
Para entender mejor
La Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) desmintió haber emitido una “carta de liberación” en favor de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, tras los señalamientos por el presunto desvío de 898.3 millones de pesos.
En un comunicado, la ASE aclaró que el documento al que hizo referencia la edil no es una exoneración del ejercicio fiscal 2023 sino que se trata de un pronunciamiento derivado de una “solicitud de aclaración” relacionada con la revisión del Ramo 28 de Participaciones Federales que consiste en la revisión de recursos no etiquetados transferidos por el gobierno federal a estados y municipios.
Dicho procedimiento se desprende de un convenio de colaboración firmado el 30 de abril de 2024 con la ASF, lo que la faculta para auditar determinados fondos, y corresponde a conceptos distintos a los que se refirió la alcaldesa, por lo que la fiscalización de Acapulco continúa.
La revisión al gobierno de Abelina López se originó por presuntas irregularidades en el manejo de recursos federales por alrededor de 898 millones de pesos, correspondientes al Ramo 33, en particular al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) durante 2023.
En su comunicado, señalaron también que acatarán la resolución definitiva que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la controversia constitucional promovida por el municipio de Acapulco.

La respuesta de la Auditoría estatal ocurrió luego de que la alcaldesa morenista negara los señalamientos en su contra. En entrevista con medios, mencionó que no existe ninguna irregularidad administrativa.
“Creo que es momento de dejar claro de atajar de una vez es por todas. Del tema de rendir cuentas, yo jamás me he negado… Yo tengo carta liberada del 2023 para callar voces que dejen de estar hablando. No tengo problemas con la Auditoría Superior de la Federación. Tengo solventada, no tengo problemas el 2023″.
Y aseguró que los señalamientos sobre su gestión carecen de sustento legal.
En un comunicado, el Ayuntamiento de Acapulco señaló que la autoridad municipal ha actuado con estricto apego al marco legal y al debido proceso en materia de rendición de cuentas y aseguraron que las solicitudes realizadas por las instancias competentes fueron atendidas en tiempo y forma, con la entrega completa de la información requerida.
“En ese sentido, el ejercicio de dichos recursos por parte del Ayuntamiento de Acapulco fue revisado conforme a la normatividad aplicable, sin que exista al día de hoy observación pendiente que implique faltantes o irregularidades”.
Agregaron que el Ayuntamiento es respetuoso del trabajo de las instituciones y confíaen que cada órgano actúa dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias.
“Este gobierno municipal tiene la certeza de haber actuado correctamente, con apego estricto a la ley y a los principios de la rendición de cuentas. No existe pendiente alguno en el ejercicio de los recursos federales y todas las instancias competentes cuentan con la información necesaria“.

Apenas el 14 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó las suspensiones que protegen a Abelina López Rodríguez, presidenta municipal de Acapulco, Guerrero, de un proceso de revocación de mandato impulsado por el presunto manejo irregular de recursos federales.
Lee: Fiscalía Anticorrupción investiga a alcaldesa de Acapulco por presunto cohecho por regalo de collar
En una decisión unánime, el Máximo Tribunal desechó tres recursos de reclamación interpuestos por el Congreso de Guerrero, que buscaban revertir la admisión de dos controversias constitucionales promovidas por el Ayuntamiento de Acapulco.
Dichas controversias demandan la invalidez de diversos artículos de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Guerrero.
Además, el Pleno de la Corte ratificó la suspensión que impide a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero continuar con la fiscalización de la Cuenta Pública 2023 del municipio.
Esta medida cautelar se mantiene para asegurar que la controversia no quede sin materia antes de que se analicen de fondo las impugnaciones presentadas por la alcaldesa. Con este fallo, la protección judicial a la presidenta municipal se mantiene vigente.

Los críticos de Bovino lo responsabilizan de las duras tácticas utilizadas por los agentes migratorios durante las redadas y contra quienes protestan ante ellas.
Es la cara visible de la campaña del gobierno de Donald Trump para detener y deportar de Estados Unidos a miles de migrantes indocumentados; uno de los pocos agentes que se muestran ante las cámaras sin máscara.
Bautizado como el “comandante en jefe general” de la Patrulla Fronteriza por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Greg Bovino saltó a la primera plana al encabezar las redadas migratorias de Los Ángeles (California) en junio del año pasado.
