib Cicero, Refugio García, Amalia Castillo Ledón y Margarita García Flores, solo por mencionar algunas. Sin su lucha, quizá hoy no contaríamos con la primera presidenta de México.
En 1953, cuando se elevó a rango constitucional el derecho de todas las mujeres a votar, se vivió un momento sin precedentes. Fue una conquista que compartimos todas las mujeres, porque representó el reconocimiento de nuestra ciudadanía y de nuestra voz en lo público. Sin embargo, nuestra interseccionalidad también mostró otra realidad: no todas ejercimos ese derecho al mismo tiempo ni en las mismas condiciones.
Mientras algunas mujeres pudieron votar y, con el tiempo, ser electas, otras —como las mujeres con discapacidad— permanecimos excluidas de esa posibilidad durante décadas. El papel decía “todas”, pero la historia real escribió “algunas”.
Las mujeres con discapacidad no votamos durante décadas. No porque la Constitución lo prohibiera, sino porque el sistema nos impuso barreras físicas, sociales y culturales. Se nos negó el derecho en la práctica: las mujeres ciegas o con baja visión no contaban con plantillas en braille o macrotipo; las mujeres usuarias de silla de ruedas no podían acceder a las casillas, ubicadas en espacios estrechos o en pisos altos; las mujeres sordas, muchas de ellas con la Lengua de Señas Mexicana como primera lengua, se enfrentaban a un entorno sin intérpretes ni materiales accesibles, y las mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial cargaban con el estigma de “no poder decidir por sí mismas”.
No fue sino a inicios del siglo XXI cuando las autoridades electorales reconocieron que una parte de la población simplemente no estaba votando, y no por falta de interés. En las elecciones de 2021, el INE aprobó por fin un Protocolo para la Inclusión de Personas con Discapacidad, con lineamientos obligatorios sobre capacitación, infraestructura y comunicación accesible. Pasamos de no votar a tener más garantías.
Pero, una vez más, el sistema demostró que lo que se escribe en papel no siempre se cumple en la realidad. Pasamos de necesitar que alguien votara por nosotras a poder ejercer, al menos un poco más, nuestro voto libre y secreto.
En mi experiencia, puedo contar dos cosas. Primero, aunque yo leo en braille, es una realidad que muchas personas con discapacidad visual ya no lo aprenden; además, en más de una ocasión las plantillas en braille contaban con uno o dos errores ortográficos.
Segundo, en las últimas elecciones, el pequeño gran avance que habíamos conquistado retrocedió. Cuando acudí a votar por el Poder Judicial, el único “mecanismo de accesibilidad” disponible fue que alguien me asistiera. Me entregaron diez hojas donde debía escribir en un espacio diminuto. Imaginen lo que se siente que alguien más decida por ti. Eso sentí yo: ¿Dónde queda la autonomía? ¿Dónde queda la secrecía del voto?
Por supuesto que una persona de confianza me acompañó, pero ¿qué pasa con las mujeres que no tienen a alguien? No todas las personas con discapacidad necesitamos —ni queremos— estar acompañadas para ser asistidas.
Alguien dijo una vez que en 1953 no se nos concedió un derecho nuevo, sino que se reconoció lo que las mujeres ya hacían: participar en la vida pública. Yo añadiría que también las mujeres con discapacidad hemos estado presentes en cada etapa de la historia de este país, luchando, participando y resistiendo. Por eso, no podemos seguir repitiendo prácticas que nos excluyen de la vida cívica y política, ni reproducir estereotipos que nos invisibilizan.
Sí, conmemoramos 72 años de tener derecho al voto. Pero las mujeres con discapacidad, me atrevo a decir, llevamos menos de cinco ejerciéndolo de verdad.
* Brenda Lara Hernández es mujer con discapacidad visual. Activista, política y feminista. Defensora de los derechos de las personas con discapacidad e integrante de la red Aúna. Redes sociales: <a href="https://www.facebook.com/share/1AA5xmqycv/" target="_blank" rel="noopener">Facebook</a>, <a href="https://www.instagram.com/soy.brenda.lara" target="_blank" rel="noopener">Instagram</a>, <a href="https://www.tiktok.com/@brendalara.01" target="_blank" rel="noopener">TikTok</a>.

Del derecho a la realidad: las mujeres con discapacidad no cumplimos 72 años votando

El cambio climático es uno de los mayores desafíos sociales, económicos y políticos de nuestro tiempo. Vivimos sequías prolongadas, pérdida de biodiversidad, contaminación del aire y crisis hídrica que impactan directamente nuestra cotidianeidad y la gestión de los territorios. Frente a este escenario, los gobiernos locales tienen un papel fundamental: traducir los compromisos globales en políticas públicas concretas y sensibles a las realidades de cada comunidad.
El pasado 9 de octubre tuvo lugar el Primer Encuentro de Concejalías por la Acción Climática Local, un espacio de diálogo y fortalecimiento institucional entre quienes integran los Concejos de las Alcaldías de la Ciudad de México. Con la participación de concejalas y concejales de todas las demarcaciones, el encuentro tuvo como propósito avanzar hacia una gobernanza climática participativa, cuyo centro sean los derechos ambientales, la equidad y la sustentabilidad territorial.
El encuentro se realizó en el marco de la Semana de Acción por el Clima, en alianza entre la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, el Pacto Socioambiental de la Ciudad de México, la Junta Local de Derechos Ambientales de Aúna Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Práctica: Laboratorio para la Democracia, Corazón Capital y Huerto Roma Verde como sede anfitriona.
Las Concejalías son órganos de representación ciudadana en las alcaldías y actores estratégicos que impulsan transformaciones desde lo local. Su cercanía con las comunidades, así como sus funciones de supervisión, evaluación y propuesta les permite vincular la política ambiental con las necesidades reales de la población. Por ello, el encuentro buscó activar su potencial, construir una agenda común de acción climática local y generar alianzas que permitan transitar hacia modelos de desarrollo más justos, resilientes y sostenibles para la Ciudad de México.
Desde la Junta Local de Derechos Ambientales de Aúna CDMX sostenemos que la crisis climática no puede enfrentarse únicamente desde la gestión técnica, también requiere voluntad política, acción colectiva y transformación democrática. Para ello, se propone una hoja de ruta con cinco ejes prioritarios:
<ol>
<li>Actualizar los Programas de Acción Climática Local.</li>
<li>Integrar prioridades ambientales en los presupuestos.</li>
<li>Reconocer formalmente la emergencia climática.</li>
<li>Articular instrumentos de planeación territorial.</li>
<li>Promover la participación ciudadana activa.</li>
</ol>
Toda vez que la crisis climática también es una crisis de derechos y de democracia, afrontarla exige liderazgo informado, coordinación institucional y participación social efectiva. En esa perspectiva, las Concejalías pueden y deben ser aliadas estratégicas en la transformación de los territorios hacia un futuro más justo, equitativo y sostenible.
