4 años del intento de transfeminicidio de Natalia Lane: buscar justicia entre revictimización y violencia institucional
Natalia Lane sobrevivió a un intento de transfeminicidio en un hotel de la Ciudad de México. La trabajadora sexual y activista por los derechos de las personas trans fue agredida con un cuchillo en cara, cuello y manos el 16 de enero de 2022; tres empleados que intentaron ayudarla resultaron lesionados.
A casi cuatro años de lo ocurrido, entre audiencias, amparos, revictimización y violencia institucional, Natalia sigue sin justicia y sin reparación del daño. Su agresor, Alejandro “N”, está en la cárcel, pero sigue sin sentencia.
Su caso fue el primero en ser tipificado como transfeminicidio en grado de tentativa contra una trabajadora sexual, un precedente en la procuración de justicia para las mujeres transgénero en el país.
Natalia visibilizó lo que le ocurrió y que no ha sido la única, solo que sus compañeras ya no pudieron denunciarlo. Además, abrió el debate y puso en el ojo público que exista la obligación de que los feminicidios cometidos en contra de mujeres trans sean investigados con perspectiva de género, con un enfoque diferenciado en el que importe el contexto y se tome en cuenta la especial situación de vulnerabilidad que viven, como la violencia, la discriminación y el odio alimentado por prejuicios y estigmas.
Este martes se llevará a cabo un juicio oral por su caso, luego de que el proceso se extendiera debido a múltiples amparos que interpuso la defensa de su agresor.
La resolución de este caso es importante porque es la primera vez que la carpeta judicializada de una mujer trans trabajadora sexual llega a la etapa de juicio oral clasificada específicamente como tentativa de feminicidio.
“La vida de las personas trans importan”
Natalia espera que este juicio se realice con perspectiva de género y de derechos humanos, y se mande un mensaje poderoso a la sociedad de que la vida de las personas trans importan.
En estos cuatro años se ha llenado de cientos de documentos, entre peritajes médicos, carnets de citas del seguro social, facturas de medicamentos y expedientes.
“Las declaraciones, folios o números no alcanzarían a armar el rompecabezas en el que se convirtió mi vida”, asegura la activista trans.
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“Yo creo que ninguna persona tendría que esperar cuatro años a que le alcance la justicia por atentar contra su vida y su dignidad, y particularmente las mujeres transexuales y las trabajadoras sexuales, pues históricamente hemos sido criminalizadas”, dice en entrevista con Animal Político.
“Como pasa con muchas personas, víctimas y sobrevivientes, parece que la justicia solo le alcanza a la gente que tiene el dinero para pagarla”, señala la activista, quien a lo largo de estos cuatro años se ha enfrentado a un sistema judicial lento, negligente, y revictimizante.
Natalia indica que interpuso dos quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por violencia institucional y revictimización, pero no solo la que ha padecido a lo largo de estos últimos años. En el 2014 la violaron, su agresor fue detenido, pero la misma policía la intimidó para que no presentara la denuncia, mientras que su agresor le ofreció dinero, pero ella no lo aceptó porque le podría hacer lo mismo a otra mujer.
Cuando se presentó a la Fiscalía de Delitos Sexuales su expediente ya no estaba, había “desaparecido”.
“Eso también habla de como el Estado no ha respondido ni ha estado a la altura de las circunstancias cuando las mujeres trans intentamos denunciar y acceder a la justicia”.
“Sigue habiendo criminalización hacia nuestro trabajo, hacia las trabajadoras sexuales. Hasta el día de hoy sigue habiendo policías que quieren extorsionar a las compañeras trabajadoras sexuales en las calles o que están buscando cómo vigilarnos dentro de los espacios públicos por considerarnos amenazas”.
Natalia es periodista independiente y sigue ejerciendo el trabajo sexual, este último, en ocasiones con miedo. A veces, las cicatrices le recuerdan que es una sobreviviente, que la intentaron matar.
En una publicación para Volcánicas escribió: “casi cuatro años que han tenido consecuencias en mi vida, que ni siquiera hay forma de apalabrar: antidepresivos, ataques de pánico, insomnio, hipotiroidismo, estrés postraumático, violencia y desolación. Ese día conocimos hasta dónde pueden llegar las familias de nuestros agresores y la infamia del sistema de justicia”.
“Mi vida no ha vuelto a ser la misma (…) Medicamentos psiquiátricos, decenas de terapias, años de depresión, dos cirugías para borrar cicatrices y seguimos en el mismo lugar. No hay sentencia ni reparación”.
Cuando se refiere a las familias de los agresores es porque ella fue denunciada por el padre de quien intentó asesinarla. La causa: supuestas amenazas.
Natalia exige una sentencia condenatoria contra su agresor y la reparación integral del daño físico, emocional y patrimonial, así como garantizar la no repetición de la violencia institucional en otros casos similares.
Una exigencia de justicia que no para
En enero de 2025, cuando estaban por cumplirse tres años de su intento de transfeminicidio, Natalia Lane interrumpió el discurso de la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, para denunciar omisiones en su caso.
