A falta de justicia, solidaridad: Colecta ciudadana está por lograr la meta para darle una nueva silla de ruedas a Sandra
Para entender mejor
Casi veinte días después de haber sido arrastrada por un automovilista, Sandra Argüello está cerca de recuperar la silla de ruedas que quedó destrozada en el incidente. Sin embargo, esto es gracias a diversas personas que realizaron donativos para comprarle una nueva, y no porque encontrara justicia.
Luego de hacer eco de lo ocurrido en redes sociales y en la nota publicada en Animal Político, este martes Sandra fue notificada de que la aseguradora del automovilista que la arrastró aceptó hacerle un pago por 25 mil pesos por el daño a su silla de ruedas, “y eso sería todo”.
La afectada hizo saber al Ministerio Público que rechazaba el ofrecimiento, ante lo cual le informaron que su caso será enviado a un juzgado civil, “porque ahí sí se puede solicitar una reparación integral, pero será más tardado”.
Acerca de esta posibilidad de continuar con el proceso que podría ser tardado, Sandra afirmó que “más que eso (el pago por la reparación del daño), me interesa que lo ocurrido no quede impune y que no se repita“, por lo que ya se encuentra buscando asesoría.
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La colecta para comprarle una nueva silla de ruedas a Sandra
El pasado sábado, José Mario de la Garza, presidente de la asociación civil Perteneces, publicó un video en redes sociales con el cual difundió el caso de Sandra y expresó su interés en apoyarla. Con la ayuda de Animal Político pudo comunicarse con ella e inició una campaña en la plataforma GoFundMe para juntar 65 mil pesos con los cuales poder comprar una nueva silla de ruedas independiente.
“Perteneces es una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos, entonces cuando vimos la nota en Animal Político nos dimos cuenta que la tragedia de Sandra a quien arrollan, va al Ministerio Público y está 13 horas para que al final no le resuelvan parecería una historia única, pero es una situación que se repite mil veces con la falta del acceso a la justicia en México”, explicó José Mario en entrevista.
Fue por eso que decidió buscar a Sandra para plantearle llevar su caso a esta plataforma, pues “ya habíamos utilizado nosotros este mecanismo en otras ocasiones, porque también se trata de que haya un trabajo colectivo, que la comunidad se involucre con estas injusticias y que todos hagamos un esfuerzo para que se puedan resolver problemas”.
En tres días, la campaña logró juntar 52 mil pesos, por lo que el abogado se dijo esperanzado en que pronto se alcance la meta.
“Siento que la justicia no debe analizarse como un concepto de gran calado, sino de temas concretos. Y en el caso de Sandra hay también una serie de injusticias que tienen que ver con la discapacidad en este país y es importante visibilizarlo. Por ejemplo, hay quienes nos escribieron que una silla de ruedas vale menos, y no entienden que ella requiere una hecha a la medida, pero mucha gente sigue discriminando, piensa que se les tiene que dar algo que no les sirve”, comentó el abogado.
Aún con estos comentarios, el defensor celebró que haya personas interesadas en “ayudar a resolver temas que tienen que ver con las injusticias”.
“Este caso tiene algo interesante que vale la pena recapitular: por un lado, la labor del periodismo, y, por otro lado, la labor que tenemos nosotros en la defensa de los derechos humanos, que suman a la confianza que tuvo Sandra para aceptar el apoyo. Creo que son fórmulas que se deben repetir y lograr que también se cuenten buenas historias“, indicó.
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La búsqueda de Sandra por justicia y reparación
Sandra fue arrastrada por un automovilista el pasado 9 de enero en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Esa noche iba de camino a cenar con una prima, cuando un coche se atoró con su silla de ruedas, y “el señor no se detuvo aún cuando yo empecé a golpear su ventana y a gritar”.
Su pareja y algunos vecinos lograron detener a Roberto “N” y presionaron a un policía para que fueran trasladados al Ministerio Público, donde un médico legista determinó que no sufrió lesiones graves, por lo que el conductor pudo irse, “aunque dañó mi silla dejándola inservible, pero no lo hicieron pagar nada”.
“Yo reclamé que se hiciera un peritaje a mi silla, porque estoy segura de que fue lo que me salvó la vida, y que gracias a las llantas de fibra de carbono resistió el arrastre, porque me pudo matar. Entonces la MP me preguntó cuánto costaba la silla, y con un estimado del precio de venta que aparece en internet le dije que como 50 mil pesos, ante lo cual se rió y comentó que no podía costar eso“, detalló.