La Semana de Acción por el Clima representa un punto de inflexión para movilizar compromisos locales con la sustentabilidad y colocar los derechos ambientales en el centro de la agenda pública. Desde Aúna CDMX, nuestra apuesta es consolidar un modelo de gobernanza colaborativa y corresponsable, con ciudadanía climática activa y gobiernos locales fortalecidos frente a la emergencia climática.
En coherencia con este propósito, la Junta Local de Derechos Ambientales de Aúna Ciudad de México presenta el siguiente pronunciamiento, que sintetiza las acciones prioritarias y el llamado colectivo a fortalecer la acción climática local desde las alcaldías:
En el marco de la Semana de Acción por el Clima, la Junta Local de Derechos Ambientales del capítulo Aúna Ciudad de México busca impulsar la justicia climática, la acción local transformadora y el fortalecimiento de la democracia ambiental desde la organización ciudadana. Con la convicción de que el cambio climático es también un desafío político, social y de derechos, llamamos a las Concejalías de la Ciudad de México a ejercer plenamente su papel como representantes locales en la defensa del territorio, la sustentabilidad y el bienestar de las comunidades.
Con este propósito, proponemos impulsar cinco acciones prioritarias de incidencia local para fortalecer la acción climática desde las alcaldías:
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<li>Exhortamos a actualizar los Programas de Acción Climática de las Alcaldías, mediante puntos de acuerdo que aseguren su alineación con la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México (2022), atendiendo las necesidades territoriales, sociales y ambientales específicas de cada demarcación.</li>
<li>Recomendamos vigilar la integración de prioridades climáticas en los presupuestos de egresos de las alcaldías, garantizando que los recursos públicos respondan a los programas de acción climática vigentes, con perspectiva territorial, de género y de economía circular sustentable.</li>
<li>Instamos a reconocer la emergencia climática en cada demarcación territorial, mediante puntos de acuerdo presentados ante las personas titulares de las alcaldías, para posicionar el tema en la agenda política y administrativa local.</li>
<li>Planteamos impulsar la articulación de los instrumentos de planeación del desarrollo y del ordenamiento territorial con los objetivos en materia de cambio climático, de manera que las concejalías puedan monitorear y evaluar la acción gubernamental local, fortaleciendo la rendición de cuentas y la coherencia institucional.</li>
<li>Proponemos fomentar la participación ciudadana en la acción climática local, exhortando a las autoridades de las alcaldías a abrir espacios de consulta, diálogo y decisión con pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes, garantizando su participación efectiva en las sesiones del Concejo para la atención de los asuntos públicos relacionados con la sustentabilidad y la protección de sus territorialidades.</li>
</ol>
Desde el capítulo Aúna CDMX, sostenemos que la crisis climática requiere voluntad política, acción colectiva y liderazgo local informado. Las concejalías son actores estratégicos para reconfigurar las políticas públicas en políticas de vida, y colocar los derechos ambientales al centro del desarrollo justo y sostenible que nuestra Ciudad necesita.
Por el derecho a un ambiente sano, la equidad climática y el futuro común.
*Texto colectivo realizado por las integrantes de la Junta local de derechos ambientales del capítulo Aúna CDMX.

Encuentro de Concejalías por la Acción Climática Local en la Ciudad de México

En un motor de búsqueda ampliamente usado en internet, me dispuse a teclear: “el lugar de las mujeres”. El resultado que arrojó el buscador en la sección de inteligencia artificial generativa comenzaba así: “El lugar de las mujeres en la sociedad y en la historia ha sido objeto de análisis y debate”. 
Con cierta distancia a la respuesta de la inteligencia artificial, mi invitación en esta ocasión es a participar en el análisis, pero sobre todo, en la defensa del lugar de las mujeres en tiempos de la #ParidadEnTodo en México.
Cuando eres de las primeras mujeres en cualquier ámbito, basta mirar hacia atrás —con perspectiva de género— para entender la lucha histórica y colectiva que otras muchas mujeres han enfrentado con persistencia, creatividad y argumentos sólidos para acceder a cada espacio negado.
Basta también mirar a los lados para notar que nuestras compañeras pioneras enfrentan los mismos retos y resistencias y que, en conjunto, seguimos siendo percibidas como intrusas del espacio.
Y basta mirar al frente para notar que aún queda un largo camino por recorrer, aunque también motivos para celebrar los avances colectivos y disfrutar, en la medida de lo posible, la experiencia de ser pionera.
Empatizar con las primeras mujeres de cualquier ámbito suele ser una tarea difícil para la sociedad, sobre todo cuando se trata de espacios a los que las mujeres accedimos recientemente. La política formal es uno de los más nuevos en México. Por eso, al escribir este texto me pregunté: ¿cómo transmitir la importancia del lugar en el que estamos ahora mismo? Y ¿cómo nos sentimos las integrantes de la primera generación masiva de mujeres en política?
El reto es doblemente complejo, porque la política no solo es un espacio nuevo para las mexicanas, sino que además es un lugar desacreditado, genera desconfianza y poco interés en la ciudadanía. En general, aborrecemos la política y todo lo relacionado con ella.
No me malinterpreten: no vengo a defender la política mexicana. Vengo a poner en perspectiva el recorrido que hemos hecho las mujeres para llegar a ese espacio, y a compartir algunos aprendizajes que me dejó el ocupar la política en tiempos de la paridad en todo.
<h3>Recordemos el caminar de las mexicanas por el derecho a votar y ser votadas</h3>
En los primeros años del México Independiente, las primeras sufragistas mexicanas pidieron al Congreso —que redactaría la primera Constitución Mexicana— que se hiciera explícita la participación de las mujeres en la Independencia y que se les reconociera como ciudadanas. Aquel Congreso, conformado únicamente por hombres, ignoró esas demandas. Lo mismo harían las generaciones posteriores de hombres en la política durante más de un siglo.
Las mexicanas acumulamos 130 años de reflexiones, exigencias, desilusiones, violencias, esperanza, organización y difusión de ideas. Finalmente, en 1953, cuando muchas de nuestras abuelas eran niñas, se reconoció en la Constitución el derecho de las mujeres a votar y ser votadas.