Era un foro, estaba como invitada, se levantó de su asiento y le reclamó: “tres años de que las mujeres trans buscamos justicia y reparación en vida y no hemos encontrado nada. Este es un país transfeminicida, es un país que le ha fallado a las víctimas, es un país donde el Poder Judicial de la Ciudad de México ha solapado la violencia y la revictimización a las sobrevivientes”.
Durante su intervención, la activista denunció que una jueza le otorgó un amparo a su agresor por el que podría salir en libertad, aunque finalmente no prosperó.
“No me voy a callar y no voy a permitir que digas que hay eficacia en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Hoy sigo en peligro porque mi agresor está a punto de salir de prisión”, gritó.
La fiscal, quien inició su gestión el 10 de enero, se encontraba haciendo un recuento de los avances en materia de combate a la violencia de género realizadas por la administración anterior, cuando fue interrumpida por Lane.
“Queremos reparación en vida, no queremos discursos; llevo tres años esperando justicia, que no nos digan que hay eficacia, que no nos digan que las cosas han cambiado”, reclamó la activista.
Dos días después, Lane y más activistas encabezaron una protesta en el Poder Judicial de la CDMX para exponer por la falta de justicia.
“Que Alejandro siga en prisión no ha sido gratis, me ha cobrado factura en mi propio activismo. Me volví incómoda para los activismos de las buenas formas”, dice Natalia.
Y aunque su lucha ha sido larga, Natalia ha dicho que las trabajadoras sexuales no sólo son tristeza y dolor, también son resiliencia, amor, alegría y “zorroridad”.
De ganar el caso, sería la primera vez que se logra una sentencia y medidas reparatorias a una mujer transexual aún viva en América Latina.
“No podemos pensar en un sistema de justicia que no contemple a las trabajadoras sexuales, a las mujeres trans y que garantice la no repetición de su actuar institucional y la reparación total del daño, las mujeres trans merecemos una reparación histórica de la violencia sistemática y constante que hemos vivido durante muchas décadas”.
México, el segundo país con más transfeminicidios
De octubre del 2023 a septiembre del 2024, México fue el segundo país con mayor índice de transfeminicidios en América Latina, al registrar 71, solo después de Brasil, con 106. El tercer lugar lo registró Colombia, con 25.
De acuerdo con los datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT+, que se conforma a partir de información recuperada de notas periodísticas, en 2025 hubo 40 homicidios y 49 desapariciones.
La colectiva Transcontingenta registró 32 transfeminicidios en México en 2025. No hay un dato concreto o exacto sobre el número de víctimas.
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La falta de un registro oficial sobre crímenes de odio por orientación o identidad de género hace que se desconozca el panorama real. Más allá de los datos, más allá de las cifras, eran vidas.
Activistas, defensores de derechos humanos y colectivas ha exigido tipificar el delito federalmente. Hasta ahora cinco entidades lo han hecho: Nayarit, Ciudad de México, Campeche, Estado de México y Baja California.
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La agencia está bajo escrutinio tras el letal tiroteo de una mujer en Mineápolis llamada Renee Nicole Good.
El letal tiroteo de Renee Nicole Good, de 37 años, en Mineápolis provocó protestas y aumentó el escrutinio sobre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
El ICE ha realizado miles de arrestos desde que Trump regresó a la Casa Blanca, por lo general en espacios públicos.
Estas acciones están llevando a sus agentes con cada vez más frecuencia a comunidades de todo el país, lo que ha generado resistencia por parte de algunos residentes locales que se oponen a sus operaciones.
¿Qué es el ICE y cuándo se creó?
El ICE está liderando la implementación de la iniciativa de deportación masiva de la administración Trump, una promesa central de su campaña electoral.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha ampliado significativamente el ICE, su presupuesto y su misión.
La agencia hace cumplir las leyes de inmigración y realiza investigaciones sobre la inmigración indocumentada. También participa en la expulsión de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos.
El ICE se creó como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Esta legislación creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con el ICE como una de sus agencias subsidiarias.
¿Qué facultades tienen los agentes del ICE para arrestar personas?
El ICE considera que su misión abarca tanto la seguridad pública como la seguridad nacional. Sin embargo, sus facultades son diferentes a las de un departamento de policía local promedio en Estados Unidos.
Sus agentes tienen la facultad de detener y arrestar a personas sospechosas de estar en Estados Unidos sin documentación legal.
Pueden detener a ciudadanos estadounidenses en circunstancias limitadas; por ejemplo, si una persona interfiere en un arresto, agrede a un oficial o si el ICE sospecha que la persona está en Estados Unidos sin documentos.
A pesar de esto, según ProPublica, una agencia de noticias independiente sin ánimo de lucro, durante los primeros nueve meses de la presidencia de Trump se produjeron más de 170 incidentes en los que agentes federales retuvieron a ciudadanos estadounidenses contra su voluntad.
Estos casos incluían a estadounidenses que los agentes sospecharon eran inmigrantes indocumentados.
¿Qué facultades tiene el ICE para usar la fuerza?