Amigos y familiares apoyaron a Sandra con una silla de ruedas hospitalaria, que no está hecha a su medida ni cuenta con las particularidades de una “silla independiente”, como la que había ocupado desde hace ocho años, por lo que le generó molestias e irritaciones en la piel, además de que no cabe en los pasillos de su casa, ni tiene la facilidad de movilidad como la que se rompió.
“El señor que iba manejando está en su casa, viviendo como si nada, y yo me quedé sin la silla que lleva conmigo ocho años, a la que estoy adaptada. Y para las autoridades es sólo un objeto, pero para las personas con discapacidad es parte de nuestro cuerpo porque no podemos vivir sin ella, es como si te rompieran la pierna, pero ellos no lo toman así”, subrayó.
Con la campaña casi por terminar, Sandra expresó su agradecimiento a la comunidad, pues “voy a poder tener una silla adecuada y seguir adelante”.
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El cuerpo creado para vigilar las fronteras internacionales del país ha terminado siendo empleado por Trump en su cruzada nacional contra la inmigración ilegal.
La muerte de un segundo ciudadano estadounidense en menos de un mes en el marco de redadas migratorias en Mineápolis no solo ha provocado airadas protestas y condenas en el país, sino que también ha puesto la atención en el comportamiento de los agentes de uno de los organismos que participa en la ofensiva contra la inmigración ilegal impulsada por el gobierno de Trump: la Patrulla Fronteriza.
El enfermero Alex Pretti, de 37 años, murió el sábado a consecuencia de los disparos que le propinaron agentes de esa fuerza.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmaron que los uniformados utilizaron sus armas de fuego en defensa propia después de que Pretti, quien según ellos tenía una pistola, se resistiera a sus intentos de desarmarlo.
Sin embargo, videos y testigos indican que lo único que el enfermero sostenía en su mano era su teléfono celular, con el cual estaba grabando las acciones de los agentes.
¿Qué es la Patrulla Fronteriza y en qué se diferencia del no menos controvertido Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que ha venido ocupando los titulares en los últimos meses?
Parte de un gran aparato
La Patrulla Fronteriza “es la rama policial móvil y uniformada de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés)”, se lee en el sitio web de esta dependencia adscrita al Departamento de Seguridad Nacional.
Con más de 60.000 empleados, la CBP asegura tener bajo su mando a una de las organizaciones policiales “más grandes del mundo” y su misión es “la gestión y el control de fronteras”.
Su tarea abarca el combate contra el contrabando de productos y mercancías y garantizar la seguridad agrícola y sanitaria mediante la vigilancia de sus puertos y aduanas; la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la inmigración ilegal, y facilitar los viajes de turismo y negocios a EE.UU.
La Patrulla Fronteriza, que es parte de la CBP, nació en 1924, aunque sus orígenes se remontan a décadas anteriores.
Uno de los antecedentes del cuerpo fueron los Vigilantes Montados del Servicio de Inmigración, unos oficiales que desde 1904 patrullaban a caballo la frontera con México para prevenir los cruces ilegales, en especial de personas provenientes de China, se lee en el sitio web de la CBP.
Sin embargo, la combinación de unas leyes migratorias más duras y de la prohibición de la producción y venta de alcohol que entró en vigor en 1920 en EE.UU. impulsó la creación de un organismo que se dedicara a la vigilancia permanente de las zonas fronterizas.
Frank W. Berkshire, un funcionario del servicio de inmigración nacido en Kentucky en 1870, es considerado el padre de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., pues fue él quien a finales de la década de 1910 comenzó a escribir a sus superiores sobre la necesidad de establecer una fuerza que vigilara las fronteras terrestres, en particular la del sur con México, según documentos disponibles en el Archivo Nacional de Washington.
Con el paso del tiempo, los legisladores fueron ampliando las facultades del cuerpo.
“En 1952, se permitió por primera vez a los agentes de la Patrulla Fronteriza abordar y registrar un medio de transporte en busca de inmigrantes ilegales en cualquier lugar de EE.UU. Por primera vez, quienes ingresaran ilegalmente al país podían ser arrestados”, se lee en su sitio web.
Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el sistema de control migratorio estadounidense fue reformando, con más fondos y la creación de nuevas estructuras, como el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE.
¿Por qué está en Mineápolis?
Aunque nació para vigilar las fronteras internacionales e impedir el ingreso ilegal de productos y personas a EE.UU., la Patrulla Fronteriza también puede actuar dentro del territorio estadounidense.
