
La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que presentó la empresa Royal Caribbean ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para evaluar el proyecto Royal Beach Club Cozumel reconoce 15 afectaciones en materia de impacto ambiental.
Esta infraestructura, un nuevo club de playa en la isla, estará destinada a actividades turísticas.
De los 15 impactos negativos, 12 serán acumulativos e irreversibles. Tan solo en la etapa de preparación y construcción se considera el desmonte de selva y afectaciones a manglares, así como “ahuyentar” y “reubicar” fauna nativa y endémica con alguna categoría de protección, según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

A pesar de reconocer impactos ambientales acumulativos e irreversibles, la MIA concluye que, en términos generales, la infraestructura no generará afectaciones críticas o significativas que provoquen alteraciones o pérdidas permanentes de las condiciones ambientales, ni que obstaculicen la existencia de los seres vivos o la continuidad de los procesos naturales.
A través de un correo electrónico, Ailyn Ríos, supervisora de cuentas en Weber Shandwick —agencia de relaciones públicas de Royal Caribbean—, contactó a Animal Político y afirmó que la MIA concluye que el proyecto es “viable desde el punto de vista medioambiental”, que sus impactos son “insignificantes” y que serán evitados, mitigados y/o compensados.
Añadió que, de acuerdo con las páginas 188, 499 y 500 del documento, el proyecto no generará impactos “críticos o significativos” que provoquen alteraciones o pérdidas permanentes en las condiciones ambientales, y que los graves serán compensados o mitigados para resarcir el componente ambiental.
Sin embargo, en lo individual la MIA también señala en el capítulo V, al menos, seis impactos severos que afectarán la selva, los manglares y fauna nativa y endémica en la zona.
El predio donde se busca construir el proyecto de Royal Caribbean en Cozumel se ubica en una zona previamente impactada. Actualmente en el sitio se llevan a cabo actividades turísticas similares a las planteadas en el club de playa Playa Mia Beach Club.
El proyecto tendrá una superficie total de 17.42 hectáreas (ha) en las cuales, según la Carta de Usos de Suelo y Vegetación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se tiene identificado un cuerpo de agua o Zona Marina de 2.664 ha y zonas de vegetación secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia que abarcan 14.756 ha.

El documento de la MIA del proyecto Royal Beach Club Cozumel clasificó los impactos ambientales que tendrá el proyecto por etapa. Del total, dos son compatibles en las cuatro etapas del proyecto y tienen que ver con la modificación del aire y del confort sonoro.
A lo anterior, se suman siete impactos moderados por la modificación de la calidad del agua subterránea (salobre) en las etapas de construcción, operación y mantenimiento. Además de la modificación del suelo en las cuatro etapas.
Otros impactos moderados previstos se registrarán en la modificación de la susceptibilidad a la erosión y de la infiltración, ambos asociados a las etapas de preparación del sitio y construcción.
En cuanto a impactos ambientales severos se contemplan seis, de los cuales cuatro están dirigidos en la disminución de la cobertura vegetal secundaria de Selva Mediana Subperennifolia, pérdida de flora y de individuos de especies de flora en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y/o endémicas en la etapa de preparación del sitio, así como reducción de las áreas de ocupación de la fauna silvestre durante la preparación del sitio.
En cambio, dos impactos ambientales severos señalados en la MIA causarán disminución de la cobertura vegetal costera y afectación a individuos de manglar en las etapas de construcción, operación y mantenimiento del proyecto.
La empresa señala que “el efecto que producirán los impactos compatibles en el medio será de baja intensidad, puntual y reversible una vez que las actividades constructivas finalicen o bien, a través de la implementación de medidas de prevención y mitigación”.
Sin embargo, en el caso de los impactos ambientales moderados, a pesar de provocar una modificación a los componentes ambientales, Royal Caribbean dice en su MIA que, “con la implementación de medidas ambientales no se pondrá en riesgo a los procesos ecosistémicos de los que forman parte.
Respecto a los seis impactos severos, la empresa mencionó que “si bien, serán permanentes, al no poder lograr una reversibilidad natural, se implementarán medidas para retribuir al componente ambiental incidido”.

El proyecto también contempla 12 impactos ambientales acumulativos que, según el Artículo 3° del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), se refieren al “efecto en el ambiente que resulta del incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente”.
La infraestructura del nuevo Royal Beach Club de Royal Caribbean contempla dos impactos acumulativos en materia de aire, como consecuencia de la modificación de la calidad del aire y del confort sonoro consecuencia de la contaminación atmosférica por emisión de contaminantes, suspensión de partículas, contaminación de aire y ruido.
En materia de agua tendrá impactos acumulativos por modificación de la calidad del agua subterránea (salobre) por contaminación del acuífero por derrame de aguas residuales y contaminación del manto freático y zona marina por residuos líquidos. Además, de la contaminación del humedal por efecto de derrames de aguas residuales o sustancias peligrosas.
Sigue leyendo: Cierra Semarnat consulta pública sobre megaproyecto Puerta al Mar; activistas piden que niegue permiso a Sedena
El suelo también sufrirá impactos ambientales acumulativos que tendrán como consecuencia la contaminación de este recurso por la generación de residuos sólidos y aguas residuales.
La flora y la fauna también se verán afectadas por perturbación del hábitat y pérdida total de especies ante la reducción de las áreas de ocupación de la fauna silvestre, finalmente, el paisaje también tendrá impactos ambientales acumulativos por la modificación de la calidad visual, reducción del paisaje, de la calidad visual y su estado natural.
Ailyn Ríos, de Weber Shandwick agencia de relaciones públicas de Royal Caribbean, dijo que, en el capítulo IV de la MIA “se especifica, también, un plan robusto de mitigación, restauración y conservación para cada impacto.
Y añadió que, “Royal Caribbean reitera que, en estricto apego a la normativa mexicana, se garantizará el acceso público y legal a las playas, y que el proyecto contempla planes específicos para preservar y restaurar la flora y la fauna locales”.

