Detienen a jefe de departamento del DIF de Oaxaca por muerte de niñas haitianas en albergue
El jefe del Departamento de Servicios Generales de la Casa Hogar “Patos”, albergue para personas migrantes del DIF de Oaxaca, fue detenido por su probable responsabilidad en la muerte de dos niñas originarias de Haití, cuyos cuerpos fueron encontrados en una fosa séptica.
Con la detención de E.J.B.Z. suman tres servidores públicos puestos a disposición de las autoridades.
Este caso ocurre en un contexto en el que funcionarios del DIF han sido señalados de cometer abusos, violencia y explotación laboral infantil contra niños, niñas y adolescentes que se encuentran en los albergues administrados por el DIF.
Las dos niñas estaban alojadas temporalmente en Casa Hogar “Patos”, y tras haberse reportado su extravío, fueron localizadas en una fosa.
El gobernador del estado, Salomón Jara, ordenó la destitución de la directora general del DIF Oaxaca, así como la destitución de la directora del Albergue y de la Coordinadora de Albergues.
Recalcó que la fiscalía ya realiza las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias de lo ocurrido y, en su caso, fincar las responsabilidades que procedan conforme a la ley, sin excepción y con pleno respeto al debido proceso.
“No fue un accidente, fue una negligencia institucional”: Instituto para las Mujeres en la Migración
El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) expresó su más profunda indignación, dolor y rabia ante la muerte de las dos niñas de nacionalidad haitiana y destacó que las infancias en situación de movilidad humana son sujetas de derechos y el Estado mexicano, a través del DIF, que tiene la obligación legal, moral e internacional de garantizar su vida, integridad y seguridad.
“El lugar que debía ser un refugio seguro para ellas y su madre se convirtió en el escenario de una tragedia prevenible. El hecho de que hayan caído en una cisterna sin restricción de acceso y sin la vigilancia adecuada —además de haber sido encontradas posteriormente al interior de una fosa séptica— no es un accidente, es una negligencia institucional y una omisión de cuidados”.
Asimismo, señaló que las mujeres y las niñas haitianas que transitan por México enfrentan múltiples fronteras de exclusión, discriminación interseccional y racismo institucional. “Ser mujer, ser niña, ser afrodescendiente y ser migrante en México a menudo significa ser relegada a espacios precarios e inseguros que el propio Estado legitima bajo la figura de albergues”.
“La política migratoria y el sistema de asistencia social no pueden seguir operando bajo condiciones de precariedad que cuestan vidas. Las niñas migrantes no deben ser víctimas de un sistema que promete protección y entrega abandono”, sostuvo.
De acuerdo con el Instituto para las Mujeres en la Migración este no es el primer caso en que una niña muere bajo custodia del Estado mexicano. Recordó que en mayo de 2019, una niña de origen guatemalteco murió bajo custodia del Instituto Nacional de Migración, en la estación migratoria de la Ciudad de México “Las Agujas”, por negligencia médica del doctor de la estación migratoria. Hasta la fecha, casi 7 años después, la madre sigue sin recibir reparación integral del daño.
Ante los hechos, el IMUMI pide a la Fiscalía del estado una investigación exhaustiva, pronta y transparente, que debe incorporar perspectiva de niñez, de género y antirracista, que determine las responsabilidades penales y administrativas por omisión de cuidados y negligencia criminal de las autoridades y personal a cargo del albergue “Casa Pato”.
A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a las autoridades estatales, demandan garantizar acompañamiento psicosocial, médico, asesoría jurídica gratuita, servicios de traducción al creole haitiano y la reparación integral del daño para la madre de las niñas, evitando en todo momento su revictimización o criminalización.
Al Sistema Nacional DIF y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes solicitan una inspección inmediata y exhaustiva de todos los Centros de Asistencia Social del país para asegurar que cumplan con los estándares internacionales de habitabilidad, seguridad y dignidad.
También exhortaron al Estado mexicano a que asuma su responsabilidad y deje de administrar la migración desde un enfoque de contención y negligencia, priorizando verdaderas políticas de cuidados y protección integral para las familias transnacionales.
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La decisión de la Corte representa un inusual freno al amplio uso de la autoridad ejecutiva por parte de Trump. Durante el último año, la mayoría de los jueces se han mostrado dispuestos a permitir que siga adelante con su agenda, en particular en materia de migración y reestructuración del gobierno federal.
Donald Trump llevaba meses advirtiendo que una decisión de la Corte Suprema como esta sería catastrófica.
Si la corte restringía su capacidad para imponer estos aranceles, había dicho, sería un “desastre económico y de seguridad nacional”.