En la práctica, ejercimos masivamente nuestro voto por primera vez en las elecciones de 1955. Sin embargo, el derecho a ser votadas tardó 65 años más en materializarse plenamente. Fue hasta 2018 cuando la mitad del Senado y casi la mitad de la Cámara Baja se conformaron por mujeres.
La lucha por los derechos políticos no se agotó con la paridad numérica en el Congreso. Hoy se aspira a que la mitad de los espacios de toma de decisión pública sean ocupados por mujeres, en igualdad de condiciones, de poder y libres de violencia.
Esa aspiración ha implicado un intenso activismo de mujeres de distintos sectores organizadas en red, que en los últimos seis años lograron la paridad en los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en todos los niveles (federal, estatal y municipal) y en los organismos autónomos; y sentaron los primeros cimientos para erradicar la violencia política contra las mujeres.
El logro de la #ParidadEnTodo inspiró a muchas mujeres a participar en la política electoral y a ocupar los espacios de toma de decisión que habíamos exigido desde que existe país. La paridad en todo permitió que en el año 2021, se integrara la primera generación masiva de mujeres en la política.
<h3>Los aprendizajes de la primera generación de la paridad en todo</h3>
1. Defensa y relevos. Uno de los principales legados de las sufragistas mexicanas es que los derechos políticos de las mujeres deben defenderse constantemente. Aunque muchas aborrecemos la política, es innegable que desde ese espacio se detonan transformaciones estructurales. Y las mujeres tenemos derecho a estar en todos los puestos de toma de decisión pública. Con orgullo, les comparto que la primera generación masiva de mujeres en política fuimos actoras clave para avanzar algunos tramos de la agenda feminista y del movimiento amplio de mujeres. Tuvimos claridad en nuestra agenda: combatir la violencia feminicida, fortalecer la igualdad sustantiva y avanzar en garantizar todos los derechos para todas las personas. Pero para profundizar en estos avances se requiere la entrega de muchas generaciones más, de mujeres y de hombres en política que se comprometan con estas causas. La naturaleza efímera de un puesto público hace necesario asegurar relevos con la convicción de alcanzar un mundo más justo, pacífico e igualitario.
2. El “precipicio de cristal”. Con la llegada masiva de las mujeres a la política formal en México se confirmó lo que las feministas de otras regiones del mundo habían observado: el “precipicio de cristal”. Este concepto alude a la tendencia de que las mujeres asumen liderazgos de empresas o gobiernos sólo cuando enfrentan una crisis derivada de años de malas gestiones de hombres en el poder. Mi generación llegó al poder en ese escenario: la ciudadanía esperaba (y sigue esperando) que las mujeres en política subsanaran décadas de malas gestiones cometidas por los hombres. Participar políticamente en medio de una crisis democrática crónica significa, simple y llanamente, tener menos probabilidad de éxito. Con esto no se busca negar nuestra capacidad de agencia ni de evadir la rendición de cuentas. Pero sí de reconocer que a las mujeres en política se nos exige resultados extraordinarios, mientras que a los hombres rara vez se les pide responder en la misma medida.
3. Reconocernos con poder. Este ha sido quizá el aprendizaje más íntimo, intenso y transformador. Imaginen: de un día para otro, muchas mujeres nos descubrimos con poder político por primera vez. La mejor forma de explicarlo es recordar a Peter Parker cuando descubre sus superpoderes. De pronto puede lanzar telarañas; escalar muros y percibir amenazas. Al principio atraviesa una curva de aprendizaje para entender y controlar su poder. Algo similar nos ocurrió: tuvimos que aprender a conocernos y gestionar nuestro poder político. Esa transformación nos llevó a distintos caminos. Algunas dejamos de reconocernos entre nosotras. ¿Por qué? Porque algunas nos mimetizamos con el sistema tradicional para sobrevivir; otras evitamos construir alianzas incómodas; y muchas dejamos de escucharnos y no nos permitimos una retroalimentación franca sobre cómo percibíamos a las otras ejerciendo su poder. Para muchas, ejercer poder político por primera vez afectó nuestras redes personales, nuestras redes profesionales y nuestra propia salud. Algunas perdimos buenas amigas; atravesamos rupturas, perdimos compañeras de causas sociales; descuidamos nuestra salud física o mental; o pasamos mucho menos tiempo con nuestras familias. Estas experiencias comunes revelan que participar en la política formal tiene altos costos personales y colectivos para las mujeres. Tenemos que hablar más de eso.
4. ¿Qué hacer después de gobernar? Al concluir con el ritmo intenso de gobernar, comprendí que es necesario darnos un tiempo para reconectar con el ser, agradecer la oportunidad de servir, hacer un recuento de los daños y reinventarse. Reinventarse puede implicar hacer una pausa, bajar el ritmo y atravesar un proceso de prueba y error. Este camino requiere respeto, paciencia y comprensión de parte de nuestra red afectiva y de parte de la ciudadanía que en su momento representamos. En otras palabras, el proceso de reinvención de tantas políticas que cerramos una etapa de gobierno en tiempos de la #ParidadEnTodo requiere que no se nos etiquete ni se nos cancele, sino que se nos permita encontrar respuesta a una pregunta profunda: ¿qué voy a hacer después de gobernar?
En lo personal, yo no he dejado de identificarme como política y, aunque he decidido tomar una pausa de la política formal, me mantengo activa desde Aúna México, una plataforma que impulsa liderazgos de mujeres en política y una agenda feminista. Además, actualmente estoy enfocada en incidir desde emprendimientos de impacto en la agenda de sostenibilidad.
Cada una escribirá el siguiente capítulo de su historia; habrá quienes no quieran regresar a la política, por ahora o nunca. Habrá quienes hayan  asumido un nuevo cargo o quienes hayan sido reelectas en el mismo cargo; o quienes todavía no sepan qué quieren hacer. Lo que cada una decida estará bien.
<h3>El lugar de las mujeres</h3>
El lugar de las mujeres en la sociedad y en la historia ha sido objeto de análisis y debate. Pero las mujeres hemos luchado por algo más: por el poder de elegir nosotras mismas cuál es ese lugar. Hoy seguimos luchando por elegir nuestro lugar después de gobernar, en tiempos de la paridad en todo.
* Angélica Maldonado (<a href="https://x.com/AngieMaldona" target="_blank" rel="noopener">@angiemaldona</a>) es política y emprendedora de impacto. Fundadora de Mamás, consultoras &amp; asociadas/os. Pensando, haciendo y criando el futuro. Cofundadora de Syntropia.

El lugar de las mujeres

En los años sesenta el río Santiago, ubicado en Jalisco, era un caudal saludable y limpio. Hoy, su nombre es sinónimo de abandono. La cuenca, que atraviesa municipios como El Salto, Juanacatlán, Guadalajara y Ocotlán, se ha convertido en receptora de contaminantes, enfermedades y degradación ambiental.