Las acciones de uso de la fuerza por parte del ICE se rigen por una combinación de la Constitución de los Estados Unidos, la legislación estadounidense y las propias directrices del Departamento de Seguridad Nacional.
Según la Constitución de Estados Unidos, las fuerzas del orden “solo pueden usar fuerza letal si la persona representa un peligro grave para sí misma o para otras personas, o si ha cometido un delito violento”, declaró Chris Slobogin, director del programa de justicia penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Vanderbilt.
Sin embargo, históricamente la Corte Suprema de los Estados Unidos ha concedido una amplia indulgencia a los agentes que toman decisiones en el momento sin el beneficio de la retrospectiva.
Un memorando de política del DHS de 2023 establece que los agentes federales “solo pueden usar fuerza letal cuando sea necesario” cuando tengan “una creencia razonable de que la persona a la que se aplica dicha fuerza representa una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves” para sí misma o para otra persona.
¿Dónde opera el ICE?
Normalmente, el ICE opera dentro de Estados Unidos, con algún personal en el extranjero. Su agencia hermana, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., técnicamente patrulla las fronteras estadounidenses.
Sin embargo, estas funciones se han desdibujado cada vez más, a medida que la administración Trump retiró agentes de diversas agencias federales del orden público para participar en la aplicación de la ley migratoria.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza operan cada vez más dentro de EE.UU., participando en redadas con el ICE.
El ICE y otras agencias han desplegado cientos de agentes en ciudades como Los Ángeles, Chicago y ahora Mineápolis, en colaboración con otras agencias federales del orden público.
Hasta 2.000 agentes federales se desplegarán en Mineápolis como parte de la última operación, según informó Associated Press.
¿Qué sucede con las personas detenidas por el ICE?
La magnitud de las deportaciones durante la era Trump ha sido significativa.
La administración afirmó haber deportado a 605.000 personas entre el 20 de enero y el 10 de diciembre de 2025.
También indicó que 1,9 millones de inmigrantes se habían “autodeportado voluntariamente”, tras una agresiva campaña de concienciación pública que animaba a las personas a abandonar el país por su cuenta para evitar ser arrestados o detenidos.
Un inmigrante que se encuentra con el ICE puede enfrentar diversas consecuencias.
En ocasiones, una persona es retenida temporalmente y luego liberada tras un interrogatorio. En otras circunstancias, el ICE la detiene y la traslada a un centro de detención más grande, de los cuales existen varios en todo Estados Unidos.
Aunque muchos inmigrantes continúan luchando por su estatus legal mientras están detenidos, si no lo logran podrían ser deportados.
Alrededor de 65.000 personas se encontraban detenidas por el ICE a 30 de noviembre de 2025, según datos obtenidos por el proyecto de inmigración del Transactional Records Access Clearinghouse, un compendio de datos gubernamentales de la Universidad de Syracuse.
Abogados de inmigración dijeron a la BBC que, una vez que el ICE detiene a una persona, a veces puede llevar días para que las familias o los abogados averigüen dónde se encuentra.
¿Cuáles son las críticas al ICE y qué oposición han encontrado sus agentes?
Muchas comunidades han respondido cuando el ICE y agencias asociadas, como la Patrulla Fronteriza, realizan operativos.
Ahora es común que los residentes filmen a los agentes del ICE mientras realizan arrestos. Algunos encuentros entre los agentes y el público se han tornado agresivos o violentos.
Durante operativos del ICE en Chicago, Illinois, un colectivo de organizaciones de medios de comunicación demandó a la Patrulla Fronteriza. Alegaron que los agentes usaron fuerza indebida contra periodistas, líderes religiosos y manifestantes.
Un juez federal falló a favor del grupo, antes de que un tribunal de apelaciones revocara la decisión.
El tiroteo en Mineápolis no es el primero en que una persona resulta herida por disparos durante un operativo de control migratorio.
En octubre hubo dos incidentes en Los Ángeles en los que los agentes dispararon a conductores, según informó Los Angeles Times. El DHS afirmó en ambos casos que los conductores habían amenazado a los oficiales con sus vehículos.
Los oficiales del ICE y otros agentes de inmigración han sido criticados por usar máscaras para ocultar su rostro mientras realizan sus operativos.
Funcionarios del DHS defienden esta práctica, argumentando que protege a los agentes de la divulgación de información personal o el acoso.
¿Cuál es la postura de los estadounidenses respecto al ICE y las deportaciones?
Las encuestas sugieren que los estadounidenses tienen una visión compleja de los planes de Trump para controlar la inmigración.
Poco más de la mitad cree que es necesario algún nivel de deportación, según una encuesta realizada en octubre de 2025 por el Centro de Investigación Pew, una entidad no partidista.
Esta cifra es aproximadamente la misma que Pew encontró en marzo del año anterior.
Sin embargo, la misma encuesta sugiere que a los estadounidenses les preocupan los métodos de Trump.
Se encontró que la mayoría de los adultos estadounidenses (53%) creía que la administración Trump estaba yendo “demasiado lejos” para deportar a inmigrantes indocumentados. Alrededor del 36% apoyó este enfoque.
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