Colectivos de Guanajuato denuncian “triángulo de desapariciones” en carretera de Jaral a Valle de Santiago
Desde mediados del año pasado, colectivos de búsqueda han documentado un patrón de desapariciones en la carretera antigua entre Jaral del Progreso y Valle de Santiago. En ese periodo, más de 20 jóvenes, de entre 16 y 20 años de edad, habrían sido privados de la libertad en este tramo, cercano a la autopista.
Una buscadora, que pidió omitir su nombre, afirmó que han documentado al menos 20 casos con características similares al de su hijo, ocurridos en el mismo punto.
Esta recurrencia llevó a los colectivos a denominar la zona como el “triángulo de las desapariciones”.
Guanajuato figura entre las entidades con mayor incidencia de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
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El estado ocupa el séptimo lugar nacional en el caso de niñas y adolescentes mujeres, y el lugar 13 en niños y adolescentes hombres, lo que lo coloca en la posición número 11 a nivel nacional en este fenómeno.
La organización advierte que la magnitud del problema se agrava porque el reclutamiento de menores aún no está plenamente reconocido ni tipificado como delito, lo que limita su prevención, atención y sanción.
“Hay alrededor de 20 casos igual al de mi hijo y exactamente se han perdido en el mismo punto, en la carretera antigua entre Jaral del Progreso y Valle de Santiago, a la altura de la autopista”, señaló la buscadora.
De acuerdo con los colectivos, las víctimas corresponden a un perfil específico: jóvenes de entre 16 y 18 años, quienes son privados de la libertad, mientras que las personas adultas que los acompañan suelen ser asesinadas.
“Son puros jóvenes, de entre 16 y 18 años. Las personas adultas que los acompañan aparecen muertas, como que nomás se llevan a los puros chavos”, afirmó.
Además, señaló que muchas familias no denuncian por miedo, lo que ha dificultado dimensionar el número real de casos y ha favorecido la impunidad en la zona.
“Muchas familias no quieren denunciar por temor. Eso es lo que ha permitido que esto siga pasando”, expresó.
También denunciaron omisiones graves por parte de las autoridades, al señalar que no existen cámaras de videovigilancia funcionando en ese tramo carretero, pese a que físicamente sí se encuentran instaladas. Indicaron que han solicitado a la autoridad los videos de ese sitio, sin obtener información.
“El gobierno me dice que no hay cámaras, que no existen o que no están funcionando, pero yo entré a la página de transparencia del Estado y ahí aparecen las cámaras del C5, incluso con fragmentos de grabación”, sostuvo.
Aseguró haber entregado pruebas documentales, fotografías, videos y testimonios que demostrarían que las cámaras sí graban y transmiten, lo que sugiere que la autoridad estaría ocultando evidencia clave.
“Eso me dice que las cámaras sí están trabajando, pero el gobierno insiste en que no. Yo no hablo de palabra, llevo pruebas”, afirmó.
Finalmente, exigieron que las autoridades reconozcan el patrón delictivo, refuercen la seguridad en la zona señalada y realicen búsquedas en los cerros cercanos, donde podrían existir centros de adiestramiento criminal.
“Si ya saben que en esa zona están desapareciendo personas, ¿por qué no acuden?, ¿por qué no refuerzan la seguridad? Una cosa es que no se pueda y otra muy diferente es que no quieran”, concluyó.
Esta nota se publicó originalmente en Zona Franca.
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El incidente ocurrió a plena luz del día. Existen múltiples videos grabados por transeúntes desde diversos lugares. Pero incluso los hechos básicos están siendo cuestionados.
La muerte a disparos de Renee Nicole Good en Mineápolis a manos de un agente de ICE, siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, está dejando al descubierto las profundas divisiones en la política estadounidense y amenaza con avivar un debate ya conflictivo sobre la política migratoria.
El incidente ocurrió a plena luz del día. Existen múltiples videos grabados por transeúntes desde diversos lugares. Sin embargo, incluso los hechos básicos están siendo cuestionados.
Casi inmediatamente después del incidente comenzaron a formarse dos versiones completamente diferentes. Cualquier ambigüedad en los videos compartidos en línea fue aprovechada: se utilizaron diferentes ángulos y capturas de pantalla para impulsar una narrativa particular.
Y en el escenario público, funcionarios estatales y federales discreparon abiertamente.
Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Renee Good fue la culpable. Al alejarse de los agentes de ICE “utilizó su auto como arma” en un “ataque terrorista doméstico”, dijo Noem.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a una “agitadora profesional” y a un “movimiento radical de izquierda, violento y de odio” en una publicación en su plataforma en redes Truth Social.
Los demócratas a nivel nacional, así como autoridades estatales y locales de Minnesota, presentaron un panorama completamente diferente.
Jacob Frey, alcalde demócrata de Mineápolis, dijo que un agente federal utilizó fuerza letal en forma “temeraria”. También exigió a los agentes de inmigración que abandonen la ciudad. “ICE, ¡lárgate de una maldita vez!”, afirmó Frey.