En 2025, se anunció el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, que contempla mil 347 millones de pesos para el saneamiento del río Santiago, considerado uno de los más contaminados del país. Sin embargo, la pregunta clave sigue siendo: ¿existe un compromiso real para sanear el río Santiago?
<h2>El diagnóstico actual: mucho ruido, pocos frutos</h2>
El informe del gobierno de Jalisco en 2024, Recuperación Integral del Río Santiago, expone la estrategia “Revivamos el río Santiago”, orientada a la recuperación y conservación de las condiciones ambientales y sociales de las cuencas de los ríos Santiago y Zula.
El plan incluye ordenamiento territorial, saneamiento del agua, restauración de ecosistemas, participación ciudadana, gobernanza, monitoreo y evaluación.
No obstante, los resultados muestran rezagos significativos. Las aguas residuales, las descargas industriales y las prácticas agropecuarias con químicos siguen siendo factores críticos de contaminación. Además, las comunidades cercanas al río continúan reportando afectaciones graves a la salud.
<h2>Anuncio federal 2025: 7 mil millones para Lerma-Santiago</h2>
En febrero de este año, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, anunció que el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destinará 7 mil millones de pesos al saneamiento de la cuenca de los ríos Lerma y Santiago.
De este monto, 500 millones de pesos se aplicarán en 2025; el resto está proyectado para el periodo 2026 &#8211; 2030, como parte de un programa federal para restaurar los ríos más contaminados del país.
En un evento en Casa Jalisco, junto al gobernador Pablo Lemus, la funcionaria detalló algunas de las estrategias contempladas:
<ul>
<li>Preservación de humedales.</li>
<li>Restauración de riberas con técnicas hidrológicas.</li>
<li>Construcción de plantas de tratamiento y colectores.</li>
<li>Inspección y vigilancia ambiental coordinada entre Conagua y Profepa para evitar descargas contaminantes.</li>
</ul>
<h2>El daño ya visible</h2>
Las comunidades más afectadas como El Salto, Juanacatlán, municipios del tramo metropolitano de Guadalajara y las zonas bajas del río continúan reportando problemas de salud relacionados con la contaminación: enfermedades renales, problemas dermatológicos, daños digestivos y enfermedades respiratorias.
Estudios han detectado niveles de metales pesados y materia orgánica contaminante que superan los estándares permitidos en varios puntos de la cuenca. Estas consecuencias no son solo sanitarias, también sociales y económicas: disminución de la calidad ambiental, riesgos para la agricultura y la pesca local, y afectaciones a la vida cotidiana de quienes dependen del río.
<h2>Promesas que avanzan, retos que persisten</h2>
Entre los aciertos recientes destacan:
<ul>
<li>La ampliación de la planta de tratamiento de El Ahogado y la construcción de nuevas plantas y colectores, que podrían beneficiar a las zonas con mayor afectación.</li>
<li>El anuncio de los 7 mil millones de pesos federales, que representan un compromiso relevante y con potencial de ser un parteaguas si se acompaña de diagnósticos serios, vigilancia institucional, participación ciudadana y seguimiento técnico.</li>
<li>Una coordinación incipiente entre entidades federales, estatales y municipales, así como visitas de diagnóstico que podrían definir líneas de acción más precisas.</li>
</ul>
Sin embargo, los retos siguen siendo enormes:
<ol>
<li>Cumplimiento real de descargas industriales. Muchas industrias siguen operando sin un tratamiento adecuado de aguas.</li>
<li>Transparencia y seguimiento efectivo. Los diagnósticos deben ser públicos, comprensibles y contar con cronogramas claros y responsables definidos; las comunidades deben participar activamente.</li>
<li>Visión ecológica integral. Se requiere restaurar ecosistemas, proteger humedales, recuperar suelos, preservar la biodiversidad y fomentar prácticas agrícolas menos contaminantes.</li>
<li>Presupuesto garantizado y calendarizado. Los 500 millones de 2025 son apenas un inicio; los recursos proyectados para 2026-2030 deben blindarse con reglas claras y mecanismos de vigilancia que eviten desvíos.</li>
<li>Seguimiento legal. Los compromisos a futuro deben incluir obligaciones verificables y sanciones en caso de incumplimiento.</li>
</ol>
<h2>En conclusión</h2>
El río Santiago representa para Jalisco y para México una encrucijada histórica. O invertimos en dignidad, salud y justicia ambiental, o perpetuamos una tradición de promesas incumplidas.
Los recientes anuncios federales en materia presupuestal y de colaboración institucional son señales alentadoras, pero no garantizan por sí mismos una transformación.
Las miles de personas que viven junto a sus orillas ya no piden discursos: exigen agua limpia, atención médica, reparación y una cuenca que deje de ser sinónimo de enfermedad y abandono. Si “Revivamos el río Santiago 2050” logra convertirse en un hito, será porque los presupuestos se tradujeron en acciones con control, participación y transparencia. De lo contrario, será otro esfuerzo olvidado, con consecuencias que seguirán cobrando vidas.
Un ejemplo alentador viene de Chile: en 1997, la empresa Aguas Andinas lideró el proyecto Mapocho Urbano Limpio, que saneó el río en solo 12 años. La iniciativa permitió erradicar enfermedades infecciosas, recuperar ecosistemas y devolver a la ciudad una fuente de vida.
* Cassandra Buenrostro Montero es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, especializada en análisis político y gestión pública.

El río Santiago: compromisos sobre la mesa y acciones pendientes

El primer informe de Claudia Sheinbaum como presidenta fue, sin duda, un momento que esperábamos las mujeres: por fin, una mujer encabezando el podio de Palacio Nacional para rendir cuentas como Jefa del Ejecutivo y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. El simbolismo es innegable. Sin embargo, la representación importa, pero no sustituye la transformación estructural. El balance de este primer informe revela vacíos significativos en dos áreas críticas: el sistema de cuidados y la seguridad hacia las mujeres.
Que una mujer presida México es una victoria cultural. Rompe con siglos de exclusión y ofrece un referente para millones de niñas. Pero no basta con que una mujer llegue al poder; lo crucial es cómo usa ese poder para cambiar la vida de otras mujeres.
No se puede ocultar que en el informe los grandes problemas que enfrentamos las mujeres fueron relegados a menciones generales, sin compromisos claros ni presupuestos contundentes.
