“Las voces de nuestros pueblos están siendo silenciadas”: Diócesis de San Cristóbal denuncia aumento de violencia en Chiapas
La Diócesis de San Cristóbal de las Casas, dirigida por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, denunció un aumento de violencia en Chiapas.
En un comunicado publicado el 21 de diciembre dirigido al gobierno federal, organismos de derechos humanos, medios de comunicación y a la sociedad en general, la Diócesis dijo que “las voces de nuestros pueblos están siendo silenciadas por la violencia, las armas y la intimidación”.
“En Chiapas estamos viviendo en medio de grupos criminales que se disputan el territorio poniendo a la sociedad civil como barrera humana, sin que se haga valer el derecho del pueblo a la seguridad, el libre tránsito, la paz y otros, de manera permanente”.
Según el documento, desde hace más de dos años, la región fronteriza de Chiapas sufre azotes de violencia manifestada en amenazas, hostigamientos, cobro de piso, intimidaciones, desapariciones, secuestros, asesinatos, despojos, saqueo y explotación minera, “un sinfín de violaciones a los derechos humanos y colectivos”.
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La Diócesis sostiene que el crimen organizado mantiene a los pueblos sitiados y que les preocupa enormemente la situación actual de Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Motozintla, Bella Vista, Maravilla Tenejapa, La Grandeza y Altamirano.
Qué pasa en Chiapas
De acuerdo con la Diócesis de San Cristóbal, cientos de familias han tenido que salir de sus hogares por amenazas y a diario se ve “gente armada a bordo de camionetas que ingresan a diversas comunidades sacando gente de sus casa”.
También aseguran que gente armada amenaza a autoridades ejidales y “han hecho descargas de sus armas frente a la población para aterrorizarlos y hagan lo que ellos les piden”.
Otra situación que destacan en el comunicado es que a pesar de la presencia de la Guardia Nacional, no hay seguridad, por lo que hicieron un llamado urgente a atender sus demandas de paz y restablecer el orden social.
Entre las exigencias, destaca el desarme de grupos criminales, recuperación del territorio para familias, una declaratoria oficial contra la explotación minera y bienes naturales y seguridad a los defensores de derechos humanos.
Denuncian virtual estado de sitio en Chiapas
Por su parte, el Pueblo Creyente, conformados por la feligresía católica de la Diócesis de San Cristóbal, indicó que ellos no son ni quieren ser “parte de ningún grupo criminal”, porque tienen una misión concreta:
“La no violencia nos invita a estar de lado de las víctimas generadas por cualquier sistema, gobierno, sociedad o comunidad, como lo señaló Tatic Samuel en su carta pastoral en esta hora de gracia”.
Denunciaron, al igual que el obispo, una lucha de grupos criminales por el control del territorio, despojo de sus bienes materiales y naturales, y omisión del Estado “ante esta realidad tan dolorosa”.
Pueblo Creyente señaló que se encuentran en un “virtual estado de sitio” desde hace más de dos años, en el que padecen la presión y el control social de grupos criminales que someten a comunidades y pueblos.
“Exigimos la acción urgente de quien sea responsable de establecer estructuras justas de paz, restablecer el libre tránsito y el respeto a nuestros derechos humanos y colectivos”.
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Tras el fallo de la Corte el gobierno podrá ahora enviar a los migrantes a una base militar estadounidense en Yibuti o Sudán del Sur.
La Corte Suprema de Estados Unidos permitió a la administración del presidente Donald Trump reanudar las deportaciones de migrantes a naciones distintas de su país de origen.
Con seis votos a favor y tres en contra, los jueces revocaron una orden de un tribunal inferior que exigía al gobierno brindar a los migrantes una “oportunidad significativa” para informar a las autoridades sobre los riesgos que podrían enfrentar al ser deportados a un tercer país.
Las tres juezas liberales de la corte emitieron una larga disensión argumentando que el fallo mayoritario “premiaba la ilegalidad”.
El gobierno podrá ahora enviar a los migrantes a una base militar estadounidense en Yibuti o Sudán del Sur.
El caso surgió a raíz de una orden emitida en abril por el juez de distrito Brian Murphy, con sede en Boston, para suspender las deportaciones de migrantes a terceros países.
El juez afirmó que esos migrantes tenían derecho al debido proceso, es decir, a ser notificados de su destino y a la oportunidad de argumentar que corrían peligro de ser torturados o asesinados si eran enviados a dichos países.
Posteriormente, el juez declaró que un vuelo de deportación a Sudán del Sur había violado su orden.
La deportación incluía a ocho migrantes de Myanmar, Sudán del Sur, Cuba, México, Laos y Vietnam, enviados en un avión que supuestamente se dirigía a ese país africano, un país plagado de violencia y en el que la mayoría de ellos nunca habían puesto un pie.
El vuelo, sin embargo, aterrizó en Yibuti, donde hay una base militar estadounidense. Los hombres han permanecido retenidos allí desde entonces.
Aunque la orden del juez Murphy se aplicaba a muchos migrantes, la atención pública desde entonces ha estado centrada en esos ocho hombres, que habían sido calificados por la administración Trump de “lo peor de lo peor”.
La decisión de la Corte Suprema bloquea temporalmente la orden del juez Murphy.
En su disensión, las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson criticaron el fallo de la mayoría, calificándola de “grave abuso”.
“Aparentemente, la corte considera más aceptable la idea de que miles de personas sufran violencia en lugares lejanos que la remota posibilidad de que un tribunal de distrito se exceda en sus facultades correctivas cuando ordenó al gobierno que proporcionara la notificación y el proceso al que los demandantes tienen derecho constitucional y estatutariamente”, escribió Sotomayor.
“Ese uso de discreción es tan incomprensible como inexcusable”, agregó.
La declaración de un solo párrafo, sin firmar, de la mayoría conservadora de la Corte Suprema no explica sus razones para poner en pausa la decisión de Murphy.
El fallo de la Corte de este lunes representa otra victoria para el presidente Trump en su búsqueda de deportaciones masivas.
El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el fallo era “una victoria para la seguridad del pueblo estadounidense”.
“¡Que se enciendan los aviones de deportación!”, dijo la portavoz de la agencia, Tricia McLaughlin.
El gobierno de Trump afirmó que los ocho migrantes vinculados al caso habían cometido “crímenes atroces” en Estados Unidos, incluyendo asesinato, incendio provocado y robo a mano armada.
Sin embargo, los abogados de los migrantes declararon ante la Corte Suprema que muchos de los detenidos no tenían antecedentes penales.
La Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, que representa a los demandantes, calificó el fallo de la corte de “horrendo”.
Su directora ejecutiva, Trina Realmuto, afirmó que la decisión expone a sus clientes a “tortura y muerte”.
Poco después del fallo, los abogados de los migrantes presentaron una moción de emergencia ante el juez Murphy solicitando que continuara bloqueando las deportaciones.
En una breve orden emitida el lunes por la noche, el juez indicó que los migrantes en Yibuti por ahora están protegidos de una remoción inmediata debido a un fallo distinto emitido previamente por él.
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