También dirigió la no menos polémica Operación Midway Blitz en Chicago (Illinois) en septiembre, así como otras operaciones controversiales en Charlotte (Carolina del Norte) y Nueva Orleans (Luisiana).
Desde inicios del año se le ha visto recorrer el área metropolitana que conforman Mineápolis y la contigua St. Paul (Minesota), donde, ante el rechazo de las autoridades locales y estatales por el envío de cientos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Trump ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección.
A su característica imagen con las sienes rapadas, Bovino sumó hace unos días un abrigo largo de corte militar, verde caqui, con amplias solapas e insignias en los brazos y hombros, generando una ola de repudio en las redes sociales.
“Greg Bovino vestido literalmente como si hubiera comprado un uniforme de las SS en eBay”, hizo referencia a ello el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, durante una entrevista este jueves en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza).
“Policía secreta, ejército privado, hombres enmascarados, gente que desaparece… sin el debido proceso… (…)”.
Pero sus críticos no solo le achacan a Bovino una selección deliberada de vestuario y un corte de pelo que recuerdan a los de los oficiales nazis. También lo responsabilizan de las duras tácticas de los agentes migratorios durante las redadas y contra quienes protestan ante ellas.
De hecho, figura como demandado en dos querellas en las que se acusa a sus agentes de traspasar los límites legales, incluyendo el arresto de residentes latinos basándose en su color de piel.
Mientras, sus defensores afirman que Bovino está contribuyendo a sacar de las calles a migrantes indocumentados con antecedentes penales por violencia.
Según él mismo, uno de sus mayores admiradores sería el propio Trump.
“El presidente nos llamó a todo el equipo solo para decirnos: ‘Gracias, están haciendo un buen trabajo en Los Ángeles'”, contó Bovino sobre una llamada mantenida el año pasado con el mandatario.
“El jefe Bovino es un activo para la administración Trump y está desempeñando un papel importante en hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, dijo Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, en una declaración escrita enviada a los medios.
Todos estos elogios y agradecimientos se produjeron antes del sábado 24 de enero, cuando agentes federales de migración mataron a tiros a Alex Pretti, un enfermero estadounidense que intentaba ayudar a una mujer durante las protestas contra las redadas de ICE y de la Patrulla Fronteriza en Mineápolis.
Este 26 de enero, medios estadounidenses informaron que Bovino se irá de esta ciudad del estado de Minesota con algunos de sus agentes, y en su lugar será Tom Homan, el llamado “zar de la frontera”, quien asumirá el liderazgo de la campaña migratoria de Trump.
Nacido hace 55 años en Carolina del Norte, Gregory Bovino se crió en el seno de una familia italo-estadounidense.
Sus bisabuelos por parte de padre emigraron desde Calabria, en el sur de Italia, a Pensilvania en 1909 para trabajar en el sector minero, naturalizándose como ciudadanos en 1927.
Tras el divorcio de sus padres cuando él tenía 14 años, Bovino ingresó en la Escuela Secundaria Watauga de Boone, una ciudad de apenas 20 mil habitantes enclavada en la Cordillera Azul, en el oeste del estado.
Allí, según un extenso perfil publicado por el medio Chicago Sun-Times, consiguió hacerse un sitio como miembro del equipo de lucha libre.
Siguió con su educación en la Universidad de Carolina Occidental, donde se licenció en conservación de recursos naturales, y en la Universidad Estatal de los Apalaches, donde obtuvo una maestría en administración pública, como puede leerse en su perfil de LinkedIn.
Tras trabajar un tiempo en el Departamento de Policía de Boone, en 1996 Bovino dejó el cuerpo para ingresar a la Academia de la Patrulla Fronteriza.
Ya como miembro de esta agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), fue destinado al Sector El Centro, en California, a unas dos horas en coche de San Diego y fronterizo con México.
Desde allí fue ascendiendo en las filas del organismo, asumiendo misiones en distintas estaciones a lo largo de la frontera y también en Nueva Orleans.
En 2020 regresó a El Centro como jefe de sector, uno de los nueve del país.
Bovino describe la Patrulla Fronteriza, a la que llama la “Máquina verde”, en referencia al color de sus uniformes y su capacidad de arresto, como una familia.