El sistema de cuidados aparece en el discurso como una gran deuda que, al día de hoy, es más promesa que realidad. Se habló de centros pilotos y la intención de avanzar hacia un sistema nacional, pero no hubo claridad en tiempo, recursos o cobertura. Mientras tanto, millones de mujeres siguen atrapadas en la economía del cuidado no remunerado, sin guarderías suficientes, sin opciones para personas mayores o personas con discapacidad. Las mujeres continúan cargando con el 66.8 % de su tiempo al trabajo no remunerado (<a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/enut/enut2024_CP.pdf" target="_blank" rel="noopener">ENUT 2024</a>).
Hoy se visualiza una “agenda de cuidados” como lema de campaña permanente, pero no como un derecho garantizado. No se habló del financiamiento para el sistema nacional de cuidados ni de la incorporación a empresas y sindicatos en esquemas de corresponsabilidad ni de escuchar a las mujeres organizadas desde colectivas.
Otro vacío evidente fue el de la seguridad de las mujeres. En un país donde más de 10 mujeres son asesinadas cada día, esperaríamos un eje central de acción y resultados en el informe. Esperaríamos que se hablara de fortalecer las fiscalías especializadas, de garantizar refugios y centros de justicia para mujeres en todos los estados, de capacitar de forma obligatoria a policías y jueces con perspectiva de género. Sin embargo, se optó por destacar la reducción general de homicidios, invisibilizando la persistencia de la violencia feminicida, la impunidad en los tribunales y la falta de coordinación con fiscalías estatales.
Tener una presidenta mujer no ha significado, hasta ahora, un viraje contundente en la estrategia para garantizar una vida libre de violencia.
Querida presidenta, la violencia feminicida no se resuelve con estadísticas globales, sino con políticas específicas que nombren y protejan a las mujeres.
La igualdad sustantiva no se logra con discursos, sino con reformas, presupuestos y programas que cambien la vida de quienes siguen cuidando solas, trabajando en la precariedad y enfrentando la violencia cada día. La gran tarea pendiente es convertir el hecho histórico en un cambio histórico. Y ese paso aún no se da.
* Agueda Ale Valdés es integrante de la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y Trabajo Propio de las Mujeres. Fue regidora en el Ayuntamiento de Monterrey (2021-2024). Coordinadora de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Egresada de la Licenciatura de Ciencia Política por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Maestra en Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac del Norte y en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Su experiencia se ha enfocado en las áreas de Responsabilidad Social, igualdad de género y justicia social. Trabajó en la Cámara de Diputados en la LIXV y en la LXII Legislatura.

Primer informe de Claudia Sheinbaum: entre la narrativa y las deudas con las mujeres

Hace poco más de cinco años, cuando aún estudiaba mi primera carrera, tuve la oportunidad de ir en una brigada de apoyo a un municipio muy pequeño al sur de mi estado, Nuevo León. Ya ahí, se acercó una mujer a pedir ayuda. Yo no la vi, esto me lo contaron en el camino de regreso y, aun así, dejó una marca profunda en mí.
La mujer estaba secuestrada por su esposo. Cuando él salía a trabajar, dejaba la casa con candado por fuera, ella no tenía manera de salir, el único que tenía otra llave era el vecino. Si necesitaba ir a la tienda, tenía que hablarle al vecino para que le abriera y él le medía el tiempo para ver que no se desviara de su camino. Con esa excusa —la de ir a la tienda— fue que logró salir aquel día. Había escuchado que andaban algunas personas de fuera que llevaban apoyo y pensó que sería su oportunidad de escapar.
La persona con la que llegó no sabía qué hacer, así que le habló a quien organizaba la brigada. Él tampoco tenía idea, platicó la situación con el alcalde del pueblo y él, muy tranquilo —ni enojado ni sorprendido ni triste— respondió: &#8220;Así es aquí&#8221;.
Para el alcalde —la máxima autoridad y probablemente la única—, un esposo no podía secuestrar a su mujer, porque era suya. Porque en los municipios como este, una mujer no es una persona con derechos, sino una propiedad. Y quien es dueño, decide.
En un país donde nos vimos en la necesidad de añadir <a href="https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/publicacion/2016-10/59774_0.pdf" target="_blank" rel="noopener">un artículo extra al Código Penal</a> para aclarar que la violación es violación, así violes a tu esposa o concubina, la verdad, no me sorprende. Pero sí me indigna.
¿Será que también tendremos que agregar que el secuestro es secuestro, aunque la víctima sea tu esposa? ¿Y qué pasa con los demás delitos? ¿Cómo hacemos que México entienda, de una vez por todas, que las mujeres somos personas y tenemos derechos?
<h2>Así es aquí</h2>
Tres palabras que se me quedaron marcadas para siempre y que me prometí cambiar. No fue un caso aislado. Era un reflejo brutal de lo que pasaba —y sigue pasando— en muchos otros lugares. Mi ciudad natal, menos pequeña y menos lejana, es igual.
Yo crecí en un municipio pequeño de esos donde no pasa nada o, más bien, pasa lo mismo una y otra vez. Uno de esos municipios atrapados en el tiempo. Diría mi padre: un lugar para pasar una vejez tranquila, una infancia agradable, pero no para crecer. Aunque claro, mi padre es hombre. No sé si una mujer diría lo mismo.
Crecí creyendo que la violencia de género era normal; claro que le puse nombre hasta mucho después, en ese entonces, era solo mi cotidianeidad.
Después de varios años especializándome en temas de género, un día me di cuenta de que podía narrar toda mi vida en episodios de violencia y desigualdad.
Desde antes de nacer, mi madre le dijo a mi padre que sería niña y él se decepcionó por no tener un primogénito varón. En la primaria, cuando no me permitían correr o jugar con un balón porque me iba a ensuciar o me podía caer, pero no importaba si los niños se ensuciaban o se caían: ellos sí podían correr y jugar. En la secundaria, cuando pasaban hombres mayores acosando a mis amigas a la hora del recreo, y el director nos regañaba por “fáciles” en lugar de protegernos. Cuando el profesor de música nos dijo en clase que, así como nadie quiere un pan manoseado, tampoco nadie quiere a una mujer manoseada. Porque, para ellos, una mujer no vale por ser persona: vale su virginidad. Y si la pierde, pierde su valor. Como si fuéramos una mercancía que caduca.
Cuando le prohibieron a mi maestro de biología enseñarnos cómo se usa un condón. Cuando una alumna se casó embarazada con un hombre que le doblaba la edad y mis tías se alegraron porque “se casó bien” (él tenía dinero). A los quince pensaba que lo mejor que podía lograr una mujer era justamente eso: casarse bien, es decir, ser elegida por un hombre que le asegurara estabilidad. No importaba si no había amor, si él te doblaba la edad o si tú seguías siendo adolescente, mientras tuviera dinero, estaba bien. De hecho, era “lo mejor que te podía pasar”.