Los agentes del cuerpo pueden realizar patrullajes en las zonas y barrios en los que pueda haber inmigrantes ilegales, y pueden establecer puestos de control, tanto fijos como temporales, según se explica en el sitio web de la CBP.
Lo anterior es posible porque el artículo 287 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad autoriza a los integrantes de la Patrulla a realizar procedimientos, incluidas detenciones, sin necesidad de una orden judicial “dentro de una distancia razonable de cualquier límite externo de EE.UU.”.
La legislación fija en 160 kilómetros esa “distancia razonable” a cualquier límite fronterizo, explica la organización de derechos humanos American Civil Liberties Union (ACLU, por sus siglas en inglés) en su sitio web.
A pesar de que la frontera con Canadá más cercana a Mineápolis está a unos 500 kilómetros de distancia, la ciudad cuenta con un aeropuerto internacional que es un paso fronterizo internacional y ello explicaría por qué los agentes del cuerpo están en la ciudad.
No obstante, esta interpretación no es compartida por organizaciones como el Consejo Estadounidense para la Inmigración, desde donde aseguraron que la administración de Trump ha recurrido al cuerpo simplemente por sus facultades.
“La zona de los 160 kilómetros limita la autoridad de la Patrulla Fronteriza hasta cierto punto: no pueden abordar autobuses ni trenes fuera de la zona, ni establecer puntos fijos de control vehicular. Sin embargo, sí tienen la facultad de detener a un conductor e interrogarlo sobre su estatus migratorio si tienen una ‘sospecha razonable’ de que no es ciudadano”, explicaron en un artículo disponible en su sitio web.
Esta tesis fue confirmada recientemente por el gobierno de Trump.
“Su capacidad para operar en todo el país garantiza que la Patrulla Fronteriza pueda hacer cumplir las leyes de inmigración, combatir el contrabando y hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional en cualquier lugar de EE.UU”, afirmó Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional.
“Y la aplicación de las leyes de inmigración no se limita a las regiones fronterizas, pues las personas que evaden la detección en la frontera pueden ser detenidas en otros lugares”, agregó.
A lo largo de los años la actuación del cuerpo ha sido cuestionada.
“Los agentes de la Patrulla Fronteriza han estereotipado y deshumanizado a quienes son objeto de sus acciones (…) Los agentes de la Patrulla Fronteriza rara vez son sancionados por mala conducta , incluso cuando esta resulta en muerte”, denunció el Consejo Estadounidense de Inmigración.
Por su parte, la ACLU aseguró que ha registrado 372 muertes a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza desde 2010, de las cuales 79 fueron por uso de arma de fuego y 49 afectaron a ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
Diferencias con el ICE
El ICE y la Patrulla Fronteriza son ambos policías migratorias, aunque la última -como ya se mencionó- también es responsable de luchar contra el contrabando de bienes y productos, contra el terrorismo y de asegurar el normal ingreso y salida de visitantes extranjeros a EE.UU.
El ICE se creó como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Sus más de 20.000 agentes tienen la facultad de detener y arrestar a personas sospechosas de estar en EE.UU. sin la documentación necesaria, para lo cual pueden realizar redadas en casas o lugares públicos en cualquier parte del país, se explica en su página web.
El año pasado, la Corte Suprema emitió un fallo que allanó el camino para que los agentes de este cuerpo pudieran utilizar la raza, el acento y el lugar de trabajo como factores para decidir a quién detener. Fue una decisión que activistas de derechos humanos han calificado de discriminatoria.
Asimismo, el ICE investiga delitos relacionados con inmigración como la trata de personas y fraude de documentos y, también puede detener a ciudadanos estadounidenses en circunstancias limitadas; por ejemplo, si una persona interfiere en un arresto o agrede a uno de sus agentes.
¿Cómo distinguir a un agente de la Patrulla Fronteriza de otro del ICE? Los agentes de la Patrulla Fronteriza suelen vestir de color verde oscuro o con ropa de camuflaje, y a menudo identifican en sus chalecos en los que se lee: U.S. Border Patrol (Patrulla Fronteriza).
Sin embargo, en los últimos meses se ha visto en varias operaciones a agentes que no van uniformados ni exhiben ninguna identificación del cuerpo al que pertenecen y que, además, portan lentes de sol o máscaras que cubren sus rostros.
Con la administración de Trump, el ICE se ha convertido en una de las agencias de seguridad mejor financiadas del país, por encima del FBI y la DEA, con un presupuesto que asciende a unos US$ 84.000 millones, de acuerdo con los datos de USASpending, una organización independiente que monitorea el gasto público estadounidense.
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