“La Patrulla Fronteriza ha sido la obra de mi vida y así lo diré siempre con orgullo”, dijo durante uno de los episodios de un pódcast que compartió en 2021 con Jason Owens, antiguo compañero de universidad que se jubilaría en 2023 tras tres décadas como jefe nacional de la agencia.
A pesar de su trayectoria de casi 30 años, Bovino se volvió conocido para el público general el año pasado, cuando el gobierno federal empezó a desplegar en ciudades consideradas “santuario” para los migrantes a agentes tradicionalmente apostados en la frontera.
Durante las redadas en Los Ángeles, compartió un video promocional donde se veía a las unidades realizar sus acciones al ritmo de música heavy metal.
En otro clip publicado en las redes sociales en aquel tiempo, se le escucha decir: “Estamos haciendo de L.A. un lugar más seguro, ya que no tenemos políticos encargándose de eso”.
En Chicago encabezó una operación que duró un mes y acabó con más de 3 mil 200 arrestos, según reportó en su momento CBS News, el medio socio de la BBC en EE.UU.
Agentes federales bajo su mando patrullaron barrios de mayoría hispana, suburbios enteros y centros de transporte, donde fueron grabados rompiendo vidrios de automóviles y dispersando a quienes protestaban por las redadas con gases lacrimógenos.
Bovino celebró públicamente los resultados de la operación. “Ahora somos lo que yo llamo quiebra-santuarios. No hay santuarios. No habrá santuarios”, le dijo a la agencia AP.
En esa misma entrevista, defendió las tácticas de los funcionarios a su cargo como “ejemplares”, ante los señalamientos de líderes locales y de expertos que afirmaban que estas violan órdenes judiciales sobre el uso de la fuerza.
Y es que su liderazgo ha sido examinado por varios tribunales federales y, en noviembre, la jueza Sara Ellis emitió una orden dirigida a limitar cómo los agentes de ICE podían usar la fuerza durante los operativos en Chicago.
En su fallo, Ellis dijo que Bovino había mentido al afirmar que le habían arrojado una piedra a la cabeza antes de rociar a una multitud con gas lacrimógeno. La magistrada calificó su testimonio de “simplemente no creíble”.
Al ser preguntado por AP sobre el episodio, Bovino reafirmó su postura, subrayando que sus equipos usan siempre “la menor fuerza necesaria”. Y agregó: “Si hubiera tenido más gas, lo hubiera utilizado”.
Mantuvo también esa línea cuando la cadena Fox News lo entrevistó después de que Renee Nichole Good, una estadounidense de 37 años y madre de tres hijos, muriera por los disparos de un miembro de ICE en Mineápolis el 7 de enero.
“Mis respetos para el agente”, dijo Bovino, reiterando el argumento dado previamente por la secretaria Noem de que este actuó en defensa propia.
Durante una conferencia de prensa este martes, rechazó que los arrestados en las redadas estén en el punto de mira de ICE “por razones políticas”, subrayó que el objetivo sigue siendo la “eliminación de los delincuentes violentos” y que las “lagunas” en las labores policiales locales y estatales han hecho necesaria la presencia de agentes federales en la ciudad.
“La seguridad pública en Mineápolis no es negociable”, agregó.
Y el miércoles las cámaras lo captaron lanzando él mismo un cartucho de gas pimienta a quienes protestaban por las operaciones migratorias en la ciudad, no sin antes advertirles: “¡Va el gas!”.
El comandante sabe que cuenta con el respaldo de sus superiores.
La semana pasada, el DHS reforzó esa postura hacia los agentes de ICE, al publicar en sus redes sociales un video en el que se escucha a Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, decir:
“Tienen inmunidad para desempeñar sus funciones y nadie –ningún funcionario de la ciudad, ningún funcionario del estado, ningún inmigrante ilegal, ningún agitador de izquierda o insurrecto doméstico– puede impedirles cumplir con sus obligaciones y deberes legales”.
El apoyo llega, además, desde lo más alto. “¡No teman, grandes gentes de Minesota, el día del ajuste de cuentas y la retribución se acerca!”, escribió el presidente Trump en su red Truth Social.
En vista de ello, Bovino ha vuelto ahora a defender a aquellos que están a su cargo, esta vez de forma simbólica, encabezando una comitiva de agentes enmascarados, vestido con el abrigo militar hasta la rodilla.
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