No era una idea mía. Era lo que se escuchaba en las casas, en las reuniones familiares, en las aulas y los pasillos de la escuela. Una forma de pensar tan repetida que no parecía una de las opciones que teníamos, sino la única. Todas pensábamos en con quién nos íbamos a casar, en lugar de pensar en quién nos íbamos a convertir. No se esperaba de una mujer que soñara un futuro para sí misma.
Tan es así que en 2017, cuando salí de la preparatoria, pregunté en el municipio sobre la casa que tenían en Monterrey para los jóvenes que se iban a estudiar. Me dijeron que la casa era solo para hombres, que no había casa para mujeres. No era solo una omisión: era un mensaje. Uno muy claro: Las mujeres no estudian, las mujeres se casan.
Te lo repetía tu familia, tus profesores y el gobierno mismo a través de su política pública: casarte no solo era lo único que podías hacer, era también una condena. Una que te reducía a un objeto con fecha de caducidad, cuyo valor dependía de ser elegida, no de elegir.
Y, aun así, yo me fui. Tuve la gran dicha de tener referentes. Dos de mis primos están casados con ingenieras civiles. Si ellas dos no existieran, quizá yo ni siquiera habría considerado estudiar. Solo verlas tiró un poco de la venda que, por tantos años, el municipio me había amarrado a los ojos. Me di cuenta de que había otras realidades, aunque todavía no dimensionaba lo abismalmente distintas que eran.
A los diecisiete —sin el apoyo del municipio, por ser mujer— emigré para estudiar. A los dieciocho, por casualidad, fui a un evento del Día Internacional de las Mujeres. Llevaba una bufanda rosa. Alguien me dijo que ese día no era rosa, era morado. A los veintiuno me enteré de que existía una ley llamada Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, por raro que suene, me sorprendí. Sentí algo parecido a “¿tengo derechos?”.
Fui a mi primera marcha del 8M y se movieron mil cosas dentro de mí. Quise entender más, aprender más, hacer algo. Sentía el mundo avanzar a mil por hora. Conocí mis derechos e imaginé para mí misma un futuro brillante. Agradecí estar viva en este momento de la historia. Agradecí a todas las que lucharon antes.
Y luego… volví a mi pueblo. Un municipio pequeño, de esos donde no pasa nada o, más bien, pasa lo mismo una y otra vez. Las mujeres creen que deben quedarse, aunque las maltraten. Porque en este sistema, no son compañeras: son propiedad. Y lo más cruel es que, aun siendo tratadas como carga, son ellas quienes lo cargan todo. Lo hacen en silencio, como si ese fuera su deber. Como si fueran responsables de sostener todo lo que las oprime.
Mientras tanto, los gobiernos creen que atender a las mujeres es enseñarles a hacer un pastel. La violencia familiar se considera “tema privado”. Cuando hablas de género o de derechos, te tachan de problemática. Aquí, nombrar la injusticia se vuelve casi tan incómodo como vivirla. Se cree que la palabra “revolución” es peligrosa. Y las propuestas revolucionarias, incómodas.
Si hablas, te ignoran, para que parezca que hablas sola, aunque muchas otras quieran decir lo mismo. Esa es su estrategia: el silencio. Y con el silencio, la condena. La falta de transformación.
Desde las ciudades grandes se preguntan por qué el gobierno federal reparte cartillas con los derechos de las mujeres. Piensan —como yo lo pensaba antes de volver— que eso ya no es necesario. Que las mujeres ya conocen sus derechos, que ya están empoderadas.
Pero a mí jamás se me va a olvidar esa sensación la primera vez que vi la Ley de Acceso. Ese sentimiento primero de sorpresa, después de esperanza y, finalmente, de una digna rabia al entender lo mucho que te han violentado y cómo nunca te habías dado cuenta. Y ese momento mágico en que decides decir: no más.
Por eso, que el gobierno federal reparta cartillas con los derechos de las mujeres no es poca cosa. Es sembrar la posibilidad de ese momento en cada mujer que aún no lo ha vivido. Ese instante en que algo dentro de ti se enciende y ya no puede apagarse. Para mí, como mujer de un municipio pequeño, fue como un rayo de sol inesperado. Pero ese rayo no cae del cielo: viene de alguien que enciende la luz en una habitación donde nos tenían encerradas a oscuras.
El silencio puede parecer eterno, pero incluso la noche más larga termina con un primer destello. A veces ese destello es una cartilla. A veces, una conversación. A veces, una mujer que decide decir: “no más”. Porque el cuerpo, la voz y el destino de una mujer no le pertenecen a nadie más. Ni al marido ni al Estado ni a la costumbre ni a la tradición.
Aunque aquí lo olviden, las mujeres no somos propiedad, no somos objetos. Somos personas y tenemos derechos. Conocerlos es el primer paso para hacerlos valer. Cartilla a cartilla, mujer a mujer, se van encendiendo pequeños destellos que lo iluminan todo.
* Victoria Mireles es una mujer sabinense y defensora de los derechos humanos, especializada en violencia de género desde una perspectiva amplia e interseccional que también contempla el trabajo con hombres. Fue fundadora de la primera Unidad de Masculinidades e Igualdad de Género en el municipio de Monterrey. Actualmente, se desempeña como asesora legislativa en el H. Congreso del Estado de Nuevo León. Es egresada de la Facultad de Ingeniería Civil de la UANL y cursa su segunda licenciatura, Sociología en la UNAM, así como la Maestría en Gobierno y Administración Pública en la misma universidad que la formó como ingeniera.
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Así es aquí… ¿por qué seguir hablando de los derechos de las mujeres?

La lucha por la igualdad de género ha atravesado distintas etapas históricas. Desde la primera ola del feminismo liberal, surgida durante la Revolución Francesa –con figuras como Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft reclamando derechos civiles– hasta la segunda ola, centrada en el sufragio y el acceso a la educación, y la tercera ola, marcada por la exigencia de derechos reproductivos, divorcio e igualdad salarial. En este contexto, autoras como <a href="https://www.goodreads.com/book/show/17573685-the-feminine-mystique" target="_blank" rel="noopener">Betty Friedan</a> y <a href="https://www.gandhi.com.mx/el-segundo-sexo-9786073113755/p?srsltid=AfmBOopGTjyelycsMz8ZmnTvIYPnQmMzwJqxi9BBtms5yyUlB3YVYkCj" target="_blank" rel="noopener">Simone de Beauvoir</a> señalaron que el género es una construcción social.
