Caso Refugio Franciscano: seis perros murieron y 171 se encuentran en estado delicado, informa gobierno de CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México informó este miércoles sobre el estado de salud de los perros trasladados del Refugio Franciscano a distintos albergues, tras un operativo realizado el pasado 7 de enero: de los 858 caninos rescatados, seis murieron por diversos padecimientos y 171 se encuentran en estado delicado.
Tras una etapa de valoración clínica posterior a su traslado, 49 perros cuentan con un estado de salud estable, mientras que 638 fueron clasificados con condición regular, informó en conferencia de prensa la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), Nadine Gasman Zylbermann.
Asimismo, señaló que se han identificado enfermedades nutricionales en el 62 % de los casos; padecimientos bucodentales en el 75 %; afecciones dermatológicas en el 30 %; respiratorias en el 5 % ; cardíacas en el 10 %, y tumoraciones en el 4 %.
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De acuerdo con Gasman Zylbermann, debido a la gravedad de algunos padecimientos, 30 perros fueron trasladados al Hospital Veterinario de la Ciudad de México para recibir atención especializada; nueve de ellos ya fueron dados de alta, mientras que el resto continúa bajo observación médica.
Del total de perros rescatados:
-361 son machos.
-497 hembras.
-cuatro cachorros.
-595 adultos.
259 geriátricos.
6 perros fallecieron
“Lamentablemente, como consecuencia del grave deterioro en el que fueron encontrados, se han registrado seis fallecimientos, a pesar de los esfuerzos realizados por el personal médico y de bienestar animal”, expresó la funcionaria.
La funcionaria explicó que en tres casos la muerte estuvo asociada a cuadros de sepsis derivados de desnutrición o enfermedad periodontal; dos correspondieron a perros geriátricos y uno más a un animal que presentó convulsiones y no respondió a las maniobras de atención médica.
La titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), Julia Álvarez Icaza Ramírez, explicó que el rescate derivó de una investigación iniciada el 12 de diciembre de 2025 por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la que se acreditó la existencia de maltrato animal. Como resultado, un juez de distrito ordenó la puesta a salvo de los animales. Los procesos legales y los amparos relacionados con el caso continúan en trámite.
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“Las condiciones constatadas durante las visitas fueron incompatibles con la vida y el bienestar animal”, señaló la secretaria, al detallar que se documentaron pisos húmedos cubiertos de heces y orina, olores fétidos, ausencia total de higiene, presencia de plagas de roedores, alimento contaminado e incluso restos de animales mezclados con la comida que consumían los perros.
Álvarez Icaza agregó que la investigación permitió constatar hacinamiento severo, ausencia absoluta de atención médico-veterinaria, desnutrición extrema, enfermedades avanzadas, tumores, problemas ortopédicos, animales que ya no podían caminar, uso de medicamentos caducos, estrés crónico y un deterioro físico progresivo.
Refugio Franciscano
El terreno en donde se ubicaba el refugio se encuentra en disputa entre la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P., y el Refugio Franciscano, A.C., como parte de un conflicto entre particulares derivado de un juicio civil iniciado en 2021.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, señaló que el gobierno no tiene interés en el predio ni está involucrado en este conflicto legal, por lo que no intervendrán en la disputa.
Al respecto, el secretario de Gobernación añadió que la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P tomó posesión del predio en diciembre.
A partir de esta acción, el gobierno capitalino entró en contacto con ambas partes; sin embargo, ninguna de las dos organizaciones “puso en el centro el interés del bienestar animal”, por lo que se iniciaron investigaciones por maltrato animal, las cuales derivaron en el rescate de los animales.
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Trump amenazó con invocar la ley con el fin de detener las manifestaciones en Mineápolis contra la presencia de ICE.
El presidente Donald Trump volvió a amenazar con invocar una ley del siglo XIX que rara vez se utiliza, esta vez para desplegar al ejército en Mineápolis, en el estado de Minnesota, donde miles de personas siguen protestando contra la fuerte presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Las manifestaciones se intensificaron después de que un agente del ICE matara de un disparo a una manifestante llamada Renee Good la semana pasada.
Esta semana, otro agente federal le disparó a un hombre en la pierna también en Mineápolis, en lo que las autoridades califican como un acto de legítima defensa.
En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que “si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no impiden que los agitadores profesionales y los insurrectos ataquen a los patriotas del ICE, que solo intentan hacer su trabajo, aplicaré la LEY DE INSURRECCIÓN”.
Trump afirmó que, al recurrir a esta ley, “pondría fin rápidamente a la farsa que se está produciendo en ese estado (Minnesota)”.
Esto es lo que hay que saber sobre esa ley.
¿Qué es la Ley de Insurrección de 1807?