La mayoría de seis jueces de la Corte Suprema, al fallar en contra del presidente el viernes, hizo caso omiso de sus preocupaciones.
El Congreso, no el presidente, tiene la facultad de imponer aranceles, dictaminaron los jueces. Y nada en la ley en la que el presidente basó sus aranceles, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia de 1977, dio poderes tan amplios a Trump.
En una conferencia de prensa organizada apresuradamente el viernes por la tarde, Trump arremetió contra los jueces que fallaron en su contra. Dijo estar “avergonzado” de los tres conservadores que anularon sus aranceles y se refirió a los tres liberales de la corte como una “desgracia”.
Trump prometió entonces reimponer aranceles utilizando la autoridad presidencial disponible bajo otras leyes, incluyendo un nuevo arancel global temporal del 10%.
Posición debilitada
La decisión de la corte representa un inusual freno al amplio uso de la autoridad ejecutiva por parte de este presidente.
Durante el último año, la mayoría de los jueces se han mostrado dispuestos a permitir que Trump siga adelante con su agenda, en particular en materia de inmigración y la reestructuración del gobierno federal, incluso aunque los recursos legales van escalando en el sistema judicial.
Este caso, tramitado con urgencia, cierra la puerta a uno de esos usos expansivos de la autoridad presidencial.
Con varios otros casos importantes que involucran usos controvertidos del poder ejecutivo, como los intentos de eliminar la ciudadanía por nacimiento y destituir a un gobernador de la Reserva Federal por presuntas irregularidades, este podría no ser el único revés de Trump en los próximos meses.
Como mínimo, esta decisión debilita la posición de Trump al intentar obligar a otras naciones a hacer concesiones a Estados Unidos y empaña su fachada de invencibilidad.
La debilidad engendra debilidad, y los socios comerciales de EU podrían verse envalentonados a adoptar una línea más dura con EU ahora que se han restringido las facultades arancelarias del presidente.
También abre la posibilidad de que el gobierno de Trump tenga que devolver gran parte de los ingresos arancelarios que recaudó durante el último año.
Aunque los jueces dejaron que esta espinosa cuestión fuera decidida por un tribunal inferior, Brett Kavanaugh, en su opinión disidente, advirtió que el proceso probablemente será un “desastre”.
Opciones
El gobierno de Trump tuvo tiempo de sobra para prepararse para la decisión del viernes.
El precedente de la Corte Suprema y la actitud de muchos jueces cuando el caso se presentó en los tribunales el pasado noviembre indicaban que era muy posible un resultado adverso para él.
Jamieson Greer, principal asesor comercial de Trump, declaró el mes pasado que la Casa Blanca tiene “muchas opciones diferentes” sobre cómo proceder si se eliminan los aranceles.
“La realidad”, afirmó, “el presidente va a tener aranceles como parte de su política comercial de ahora en adelante”.
Sin embargo, las otras opciones que Trump podría tener a su disposición son más limitadas.
Estas requieren que las agencias gubernamentales elaboren informes detallados para justificar la imposición de aranceles, y tienen límites en su alcance y duración.
Atrás quedaron los días en que el presidente podía amenazar o promulgar aranceles de tres dígitos con un simple gesto de la mano o un clic en una publicación en Truth Social.
Los nuevos aranceles requerirán un mayor plazo antes de que puedan imponerse.
Esto podría limitar el tipo de perturbación económica que se produjo cuando el presidente anunció sus expansivos aranceles del “Día de la Liberación” el año pasado y daría a otras naciones más tiempo para preparar sus respuestas.
Si Trump quiere recuperar su margen de maniobra para imponer nuevos aranceles, siempre podría solicitar al Congreso la autorización explícita que la Corte Suprema ha declarado necesaria.
Sin embargo, con las estrechas mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado, y las elecciones de medio término a la vuelta de la esquina, el éxito de tal medida parece improbable.
De hecho, algunos de los aliados conservadores de Trump en el Congreso podrían estar más tranquilos con esta decisión.
Los aranceles del presidente, y los costos que han impuesto a los consumidores, han sido impopulares entre muchos estadounidenses. Los candidatos republicanos en estados clave y distritos electorales habrían estado expuestos a los ataques demócratas por apoyar las políticas de Trump.
Esa área de vulnerabilidad se ha reducido por ahora.
La decisión del viernes generará un momento incómodo el martes, cuando Trump pronuncie su discurso anual sobre el Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso. Tradicionalmente, muchos de los jueces de la Corte Suprema se sientan en la primera fila de la cámara.
El presidente, después de pasar meses emitiendo duras advertencias contra la corte, podría verse frente a frente con los jueces que erosionaron uno de los pilares clave de la agenda del segundo mandato de Trump.
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