El proyecto de la empresa Royal Caribbean contempla atender a 4 mil turistas diarios ofertando experiencias y actividades únicamente de día. Pese a que la Semarnat aún no autoriza el proyecto, la empresa de cruceros ya ofrece su nueva experiencia en su sitio oficial con la leyenda “Relájate en Cozumel”.
En la página, invita a potenciales turistas a prepararse para Royal Beach Club℠ Cozumel “donde los buenos momentos y el ambiente tropical te prometen el día de playa más audaz que hayas vivido hasta ahora”.
Haciendo énfasis en la exclusividad, Royal Caribbean señala en su página que “lo exclusivo se encuentra con el todo incluido, un pase de un día a la tranquilidad total, donde tus bebidas favoritas y los deliciosos bocadillos son gratuitos”. Además, en su sitio oficial ya ofrece una “lista de espera” para recibir actualizaciones de destinos e información sobre cruceros abiertos para navegación, incluído Cozumel.
Ante la posibilidad de que se privatice Playa Mia, sitio donde se encontrará este club de playa, los ciudadanos llaman a firmar para que la secretaría no autorice este proyecto en Cozumel.
Te podría interesar: Balance medioambiental 2025: 12 historias sobre defensa del territorio y la protección de ecosistemas y biodiversidad
El llamado también fue extendido al gobierno local y al estatal de Quintana Roo, además de a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para no permitir que se construya este proyecto y se conserven “los encantos naturales” de la isla.
La supervisora de cuentas en Weber Shandwick también señaló que, acorde con la MIA, el proyecto Royal Beach Club Cozumel se encuentra en la Zona Federal Marítimo-Terrestre (ZOFEMAT) y que las palapas serán semipermanentes y desmontables.
“Aunque el proyecto es privado, el documento no menciona la pérdida de acceso público ni la privatización en el sentido de exclusividad absoluta, y afirma que el proyecto está dirigido tanto a ‘los pasajeros de cruceros como al público en general’ (página 188 del documento). Es importante aclarar que obtener una concesión federal no constituye privatización stricto sensu; aclarar esta distinción contribuiría a contextualizar la percepción ciudadana”, añadió.
Dentro de la justificación, la empresa Royal Caribbean justifica la propuesta de desarrollar el proyecto Royal Beach Club Cozumel en el municipio de Cozumel, Quintana Roo, ya que “el sitio de selección se ubica en una zona previamente impactada, donde, actualmente, se llevan a cabo actividades recreativas similares a las planeadas, como las de Playa Mia Beach Club”.