La Ley de Insurrección de 1807 permite al presidente utilizar personal militar en servicio activo para realizar funciones policiales dentro de Estados Unidos.
Los presidentes estadounidenses pueden invocar la ley si determinan que hay “obstrucciones, coaliciones, reuniones o rebeliones ilegales” contra el Gobierno que hacen “imposible la aplicación” de la ley estadounidense “por la vía ordinaria de los procedimientos judiciales”.
Una vez invocada, las tropas podrían encargarse de una serie de tareas, desde sofocar disturbios civiles y hacer cumplir órdenes judiciales hasta arrestar y detener migrantes. Esto incluye a la Guardia Nacional, una rama de las fuerzas armadas estadounidenses tradicionalmente reservada para emergencias y desastres.
Dado que la Ley de Insurrección está redactada en términos generales, con pocas indicaciones específicas sobre cómo y cuándo se pueden utilizar los poderes, ofrece a los presidentes un amplio margen de maniobra a la hora de decidir cuándo movilizar al personal militar para realizar operaciones dentro del país.
¿Por qué quiere Trump utilizarla?
A lo largo de su campaña electoral, Trump prometió tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal y calificó la situación en la frontera sur como una “emergencia nacional” que podría controlarse mejor invocando la mencionada ley.
En su primer día en el cargo en enero de 2025, solicitó “recomendaciones sobre las medidas adicionales que podrían ser necesarias para obtener el control operativo completo de la frontera sur, incluyendo la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807”.
Su gobierno ya puso en marcha una serie de medidas radicales enfocadas en la frontera. Entre estas se incluyen redadas a nivel nacional y el traslado de presuntos miembros de bandas venezolanas a una prisión en El Salvador, una decisión que ahora se enfrenta a impugnaciones legales.
En octubre, Trump volvió a decir que estaba considerando la posibilidad de recurrir a la Ley de Insurrección después de que un juez federal le impidiera enviar tropas de la Guardia Nacional a la ciudad de Portland, en Oregón, que según el presidente estaba invadida por “terroristas internos” de izquierda.
Aunque en ese momento afirmó que la situación no había llegado al punto en el que esa decisión fuera necesaria, también dijo que “si tuviera que promulgarla, lo haría, si se estuviera matando a gente y los tribunales nos estuvieran frenando, o los gobernadores y alcaldes nos estuvieran frenando”.
Ahora, tras semanas de tensión en Mineápolis, mientras miles de agentes del ICE intensificaban sus operaciones en la ciudad, Trump amenazó una vez más con utilizar la ley para sofocar las protestas.
¿Cómo se ha utilizado la ley en el pasado?
La Ley de Insurrección se ha invocado en contadas ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos.
Abraham Lincoln la utilizó cuando los estados del sur se rebelaron durante la Guerra Civil estadounidense, y tras la guerra el presidente Ulysses S. Grant la invocó contra una ola de violencia racista por parte del Ku Klux Klan.
En el siglo XX, el presidente Dwight D. Eisenhower la invocó para que el ejército estadounidense escoltara a un grupo de estudiantes negros en el camino a su escuela en Little Rock, Arkansas, después de que el gobernador del estado se negara a cumplir una orden federal de desegregación.
Más recientemente, se utilizó en 1992, cuando estallaron disturbios masivos en Los Ángeles por la absolución de cuatro policías blancos que golpearon a Rodney King, un hombre negro. El entonces presidente, George Bush, envió a miembros en servicio activo de los marines y el ejército, así como a tropas de la Guardia Nacional.
¿Existe algún tipo de restricción a la ley?
El Gobierno estadounidense ha procurado tradicionalmente limitar el uso de la fuerza militar en suelo estadounidense, especialmente contra sus propios ciudadanos.
La Ley Posse Comitatus de 1878 se promulgó precisamente para restringir la actuación del ejército como fuerza policial dentro del país. En momentos en los que hay disturbios, los estados suelen ser los que despliegan a la Guardia Nacional para ayudar a mantener el orden.
Desde que volvió al cargo, Trump ha declarado emergencias nacionales, lo que le da acceso a poderes y recursos que normalmente están restringidos.
Con esta autoridad, ha impuesto aranceles, tomado medidas contra la inmigración y desplegado agentes federales, la Guardia Nacional e incluso tropas en servicio activo en ciudades como Washington D. C., Los Ángeles y Memphis.
En marzo, tras su declaración de emergencia en la frontera, Trump invocó la poco utilizada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a migrantes que, según él, eran miembros de bandas. A continuación, se produjeron una serie de impugnaciones legales y la Corte Suprema impuso algunas restricciones temporales al uso de esa ley.
Si Trump decide invocar la Ley de Insurrección, está por verse a qué obstáculos legales podría enfrentarse.
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