Hoy, el feminismo de la cuarta ola amplía estas demandas con el movimiento #MeToo, las denuncias contra la violencia de género, la brecha salarial y, particularmente, la invisibilización del trabajo de cuidados, realizado en un 75 % por mujeres. En este marco, el derecho al cuidado emerge como una de las principales batallas pendientes para alcanzar la igualdad de género.
<h3>El derecho al cuidado: evolución y significado</h3>
Según la <a href="https://repositorio.cepal.org/entities/publication/c7dcc055-abe1-4d1d-bb75-52e4cac3ccc5" target="_blank" rel="noopener">CEPAL</a>, el derecho al cuidado comprende el derecho a recibir cuidados, a cuidar y al autocuidado. Es un derecho universal que debe ser garantizado con base en principios de igualdad, universalidad, no regresividad y corresponsabilidad entre Estado, mercado, comunidad y familias.
Este derecho ha evolucionado en el marco de las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y El Caribe. En la primera conferencia, celebrada en <a href="https://conferenciamujer.cepal.org/13/es/antecedentes" target="_blank" rel="noopener">1977 en La Habana</a>, se reconoció únicamente para mujeres trabajadoras formales. En <a href="https://repositorio.cepal.org/entities/publication/ce8abb8c-9e6d-4083-af3d-5cd23cfb08db" target="_blank" rel="noopener">2007, en Quito</a>, se amplió hacia la conciliación de la vida laboral y familiar, se incluyó a trabajadoras informales, y se problematizó la división sexual del trabajo. En <a href="https://repositorio.cepal.org/handle/11362/16656" target="_blank" rel="noopener">2010, en Brasil</a>, se transitó de la conciliación a la corresponsabilidad entre distintos actores sociales. En <a href="https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/c703f7d0-7ce8-4ad3-a113-7c15ac768ca9/content" target="_blank" rel="noopener">2016, en Montevideo</a>, se reconoció como un derecho universal, desvinculado de la esfera privada o del empleo formal. Finalmente, entre <a href="https://www.cepal.org/pt-br/node/63176" target="_blank" rel="noopener">2020 (Santiago)</a> y <a href="https://www.cepal.org/es/eventos/xv-conferencia-regional-la-mujer-america-latina-caribe" target="_blank" rel="noopener">2022 (Buenos Aires)</a>, se resaltó su conexión con la sostenibilidad de la vida y el medio ambiente, así como la necesidad de sistemas integrales de cuidado con enfoque de derechos humanos e interseccionalidad, acompañados de políticas fiscales y de la generación de recursos para financiarlos.
<h3>Avances por el derecho al cuidado en Latinoamérica</h3>
En la región se observan tres tipos de países, según el desarrollo legal del derecho al cuidado:
a) Constituciones que lo reconocen: <a href="https://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/asambleanacional/filesasambleanacionalnameuid-20/transparencia-2015/literal-a/a2/Const-Enmienda-2015.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ecuador</a> (2008), <a href="https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_bolivia.pdf" target="_blank" rel="noopener">Bolivia</a> (2008), <a href="https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf" target="_blank" rel="noopener">Venezuela</a> (1999), <a href="https://www.cijc.org/es/NuestrasConstituciones/REP%C3%9ABLICA-DOMINICANA-Constitucion.pdf" target="_blank" rel="noopener">República Dominicana</a> (2009) y México (únicamente en la <a href="https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a45c9c3b67fb16d7046d3ec32fe1f1418026a44.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ciudad de México en 2017</a>). Cabe señalar que Chile, en el marco del <a href="https://revistas.inah.gob.mx/index.php/contemporanea/article/download/22557/24067" target="_blank" rel="noopener">proceso constituyente de 2022</a>, elaboró un proyecto de nueva constitución que reconocía este derecho; sin embargo, en el plebiscito del 4 de septiembre de ese mismo año no alcanzó la aprobación suficiente.
b) Leyes secundarias o sistemas creados: <a href="https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19353-2015" target="_blank" rel="noopener">Uruguay</a> (2015), <a href="https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/leyes/ley-de-sis-20211217010927.pdf" target="_blank" rel="noopener">Venezuela</a> (2021), <a href="https://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/eyJjYXJwZXRhIjoicm8iLCJ1dWlkIjoiMGJmMWM2MmMtNTViMy00NDA0LTk2ZWYtMjBmNDRmODA1MDU4LnBkZiJ9" target="_blank" rel="noopener">Ecuador</a> (2023), <a href="https://www.mtss.gob.cu/descargas/decreto-1092024-sistema-nacional-para-el-cuidado-integral-de-la-vida-en-cuba" target="_blank" rel="noopener">Cuba</a> (2024), <a href="https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/30018_B/GacetaNo_30018b_20240425.pdf" target="_blank" rel="noopener">Panamá</a> (2024) y <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/L15069.htm" target="_blank" rel="noopener">Brasil</a> (2024), México –en específico, <a href="https://congresoweb.congresojal.gob.mx/bibliotecavirtual/legislacion/Leyes/Documentos_PDF-Leyes/Ley%20del%20Sistema%20Integral%20de%20Cuidados%20para%20el%20Estado%20de%20Jalisco-190424.pdf" target="_blank" rel="noopener">Jalisco</a> (2024)– y <a href="https://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/TA-03-2025/13_10192.pdf" target="_blank" rel="noopener">Costa Rica</a> (2025). En <a href="https://oig.cepal.org/sites/default/files/2020_res309_arg.pdf" target="_blank" rel="noopener">Argentina</a>, <a href="https://www.dipres.gob.cl/604/articles-335394_doc_pdf.pdf" target="_blank" rel="noopener">Chile</a>, <a href="https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/1/2021-10-26-1/assets/documentos/Inic_Morena_Sen_Micher_LGSNC.pdf" target="_blank" rel="noopener">México</a>, <a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/public/292087-ProyectodeleydecuidadosAsesoraONUMujerespdf-Proyectodeleydecuidados.AsesoraONUMujeres.pdf" target="_blank" rel="noopener">Paraguay</a> y <a href="https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Informesgestion2011.nsf/Docpub/43ACAD9C1B1C28E405258A2A006EA705/$FILE/OFICIO-042-2023-2024-EHVM-CR.pdf" target="_blank" rel="noopener">Perú</a> permanecen pendientes iniciativas de ley que proponen la creación de sistemas nacionales de cuidados.
