Cumplimentan orden de aprehensión contra “El Botox” por homicidio de líder limonero de Michoacán
Para entender mejor
La Fiscalía General de Michoacán cumplimentó una orden de aprehensión en contra de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, por su presunta relación en el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, ocurrido el 19 de octubre de 2025.
Dicho procedimiento se realizó en reclusión y tras un mandato obtenido por un Juez de Control. Actualmente la persona señalada se encuentra detenida en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “El Altiplano”.
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En un comunicado, la Fiscalía detalló que de acuerdo con indagatorias, se pudo establecer la posible participación de César “N” en el homicidio del dirigente del sector limonero.
“Hecho que forma parte de una serie de conductas delictivas que impactaron directamente a productores de la región, por lo que la FGE integró una carpeta de investigación con datos de prueba suficientes para solicitar la orden judicial correspondiente”.
“El Bótox” fue detenido el pasado 22 de enero, durante un operativo realizado en el municipio de Buenavista, Michoacán, en el que participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Vinculan a proceso a “El Botox” por delitos federales
César Alejandro “N” es señalado como un generador de violencia clave en Michoacán. De acuerdo con autoridades de seguridad, cuenta con al menos siete órdenes de aprehensión en la entidad por delitos como homicidio, extorsión agravada y tentativa de homicidio, entre ellos el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, ocurrido en octubre de 2025.
Apenas el 25 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la vinculación a proceso de César Alejandro “N”, alias “El Bótox”, así como de Eder “N” y Esteban “N”, luego de que un juez consideró que existían elementos suficientes para investigarlos por su probable participación en diversos delitos federales.
De acuerdo con el comunicado, los tres permanecerán en prisión preventiva en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México, mientras se desarrolla el proceso. La medida fue solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Las autoridades señalaron que “El Bótox” y Eder “N” son investigados por su presunta relación con actividades de delincuencia organizada, delitos contra la salud, extorsión, homicidio y la portación de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En tanto, Esteban “N” enfrenta cargos por delitos relacionados con armas y narcóticos.
“El Bótox” es identificado por instancias federales como líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, con presencia en la región de Tierra Caliente, Michoacán, donde presuntamente encabezaba una red dedicada a la extorsión y al control de la venta de limón amarillo en distintos municipios.
La audiencia en la que se resolvió su situación jurídica se realizó de manera virtual, con César “N” conectado desde instalaciones de la FEMDO en la Ciudad de México, en coordinación con autoridades judiciales del penal del Altiplano. En ella se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
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La última medida de este tipo se tomó hace 20 años y en este caso se espera que beneficie a más de 500.000 personas.
El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en España.
“Hoy es un día histórico”, dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la medida.
Saiz dijo que la medida era “necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles”.
En declaraciones anteriores dijo que el objetivo es “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.
También aclaró que el procedimiento será “sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”.
No se ejecutaba una medida similar en España desde hacía más de 20 años y, en este caso, se estima que beneficiará a más de 500.000 personas.
Es fruto de un acuerdo con Podemos, partido de izquierda y socio del gobierno del socialista Pedro Sánchez, así como de una “suma de voluntades que ponen en el centro a las personas”, según afirmaron fuentes del Ejecutivo y que recogen medios españoles.
A quién beneficiará
A esta medida podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.
Deben acreditar estar en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que lleven más de cinco meses en el país.
Para acreditar la permanencia en España, habrá que presentar “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”. En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.
Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.
Otro de los requisitos será que la persona no tenga antecedentes penales “ni suponga una amenaza para el orden público”.
El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta fines de junio.
Sin expulsión
Una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pueda tener.
La ministra de Seguridad Social y Migraciones dijo que con esto se hará una “integración plena y progresiva en el sistema”. Así, se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
La administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar “desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país”, matizó Saiz.
“Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica”, añadió.
Después, una vez hecho el trámite y si la resolución para la persona es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
La ministra aclaró que la medida también busca la integración familiar y que por ello se amparará a hijas e hijos de los solicitantes de esta regularización, en este caso con 5 años de permiso.
Sin pasar por el Congreso
Al ser una medida que se aprobará mediante un Real Decreto, es decir, que nace del Ejecutivo, no tendrá que pasar por el Congreso, donde al gobierno y a sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener a los Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.
Esto retoma una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que llegó a superar un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024.
Desde entonces estaba bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.
También llega tras el impulso de cientos de organizaciones cuya ideología ocupa un amplio espectro político y que van desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, así como asociaciones anarquista y colectivos empresariales.
Después de la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento irá a audiencia pública y la posible elaboración de informes de diversos ministerios. Luego pasará al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.
El Partido Popular (PP) rechazó la medida. “No entendemos las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo”, dijo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz. “Las regularizaciones masivas son ilegales (…) hay que regularizar persona a persona”.
Por su lado, Vox anunció este martes que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo. Consideran la medida como una “locura” y una “barbaridad” y que la medida es, para ellos, un atentado a la identidad nacional además de “fomentar el efecto llamada”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de España, Luis Argüello, dijo que esto es “una buena noticia” que aportaría al “bien común de muchos inmigrantes” y que “se reconoce así su dignidad”, en declaraciones al diario El País.
Medidas similares de gobiernos anteriores
Si bien esta es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018, no es algo nuevo en el país.
La anterior tuvo lugar en 2005, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y está considerada la que a más personas benefició, por encima de 570.000.
Bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total.
Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
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