La agencia está bajo escrutinio tras el letal tiroteo de una mujer en Mineápolis llamada Renee Nicole Good.
El letal tiroteo de Renee Nicole Good, de 37 años, en Mineápolis provocó protestas y aumentó el escrutinio sobre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
El ICE ha realizado miles de arrestos desde que Trump regresó a la Casa Blanca, por lo general en espacios públicos.
Estas acciones están llevando a sus agentes con cada vez más frecuencia a comunidades de todo el país, lo que ha generado resistencia por parte de algunos residentes locales que se oponen a sus operaciones.
El ICE está liderando la implementación de la iniciativa de deportación masiva de la administración Trump, una promesa central de su campaña electoral.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha ampliado significativamente el ICE, su presupuesto y su misión.
La agencia hace cumplir las leyes de inmigración y realiza investigaciones sobre la inmigración indocumentada. También participa en la expulsión de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos.
El ICE se creó como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Esta legislación creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con el ICE como una de sus agencias subsidiarias.
El ICE considera que su misión abarca tanto la seguridad pública como la seguridad nacional. Sin embargo, sus facultades son diferentes a las de un departamento de policía local promedio en Estados Unidos.
Sus agentes tienen la facultad de detener y arrestar a personas sospechosas de estar en Estados Unidos sin documentación legal.
Pueden detener a ciudadanos estadounidenses en circunstancias limitadas; por ejemplo, si una persona interfiere en un arresto, agrede a un oficial o si el ICE sospecha que la persona está en Estados Unidos sin documentos.
A pesar de esto, según ProPublica, una agencia de noticias independiente sin ánimo de lucro, durante los primeros nueve meses de la presidencia de Trump se produjeron más de 170 incidentes en los que agentes federales retuvieron a ciudadanos estadounidenses contra su voluntad.
Estos casos incluían a estadounidenses que los agentes sospecharon eran inmigrantes indocumentados.
Las acciones de uso de la fuerza por parte del ICE se rigen por una combinación de la Constitución de los Estados Unidos, la legislación estadounidense y las propias directrices del Departamento de Seguridad Nacional.
Según la Constitución de Estados Unidos, las fuerzas del orden “solo pueden usar fuerza letal si la persona representa un peligro grave para sí misma o para otras personas, o si ha cometido un delito violento”, declaró Chris Slobogin, director del programa de justicia penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Vanderbilt.
Sin embargo, históricamente la Corte Suprema de los Estados Unidos ha concedido una amplia indulgencia a los agentes que toman decisiones en el momento sin el beneficio de la retrospectiva.
Un memorando de política del DHS de 2023 establece que los agentes federales “solo pueden usar fuerza letal cuando sea necesario” cuando tengan “una creencia razonable de que la persona a la que se aplica dicha fuerza representa una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves” para sí misma o para otra persona.
Normalmente, el ICE opera dentro de Estados Unidos, con algún personal en el extranjero. Su agencia hermana, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., técnicamente patrulla las fronteras estadounidenses.
Sin embargo, estas funciones se han desdibujado cada vez más, a medida que la administración Trump retiró agentes de diversas agencias federales del orden público para participar en la aplicación de la ley migratoria.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza operan cada vez más dentro de EE.UU., participando en redadas con el ICE.
El ICE y otras agencias han desplegado cientos de agentes en ciudades como Los Ángeles, Chicago y ahora Mineápolis, en colaboración con otras agencias federales del orden público.
Hasta 2.000 agentes federales se desplegarán en Mineápolis como parte de la última operación, según informó Associated Press.
La magnitud de las deportaciones durante la era Trump ha sido significativa.
La administración afirmó haber deportado a 605.000 personas entre el 20 de enero y el 10 de diciembre de 2025.
También indicó que 1,9 millones de inmigrantes se habían “autodeportado voluntariamente”, tras una agresiva campaña de concienciación pública que animaba a las personas a abandonar el país por su cuenta para evitar ser arrestados o detenidos.
Un inmigrante que se encuentra con el ICE puede enfrentar diversas consecuencias.
En ocasiones, una persona es retenida temporalmente y luego liberada tras un interrogatorio. En otras circunstancias, el ICE la detiene y la traslada a un centro de detención más grande, de los cuales existen varios en todo Estados Unidos.
Aunque muchos inmigrantes continúan luchando por su estatus legal mientras están detenidos, si no lo logran podrían ser deportados.
Alrededor de 65.000 personas se encontraban detenidas por el ICE a 30 de noviembre de 2025, según datos obtenidos por el proyecto de inmigración del Transactional Records Access Clearinghouse, un compendio de datos gubernamentales de la Universidad de Syracuse.
Abogados de inmigración dijeron a la BBC que, una vez que el ICE detiene a una persona, a veces puede llevar días para que las familias o los abogados averigüen dónde se encuentra.
Muchas comunidades han respondido cuando el ICE y agencias asociadas, como la Patrulla Fronteriza, realizan operativos.
Ahora es común que los residentes filmen a los agentes del ICE mientras realizan arrestos. Algunos encuentros entre los agentes y el público se han tornado agresivos o violentos.
Durante operativos del ICE en Chicago, Illinois, un colectivo de organizaciones de medios de comunicación demandó a la Patrulla Fronteriza. Alegaron que los agentes usaron fuerza indebida contra periodistas, líderes religiosos y manifestantes.
Un juez federal falló a favor del grupo, antes de que un tribunal de apelaciones revocara la decisión.
El tiroteo en Mineápolis no es el primero en que una persona resulta herida por disparos durante un operativo de control migratorio.
En octubre hubo dos incidentes en Los Ángeles en los que los agentes dispararon a conductores, según informó Los Angeles Times. El DHS afirmó en ambos casos que los conductores habían amenazado a los oficiales con sus vehículos.
Los oficiales del ICE y otros agentes de inmigración han sido criticados por usar máscaras para ocultar su rostro mientras realizan sus operativos.
Funcionarios del DHS defienden esta práctica, argumentando que protege a los agentes de la divulgación de información personal o el acoso.
Las encuestas sugieren que los estadounidenses tienen una visión compleja de los planes de Trump para controlar la inmigración.
Poco más de la mitad cree que es necesario algún nivel de deportación, según una encuesta realizada en octubre de 2025 por el Centro de Investigación Pew, una entidad no partidista.
Esta cifra es aproximadamente la misma que Pew encontró en marzo del año anterior.
Sin embargo, la misma encuesta sugiere que a los estadounidenses les preocupan los métodos de Trump.
Se encontró que la mayoría de los adultos estadounidenses (53%) creía que la administración Trump estaba yendo “demasiado lejos” para deportar a inmigrantes indocumentados. Alrededor del 36% apoyó este enfoque.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.