c) Políticas comunitarias sin reconocimiento legal: <a href="https://chilecuida.cl/" target="_blank" rel="noopener">Chile</a>, <a href="https://observatoriolaboral.ormusa.org/politica-nacional-de-corresponsabilidad-de-los-cuidados-12022-2030/" target="_blank" rel="noopener">El Salvador</a>, <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=200325" target="_blank" rel="noopener">Colombia</a>, <a href="https://mepyd.gob.do/wp-content/uploads/drive/VAES/Informes/Resumen%20ejecutivo%20Comunidades%20de%20Cuidado_MEPyD_WEB.pdf" target="_blank" rel="noopener">República Dominicana</a>, <a href="https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/pessoa-idosa/estrategia-brasil-amigo-da-pessoa-idosa" target="_blank" rel="noopener">Brasil</a>, así como algunas entidades federativas de México (<a href="https://www.nl.gob.mx/es/boletines/gobierno-de-nuevo-leon-presenta-estrategia-para-el-sistema-integral-de-cuidados" target="_blank" rel="noopener">Nuevo León</a> y <a href="https://difjalisco.gob.mx/noticias/instalan-junta-estatal-del-sistema-integral-de-cuidados-jalisco-2024-2030" target="_blank" rel="noopener">Jalisco</a>) y colonias de la Ciudad de México (como la <a href="https://gobierno.cdmx.gob.mx/noticias/inauguramos-el-primer-centro-del-sistema-publico-de-cuidados-de-la-ciudad/" target="_blank" rel="noopener">Doctores</a>, en la alcaldía Cuauhtémoc). Asimismo, países como <a href="https://gabinetesocial.gov.py/wp-content/uploads/2023/10/ploti.pdf" target="_blank" rel="noopener">Paraguay</a> y <a href="https://oig.cepal.org/sites/default/files/2021_dtmcc_per.pdf" target="_blank" rel="noopener">Perú</a> están en proceso de implementar sistemas de cuidados como parte de sus políticas sociales.
Además, las cortes constitucionales de <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/c-383-12" target="_blank" rel="noopener">Colombia</a>, <a href="https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2020/09/3-19-JP-y-acumulados-firmado-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ecuador</a>, <a href="https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2019/01272-2017-AA.pdf" target="_blank" rel="noopener">Perú</a> y <a href="https://transparencia-ciudadana.scjn.gob.mx/sites/default/files/page/2025-01/sentencia-ad-6-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">México</a> han reconocido este derecho. En particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (<a href="https://transparencia-ciudadana.scjn.gob.mx/sites/default/files/page/2025-01/sentencia-ad-6-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">amparo directo 6/2023</a>) estableció que el Estado tiene la responsabilidad primaria de garantizar cuidados, especialmente a personas en situación de dependencia, y que esta carga no debe recaer exclusivamente en los hogares.
<h3>El caso de Ciudad de México: avances e incumplimientos</h3>
Desde 2017, la Constitución de la Ciudad de México reconoce en el artículo 9 el derecho al cuidado y ordena al Congreso local legislar para crear un sistema de cuidados. Conforme al artículo vigésimo transitorio de dicha Constitución, la ley debió entrar en vigor antes del 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, hasta la fecha, no ha sido emitida.
Ante esta omisión, activistas como Silvana Carranza, Úrsula Martínez, Martha Claudia Moreno Melo, Fernanda Gutiérrez, la autora de este texto, y otros colectivos feministas y por los derechos de personas con discapacidad, promovimos juicios de amparo exigiendo el cumplimiento de la obligación constitucional. Gracias a ello, se han obtenido tres sentencias que ordenan al Congreso local legislar a más tardar en el primer periodo legislativo de 2026.
Las autoridades han argumentado que ya existen políticas públicas y una Ley de Bienestar; sin embargo, esto no cumple con lo requerido por la Constitución. Las medidas adoptadas hasta ahora son incipientes y no alcanzan para construir un sistema que verdaderamente transforme la vida de quienes cuidan y de quienes reciben cuidados y apoyos. Es necesario crear un sistema de cuidados que esté realmente garantizado y, para ello, debe reconocerse como un derecho humano en las constituciones y emitirse una legislación secundaria que lo regule.
Como ha dicho <a href="https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/7bb982b7-abf7-47ac-bd5f-8672b98ae40d/content" target="_blank" rel="noopener">Laura Pautassi</a>, se requiere claridad y una regulación específica que delimite quiénes son las y los titulares del derecho al cuidado, quiénes son titulares de los deberes u obligaciones y cuáles son las medidas destinadas a reducir las desigualdades y brechas en el acceso y disfrute de este derecho. Ello implica que el Estado no sea un simple proveedor de servicios, sino el organizador de todo un aparato gubernamental y de estructuras del poder público para garantizar derechos, adecuar el derecho interno a los estándares internacionales y regular las responsabilidades de otras instituciones y actores, como las familias, la comunidad y las empresas.
Sin legislación secundaria ni sistema operativo, el derecho al cuidado corre el riesgo de convertirse en un mandato simbólico sin fuerza jurídica. Una política pública sin respaldo constitucional puede desaparecer con los cambios de gobierno, y una constitución sin ley es letra muerta.
<h3>El cuidado como la última batalla por la igualdad de género</h3>
La lucha feminista ha puesto al centro la economía del cuidado, no solo para quienes cuidan o requieren cuidados, sino también por su conexión con el medio ambiente y la sostenibilidad de la vida. No es solo una lucha legal, sino también cultural, que requiere transformar el imaginario colectivo sobre el valor del cuidado.
Aunque la agenda de cuidados avanza en Latinoamérica, enfrenta resistencias de sectores conservadores. Por ello, se necesita voluntad política sostenida, presión social y un marco legal robusto que garantice el derecho al cuidado como un pilar de la igualdad de género.
Se seguirán impulsando estos litigios, colaborando con los integrantes del Congreso de la Ciudad de México y buscando que el derecho al cuidado y su corresponsabilidad sea una realidad que cambie la vida de las mujeres capitalinas, y no una victoria irrisoria. Además, es necesario que en México no solo se logre una Ley de Cuidados para la capital del país, sino también una Ley General que cree un Sistema Nacional de Cuidados. Solo así se podrá avanzar de forma real y sostenida en la agenda por la igualdad.
* Priscila Monge Kincaid es abogada por el ITAM y Maestra en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Litigante en derecho constitucional y derechos sociales, en especial, género y cambio climático. Socia fundadora de la asociación civil Defensorxs, donde ha  participado en litigios de interés público sobre género y agua, y colaborado con Naciones Unidas en distintos informes temáticos sobre medio ambiente y cambio climático. Es integrante de la American Society of International Law y del Women in International Law Interest Group. Cuenta con estudios en derechos humanos por el Centro Europeo de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. De enero a abril de 2025 fue visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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