El gobernador de Minesota, Tim Walz, calificó el incidente de “totalmente predecible” y “totalmente evitable”, argumentando que fue consecuencia directa del aumento de agentes federales de inmigración en Minneapolis y sus alrededores en los últimos días.
“Llevamos semanas advirtiendo que las peligrosas y sensacionalistas operaciones de la administración Trump son una amenaza para nuestra seguridad pública”, declaró el miércoles.
Esta clara división entre el gobierno federal y los funcionarios locales se ilustró aún más el jueves por la mañana, cuando la Oficina de Aprehensión Criminal de Minesota anunció que el Departamento de Justicia y el FBI ya no cooperarían en la investigación del incidente.
Las agencias federales, informó la Oficina, serán las únicas responsables de la investigación sobre el uso de fuerza letal por parte del agente de ICE.
Que Minesota se haya convertido en el epicentro de un creciente conflicto sobre la aplicación de la ley migratoria en los últimos meses es a la vez previsible e irónico.
Es irónico porque la muerte de Good ocurrió a pocos kilómetros de donde, en 2020, la policía de Mineápolis mató a George Floyd durante un intento de arresto, lo que desencadenó protestas del movimiento Black Lives Matters en todo el país, incluyendo algunas en esta ciudad que se tornaron violentas.
Walz puso en alerta a la Guardia Nacional del estado y advirtió a los cientos de manifestantes que han salido a las calles que no recurran a la violencia.
El papel central de Minesota en este último estallido no sorprende, ya que marca la culminación de un conflicto, una controversia y un escándalo que se venían gestando durante meses.
El reciente aumento en acciones migratorias se produce después de que Trump ridiculizara a la numerosa población inmigrante somalí del estado -la mayoría de los cuales son ciudadanos estadounidenses- tras la condena de miembros de la comunidad por fraude en la distribución de la ayuda federal por la epidemia de COVID-19.
“Cientos de miles de somalíes están estafando a nuestro país y destrozando ese otrora gran estado”, declaró Trump en noviembre. “No vamos a tolerar este tipo de atentados contra la ley y el orden por parte de personas que ni siquiera deberían estar en nuestro país”.
Bajo presión, Walz abandonó su candidatura a la reelección la semana pasada ante el aumento de acusaciones de corrupción en los servicios sociales estatales, como la asistencia infantil y la ayuda alimentaria.
El incremento de acciones migratorias en el estado es solo el ejemplo más reciente del uso de funcionarios federales por parte de la administración Trump para atacar a comunidades sospechosas de tener altas tasas de inmigrantes indocumentados. El uso de la fuerza durante esta operación tampoco es un incidente aislado.
El incidente de Minesota fue al menos el noveno caso de disparos vinculados a operaciones migratorias desde septiembre; todos involucraron a personas que fueron atacadas mientras se encontraban en sus vehículos, según el New York Times.
La intensidad con la que se han llevado a cabo las acciones migratorias en una lista cada vez mayor de ciudades en todo Estados Unidos, ha provocado protestas y demandas de funcionarios demócratas para una mayor supervisión, rendición de cuentas y moderación por parte de agentes del orden.
El muerte de Good ya ha dado a estos esfuerzos una nueva urgencia entre sus defensores.
Los funcionarios de la administración Trump, por su parte, siguen adelante y citan el mandato que dicen haber recibido de los votantes en las elecciones presidenciales de 2024. Alegan además que la drástica reducción de entradas de indocumentados a Estados Unidos es evidencia de que sus esfuerzos han resultado eficaces.
Y refutaron enérgicamente el argumento de que el video del incidente en Minneapolis sea prueba de un uso indebido de fuerza letal.
“La manipulación es desproporcionada y no la tolero”, escribió el vicepresidente J.D. Vance en una publicación en X. “Este hombre estaba haciendo su trabajo. Ella intentó impedir que lo hiciera”.
Si bien calificó el incidente de trágico, añadió que “la responsabilidad recae sobre esta mujer y todos los radicales que enseñan a la gente que la inmigración es la única ley con la que los alborotadores pueden interferir”.
Walz, en sus siguientes declaraciones públicas, se apresuró a rebatir ese argumento: “Personas en puestos de poder ya emitieron juicios, desde el presidente hasta la vicepresidenta y Kristi Noem, y dijeron cosas que son verificablemente falsas, verificablemente inexactas”.
“Determinaron el carácter de una madre de 37 años que ni siquiera conocían”, concluyó.
Parece que incluso las pruebas en video están abiertas a la interpretación en este momento. Cada persona ve las mismas imágenes y saca conclusiones decididamente diferentes, que con frecuencia, quizás como era de esperar, refuerzan sus posiciones previamente establecidas.
El abismo en la política estadounidense parece tan inmutable como desalentador.
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